Atención al público, quejas, peticiones

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes derechos NO es reconocido a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. A comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración, así como a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A exigir a las Administraciones Públicas la rendición de cuentas únicamente cuando estas incurra en irregularidades graves. A la protección de datos de carácter personal, asegurando la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. Solo las personas jurídicas y aquellas que ejerzan actividades profesionales que requieran colegiación obligatoria. Las personas físicas pueden elegir entre medios electrónicos y no electrónicos, excepto en el caso de procedimientos específicos donde se establezca lo contrario. Los empleados de las Administraciones Públicas y quienes representen a interesados obligados a relacionarse electrónicamente, así como las personas jurídicas. Todos los ciudadanos, sin excepción, ya que la relación electrónica es un derecho que no puede ser ignorado por ninguna parte.

Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado cuando existen interesados que eligen lenguas cooficiales?. El procedimiento se tramitará exclusivamente en castellano, sin excepción alguna. Se tramitará en la lengua elegida por el interesado, salvo que haya discrepancia entre varios interesados, en cuyo caso se utilizará el castellano. Los documentos presentados en lengua cooficial deben ser traducidos al castellano antes de su admisión. a Administración tiene la facultad de decidir el idioma del procedimiento según su conveniencia, sin necesidad de justificación.

Según el artículo 16, ¿cuál es una de las obligaciones de las Administraciones Públicas en relación con su Registro Electrónico General?. Publicar únicamente los documentos que son requeridos por ley en su registro, sin necesidad de actualizar su contenido. Garantizar que todos los registros electrónicos sean completamente incompatibles entre sí para evitar problemas de comunicación. Facilitar el acceso a los registros electrónicos de cada organismo, asegurando que cumplan con las garantías y medidas de seguridad necesarias. Mantener un registro físico complementario que contenga copias de todos los documentos presentados electrónicamente.

Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el deber de los interesados en un procedimiento administrativo?. Proporcionar información a la Administración solo si esta lo solicita formalmente. Colaborar facilitando a la Administración los informes y datos que requiera, salvo que la información comprometa el honor o intimidad de terceros. Informar a la Administración únicamente sobre el estado de su propio expediente. Negarse a proporcionar información si no se especifica la forma en que debe ser presentada.

Según el Real Decreto 208/1996, ¿qué información deben proporcionar las Unidades Departamentales de Información Administrativa?. Información general y particular, sin requerir legitimación previa, utilizando medios de difusión adecuados. Información solamente general, con la condición de que el ciudadano demuestre su interés en el tema. Información específica, siempre bajo la obligación de que el ciudadano se registre en la unidad correspondiente. Información únicamente sobre procedimientos internos de la Administración, restringida a funcionarios.

¿Qué derechos se reconocen a los ciudadanos según la Ley 39/2015 en su relación con las Administraciones Públicas?. Derecho a acceder a información administrativa solamente a través de medios presenciales. Derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, eligiendo el medio de comunicación a utilizar. Derecho a presentar quejas y reclamaciones, pero únicamente en formato escrito. Derecho a solicitar información sin restricciones, sin tener en cuenta la normativa de protección de datos.

Según la Ley 40/2015, ¿qué principios deben regir la atención al ciudadano en las Administraciones Públicas?. Solo legalidad y burocracia, garantizando la defensa de los intereses administrativos. Objetividad, eficacia y proximidad, asegurando la accesibilidad del servicio. Flexibilidad y personalización, permitiendo la adaptación a necesidades individuales sin estándares claros. Exclusividad y confidencialidad, limitando el acceso a la información general.

¿Qué debe garantizar la información proporcionada al ciudadano según la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos?. Que la información esté disponible solo en formatos digitales. Que se respete la privacidad y se garantice la confidencialidad de los datos personales. Que la información sea lo más técnica posible, para asegurar su precisión. Que la información se pueda compartir libremente sin ninguna restricción.

Según el Real Decreto 208/1996, ¿qué tipos de información deben ser proporcionados por los servicios de atención al ciudadano?. Información general sobre derechos y obligaciones, solo accesible a través de plataformas digitales. Información general y particular, donde la general no requiere acreditación y la particular puede involucrar aspectos sensibles. Información técnica detallada que solo puede ser solicitada por funcionarios especializados. Información privada y confidencial que solo puede ser divulgada con el consentimiento del ciudadano.

