Arqueros de 2023

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Seccion 2. Adelante.

1. El Capítulo I del Título I de la Constitución Española está dedicado a: a) Los principios rectores de la política social y económica. b) Los Derechos fundamentales y libertades públicas. c) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

2. Según la regulación constitucional sobre los Principios rectores de la política social y económica, señale la respuesta incorrecta: a) Los Poderes Públicos fomentarán la educación física. b) Los Poderes Públicos facilitarán la adecuada utilización del ocio. c) Los poderes Públicos promoverán la formación artística. d) Los Poderes Públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales.

3. ¿Qué materia puede ser objeto de iniciativa legislativa popular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Española?. a) El derecho a sindicarse. b) El derecho a una vivienda digna. c) El derecho de asociación. d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

4. ¿Qué artículo de la Constitución garantiza la autonomía de los municipios?. a) El artículo 137. b) El artículo 140. c) El artículo 143. d) El artículo 150.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por: a) Once miembros nombrados entre Jueces, Magistrados y Fiscales. b) Dieciséis miembros, nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c) Veinte miembros, diez Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales; cinco a propuesta del Congreso de los Diputados, y cinco a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

6. Según lo dispuesto en el artículo 37 de la LORAFNA, el control de la constitucionalidad de las leyes forales será el ejercido por: a) El Tribunal Constitucional. b) La Jurisdicción Contencioso Administrativa, una vez se haya agotado la vía administrativa foral. c) El Tribunal Supremo. d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

7. ¿Qué órgano podrá resolver, en su caso, las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en materia de aplicación e interpretación de la LORAFNA, según el artículo 69 de dicha Ley Orgánica?. a) La Comisión de colaboración. b) La Junta de Cooperación. c) La Comisión de colaboración, sin perjuicio de la legislación del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia. d) La Junta de Cooperación, sin perjuicio de la legislación del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia.

8. ¿Quién está habilitado para aprobar la reforma de la LORAFNA?. a) La Diputación Foral. b) El Gobierno de la Nación. c) Las Cortes Generales. d) Las opciones a) y b) son verdaderas.

9. La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, ha sido objeto de diversas reformas que han afectado y modificado la relación de entes locales de la Comunidad Foral, siendo la última de ellas la introducida por Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, establece que: a) Los municipios son las entidades locales básicas en que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra. b) Los municipios y los concejos son las entidades locales básicas en que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra. c) Los municipios y las comarcas son las entidades locales básicas en que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra. d) Los municipios, los concejos y las comarcas son las entidades locales básicas en que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra.

10. La alteración de términos municipales por la fusión de dos o más municipios, según dispone el artículo 17 de la LFAL: a) Podrá iniciarse, entre otros, a instancia del Gobierno de Navarra. b) Exige, previamente a su resolución, los trámites de información pública, audiencia a los Ayuntamientos y Concejos afectados por el proceso y Dictamen del Consejo de Navarra. c) Deberá comunicarse a la Administración del Estado, a efectos de su inclusión en el Registro de entidades locales, y se publicará en los Boletines Oficiales del Estado y de Navarra. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11. Una cuarta parte de número legal de miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Los Arcos ha solicitado la celebración de una sesión extraordinaria de Pleno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la LFAL: a) No procede su celebración, por cuanto solamente pueden celebrarse sesiones extraordinarias cuando lo determine una disposición legal. b) No procede su celebración, por cuanto solamente pueden celebrarse sesiones extraordinarias cuando lo decida el Presidente. c) Deberá convocarse la celebración de la sesión, incluyendo única y exclusivamente el orden del día propuesto por los solicitantes, quedando prohibida la inclusión de cualquier otro asunto. d) Su celebración no podrá demorarse por más de quince días desde que fuera solicitada y, en caso de no hacerlo, quedará automáticamente convocado para el quinto día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce horas.

