Aju26

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Española están recogidos en: El Capítulo Primero del Título I y tratan de los españoles y extranjeros. El Título Preliminar y tratan de los partidos políticos y los sindicatos. El Capítulo Segundo del Título I y tratan de los derechos y libertades de los españoles. El Preámbulo y tratan de los derechos y deberes fundamentales.

Conforme al artículo 646 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el anuncio de la subasta en el Boletín Oficial del Estado contendrá exclusivamente: La dirección electrónica que corresponde a la subasta en el Portal de Subastas. El edicto convocando a subasta. Las condiciones generales y particulares de la subasta. El avalúo o valoración del bien.

Según la Constitución Española, en la votación para la adopción de un acuerdo en cualquiera de las Cámaras que componen las Cortes Generales, ¿puede un Diputado delegar su voto en un Senador?. Si, en cualquier caso. No, nunca. Si, si se trata de un miembro de la Diputación Permanente. No, salvo que se trate del presidente de la Cámara.

El artículo 4.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, contempla la posibilidad de que existan Ministros sin cartera, determinándose el ámbito de sus competencias mediante: Orden Ministerial. Acuerdo del Consejo de Ministros. Real Decreto. No está previsto en la referida Ley.

Según el artículo 2 de la Ley 50/1997, del gobierno, corresponde al Presidente del Gobierno proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización: Del Senado. Del Congreso de los Diputados. Del Consejo de Ministros. De las Cortes Generales.

Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación, modificación o supresión de las áreas metropolitanas corresponde a: Las Diputaciones Provinciales. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Ayuntamientos de las localidades afectadas.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se creó por: Real Decreto Legislativo 3/2004, de 20 de octubre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Las infracciones establecidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, serán sancionadas con multas, de acuerdo con la siguiente graduación: Infracciones leves entre 301 y 10.000 euros. Infracciones graves entre 10.000 y 40.000 euros. Infracciones muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. La Ley 15/2022, de 12 de julio, no establece infracciones.

A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen: El sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. El cuarenta por ciento ni sean menos del sesenta por ciento. El sesenta por ciento ni sean menos del cincuenta por ciento. El cincuenta por ciento ni sean menos del sesenta por ciento.

El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial concederá un plazo máximo de: Diez días. Cinco días. Tres días. Quince días.

Las grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial: Pueden formar parte de distintos expedientes judiciales electrónicos. Solo pueden formar parte del expediente judicial electrónico del procedimiento judicial donde se realizó. No forman parte del expediente judicial electrónico. Forman parte del expediente judicial electrónico en el único supuesto de tratarse de una videoconferencia.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tratamiento de los datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia, podrá realizarse: Con fines jurisdiccionales únicamente. Con fines no jurisdiccionales únicamente. Con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Está prohibido el tratamiento de los datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia.

Podrán realizarse a través de videoconferencia según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Los careos, cuando así lo acuerde el juez o tribunal. Los careos, cuando así lo acuerde el Ministerio Fiscal y las partes. Los careos, cuando así lo acuerde el Ministerio Fiscal. Los careos no pueden realizarse por videoconferencia.

Las funciones del Secretario Coordinador han sido asumidas por el Secretario de Gobierno en: La Comunidad Autónoma de Illes Balears. La Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma de La Rioja. La Comunidad Autónoma del País Vasco.

El artículo 465 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que serán competencias de los Secretarios de Gobierno: Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de Letrados de la Administración de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales. Proponer al Ministerio de Justicia las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia. Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

En caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante del Secretario de Gobierno de Melilla, asumirá sus funciones: El Letrado de la Administración de Justicia de mayor antigüedad escalafonal, en la Ciudad Autónoma de Melilla. El Secretario Coordinador de Melilla. El Secretario Coordinador de Málaga. El Letrado de la Administración de Justicia de mayor edad en la Ciudad Autónoma de Melilla.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las partes podrán comparecer por sí mismos, cuando se trate de funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que: Impliquen separación de empleados públicos inamovibles. No impliquen el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. No impliquen una indemnización de daños y perjuicios. No impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

De conformidad con el artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las partes demandadas podrán solicitar la celebración de vista: En el escrito de contestación a la demanda, mediante otrosí. En el escrito de demanda, mediante otrosí. Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda. En el Procedimiento Abreviado no se celebra vista.