¿Qué función principal deben cumplir las oficinas de atención al ciudadano según el texto y la Ley 40/2015?. Actuar exclusivamente como mediadores en conflictos administrativos sin brindar información. Proporcionar información clara, accesible y precisa, siguiendo principios de objetividad y eficacia en la atención al público. Limitar el acceso a la información a solo aquellos ciudadanos que puedan demostrar su necesidad. Ofrecer información únicamente a través de canales digitales, excluyendo la atención presencial.

Según la Ley 39/2015, ¿qué derecho tienen los ciudadanos al comunicarse con las Administraciones Públicas?. Derecho a comunicarse solo por vía presencial, sin opción a medios electrónicos. Derecho a elegir el medio de comunicación que deseen, el cual puede ser modificado por el ciudadano en cualquier momento. Derecho a presentar quejas únicamente en formatos escritos, sin posibilidad de usar medios digitales. Derecho a acceder a información limitada, sujeta a requisitos de autorización por parte de la Administración.

Según el artículo 49 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿cómo se define un documento?. Cualquier soporte material que contenga información, incluyendo documentos originales y no originales. Un objeto que refleja la actividad humana sin requerir un soporte material específico. Cualquier expresión recogida en un soporte material, que tiene valor histórico y administrativo. Un testimonio de una actividad humana que se encuentra exclusivamente en papel.

De acuerdo con la clasificación de González Navarro, ¿cuál de los siguientes tipos de documentos se considera un documento administrativo resolutorio?. Informe técnico emitido por un experto sobre un procedimiento administrativo. Providencia que marca la fecha y decisión tomada sin resolver de fondo un asunto. Notificación formal de un acto administrativo que le concierne a un ciudadano. Certificación que declara la existencia de un hecho específico.

Según el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué se entiende por expediente administrativo?. Un conjunto de documentos que son irrelevantes para la resolución de un asunto administrativo. Un conjunto desordenado de documentos presentados en cualquier momento de la tramitación. Un conjunto ordenado de documentos que sustentan y justifican las actuaciones dentro de un procedimiento administrativo. Un documento único que contiene toda la información relacionada con un procedimiento administrativo.

En el contexto de los registros electrónicos, ¿cuál es la función principal según el artículo 24 de la Ley 39/2015?. Proveer acceso a todos los documentos históricos de la Administración. Garantizar la presentación de documentos únicamente durante el horario laboral. Desarrollar un sistema para archivar documentos sin necesidad de registro. Crear registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las características del expediente administrativo según el texto?. Los expedientes administrativos son documentos que solo pueden ser generados por organismos públicos. Un expediente debe estar formado exclusivamente por documentos internos generados por la administración. El expediente se define como un conjunto desordenado de documentos sin relación entre sí. El expediente se define como un conjunto ordenado de documentos relacionados entre sí que sirven de fundamento para la resolución de un asunto.

Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, ¿qué debe incluir la disposición de creación de registros electrónicos?. La información sobre los días en que los registros no estarán disponibles para el público. La especificación del órgano responsable de su gestión, la fecha y hora oficial, y los días inhábiles. Un listado exhaustivo de todos los documentos que pueden ser registrados. La justificación de la necesidad de crear el registro en cuestión.

¿Cuál es el mandato constitucional que establece el artículo 49 de la Constitución Española en relación con las personas con discapacidad y cómo se complementa con la Ley 13/1982, de 7 de abril?. El artículo 49 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben garantizar la igualdad de derechos de todas las personas, sin especificar una política de integración de las personas con discapacidad. La Ley 13/1982 complementa esta disposición fomentando la autonomía de las personas con discapacidad mediante la creación de servicios sociales adaptados a sus necesidades. El artículo 49 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben garantizar la política de integración de las personas con discapacidad, permitiendo que disfruten de todos los derechos reconocidos en el título I. La Ley 13/1982 complementa esta disposición estableciendo una política de igualdad de oportunidades y medidas que promuevan la integración social y laboral de las personas con discapacidad. El artículo 49 de la Constitución Española establece que los poderes públicos tienen la obligación de amparar a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos laborales, mientras que la Ley 13/1982 únicamente regula la accesibilidad universal en los servicios públicos. El artículo 49 de la Constitución Española no menciona específicamente a las personas con discapacidad, y es la Ley 13/1982 la que introduce por primera vez una política nacional para la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.

