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Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada (141 CE): Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Por ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma donde se ubique la provincia de que se trate. Por el Senado, mediante ley orgánica. Por el Tribunal Constitucional mediante ley orgánica.

El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que a continuación se señalan (artículo 10 LO 7/81 de 30 de diciembre): Artesanía. Espacios naturales protegidos. Vías pecuarias y pastos. Montes, aprovechamientos y servicios forestales.

El Presidente del Principado de Asturias ostenta las siguientes atribuciones (art.15, 16, 17 y 25 de la Ley 6/84). a) Determinar las directrices de la acción política regional, así como el desarrollo de la misma. b) Solicitar la reunión en sesión extraordinaria de la Junta General del Principado. c) Decidir el nombramiento y cese de los cargos de la Administración Autonómica con categoría igual o superior a Jefe de Servicio. d) Nombrar y cesar en sus cargos a los consejeros.

Según el artículo 62 de la ley 39/2015 de PAC, la presentación de una denuncia. No confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Implica para quien la interpone la condición directa de interesado en el procedimiento. Implica para quien la interpone la condición directa de interesado en el procedimiento, siempre que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. Implica para quien la interpone la condición directa de interesado en el procedimiento, siempre que la denuncia invoque un perjuicio pecuniario para las Administraciones Públicas.

La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del SP establece de forma expresa que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá (art. 32.7). Por la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa. Por la LO 2/1979 del Tribunal Constitucional. Por el RD de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por la LO 6/1985 del Poder Judicial.

En el ámbito del Principado de Asturias, las disposiciones de carácter general que apruebe el Consejo de Gobierno adoptarán la forma de (art. 21 Ley 2/1995): Acuerdo. Decreto. Real Decreto. Resolución.

Según lo dispuesto en el artículo 243 de la LCSP, en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo general para la aprobación de la certificación final, sea ampliado, siempre que no supere en ningún caso: Los seis meses. Los dos meses. Los cinco meses. Los tres meses.

En el expediente expropiatorio, las transmisiones de dominio o cualesquiera otros derechos o intereses (art. 7 y 8 Ley 16 diciembre 1954): Implicarán el cierre del expediente de expropiación forzosa, que deberá iniciarse teniendo en cuenta a los nuevos titulares. No impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. Implicarán la apertura de un expediente complementario del principal. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos de fabricación por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, se denominan (art.16.3 LCSP). Contrato de servicios. Contrato de obras. Contrato de suministro. Contrato de concesión de servicios.

Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, son causas de resolución del contrato de obras (art. 245 LCSP): La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La suspensión de la iniciación de las obras por un plazo superior a 3 meses. La suspensión de las obras por plazo superior a 4 meses por parte de la administración. Todas las respuestas son correctas.

En base a lo dispuesto en la ley 9/2027 de contratos del sector público, si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al (246.2 LCSP): 10% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 2% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 10% del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido. 2% del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido.

En base a lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 9/2027 de Contratos del Sector Público, las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos ocultos, prescribirán: En el plazo de 2 años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. En el plazo de 15 años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. En el plazo de 10 años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. No están sometidas a plazo de prescripción.

Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se aplican (art.2): Sólo a las personas físicas que se encuentren o actúen en territorio español y sean de nacionalidad española. Sólo a las personas físicas y jurídicas que se encuentren o actúen en territorio español y sean de nacionalidad española. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según lo dispuesto en la ley 9/2027 de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de (art. 158): 30 días a contar desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones. 15 días a contar desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones. Dos meses a contar desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones. 10 días a contar desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones.

Según lo dispuesto en el artículo 212.5 de la ley 9/2017 de contratos del Sector Público, en caso de declaración en concurso del contratista, la administración, potestativamente, continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución. En todo caso, se entenderá que son garantías suficientes: Una garantía complementaria de, al menos, un 5% del precio del contrato. Una garantía complementaria de, al menos, un 2% del precio del contrato. Una garantía complementaria de, al menos, un 3% del precio del contrato. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

En el art. 16 de la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, la incoación de expediente de declaración de BIC respecto de un bien inmueble supondrá: La suspensión de la aplicación del impuesto del IBI. La modificación automática del planeamiento de la parcela. La suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas. La suspensión de las licencias municipales sobre cualquier actuación en el bien protegido por un período de 4 años o hasta que se resuelva el expediente.

Según la ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias, en monumentos no es autorizable la eliminación de partes del bien salvo que: Permitan una mejor funcionalidad del mismo. Permitan una mejor interpretación histórica o arquitectónica. Permitan ampliaciones justificadas. Se documenten las partes a eliminar.

Según el decreto 20/2015, reglamento de desarrollo de la ley 1/2001, para iniciar el procedimiento de declaración de bien de interés cultural, cualquier persona física o jurídica podrá formular peticiones razonadas de la iniciación del procedimiento, aportando documentación suficiente sobre: La titularidad, cargas y valoración económica del bien. La calificación urbanística, estado del bien y posibles riesgos para su mantenimiento. La identificación y descripción del bien, incluyendo planimetría y documentación gráfica. Ninguna de las respuestas es válida.

Según el decreto 20/2015, Reglamento de desarrollo de la ley 1/2001, las medidas cautelares en un bien inmueble de interés cultural adoptadas ante una situación de ruina física inminente supone: Declaración de ruina si no se resuelve el expediente en el plazo de un mes. No presupone la declaración legal de ruina. La suspensión del nivel de protección del inmueble. La suspensión automática en el nivel de protección de bienes inventariados.

Según el art. 83. del decreto 20/2015, la administración del Principado podrá formular con carácter subsidiario, el planeamiento urbanístico de protección de Conjuntos Históricos cuando los respectivos ayuntamientos no hayan formulado, modificado o revisado el planeamiento en vigor para adaptarlo a las exigencias de la Ley 1/2001 una vez realizado el requerimiento, a partir de una plazo de: 3 meses. 6 meses. 1 año. 2 años.