12. El Ayuntamiento de Los Arcos ha notificado al Sr. Martínez de Morentin Fernández, una Resolución por la que se concede la subvención solicitada para el arreglo de la fachada de su domicilio ubicado en la Calle de En medio de la localidad. Dicho acto pone fin a la vía administrativa. Transcurridos tres meses, la denegación es recurrida en alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra por otro vecino de la localidad. De acuerdo con la LFAL, el recurso de alzada: a) Será inadmitido por extemporáneo. b) Será inadmitido por carecer de legitimación el recurrente. c) Será inadmitido por carecer el Tribunal Administrativo de Navarra de competencia material para conocer y resolver recursos frente a ese tipo de actos/acuerdos locales. d) Las respuestas a y b son verdaderas.

13. Según el artículo 6 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados, y actúan de acuerdo con los principios de: a) Eficacia, descentralización, concentración y coordinación. b) Descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

14. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde aprobar la oferta de empleo público: a) Al Alcalde. b) Al Pleno. c) A la Junta de Gobierno Local, si ésta existiera. d) A la Comisión especial que se constituya al efecto.

15. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el plazo de información pública y audiencia a los interesados en el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales será de: a) Veinte días naturales. b) Como mínimo veinte días. c) Treinta días naturales. d) Como mínimo de treinta días.

16. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, señalar la opción incorrecta: a) La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios. b) La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. c) Las ordenanzas fiscales se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad. d) Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales, siempre comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

17. ¿Cuál de los siguientes bienes no se considera de uso público?. a) Las fuentes. b) Las calles. c) Los parques. d) Los montes catalogados.

18. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una modalidad de aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo?. a) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa. b) Aprovechamientos vecinales prioritarios. c) Adjudicación por subasta pública. d) Aprovechamiento por costumbre.

19. De conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la renuncia de un Concejal a su condición de tal, deberá hacerse efectiva: a) Por escrito ante el Pleno de la Corporación. b) Por escrito ante el Presidente de la Corporación. c) Por escrito o mediante declaración en comparecencia personal ante el Presidente de la Corporación. d) Por cualquier medio válido en derecho ante el Presidente o el Pleno de la Corporación.

20. En relación con las Comisiones Informativas de las Entidades Locales, señala el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que: a) Sus dictámenes tienen carácter preceptivo y vinculante. b) Son Comisiones Informativas especiales las que el Alcalde o Presidente acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. c) Las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias, y en todas ellas, el presidente nato es el Alcalde o Presidente de la corporación. d) El Pleno o la Comisión de Gobierno, no podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa, ni siquiera en casos de urgencia.

21. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos por la normativa aplicable: a) Debe inadmitirse y archivarse la solicitud. b) Se requerirá al interesado, para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición. c) Debe iniciarse la tramitación y el interesado podrá subsanar el defecto en el trámite de audiencia. d) Se producirá la caducidad del procedimiento.

22. Una de las siguientes afirmaciones sobre la ampliación de los plazos no es correcta. a) La Administración, salvo precepto en contrario, podría conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, pudiendo ser ésta superior al establecido para la tramitación de los mismos. b) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. c) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. d) La Administración, salvo precepto en contrario, podría conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica derecho de tercero.

23. ¿En cuál de los siguientes supuestos se puede prescindir del trámite de audiencia de los interesados?. a) Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar documentos o justificaciones. b) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. c) Del trámite de audiencia no se puede prescindir en ningún caso. d) Opciones a) y b) son correctas.

24. Consecuencia de la ejecución de unas obras realizadas en una calle de Los Arcos, se han producido desperfectos en un inmueble deshabitado. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a) El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, aunque no procederá su instrucción cuando los particulares presuntamente afectados no se personen en el mismo, dentro de los diez días otorgados a tal fin. b) Solamente podrá iniciarse un procedimiento de responsabilidad patrimonial a instancia de parte y siempre que los particulares presuntamente afectados reclamen antes de que finalice el plazo de prescripción de seis meses desde que se ocasionaron los daños. c) El plazo para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial es de seis meses, desde que fuera iniciado. d) Todas las opciones son verdaderas.

25. La prestación, por parte de una administración pública a otra de medios materiales, económicos o personales, se encuadra dentro de: a) Técnicas de cooperación. b) Técnicas de colaboración. c) Técnicas de coordinación. d) Solidaridad interterritorial.

26. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, deben abstenerse de intervenir en el procedimiento las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones que tienen relación de servicio con el interesado en el asunto, o le ha prestado servicios profesionales en: a) Los tres últimos años. b) Los cinco últimos años. c) Los cuatro últimos años. d) Los dos últimos años.

27. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las infracciones graves, salvo que la ley que las establezca disponga otra cosa, prescribirán: a) Al año desde el día en que fuera cometida. b) Al año desde el día en que fuera cometida, salvo que se trate de una infracción continuada, en cuyo caso lo hará a los dos años desde que finalice la conducta infractora. c) A los dos años desde el día en que fuera cometida. d) A los dos años desde el día en que fuera cometida, salvo que se trate de una infracción continuada, en cuyo caso lo hará a los tres años desde que finalice la conducta infractora.

28. La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos, en su artículo 27, establece que los contratos públicos se pueden calificar como: a) De obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros o servicios. b) De obras, suministro, asistencia, concesión de obras públicas y concesión de servicios. c) De obras, concesión de obras, asistencia y suministros. d) Todas las opciones son incorrectas.

29. Señale la respuesta correcta en lo relativo a la Mesa de Contratación: a) Será necesaria la intervención de la Mesa de Contratación cuando se hayan constituido Comisiones de Contratación. b) Para la adjudicación de los contratos de concesión será obligatoria, en cualquier caso, la constitución de una Mesa de Contratación. c) El pliego de cláusulas administrativas no podrá establecer la obligatoriedad de una Mesa de Contratación. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. En un procedimiento de licitación, uno de los aspirantes no ha presentado, por olvido, oferta técnica. ¿cómo debe actuar la mesa de contratación?. a) Debe dar un plazo de 5 días para que subsane. b) Debe dar un plazo de 10 días para que subsane. c) Debe inadmitir por ser un defecto no subsanable. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

31. En el Ayuntamiento se quiere licitar el proyecto y dirección técnica de las obras de construcción de un edificio. ¿qué clase de contrato es?. a) Es un contrato de obras. b) Es un contrato de suministros. c) Es un contrato de servicios. d) Es un contrato de concesión de servicios.

32. ¿qué recurso o reclamación puede interponer un interesado frente a una resolución de alcaldía por la que se adjudica un contrato de obras?. a) Reclamación especial en materia de contratación pública. b) Recurso de reposición ante el propio alcalde. c) Las dos anteriores son correctas. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

33. Señale cuál de las siguientes opciones es falsa en relación con los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal: a) El desarrollo del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal deberá prever la cesión a los Ayuntamientos afectados del 10 por 100 del aprovechamiento lucrativo susceptible de tráfico inmobiliario, libre de cargas de urbanización y de cualesquiera otras. b) El contenido del Proyecto Sectorial deberá contener los compromisos del promotor para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del proyecto que será obligatorio garantizar. La garantía total no podrá ser inferior a un importe del 6 por ciento del coste que resulte para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Proyecto Sectorial, pudiendo constituirse y cancelarse, con autorización previa de la Administración actuante, en función de las fases de cumplimiento de las obligaciones. c) Tienen una vigencia indefinida. No obstante, el Gobierno de Navarra podrá, de oficio o a instancia de parte, acordar su extinción si concurren determinados supuestos. d) Las obras previstas en un Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal están exentas de control local siempre que se cumplan determinados requisitos, sin que ello afecte a las obligaciones tributarias que correspondan ante las entidades locales.

34. Es falso que: a) Los terrenos destinados por el planeamiento para el establecimiento de sistemas generales en suelo urbano consolidado se obtendrán mediante expropiación. b) La ocupación directa es una forma de obtención de terrenos previstos en el planeamiento para el establecimiento de sistemas generales tanto en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, pero no en el caso de suelo urbano consolidado. c) En caso de ocupación directa el Ayuntamiento previamente tendrá que determinar el aprovechamiento subjetivo del titular del terreno a ocupar y de la unidad de ejecución excedentaria en la que se hará efectivo tal aprovechamiento. d) El transcurso del plazo de cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del instrumento de redistribución de la unidad de ejecución destinada a acoger a los propietarios afectados por la ocupación directa, habilita a que éstos podrán solicitar al Ayuntamiento el inicio del expediente de justiprecio, que se llevará a cabo por ministerio de la Ley, una vez transcurridos tres meses desde dicha solicitud.