Según el artículo 5 del Real Decreto 366/2007, ¿qué características deben cumplir los accesos a las Oficinas de Atención al Ciudadano para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad?. Los accesos deben disponer de puertas automáticas y rampas de acceso, aunque no es obligatorio que los intercomunicadores sean accesibles. Los accesos deben diseñarse para ser completamente horizontales, sin obstáculos, y permitir la apertura autónoma de las puertas por parte de todos los usuarios, además de disponer de intercomunicadores accesibles tanto por texto como por voz. Los accesos deben contar con puertas manuales que puedan ser abiertas con ayuda externa y un sistema de aviso o llamada exclusivamente visual para personas con discapacidad auditiva. Los accesos deben garantizar un pavimento antideslizante y la disponibilidad de ascensores, pero no es necesario que cuenten con carteles informativos en braille.

¿Cuáles son las medidas que la Administración General del Estado debe adoptar para garantizar la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 366/2007 y el artículo 10 de la Ley 51/2003?. Implementar un sistema único de accesibilidad en todas las oficinas de atención, basado en medios tecnológicos que garanticen la plena autonomía de las personas con discapacidad física. Desarrollar únicamente medidas físicas para la eliminación de barreras arquitectónicas y no prestar especial atención a las tecnologías o medios de apoyo humano. Adoptar medidas que incluyan la provisión de medios y apoyos humanos y materiales, eliminar cualquier norma o criterio que suponga una vulneración de la igualdad de oportunidades y asegurar la no discriminación en la prestación de servicios. Exigir a todas las administraciones públicas la instalación de sistemas electrónicos de acceso exclusivo para personas con discapacidad, dejando a discreción la formación del personal en cuestiones de accesibilidad.

¿Cuál es el plazo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 366/2007 para que el Gobierno adopte las especificaciones técnicas relativas a la accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad?. Tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, previa audiencia del Consejo Nacional de la Discapacidad, mediante una orden ministerial conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales. Seis meses desde la publicación en el BOE, aprobada por los Ministerios de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, sin necesidad de audiencia del Consejo Nacional de la Discapacidad. Un año desde la entrada en vigor del Real Decreto, con consulta previa a los organismos públicos afectados, mediante un decreto conjunto de los Ministerios de Presidencia y de Trabajo. Dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto, sin que sea necesario realizar consulta previa con el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Según el artículo 1 del Real Decreto 366/2007, ¿qué condiciones deben cumplir las oficinas de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad?. Solo deben cumplir con las normativas de accesibilidad vigentes en las ciudades donde se ubican, siguiendo las recomendaciones locales sobre rampas y ascensores. Deben cumplir con las condiciones de accesibilidad en relación con los espacios físicos, documentos y medios tecnológicos de atención, garantizando la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Pueden adaptar sus oficinas de atención al ciudadano de acuerdo con los recursos disponibles y no están obligadas a implementar accesibilidad en todos sus servicios. Solo deben garantizar accesibilidad a personas con discapacidad física, excluyendo las discapacidades sensoriales o intelectuales.

¿Qué medidas se deben adoptar en la prestación de servicios de atención al ciudadano para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 366/2007?. La prestación de servicios de atención al ciudadano debe ser completamente automatizada, utilizando tecnologías de reconocimiento de voz para personas con discapacidad visual, pero no es necesario formar al personal en la atención a personas con discapacidades. La prestación de servicios debe realizarse mediante personal capacitado en la atención a personas con discapacidad, asegurando la accesibilidad en los medios telefónicos y presenciales, y siguiendo las especificaciones técnicas de accesibilidad que se determinen por el Gobierno. Los servicios de atención al ciudadano solo deben garantizar la accesibilidad en sus instalaciones físicas, no siendo obligatorio adoptar medidas en los canales telefónicos o formar al personal específicamente en la atención a personas con discapacidad. La prestación de servicios debe ser exclusivamente accesible a través de medios telefónicos, por lo que no se requiere de una formación especial del personal en la atención a personas con discapacidades.

