Asignatura FPF

En cuanto a los ámbitos de intervención del profesional de la psicología forense, ¿cuál de las siguientes áreas de actuación se encuadrarían en el ámbito penal?. Evaluación psicológica en procesos de privación de patria potestad. Evaluación psicológica en accidentes laborales y enfermedades profesionales. Valoración de la imputabilidad y riesgo de violencia. Evaluación de la capacidad e idoneidad de los tutores de personas incapacitadas.

En el área de la psicología forense experimental las principales actuaciones por realizar serían: Evaluación de daños psicológicos. Valoraciones relativas a la psicología del testimonio. Análisis del estado mental de los acusados. Diagnóstico para el tratamiento a nivel clínico.

La psicología en el derecho haría referencia a que: La psicología sería una disciplina auxiliar para el derecho. En el campo jurídico existen numerosos componentes psicológicos, por lo que, para el funcionamiento del derecho, se requerirá a la psicología. La psicología es un campo de conocimiento al que el jurista puede recurrir para asesorarse de cara a la definición de normativas. La psicología es una disciplina que implementa sus conocimientos con el objetivo de auxiliar al juzgador en su toma de decisiones.

La época en la que aparecen diferentes revistas internacionales especializadas en el ámbito de la psicología forense sería: Décadas de 1900 a 1940. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Años cincuenta y sesenta del siglo XX. Años setenta y ochenta del siglo XX.

En cuanto a la actuación del profesional de la psicología como perito puede decirse que: La principal actividad que realiza es el tratamiento psicológico. Está determinada por una petición específica. La actuación pericial se realiza sobre un caso enjuiciado con el que se tiene alguna relación previa. En esta se realiza una actividad similar a la que se desarrolla cuando se actúa como testigo.

Respecto a la psicología jurídica señala la opción falsa: Delimita el campo de actuación en el que se ponen en interacción el derecho y la psicología. Es un área mediante la que se aplican los conocimientos de la psicología a la resolución de las diferentes problemáticas que pueden surgir en el derecho. Dentro de los ámbitos temáticos de intervención de la psicología jurídica se incluye la psicología criminológica. Uno de los campos aplicados de la psicología forense sería la psicología jurídica.

En relación con los términos que también se han utilizado para hacer referencia a la psicología forense encontramos: La psicología pericial o la psicología legal. La psicología jurídica o la psicología científica. La psicología judicial o la psicología criminológica. La psicología aplicada.

La obra On the Witness Stand de Münstensterberg (1908) tiene como objetivo: Plantear la existencia de una tipología de «criminal nato». Investigar las causas sociales del comportamiento delictivo. Modificar la resistencia por parte de los juristas respecto a la presencia del psicólogo forense en este sistema legal. Analizar el proceso de inferencia que ha de hacer el magistrado para el conocimiento del caso que juzga.

En relación con los siguientes planteamientos, señala la opción falsa: La psicología analiza, mide, modifica y predice la conducta. El derecho regula la conducta mediante la actuación en los procesos que dirigen el comportamiento. La ley hace afirmaciones o suposiciones sobre el comportamiento basadas en el sentido común. Para el derecho, la conducta delictiva es un acto consciente y voluntario.

Entre otros aspectos, el principio de actuación profesional de «comunicación con el público y otros profesionales» haría referencia a que: Se ha de informar de los hallazgos de modo comprensible al destinatario. Se ha informar de las limitaciones de la confidencialidad. Se debe informar de las características básicas de la relación en la actuación pericial y evitar relaciones duales. Se han de prestar servicios en áreas donde se posea conocimiento y competencia.

Sistema penal en el que el juez encargado de juzgar es el mismo que realiza la investigación: Sistema acusatorio. Sistema mixto. Sistema inquisitivo. Sistema contemporáneo.

Los fueros convencionales en el proceso civil permiten a las partes: Acordar someterse a un juez o tribunal de un determinado territorio, distinto al que le correspondería conocer conforme a las reglas generales. Acordar finalizar el proceso en cualquier momento. Que la actividad jurisdiccional solo puede iniciarse ante petición de parte. Que la determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita de los órganos jurisdiccionales es una facultad exclusiva de las partes.

Principio que supone que el juicio oral y público debe realizarse en un acto concentrado que, además, se desarrolle directamente ante el tribunal, sin que medie nada entre la prueba que se produce en ese acto del juicio oral y el tribunal que debe resolver: Principio de oralidad. Principio de publicidad. Principio de concentración. Principio de inmediación.