Los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, podrán ser públicamente consultados según el artículo 7 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales. En ningún caso. Únicamente en el caso que medie el consentimiento expreso de los afectados. Sí, podrán ser públicamente consultados si han transcurrido un plazo de 50 años desde la muerte de los afectados, si su fecha es conocida. Sí, podrán ser públicamente consultados si han transcurrido un plazo de 50 años a partir de la fecha de los documentos.

Todas las resoluciones de la Junta de Expurgo: Pondrán fin a la vía administrativa. Son susceptibles de recurso de alzada. Son susceptibles de recurso de reposición. Son firmes.

Según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial Central: Es una competencia propia del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. Será encargada a un Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. En defecto de nombramiento de Letrado de la Administración de Justicia, el responsable del Archivo Judicial Central será el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. Será encargada a un Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

En el nombramiento del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, se recabará informe: Del Consejo del Secretariado. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. De la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Del Consejo de Estado.

Según lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, es competencia designar a los Letrados de la Administración de Justicia que formen parte de las Juntas de Expurgo, de conformidad con lo prevenido en la normativa reguladora de la modernización de los archivos judiciales: Del Secretario General de la Administración de Justicia. Del Ministro de Justicia. Del Ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes. De los Secretarios de Gobierno.

Los protocolos de actuación en el procedimiento a los que deben atenerse los Letrados de la Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones como directores técnico-procesales de la Oficina Judicial, serán elaborados por: El Secretario Coordinador Provincial y aprobados por el Secretario de Gobierno. El Letrado de la Administración de Justicia y aprobados por el Secretario Coordinador. El Secretario de Gobierno y aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. El Secretario de Gobierno y aprobados por el Ministerio de Justicia.

¿Quiénes velarán por la salvaguarda del derecho del ciudadano a que en las vistas se utilice un lenguaje comprensible, según lo dispuesto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. Los Letrados de la Administración de Justicia. Los Auxilios Judiciales. Los Jueces y Magistrados. Los Gestores Procesales.

¿Tiene el ciudadano derecho a conocer la identidad del funcionario que le atiende, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. Nunca. Siempre. Sí, salvo en las comunicaciones por vía telemática. Sí, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.

¿Quién velará por la efectividad del derecho del menor de edad a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado, según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. El Juez o Magistrado. El Ministerio Fiscal. El Letrado de la Administración de Justicia. Las autoridades y funcionarios de la Administración.

Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál es la duración del mandato de los delegados de personal?. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años.

¿Ante quién podrán denunciar los ciudadanos las conductas contrarias a la deontología profesional de abogados, según lo dispuesto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. Defensor del Pueblo. Consejo General del Poder Judicial. Juzgado de Guardia. Colegio de Abogados.

¿En qué plazo máximo tiene derecho el ciudadano a recibir respuesta a la queja que hubiese formulado relativa al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, según lo indicado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?. Un mes. Tres meses. Seis meses. Doce meses.

Indique, si de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, es posible impugnar la resolución que, de modo definitivo, deniegue la asistencia jurídica gratuita: No, dicha resolución no es susceptible de impugnación. Sí, mediante recurso para el que será preceptivo la intervención de abogado. Sí, por escrito. Sí, ante el Juzgado Decano correspondiente.

Según el artículo 18 del Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, ¿en qué plazo prescribirán las faltas graves?. A los 4 meses. A los 6 meses. Al año. A los dos años.

De conformidad al artículo 51.2 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia ¿cuál es el plazo máximo para la resolución de concursos genéricos?. Tres meses. Seis meses. Nueve meses. Doce meses.

A tenor del artículo 38 del Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, la duración del procedimiento disciplinario no excederá de: Doce meses. Dieciocho meses. Veinticuatro meses. Treinta meses.

De conformidad con el artículo 21, del Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, la práctica de una información previa a la incoación de un expediente: Interrumpirá la caducidad. No interrumpirá la caducidad. Interrumpirá la prescripción. No interrumpirá la prescripción.

A tenor del artículo 39.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas de Personal se constituirán en Unidades Electorales siempre que cuenten con un censo mínimo de: 75 funcionarios. 100 funcionarios. 50 funcionarios. 60 funcionarios.