Según el artículo 7 del Real Decreto 366/2007, ¿cómo debe ser la señalización interior en las Oficinas de Atención al Ciudadano para garantizar la accesibilidad?. La señalización interior debe ser visual y ubicarse en paneles de información gráfica, que estarán situados al lado de las puertas de acceso y cubiertos por cristales para su protección, asegurando su visibilidad. La señalización interior debe ser clara, visual y táctil, incluyendo símbolos sencillos y en braille, y debe ser colocada en lugares visibles y de fácil acceso para evitar que quede oculta por obstáculos como puertas abiertas o elementos decorativos. La señalización interior debe estar expuesta únicamente de forma visual en lugares elevados para evitar su manipulación, pero no es necesario incluir versiones en braille o información acústica. La señalización interior debe estar colocada en las paredes principales de las oficinas, pero no es obligatorio que esté en braille o que contemple medidas adicionales para personas con discapacidades sensoriales.

De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 366/2007, ¿cuáles son las medidas que deben adoptarse para garantizar la accesibilidad de los documentos e impresos destinados al ciudadano?. Los documentos e impresos deben estar disponibles exclusivamente en formato electrónico accesible, ya que las versiones impresas no son obligatorias, y la Administración solo debe proporcionar impresos en braille si es requerido expresamente. Se debe garantizar la disponibilidad de documentos e impresos en formatos alternativos como braille, tipografías grandes o ampliadas, ubicados en estantes accesibles que permitan la autonomía de las personas con discapacidad, y también deben estar disponibles en formato electrónico accesible. Los impresos deben estar disponibles únicamente en las oficinas principales de la Administración, y se priorizarán las versiones electrónicas, pero no se exige que se proporcionen versiones accesibles en braille o con tipografía ampliada de manera automática. Los documentos e impresos deben estar ubicados en estantes accesibles en las oficinas públicas, pero no es necesario que se ofrezcan en formatos alternativos como braille o tipografías grandes, salvo en situaciones excepcionales.

Según el Real Decreto 208/1996, ¿qué tipo de información administrativa está restringida y solo puede ser facilitada a las personas interesadas o sus representantes?. La información sobre la estructura y funcionamiento de los organismos de la Administración General del Estado es de acceso restringido, solo disponible para las personas que hayan iniciado un procedimiento administrativo. La información particular sobre el estado o contenido de los procedimientos en tramitación, así como la identificación de las autoridades responsables de su tramitación, solo puede ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesadas en dicho procedimiento o a sus representantes legales. La información general sobre los servicios públicos y las prestaciones disponibles puede ser restringida para personas que no presenten una acreditación formal de legitimación. La información sobre la ubicación y competencias de las oficinas de atención al ciudadano solo puede ser facilitada a las personas interesadas en algún procedimiento específico.

Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información general suministrada por la Administración incluye: La identificación y localización de los procedimientos administrativos en trámite. El estado de los procedimientos administrativos que afectan exclusivamente a las personas interesadas. Datos de identificación, fines, competencias, estructura y funcionamiento de organismos y unidades administrativas. Información reservada sobre la tramitación interna de procedimientos relacionados con terceros.

De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 951/2005, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias en la Administración, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Administración para informar al ciudadano sobre las actuaciones realizadas tras la presentación de una queja?. 10 días hábiles, pudiendo suspenderse por requerimiento de más información al interesado. 20 días naturales, sin posibilidad de suspensión en ningún caso. 20 días hábiles, pudiendo suspenderse en caso de que se requiera aclaración adicional por parte del interesado. 15 días hábiles, con posibilidad de ampliación en situaciones excepcionales.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes tienen derecho a recibir información particular sobre un procedimiento administrativo?. Cualquier ciudadano que lo solicite, siempre que el procedimiento afecte a derechos fundamentales. Únicamente los interesados en el procedimiento y sus representantes legales, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015. Asociaciones vecinales con intereses colectivos, aunque no estén directamente implicadas en el procedimiento. Cualquier persona física o jurídica que lo solicite, siempre que demuestre un interés legítimo.

¿Cuál es el contenido mínimo que debe incluir el formulario para la presentación de quejas y sugerencias ante la Administración, según el Real Decreto 951/2005?. Nombre del interesado, número de expediente, motivo de la queja y firma electrónica. Identificación del órgano competente, plazo de resolución y constancia de la firma electrónica del interesado. Nombre del interesado, identificación del órgano competente, motivo de la queja y medios para recibir la respuesta. Nombre del interesado, fecha de presentación, motivo de la queja o sugerencia, identificación del funcionario responsable.