Proceso por el que será ventilada y decidida toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la ley otra tramitación especial: Proceso monitorio. Tutela sumaria. Proceso declarativo. Juicio cambiario.

Se introduce en el proceso penal como una medida de excepción o flexibilización al principio de legalidad: Principio de necesidad. Principio de concentración. Principio de oportunidad. Principio de aportación de parte.

Es una potestad, a disposición de quien tiene capacidad para ser parte, para realizar actos con eficacia dentro de un proceso: Competencia funcional. Competencia objetiva. Autonomía de la voluntad. Capacidad procesal.

Principio que prima en el proceso civil: Principio de necesidad. Indisponibilidad. Publicidad de la investigación. Principio dispositivo.

Constituye una característica de la competencia en el ámbito penal: Se puede prorrogar. Permite la sumisión expresa o tácita. Es competente el lugar del domicilio del demandante. Es indisponible.

Son aquellos procesos civiles por los que se trata de aplicar normas sustantivas civiles más o menos influidas por una concesión de derecho público que lleva a que, contrario a lo que sucede por regla general en el proceso civil, en estos casos el objeto del proceso no es disponible para las partes: Procesos civiles no dispositivos. Proceso monitorio. Juicio cambiario. Proceso declarativo ordinario.

Puede ser parte pasiva en el proceso penal: El Ministerio Fiscal. El acusador privado. El acusar particular. El investigado.

Tiene dentro de sus funciones ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda: Jueces. Magistrados. Policía judicial. Ministerio Fiscal.

Es una persona especializada o con grandes conocimientos en una materia (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), sobre los que el juez no tiene especialidad, que presta sus conocimientos al servicio de la Administración de Justicia, para que el juez o magistrado pueda valorar mejor los hechos o circunstancias que se presenten: Letrado de la Administración de Justicia. Policía judicial. Perito. Fiscal.

Es una garantía de independencia de los jueces y magistrados: Imparcialidad. Recusación. Inamovilidad. Oralidad.

Principio que conlleva que el titular de la potestad jurisdiccional no pueda ser al mismo tiempo parte en el conflicto sometido a su resolución: Unidad de actuaciones. Contradicción. Imparcialidad. Inamovilidad.

Es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales: Oficina judicial. Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial. Policía judicial.

Funcionarios a quienes les corresponde con exclusividad el ejercicio de la fe pública judicial: El secretario judicial. Letrados de la Administración de Justicia. Policía judicial. Ministerio Fiscal.

La policía judicial depende, orgánicamente, de la siguiente entidad: El Ministerio Fiscal. Los jueces y magistrados. La oficina judicial. El Ministerio del Interior.

Funcionarios que ostentan la dirección de la oficina judicial: Secretarios judiciales. Consejo General del Poder Judicial. Letrados de la Administración de Justicia. Ministerio Fiscal.

Es el poder del Estado encargado de la tutela de los derechos de las personas en el caso concreto, juzgando y ejecutando lo juzgado: Poder legislativo. Poder judicial. Poder ejecutivo. Consejo General del Poder Judicial.

Puede actuar como perito en un proceso penal quien se encuentre en la siguiente circunstancia: Tenga parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo. Tenga interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante. Tenga amistad íntima o la enemistad manifiesta con alguna de las partes. Tenga los conocimientos y práctica para desarrollar las operaciones sobre las cuales se requiere la pericia, pero no tenga título profesional sobre la materia.

La medicina legal es: La medicina que está legalizada. Los aspectos legales que regulan la carrera de medicina. Los conocimientos médicos científicos aplicados al derecho. Todas son correctas.

El instituto de Medicina Legal y Forense: Es donde se forman los médicos para hacer informes periciales de parte. Depende del Ministerio de Justicia y tiene la función de auxiliar a la Administración de Justicia. No existe en España. Ninguna es correcta.

Las unidades de valoración forense integral: No existen en España. Son unidades de tratamiento de los drogodependientes. Son unidades creadas para mejorar la parte probatoria en violencia de género. B y C son correctas.

Las unidades de valoración forense integral: Dependen de cada municipio de España y se administran conforme a la Ley de Bases de Autonomía local. Son unidades de tratamiento de los delincuentes sexuales y terroristas por convicción. Son unidades creadas para mejorar la parte probatoria en violencia de género. B y C son correctas.