Según el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿quiénes podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal?. Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Cualquier sindicato. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un 5% en la unidad electoral. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un 5% de los representantes en el conjunto de las administraciones públicas.

Indique la afirmación correcta en relación con los efectos de la huelga regulados en el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo: El ejercicio de huelga extingue la relación de trabajo. Durante la huelga se podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma. El trabajador en huelga tendrá derecho a prestación por desempleo, al no extinguirse la relación laboral. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad laboral transitoria.

El artículo 67 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social dispone que el acuerdo de conciliación en los Procedimientos Laborales: No podrá ser impugnado. Podrá ser impugnado sólo por las partes ante el Letrado de la Administración de Justicia al que hubiera correspondido el conocimiento de la conciliación. Podrá ser impugnado mediante recurso de apelación. Podrá ser impugnado mediante el ejercicio de la acción de nulidad.

Según lo dispuesto en el artículo 110.4 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión, podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de: Siete días. Diez días. Quince días. Veinte días.

A tenor del artículo 81 de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, ¿Cuál es el plazo para subsanar la falta de certificación del acto de conciliación en la demanda?. Un mes. Veinte días. Quince días. No es un defecto subsanable.

En base al artículo 67 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, la acción para impugnar el acuerdo de conciliación caducará a los: Cinco días. Diez días. Veinte días. Treinta días.

Indique la respuesta correcta respecto al código personal regulado en el artículo 6 de la Ley 20/2011 del Registro Civil: Podrá volver a ser asignado cerrado el registro individual con la inscripción de la defunción. Es un código alfanumérico único e invariable en el tiempo. Es un código numérico variable en el tiempo con la inscripción de nuevos hechos. Podrá volver a ser asignado en el supuesto de abrirse un registro familiar por nacimiento de hijo.

¿Quién y cuándo practicará la inscripción de la defunción según el artículo 62 de la Ley 20/2011 del Registro Civil?. El funcionario competente, una vez examinada la documentación, inmediatamente. El encargado en el plazo máximo de 24 horas. El encargado en el plazo máximo de 48 horas. El encargado en el plazo máximo de 72 horas.

Según el artículo 57.3 de la Ley 20/2011 del Registro Civil, a partir de qué edad podrá ser solicitado por el propio interesado el cambio de apellidos: Catorce años. Dieciséis años. Dieciocho años. Veintiún años.

De conformidad con el artículo 12 de la ley que regula el Tribunal del Jurado, podrán excusarse para actuar como jurado: Los mayores de sesenta y cinco años. Acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil. El Presidente del Gobierno. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal.

Según el artículo 131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles: Cabe recurso de reposición. Cabe recurso de apelación. No se admitirá recurso alguno. Cabe recurso de suplicación.

Según el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son días inhábiles a efectos procesales: Los sábados y domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto. Los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. Los domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto. Los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.

Según el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se entiende por horas hábiles: Las que median desde las siete de la mañana a las siete de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Las que median desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Las que median desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa.

Según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las actuaciones orales, el tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción: Por medio de auto. Por medio de providencia. Por medio de decreto. Por medio de diligencia de ordenación.

Según el artículo 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción y de competencia territorial. Cuando se realicen bajo prevaricación. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia. Cuando se realicen sin intervención de procurador, en los casos en que la ley lo establezca como obligatoria.

Según el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables. No obstante, podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos, en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo: En el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. En el plazo de dos días. En el plazo de tres días. Previa audiencia de la parte que la sufrió.

Según el artículo 210 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un proceso civil, ¿se pueden dictar oralmente sentencias?. Sí, cuando razones de urgencia lo aconsejen. Sí, en aquellos casos determinados por la Ley. En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles. No se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles, salvo aquellos asuntos que por razón de la cuantía sean inferiores a 2.000 euros.

Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. Cuando la ley no exprese la clase de resolución: Se dictará providencia cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. Se dictará auto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal. Se dictará diligencia de constancia cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.

Según el artículo 203 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los tribunales colegiados a quién corresponde la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión de la Sala o Sección, si se conformare con lo acordado: Al Presidente. Al Ponente. Al Magistrado de mayor edad. Al Letrado de la Administración de Justicia.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué resoluciones serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo?: Únicamente los decretos y los autos. Los decretos, los autos y las sentencias. Únicamente los autos y las sentencias. Las diligencias de ordenación.