35. Señale con cual de las siguientes actividades es compatible el ejercicio de la función pública: a) El asesoramiento al Consejo de Administración de una empresa privada cuya actividad guarde relación directa con la que desarrolle la Administración en la que preste servicios el funcionario. b) El trabajo no retribuido al servicio de una sociedad que tenga un concierto de prestación de servicios con la Administración a la que esté adscrito el funcionario. c) La prestación de servicios a tiempo parcial en otra Administración Pública, siempre que ese contrato se firme en régimen administrativo y no supere el 50% de la jornada. d) La participación del 10 por 100 en el capital de una sociedad que tenga un concierto de prestación de servicios con la Administración a la que esté adscrito el funcionario.

36. Señalar la opción incorrecta, según el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra: a) Los funcionarios que perciban el complemento de dedicación exclusiva no podrán percibir el de incompatibilidad. b) En ningún caso podrán devengar horas extraordinarias los funcionarios que perciban el complemento de dedicación exclusiva. c) Los servicios retribuidos con el complemento de prolongación de jornada podrán devengar horas extraordinarias. d) Ningún funcionario podrá percibir simultáneamente el complemento de prolongación de jornada y el de dedicación exclusiva.

37. En relación con los tributos de las entidades locales, es incorrecta una de las siguientes opciones: a) Los tributos que exaccionen las entidades locales respetarán, entre otros, el principio de no someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad local. b) No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos de las entidades locales de Navarra que los previstos expresamente en la Ley foral de Haciendas Locales de Navarra u otra Ley Foral. c) En el caso de delegación de competencias de gestión, recaudación e inspección de tributos, la revisión de los actos en vía administrativa corresponde a la entidad local titular de la competencia ya que nunca puede recaer en la entidad local delegada. d) Al fallecimiento de los sujetos infractores, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso serán transmisibles las sanciones.

38. No están exentos del Impuesto de Actividades Económicas: a) La Cruz Roja Española. b) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. c) Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios superior a 1.000.000 de euros. d) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como sus respectivos organismos autónomos de carácter administrativo.

39. En materia de actividades clasificadas las infracciones clasificadas como muy graves podrán dar lugar a la imposición de algunas de las siguientes sanciones. a) Clausura temporal, total, o parcial de las instalaciones por el plazo máximo de un año. b) Revocación o suspensión de la licencia por un periodo no inferior a un año ni superior a dos. c) Multa desde 30.001 hasta 75.000 euros. d) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.

40. Señale cuál de las siguientes opciones es correcta: a) El informe de afecciones ambientales de un proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de dos años desde su emisión. b) La autorización ambiental integrada se rige en cuanto las instalaciones, proyectos y actividades, por la tramitación y por los principios generales dispuestos en la normativa básica, salvo en lo relativo a las infracciones y sanciones, a las que se les aplicará lo dispuesto en la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, Reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. c) Las Entidades Locales que tengan atribuidas competencias para la aprobación definitiva de los instrumentos de planificación territorial y urbanística actuarán como órgano ambiental a determinados efectos. No obstante, cuando se trate de municipios con población inferior a 3.000 habitantes, dicha actuación podrá ser asumida por el departamento del Gobierno de Navarra con competencias en materias de evaluación ambiental mediante convenio suscrito por ambas administraciones. d) La competencia para otorgar la autorización ambiental unificada es del Ayuntamiento, previo informe preceptivo y vinculante del Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de medio ambiente por tratarse de actividades incluidas en el Anejo 1.

R1. De acuerdo con la LORAFNA Navarra es competente en exclusiva en materia de: a) Promoción y ordenación del turismo. b) Derecho Civil Foral. c) Pastos, Hierbas y rastrojeras. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

R2. En relación con la declaración de lesividad de los actos anulables a que se refiere el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?: a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. b) La declaración de lesividad exigirá previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el acto administrativo. c) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Alcalde o Presidente de la Corporación.