Las unidades de valoración forense integral: Las componen médicos, sociólogos, antropólogos y criminólogos. Las componen el ministro de sanidad, los correspondientes consejeros de sanidad y los directores de los hospitales públicos de mayor reputación. Las componen médicos especializados, psicólogos y trabajadores sociales. Ninguna es correcta.

El Instituto de Medicina Legal y Forense: Es un organismo que informa al gobierno en materia de bioética para la creación de leyes. Depende del Ministerio de Justicia y tienen la función de auxiliar a la Administración de Justicia. Es un organismo basado en los principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la legalidad. Ninguna es correcta.

Los médicos forenses conforman un cuerpo especial al servicio de: La parte que los contrata. Sus intereses particulares, por parentesco o amistad. Sus intereses cuando además sea parte en la causa. La Administración de Justicia.

No se considera un cuerpo especial al servicio de la Administración de Justicia: Cuerpo de médicos forenses. Cuerpo de ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. El cuerpo facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La labor del médico legal concluye siempre con: La presentación del informe forense. La práctica de la pericia. La remisión del informe forense al juez o tribunal. La intervención en el juicio.

Valoración probatoria del informe forense: El juez debe vincular su decisión a lo que diga el informe forense. Conforme a la sana crítica. Valor leal o tazado. Debe tener mayor valor probatorio el informe forense de un perito del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre cualquier otro perito.

¿Qué es la jerarquía normativa?. Es una garantía para la sociedad de modo que puede recurrir a modificar la ley con la finalidad de sancionar con efecto retroactivo las conductas que estime lesivas a los intereses sociales. Es una garantía constitucional para el ciudadano frente al poder del Estado con el objeto de prohibir la promulgación de normas que vayan en contra de la constitución en línea jerárquica. Significa que el juez penal puede crear la ley que estime prudente para sancionar los hechos que la sociedad estima graves. Es una garantía constitucional a partir de la cual el juez puede interpretar la constitución siempre que lo apruebe su superior jerárquico.

¿Por qué el derecho constitucional es derecho público?. Porque es un instrumento destinado a la persecución de los ciudadanos. Porque es utilizado por sectores del Estado con la finalidad de hacer prevalecer intereses particulares. Porque regula relaciones entre el Estado y los particulares y entre los organismos del Estado entre sí. Porque su objeto es proteger bienes jurídicos en todos los casos en que estos puedan verse afectados anticipándose a otros tipos de control social.

El recurso de amparo: Es un recurso que se presenta de forma sumaria ante una detención ilegal o desaparición de personas. Es un recurso que se presenta ante el Tribunal Supremo ante la vulneración de derechos fundamentales. Es un recurso que se presenta ante el Tribunal Constitucional ante la vulneración de derechos fundamentales tan pronto como se advierta la vulneración. Es un recurso que se presenta ante el Tribunal Supremo ante vulneración de derechos fundamentales cuando se han agotado todas las vías ordinarias para combatir la vulneración de ese derecho.

El recurso de inconstitucionalidad: Lo interpone el juez cuando ve que una norma puede ser inconstitucional. Lo interpone cualquier persona que considere que una ley es inconstitucional. Lo interpone un grupo de parlamentarios en los casos previstos en la ley. Ninguna es correcta.

La supremacía constitucional significa: Que el juez pueda aplicar la ley española a los hechos cometidos en cualquier lugar del mundo, porque la soberanía popular reside en la constitución. Que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento y de ella emanan todas las demás sin que sea posible que las normas de rango inferior contradigan lo que dice la constitución. Es una excepción al principio de territorialidad conforme al cual el Estado español puede ejercer su jurisdicción dentro del país. La constitución depende del tribunal Supremo para su validez en la aplicación posterior.

La parte dogmática regula. Derechos fundamentales y libertades públicas. Derechos civiles y políticos. Derechos de libertad religiosa y permite los dogmas de la religión católica. Ninguna es correcta.

La constitución se divide en: Una parte orgánica y una parte dogmática. Una parte general y una parte especial. Una parte preliminar, una parte central y una parte de anexos y disposiciones finales. Ninguna es correcta.

El Tribunal Constitucional: No existe en España, solo hay una sala constitucional en el Tribunal Supremo. Es el órgano encargado de sancionar las leyes antes de la promulgación. Es el órgano encargado de velar por la Constitución, es el garante de esta. Ninguna es correcta.