Según el artículo 173 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el responsable de la Oficina Judicial que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del plazo señalado. Cuando no ocurriese así, señalar la respuesta correcta: El Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, de oficio recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. El Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. El Magistrado del órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. El Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, pondrá los hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortante.

Según el artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales de comunicación serán: Emplazamientos, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación. Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar. Notificaciones, para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad. Oficios, para las comunicaciones con autoridades judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Según el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán conforme a: Lo establecido en los Tratados internacionales en que España sea parte. Lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación y en los Tratados internacionales en que España sea parte. Lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación, en los Tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable. La legislación interna que resulte aplicable.

¿A quién corresponde la expedición y autorización de los exhortos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?. Al funcionario de Auxilio Judicial. Al Letrado de la Administración de Justicia. Al Tribunal. Al funcionario de Gestión Procesal y Administrativa.

Según el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constando la correcta remisión de un acto de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos: Si transcurriera un día sin que el destinatario acceda a su contenido. Si transcurrieran dos días sin que el destinatario acceda a su contenido. Solo desplegará plenamente sus efectos una vez que el destinatario acceda a su contenido. Si transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido.

¿En qué plazo se dictará sentencia en el procedimiento laboral ordinario, de conformidad al artículo 97 de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social?. Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.

Según el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si resultaren infructuosas las averiguaciones del domicilio o paradero del demandado: El Tribunal ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos. El Letrado de la Administración de Justicia ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos. Se archivará provisionalmente el procedimiento. Se declarará la caducidad del procedimiento.

Según el artículo 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por tribunal distinto del que los hubiere ordenado, el despacho se remitirá: Por medio del sistema informático judicial salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Por medio del sistema informático judicial y siempre en soporte papel, y se acompañará la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda. Únicamente en soporte papel y se acompañará la copia o cédula correspondiente. Podrán ser realizados, de oficio, por procurador, encargándose de su cumplimiento.

Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por: El Presidente del Gobierno mediante Real Decreto. El Rey mediante Real Decreto. El Rey mediante Orden Ministerial. Las Cortes Generales mediante Real Decreto.

El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: Proponer el nombramiento en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Fiscal General del Estado. Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Ser oído por las Cortes Generales antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Ser oído por el Rey antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

Dispone el artículo 12.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional: Los Jueces, Fiscales y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Los Jueces, Fiscales y Magistrados son dependientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Los Jueces y Magistrados son dependientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.

De conformidad con el artículo 594.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la respuesta correcta: El embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado será nulo de pleno derecho. Los bienes embargados que pertenezcan al ejecutado no podrán ser enajenados. El embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado será, no obstante, eficaz. Será ineficaz el embargo de bienes que no pertenezcan al ejecutado.

De los delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso, conocerá del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal: La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala Especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Según el artículo 211 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia, serán dictadas: En el plazo de tres días. En el plazo de cinco días. Dentro del plazo que la ley establezca. En el plazo de dos días.

De conformidad con el artículo 666.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los bienes inmuebles embargados saldrán a subasta: Por su valor catastral, sin tener en cuenta las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Por el valor que resulte de deducir de su avalúo el importe de todas las cargas y derechos posteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas. Por su avalúo. Por el valor que resulte de deducir de su avalúo el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas.

Las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se aprobarán por: La Sala Segunda del Tribunal Supremo, a propuesta del Secretario de Gobierno. La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo. El Director del Gabinete Técnico. Los Letrados del Gabinete Técnico.

Para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional y de forma exclusiva de todas aquellas acciones que se ejerciten sobre la marca de la Unión Europea y sobre los dibujos y modelos comunitarios, son competentes: Los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional.

El artículo 95.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial, la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se establecerá por: Las Cortes generales. La Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. El Gobierno. El Ministerio de Justicia.

Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de: Cinco años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Cuatro años por el Pleno del Ayuntamiento. De cinco años por el Pleno del Ayuntamiento.