Según el artículo 144 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿qué tipo de obligaciones tienen los funcionarios de la Administración Local en relación a su régimen disciplinario?. Deben seguir únicamente las normativas que les impongan las Comunidades Autónomas, sin referencia a la legislación estatal. Están sujetos a las obligaciones específicas que marcan la legislación básica del Estado sobre función pública y las normativas de su respectiva Comunidad Autónoma. Solo están obligados a cumplir con las sanciones establecidas en su normativa interna, sin considerar el régimen estatal. Su régimen disciplinario se limita a las pautas de comportamiento establecidas por sus superiores inmediatos y no a la legislación vigente.

Según el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿cómo se clasifican las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración Local?. Las faltas se clasifican en muy graves, leves y graves, sin plazos de prescripción específicos establecidos. Las faltas son clasificadas en leves, graves y muy graves, con plazos de prescripción de un mes, dos años y seis años, respectivamente, según la legislación estatal. Se clasifican únicamente en leves y graves, sin mención a las faltas muy graves, que quedan excluidas del régimen disciplinario. Las faltas se dividen en leves, graves y muy graves, con prescripción de un mes para las leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves.

De acuerdo con el artículo 149 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿cuál es el procedimiento necesario para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves?. Se podrán imponer sanciones sin necesidad de un expediente, siempre que se notifique al interesado por vía electrónica. Las sanciones se imponen sin requerir un expediente previo, pero se debe dar audiencia al interesado cuando la falta es leve. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sin la instrucción de un expediente, que debe incluir la audiencia del interesado. Se permite la imposición de sanciones a discreción de la administración, sin necesidad de ningún procedimiento formal.

Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en relación con el régimen de incompatibilidades, ¿qué establece sobre la percepción de remuneraciones derivadas de actividades en el sector público?. Los funcionarios pueden percibir múltiples remuneraciones siempre que no superen un límite combinado específico establecido anualmente. Los funcionarios no pueden recibir más de una remuneración por actividades en el sector público, salvo excepciones como actividades de investigación o docencia previa autorización. La ley permite la percepción de remuneraciones múltiples, siempre que se declare cada actividad de forma independiente ante la administración. Los funcionarios tienen total libertad para acumular remuneraciones de diferentes actividades públicas, siempre que no coincidan en el tiempo.

De acuerdo con el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿cuál de los siguientes órganos es competente para imponer sanciones por faltas graves o muy graves a los funcionarios de la Administración Local?. El Presidente de la Corporación tiene la facultad exclusiva para imponer cualquier tipo de sanción a todos los funcionarios locales. El Ministerio de Administraciones Públicas es competente solo para imponer sanciones a funcionarios que no tengan habilitación de carácter estatal. El Pleno de la Corporación y el Ministerio de Administraciones Públicas pueden imponer sanciones por faltas graves o muy graves, dependiendo del tipo de funcionario implicado. Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden ser impuestas por los órganos jurisdiccionales correspondientes, excluyendo la administración pública.

Según el Real Decreto 208/1996, ¿qué características debe tener la información general facilitada por la Administración a los ciudadanos?. Debe incluir únicamente datos sobre el funcionamiento de organismos, procedimientos y tramitación administrativa, sin necesidad de difusión adicional. Debe estar accesible a todos los ciudadanos, incluyendo identificación, competencias, fines, y cualquier información que puedan necesitar conocer sobre las unidades administrativas, además de poder solicitarse por colectivos con intereses especiales. Solo debe incluir información sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sin hacer referencia a aspectos de tramitación de procedimientos o localización de unidades administrativas. Debe proporcionar información únicamente sobre la estructura y organización interna de los organismos, con acceso restringido a interesados directos en procedimientos administrativos.