La parte orgánica regula: El organigrama del poder judicia. El organigrama del poder ejecutivo. El organigrama del poder legislativo. Ninguna es correcta.

La cuestión de inconstitucionalidad: La interpone ante el Tribunal Constitucional el Rey, cuando un juez que tiene que aplicar una norma cuando considera que es inconstitucional. La interpone ante el Tribunal Constitucional el Procurador General de la República, cuando un juez que tiene que aplicar una norma cuando considera que es inconstitucional. Lo interpone ante el Tribunal Constitucional directamente el juez que tiene que aplicar una norma cuando considera que es inconstitucional. Ninguna es correcta.

¿Por qué el derecho penal es un medio de control social?. Porque es un instrumento destinado a la persecución de los ciudadanos. Porque es utilizado por sectores del Estado con la finalidad de hacer prevalecer intereses particulares. Porque su objeto es promover la protección de bienes jurídicos a través del recurso de la pena, en caso de que otros medios se revelen como ineficaces. Porque su objeto en proteger bienes jurídicos en todos los casos en que estos puedan verse afectados anticipándose a otros tipos de control social.

¿Qué función cumple el principio de legalidad de los delitos y de las penas?. Es una garantía para la sociedad, de modo que puede recurrir a modificar la ley con la finalidad de sancionar con efecto retroactivo las conductas que estime lesivas a los intereses sociales. Es una garantía constitucional para el ciudadano frente al poder del Estado con el objeto de prohibir la aplicación retroactiva y analógica de la ley penal y de las penas. Significa que el juez penal puede crear la ley que estime prudente para sancionar los hechos que la sociedad estima graves. Es una garantía constitucional a partir de la cual el juez puede crear las penas que estime proporcionales a los hechos.

El principio de territorialidad significa: Significa que el juez penal puede aplicar la ley española a los hechos cometidos en cualquier lugar del mundo. Significa que el juez penal puede aplicar la ley española a los delitos cometidos en territorio español y, por excepción, a los delitos cometidos por españoles en territorio extranjero si regresan a España sin ser juzgados. El principio de protección es una excepción al principio de territorialidad conforme al cual el Estado español puede perseguir todos los delitos, cualquiera que estos sean y con independencia del lugar en que se cometieron. El principio de justicia universal señala que los tribunales españoles son competentes para conocer los delitos que, pese a ser cometidos fuera de España, afectan a la Corona española.

En cuanto al derecho penal de menores es correcto afirmar: A los mayores de 18 y menores de 21 años se les aplican las normas relativas al derecho penal de menores siempre que, conforme al artículo 69 del Código Penal y al artículo 4 de la Ley Orgánica de responsabilidad de menores, cumplan con determinadas condiciones. A los mayores de 18 y menores de veinte años se les aplican las normas relativas al derecho penal de menores siempre que, conforme al artículo 69 del Código Penal y al artículo 4 de la ley orgánica de responsabilidad de menores, cumplan con determinadas condiciones. A los mayores de 18 y menores de veintitrés años se les aplican las normas relativas al derecho penal de menores siempre que, conforme al artículo 69 del Código Penal y al artículo 4 de la ley orgánica de responsabilidad de menores, cumplan con determinadas condiciones. A los mayores de 18 y menores de veinticuatro años se les aplican las normas relativas al derecho penal de menores siempre que, conforme al artículo 69 del Código Penal y al artículo 4 de la ley orgánica de responsabilidad de menores, cumplan con determinadas condiciones.

En cuanto a las medidas que pueden ser aplicables a los menores de edad, se encuentran: Castración química. Encierro en celda solitaria. Asistencia a un centro de día. Destierro.

El principio de irretroactividad de la ley penal significa: Que la ley penal solo puede regir para lo futuro y no puede aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Que la ley penal puede regir para lo futuro y también puede aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Que la ley penal puede aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor si ella no resulta ser más favorable al acusado. Que la ley penal debe aplicarse siempre a hechos ocurridos en el pasado.

En cuanto al derecho penal de menores es correcto afirmar: La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, se aplica solamente a los menores de siete años. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, se aplica a los menores de 18 años. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, se aplica solamente a los menores de diez años. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, se aplica solamente a los menores de quince años.

La garantía constitucional de ejecución de los penados significa: Que no tienen derecho a la rehabilitación ni reinserción social. Que pueden aplicarse tormentos. Que es posible aplicar penas degradantes. Que la ejecución penitenciaria está orientada a la rehabilitación o reinserción social.