Según el artículo 100.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Paz conocerán, en el orden penal: En primera instancia de los procesos por delitos leves que les atribuya la ley. En segunda instancia de los procesos por delitos leves que les atribuya la ley. En primera instancia de los procesos por delitos graves que les atribuya la ley. En primera instancia de los procesos por delitos graves que les atribuya la ley.

El Procedimiento Abreviado regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aplicará al enjuiciamiento: De los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. De los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. De los delitos leves castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. De los delitos leves castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves: El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los cinco días siguientes, dictará sentencia. El Letrado de la Administración de Justicia por indicación del Juez, en el acto de finalizar el juicio, dictará sentencia. El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los tres días siguientes, dictará sentencia. El Juez dictará sentencia dentro de los diez días siguientes.

De conformidad con el artículo 701.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y determinada y el ejecutado no la entregue en el tiempo establecido: El ejecutante podrá pedir al Letrado de la Administración de justicia que le faculte para adquirirlas, a costa del ejecutado. El Letrado de la Administración de Justicia pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los apremios necesarios. Se impondrán multas coercitivas al ejecutado por cada mes que no entregue la cosa. El letrado de la Administración de Justicia procederá al embargo inmediato de bienes del ejecutado.

El artículo 60.2 de la ley que regula el Tribunal del Jurado indica que para establecer la culpabilidad del acusado por cada hecho delictivo imputado serán necesarios: Cinco votos. Siete votos. Nueve votos. Diez votos.

Conforme a lo dispuesto artículo 479.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el curso de las actuaciones procesales o de investigación incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estarán a las órdenes : Del Ministerio de Justicia. Del Instituto Nacional de Toxicología. Del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De los jueces y fiscales.

En virtud del artículo 414.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando faltare a la audiencia previa del juicio ordinario el abogado del demandante y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento: Se dictará Auto de Desistimiento. Se dictará Decreto de Desistimiento. Se sobreseerá el proceso. La audiencia previa se celebrará, quedando el proceso visto para sentencia.

De conformidad con el artículo 479.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los médicos forenses podrán estar destinados: En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En el Juzgado de Guardia. En el Registro Civil. En órganos jurisdiccionales o fiscalías.

Conforme al artículo 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es función del cuerpo de auxilio judicial: El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puesto de trabajo de la Oficina Judicial estén asignados a este cuerpo. La práctica de actos de comunicación. Documentar los lanzamientos. Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad.

En virtud del artículo 499.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la abstención de un funcionario de justicia se comunicará: Verbalmente al Letrado de la Administración de Justicia. Mediante escrito dirigido al Letrado de la Administración de Justicia. Mediante escrito motivado dirigido al Ministerio de Justicia. Por escrito motivado a quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia.

El incumplimiento de la jornada, de conformidad con el artículo 500.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dará lugar a: La comisión de una falta leve. La comisión de una falta grave. La comisión de una falta muy grave. El descuento automático de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado.

De conformidad con el artículo 504.2 apartado b de la Ley Orgánica del Poder Judicial las licencias para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas con las funciones propias del cuerpo al que pertenezca el funcionario y supongan completar su formación: Se concederán con plenitud de derechos económicos. Darán lugar a percibir las prestaciones básicas y prestaciones por hijo a cargo. No se contempla ese tipo de licencia, siendo el mismo un permiso. No tendrán derecho a percibir ninguna prestación económica.

De conformidad con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la acción ejecutiva fundada en una sentencia caducará si no se interpone demanda de ejecución: Dentro de los cinco años siguientes a la notificación de la sentencia al demandado. Dentro de los cinco años siguientes a la notificación de la sentencia al demandante. Dentro de los cinco años siguientes a la publicación de la sentencia. Dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia.

De conformidad con el artículo 416.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal no resolverá sobre la siguiente circunstancia en la audiencia previa al juicio: Falta de capacidad de los litigantes. Falta del debido litisconsorcio. Declinatoria propuesta por el demandado. Inadecuación del procedimiento.

De conformidad con el artículo 432.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si no comparecieren al juicio en el procedimiento ordinario ninguna de las partes: Se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites dictará resolución archivando el procedimiento. Se levantará acta haciéndolo constar así, señalándose nuevamente fecha de juicio. Se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, declarará el pleito visto para sentencia. Se practicará la prueba que pudiera practicarse en dicho acto, quedando el procedimiento visto para sentencia.