¿Cuál es la principal diferencia entre la información general y la información particular según el Real Decreto 208/1996?. La información general es accesible a todos los ciudadanos, mientras que la particular solo puede ser consultada por autoridades. La información general se refiere a los derechos de los ciudadanos, y la particular exclusivamente a los datos de la administración. La información general es accesible a todos, mientras que la particular está restringida a interesados en procedimientos específicos o en relación con datos de carácter personal. La información particular solo se facilita a colectivos con un interés especial, mientras que la general está disponible para todos los ciudadanos.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, ¿quiénes pueden considerarse interesados en un procedimiento administrativo y, por tanto, tener acceso a la información particular de dicho procedimiento?. Solo aquellos que promuevan el procedimiento como titulares de derechos individuales. Personas físicas que se encuentren afectadas por la resolución definitiva del procedimiento. Los que lo promuevan como titulares de derechos individuales o colectivos, aquellos con derechos que puedan verse afectados y quienes se personen en el procedimiento antes de la resolución final. Cualquier ciudadano que exprese un interés legítimo en el procedimiento, siempre que lo haga mediante solicitud escrita.

En cuanto a la accesibilidad y atención de las personas con discapacidad en la Administración General del Estado, ¿qué regulación específica establece las condiciones de accesibilidad en las Oficinas de Atención al Ciudadano?. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Real Decreto 951/2005, sobre el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Real Decreto 366/2007, que establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación para personas con discapacidad en su relación con la Administración. Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

¿Qué derechos otorga el derecho de petición regulado por la Ley Orgánica 4/2001, y en qué situaciones se inadmite una petición?. Permite solicitar cualquier información a la Administración, salvo en procedimientos judiciales en curso, y se inadmite si la petición no presenta firma electrónica. Se otorga a personas físicas y jurídicas para temas de interés personal o colectivo, y se inadmite si existen otros procedimientos administrativos específicos para el tema de la petición. Facilita el acceso a cualquier documentación administrativa relacionada con el solicitante, y se inadmite cuando la solicitud afecta a derechos de terceros. Está restringido a ciudadanos españoles para peticiones colectivas y se inadmite si la Administración no puede responder en el plazo de 45 días.

Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿cuál es la finalidad principal de la información administrativa general?. La información administrativa general busca informar únicamente sobre el funcionamiento interno de la Administración, excluyendo aspectos de tramitación de procedimientos y prestación de servicios públicos. La finalidad de la información administrativa general es facilitar a todos los ciudadanos, sin necesidad de legitimación, el conocimiento de aspectos como identificación, estructura, competencias y requisitos técnicos necesarios para realizar solicitudes ante la Administración. La información general solo proporciona detalles sobre las funciones específicas de cada unidad administrativa, sin abarcar aspectos de derechos o bienes públicos a los que los ciudadanos pueden acceder. El objetivo de la información administrativa general es únicamente orientar a los ciudadanos en relación a la localización de las dependencias administrativas, sin ofrecer datos sobre tramitación de procedimientos o prestaciones.

En el contexto de la atención al ciudadano en la Administración, ¿qué incluye la función de “gestión” según el Real Decreto 208/1996?. La función de “gestión” se limita a la recepción de documentos de un expediente administrativo y la resolución de quejas recibidas en las oficinas administrativas. La función de “gestión” implica la orientación a los ciudadanos sobre la estructura organizativa de la administración y la ayuda en la tramitación de procedimientos complejos. La función de “gestión” incluye tanto la recepción de documentación inicial de un expediente, cuando está establecido reglamentariamente, como la resolución de cuestiones que exijan respuesta inmediata debido a su urgencia y simplicidad. La función de “gestión” se refiere únicamente a la localización y asignación de dependencias a los ciudadanos que visiten las oficinas de la Administración.

Conforme al Real Decreto 208/1996, ¿quiénes están autorizados para acceder a la información particular de un procedimiento administrativo en curso?. Solo los ciudadanos que demuestren un interés general en el procedimiento pueden acceder a la información particular, sin necesidad de tener un derecho específico. Todos los ciudadanos, siempre que presenten una solicitud de acceso a la información particular, pueden acceder a dicha información. Solamente los interesados en el procedimiento administrativo o sus representantes legales tienen derecho a acceder a la información particular relacionada con el estado del procedimiento y las autoridades responsables. Únicamente las autoridades internas de la administración, dado que la información particular se considera de uso exclusivo del personal administrativo.

Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, ¿cuál es la finalidad principal de la información general proporcionada por las oficinas de la Administración al público?. Permitir a cualquier ciudadano conocer la localización de los organismos públicos y los datos generales del funcionamiento administrativo, siempre que acrediten su interés legítimo. Facilitar información sobre los derechos y obligaciones del ciudadano y sobre el acceso a los bienes y servicios públicos, sin requerir ninguna justificación de legitimación. Ofrecer únicamente información sobre los procedimientos en tramitación, siempre y cuando la persona solicitante tenga interés directo en el procedimiento. Proporcionar exclusivamente información sobre los requisitos legales para presentar sugerencias o reclamaciones contra la Administración, sin ofrecer acceso a otra información general.

De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué información puede incluirse en la "información particular" proporcionada por las unidades administrativas?. Información de carácter personal que pueda afectar la privacidad de un individuo, exclusivamente cuando el solicitante sea el propio interesado o su representante legal. Datos detallados sobre el estado de cualquier procedimiento administrativo, siempre que el solicitante demuestre un interés legítimo en el proceso. Información acerca del personal administrativo a cargo del procedimiento, así como detalles del contenido de la actuación administrativa, independientemente del vínculo del solicitante con el proceso. Datos personales y de estado de procedimientos de cualquier ciudadano solicitante, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo no restringe el acceso.

Según el artículo 29 de la Constitución Española, que regula el derecho de petición, ¿en qué casos no se considera aplicable este derecho en las relaciones con la Administración?. En solicitudes que ya cuentan con un procedimiento administrativo específico que permite a los ciudadanos acceder a su derecho sin la necesidad de una petición formal. Cuando se trate de solicitudes relacionadas exclusivamente con materias de competencia del ámbito judicial, independiente de la normativa administrativa aplicable. Cuando el ciudadano quiera plantear un asunto de carácter colectivo que afecte a un amplio grupo social, sin la necesidad de incluir un interés individual específico. En el caso de que el solicitante quiera presentar su petición sin identificarse, ya que el derecho de petición no requiere autenticación de identidad.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2001 de Derecho de Petición, ¿qué debe incluir necesariamente una petición para que sea válida en la Administración Pública?. La identidad del solicitante, la descripción del objeto de la petición y la nacionalidad del solicitante, únicamente si es residente en territorio nacional. Datos personales, la identidad de todos los firmantes en caso de petición colectiva, y el lugar de notificación elegido, sin importar el medio de comunicación. La identidad del solicitante, el objeto de la petición, la autoridad destinataria y el medio de notificación seleccionado, además de ser firmado por todos los peticionarios en caso de petición colectiva. Únicamente la identidad del solicitante y el objeto de la petición, ya que los datos de contacto no son necesarios para la validez del ejercicio del derecho de petición.

Según el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, ¿qué áreas específicas deben cubrir las medidas de accesibilidad en las oficinas de atención al ciudadano para asegurar el acceso y no discriminación de personas con discapacidad?. La señalización interior de las oficinas, los sistemas de acceso electrónico a los servicios, y la accesibilidad a los puestos de trabajo de los funcionarios de atención al ciudadano. Los dispositivos de comunicación y orientación, la ubicación de las oficinas, la configuración de los puestos de atención, y los elementos de accesibilidad en documentos impresos y servicios telemáticos. Los elementos estructurales de cada oficina, los servicios de transporte público que permiten acceder a las instalaciones, y los sistemas de señalización externa del edificio. La disposición de personal cualificado en atención a personas con discapacidad, así como la organización de rutas accesibles en el interior y exterior de los edificios administrativos.

Según el procedimiento regulado por la Ley Orgánica 4/2001 para la admisión de peticiones, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Administración para declarar inadmisible una petición, y en qué caso se considerará dicha inadmisión motivada?. 60 días hábiles, y se considera motivada cuando la petición se refiera a temas ajenos a las competencias de la Administración o si ya existe un proceso judicial en curso. 45 días hábiles, y se considerará motivada cuando exista un procedimiento específico para la materia solicitada o si la solicitud no cumple con los requisitos de forma. 30 días naturales, y se considerará motivada en caso de que la petición no contenga la identidad del peticionario o si no se trate de un asunto de interés colectivo. 90 días hábiles, y la inadmisión será motivada si el destinatario de la petición carece de competencia en la materia o si la petición carece de la firma de los peticionarios en caso de petición colectiva.