La medida de libertad vigilada en el caso del derecho penal de menores se traduce en: Trabajos a la comunidad. Concurrencia a centros de detención. Cumplimiento de actividades, asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo. No conlleva el cumplimiento de pautas socioeducativas.

La medida de prestación de trabajos a la comunidad significa que: Los menores obligatoriamente deben realizar trabajos forzados no remunerados. Para la determinación de su naturaleza y modalidad el juez no debe atender, en ningún caso, al tipo de bien jurídico lesionado, sino que, únicamente, a las necesidades sociales. Es una medida que solo puede imponerse con el consentimiento del menor. Puede obligarse al menor a trabajar sin seguridad social en una empresa privada.

Los delitos se pueden cometer: Mediante acción u omisión. Solo mediante acción. Solo mediante omisión. Únicamente mediante una acción dolosa.

Los delitos de resultado se caracterizan por: No existir separación espacio temporal entre la acción y el resultado. Porque se consuman con la sola realización de la acción. Porque exigen una separación espacio temporal entre la acción y el resultado. Porque, generalmente, asumen la forma de un delito de mera actividad.

La legítima defensa es un caso de: Estado de necesidad. Situación de justificación penal. Causal de exculpación. Supuesto de culpabilidad.

Los delitos de acción se pueden cometer: Por regla general, con dolo o imprudencia. Por regla general, solo con dolo. Por regla general, solo con imprudencia. Por regla general, solo con dolo eventual.

Los delitos de omisión propia e impropia pueden ser: Solo con dolo. Solo con imprudencia. Con dolo o imprudencia. Solo con dolo eventual.

El dolo puede asumir las siguientes formas: Dolo directo, indirecto y eventual. Dolo antecedente y dolo eventual. Dolo malo y dolo eventual. Dolo subsecuente y dolo indirecto.

El dolo eventual se distingue de la imprudencia en que: El dolo supone un compromiso personal con la lesión al bien jurídico y la imprudencia es la infracción del deber de cuidado. El dolo eventual es un caso de representación del riesgo unido a la aceptación de la posibilidad de realización del resultado y la imprudencia inconsciente es un caso en que no hay representación. El dolo eventual es un caso de ausencia de control de riesgos y la imprudencia un caso de control de riesgo. La imprudencia es la representación de la infracción de un deber especial y el dolo es un supuesto de quebrantamiento de normas de cuidado.

El elemento esencial de la legítima defensa es: La agresión ilegítima. La falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. La existencia de proporcionalidad. La existencia de un mal grave.

El estado de necesidad tiene doble naturaleza: Porque opera como justificante y exculpante a la vez. Porque es causal de atipicidad y exculpación. Porque excluye la punibilidad y la tipicidad del hecho. Porque excluye la responsabilidad penal y también la civil.

Las medidas de seguridad se fundamentan: En la peligrosidad del sujeto. En la falta de proporcionalidad. En la retribución. En la prevención general.

¿Cuál es el fundamento de las teorías de la retribución?. Su fundamento está en el principio de proporcionalidad y culpabilidad. Su fundamento está en la idea de utilidad de la pena. Su fundamento es la idea del delito como pecado. Su fundamento es el principio según el cual el derecho no puede ceder ante lo injusto.

Las penas privativas de libertad son: La inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión, oficio o comercio, la suspensión de empleo o cargo, privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, entre otras. La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente, la responsabilidad personal subsidiaria por el impago de multa. La pena de multa. La pena de destierro.

Las penas privativas de otros derechos son: La inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión, oficio o comercio, la suspensión de empleo o cargo, privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, entre otras. La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente, la responsabilidad personal subsidiaria por el pago de la multa. La pena de multa. La pena de destierro.

¿Cuál es el fundamento de la teoría de la prevención general positiva?. La idea de castigo ético. La idea de reparación jurídica del mal causado. La idea de restablecimiento de la vigencia de los bienes jurídicos. La idea de reinserción social.

¿Cuál es el fundamento de la prevención especial positiva?. La idea de restablecimiento de la vigencia de la norma. La idea del restablecimiento de la justicia. La idea de la proporcionalidad de las sanciones. La idea de la resocialización y reinserción social.

Son penas graves: La prisión permanente revisable. La prisión de tres meses a cinco años. La multa de más de tres meses. La privación del derecho a conducir vehículos de motor.