De conformidad con el artículo 749.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido el promotor de los mismos ni deba conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes: En los procesos de separación y divorcio. En los procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones eclesiásticas en materia matrimonial. En los de determinación e impugnación de la filiación. En los que versen sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de los hijos menores.

Conforme al artículo 771 .3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el acto de la comparecencia de las medidas previas a la demanda de separación si alguna prueba no pudiera practicarse en la comparecencia: La prueba deberá practicarse en dicha comparecencia y en unidad de acto. El Tribunal señalara fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los diez días siguientes. El Tribunal señalará fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los veinte días siguientes. El Letrado de la Administración de Justica señalará fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los diez días siguientes.

Según el artículo 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se cumplimentarán: En un plazo no superior a diez días. En un plazo no superior a veinte días. En un plazo no superior a treinta días. A la mayor dilación.

De conformidad con el artículo 771.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra el auto que resuelva las medidas provisionales previa a la demanda de divorcio cabe: Recurso de revisión previo al de apelación. Recurso de reposición previo al de apelación. Recurso directo de apelación. No cabe recurso.

En virtud del artículo 810.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la comparecencia para la liquidación del régimen económico matrimonial de no lograrse acuerdo entre los cónyuges: El Letrado de la Administración de Justicia citará a las partes a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto en el juicio verbal. Se procederá a dar cuenta al Juez para que dicte la resolución procedente. Se procederá mediante diligencia al nombramiento de un contador, y en su caso, peritos. El Juez resolverá directamente por auto.

De conformidad con el artículo 818.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la oposición del deudor al procedimiento monitorio, cuando se reclamen rentas debidas por el arrendatario de finca urbana, el asunto se resolverá definitivamente: Por los trámites de juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía. No se prevé dicha oposición en los procesos monitorios. Por los trámites de juicio verbal cualquiera que sea su cuantía. Por los trámites de juicio verbal u ordinario, dependiendo de la cuantía.

Conforme al artículo 753.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la tramitación de los procesos sobre filiación salvo que expresamente se disponga otra cosa se sustanciarán: Por los trámites del juicio ordinario, con emplazamiento del Ministerio Fiscal y demás partes para que contesten a la demanda en un plazo de veinte días. Por los trámites del juicio verbal, con emplazamiento del Ministerio Fiscal y demás partes para que la contesten en un plazo de diez días. Por los trámites del juicio verbal, con emplazamiento del Ministerio Fiscal y demás partes para que la contesten en un plazo de veinte días. Por los trámites del juicio verbal, con emplazamiento del Ministerio Fiscal y demás partes para que la contesten en un plazo de veinte días.

En virtud del artículo 6 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto: Se acumulará el más moderno al más antiguo que se esté tramitando. Se acumulará el más antiguo al más moderno que se esté tramitando. Proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados. Continuarán tramitándose ambos expedientes resolviendo los mismos con la misma resolución.

En relación a la manifestación de bienes del ejecutado y según el artículo 589.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas coercitivas que se imponga al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que se refiere el apartado 3 del referido artículo, corresponde imponerlas al: Tribunal mediante providencia. Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación. Tribunal mediante auto. Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto.

De conformidad con el artículo 634 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el Letrado de la Administración de Justicia entregará directamente al ejecutante: Acciones, obligaciones o valores admitidos a negociación en mercado secundario. Participaciones societarias que no coticen en bolsa. Divisas convertibles, previa conversión, en su caso. No se podrán entregar bienes embargados directamente al ejecutante, debiendo realizarse los mismos.

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, no pudiendo producirse indefensión: Salvo en el estado de sitio. Salvo en el estado de excepción. Salvo en el estado de alarma. En ningún caso.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal está regulado por: Ley Orgánica 50/1971, de 30 de diciembre. Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre. Ley 50/1971, de 30 de diciembre. Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

El Tribunal del Jurado está regulado en: Ley 5/1995, de 22 de mayo. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ley 5/1995, de 30 de mayo. Ley Orgánica 5/1995, de 30 de mayo.

Según el artículo 490.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la promoción interna se efectuará mediante el sistema de: Oposición. Concurso de méritos. Concurso oposición. Comisión de servicios.