Entre las penas que la ley establece para las personas jurídicas están: La pena de multa por cuotas o proporcional. La prisión de tres meses a cinco años. La relegación. La privación del derecho a conducir vehículos de motor.

La libertad vigilada es: Una pena. Una medida socioeducativa para adultos. Una medida de seguridad. Una parte de la pena de prisión que se cumple en libertad.

La libertad vigilada se puede imponer a: Delincuentes sexuales. Terroristas. A violencia familiar y de género. Todas son correctas.

La prisión permanente revisable: No existe en España. Solo se aplica a casos de violadores en serie. Solo se puede aplicar en casos de rebelión y sedición. Ninguna es correcta.

¿Cuál es el alcance del principio de legalidad en relación con la ejecución penal?. Significa que el sistema penitenciario puede aplicar la ley que estime conveniente. Significa que la pena y las medidas de seguridad deben ejecutarse de la forma señalada en la ley. Significa que las penas y las medidas de seguridad pueden ser ejecutadas de la forma en que lo determine el establecimiento carcelario. Significa que solo las medidas de seguridad se deben someter al texto constitucional.

¿Qué órgano es el encargado de velar por el control de la ejecución de las penas?. Los jueces de la audiencia nacional. La sala segunda del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional. El juez de vigilancia.

¿Cuál es el principio general que rige la relación jurídica penitenciaria?. Que los penados pueden gozar de todos los derechos que quieran, como quieran y cuando quieran sin límites. Que la pena de prisión no impide gozar a los penados de sus derechos fundamentales con excepción de aquellos que sean limitados de modo expreso por la sentencia condenatoria. Que la pena de prisión solo impide gozar del derecho a la libertad. Que la pena de prisión solo limita los derechos políticos.

La progresión del grado implica: La evolución en el tratamiento penitenciario implica que se determinará una nueva clasificación del interno, con la correspondiente propuesta de traslado al centro penitenciario adecuado o, dentro del mismo centro, a otro departamento con diferente modalidad de vida. La graduación de la pena según la culpabilidad. La consideración de haber cometido el delito en grado de tentativa. Ninguna es correcta.

El principio de flexibilidad significa: Que las celdas deben contener camas flexibles adaptadas a las necesidades de cada interno. Que la clasificación dentro del grado determina el tipo de tratamiento que se debe aplicar al interno. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

Se denomina tratamiento penitenciario: Al conjunto de actividades dirigidas a conseguir la reeducación y reinserción social de los penados. A la forma en que los funcionarios de prisiones deben dirigirse a los internos. Al tratamiento de los datos personales de los internos, que, conforme a la ley de protección de datos, incluye los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Ninguna es correcta.

La clasificación en tercer grado: Determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades. Implica mayor grado de conocimiento de los hechos por los que fue condenado. Solo sirve para calificar el homicidio en tercer grado. Ninguna es correcta.

La clasificación en primer grado: Determina la aplicación de las normas del régimen cerrado. Implica mayor grado de conocimiento de los hechos por los que fue condenado. Solo sirve para calificar el homicidio en primer grado. Ninguna es correcta.

Entre los derechos fundamentales de los penados o privados de libertad están: El derecho a la libertad religiosa e ideológica. El derecho a la igualdad entendido como no discriminación arbitraria. El derecho al honor y a la intimidad. Todas son correctas.

La clasificación en segundo grado: Implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos. Implica mayor grado de conocimiento de los hechos por los que fue condenado. Solo sirve para calificar el homicidio en primer o segundo grado. Ninguna es correcta.

En relación con la persona: El concebido y no nacido es sujeto de derechos sin limitación alguna. El concebido y no nacido no es sujeto de derechos. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del claustro materno. Ninguna es correcta.

¿Qué significa el derecho objetivo?. El derecho objetivo se refiere a todos los derechos que afectan a la persona. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas tomadas en sí mismas que regulan las relaciones esenciales de la sociedad, nuestros actos y son obligatorias para todos. El derecho objetivo es el conjunto de sujetos obligados por las leyes. El derecho objetivo es la facultad o prerrogativa reconocida a una persona por el ordenamiento jurídico, como el derecho a la vida, integridad personal, etc.

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: La Constitución española. Las resoluciones judiciales. La doctrina de los juristas. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Derecho público: Derecho público es el conjunto de leyes publicadas por el Estado. El derecho público regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar y protege los intereses generales. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

Derecho privado: Es el conjunto de acuerdos privados entre particulares, siempre que se hagan en escritura pública notarial. Derecho privado es el que tutela los intereses particulares, es lo que entendemos por derecho civil. Las respuestas A y B son correctas. Las respuestas A y B son incorrectas.

Las obligaciones son: Títulos de crédito o valores que cotizan en mercados de inversión. Nacen de los contratos y se rigen por el principio de autonomía de la voluntad. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

¿Qué es la capacidad jurídica?. Es la capacidad de desempeñar una función de juzgar la conducta humana. Es sinónimo de personalidad y significa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, sujetos de relaciones jurídicas. Significa que se tiene autorización administrativa para actuar profesionalmente en cualquier ámbito del derecho. Ninguna es correcta.

¿Qué es la capacidad de obrar?. La capacidad otorgada por la administración para la edificación y construcción de casas y toda clase de obras equivale a licencia de obras. Es la capacidad que faculta a las personas para realizar actos jurídicos. Es la capacidad de realizar obras artísticas, literarias o científicas catalogadas como obras de creación intelectual. Ninguna es correcta.

Judicialmente a una persona con discapacidad se le puede: Declarar incapaz. Dictar medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Las respuestas a y b son correctas. Nombrarle tutor.

¿Qué es una obligación en derecho?. Es el deber moral que toda persona tiene por naturaleza. Se caracteriza por la obligatoriedad y exigibilidad de su cumplimiento. Una persona adquiere una obligación, generalmente, por contrato con otras personas. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

¿El Estado puede intervenir en la familia?. La Constitución española, en su artículo 39, consagra la protección social, jurídica y económica de la familia por parte de los poderes públicos. El Estado solo regula los requisitos de la familia matrimonial, no puede intervenir en sus relaciones familiares. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

¿Existen prohibiciones para el matrimonio?. No, el matrimonio es libre y todas las personas pueden casarse. Sí, no pueden casarse los menores de catorce años no emancipados, los que estén ligados por vínculo matrimonial, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

¿Qué es la filiación?. Es la consideración de la persona que viene determinada por su condición jurídica dentro de la familia y vincula a los progenitores con los hijos. Es la pertenencia a un partido político o sindicato. Es la situación que se produce cuando se inscribe a una persona en el padrón de habitantes de un determinado municipio o población. Ninguna es correcta.

Clases de sucesiones: La sucesión es de dos clases: sucesión hereditaria y secesión, que es la sucesión política. La sucesión se define por la voluntad del hombre manifestada en el testamento y, a falta de este, por disposición de la ley, por lo que la hay testamentaria y ab intestato. La sucesión solamente afecta a los aspectos constitucionales relacionados con la Corona. Ninguna es correcta.

En cuanto al concepto de familia: La legislación española da una definición de familia. Es un concepto polivalente, familia como grupo social primario integrado por las personas unidas por vínculos de parentesco. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

¿Puede haber varios tipos de familia?. No, solo existe la familia nuclear, integrada por los cónyuges o convivientes y los hijos que vivan en el hogar familiar. No, solo se puede considerar familia a la matrimonial. Sí, matrimonial, monoparental, no matrimonial y familia reconstruida. Sí, la civil y la canónica que se rige por el derecho eclesiástico del Estado.

¿Existe limitación para testar?. No, toda persona puede disponer de sus bienes por testamento. Sí, hay limitaciones para disponer por testamento: los menores de catorce años y el que habitual o accidentalmente no se halle en su cabal juicio. Sí, no pueden testar los que ya hayan otorgado testamento previamente. Ninguna es correcta.

¿Puede darse incapacidad para suceder?. No existen incapacidades para suceder, basta con ser persona. Sí, las criaturas abortivas, las que no adquieren la personalidad en el momento del nacimiento y las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley. Sí, son incapaces de heredar los casos de prodigalidad e indigencia. Ninguna es correcta.

¿Un testador puede desheredar al alguien?. Sí, existen causas tasadas para desheredar. No, los herederos legítimos no pueden ser desheredados. Sí, pero solo en casos de que se hallen privados de libertad por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física. Ninguna es correcta.

¿Qué es el testamento?. El testamento puede ser abierto, cerrado, ológrafo, marítimo y militar. Es el acto por el que el testador dispone de sus bienes después de su muerte. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.