Audi Especial 1

1. La definición del Derecho Administrativo como el conjunto de normas de Derecho público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública la relaciona con: a. Entrena Cuesta. b. Zanobini. c. Ballbé. d. Garrido Falla.

2. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa, por lo que: a. Las normas administrativas tienen como sujeto a una Administración. b. Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración. c. Las normas administrativas tienen como destinatarios indirectos a los particulares o administrados, y presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. d. Las dos primeras opciones son correctas.

3. El sometimiento de la Administración al Derecho es uno de los postulados del Derecho Administrativo, a la luz de nuestra Carta Magna, donde se sujeta a los poderes públicos "a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" en su artículo: a. 9.1. b. 103.1. c. 97. d. 98.

4. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: a. El artículo 103 de la Constitución. b. El artículo 149.1.18 de la Constitución. c. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El antecedente legislativo remoto en la regulación del procedimiento administrativo lo encontramos en: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b. La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. c. La Constitución de 1931. d. La Constitución de 1812.

6. El control reactivo que consagra la posibilidad de revisar judicialmente la actuación de la Administración se recoge en: a. El artículo 148 de la Constitución. b. El artículo 106 de la Constitución. c. La Ley Azcárate de 1889. d. La Ley 4/1999, de 13 de enero.

7. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre pretende: a. Modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. Modificar la Ley 11/2007, de 22 de junio. c. Integrar el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 de junio. d. Agilizar los procedimientos ante la Administración y excluir la posibilidad de procedimientos no electrónicos.

8. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre por primera vez: a. Establece la tramitación exclusivamente electrónica de los procedimientos administrativos. b. Establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. c. Garantiza la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas. d. Establece el derecho de los interesados al acceso a los documentos administrativos.

9. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas: a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c. Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al Derecho.

10. El Derecho administrativo: a. Es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. b. El Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad. c. Es un Derecho de tutela y de garantía de los intereses generales. d. Todas las respuestas son acertadas.

11. La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas se contiene en: a. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12. En relación a las relaciones interadministrativas, el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: a. Lealtad institucional, subordinación, cooperación, coordinación y eficiencia. b. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, transparencia y eficiencia. c. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia. d. Lealtad institucional, jerarquía, cooperación, coordinación y eficiencia.

13. Es un principio de organización de la Administración General del Estado: a. La descentralización funcional. b. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. c. La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. d. La objetividad y la transparencia de la actuación administrativa.

14. La descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública implica: a. El otorgamiento de una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se transfieren funciones para su ejercicio específico. b. La creación de organismos autónomos. c. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público. d. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público.

15. La desconcentración en el ámbito administrativo significa: a. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público. b. La técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa en orden a conseguir los objetivos previamente establecidos. c. La creación de organismos autónomos. d. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior, dentro de un mismo ente público.

16. Los principios de funcionamiento de la Administración General del Estado se concretan en: a. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. b. Desconcentración funcional y territorial. c. Responsabilidad por la gestión pública. d. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

17. En relación a las fuentes del derecho en el Derecho Administrativo señale la opción que considere más adecuada. a. Se distinguen dos tipos, las fuentes formales, es decir, la Constitución, la legislación, la jurisprudencia y los reglamentos, y las fuentes sustanciales, que son las costumbres, las doctrinas y los hechos sociales. b. El problema que las fuentes del derecho tiene en el Derecho Administrativo parte de que la Administración no sólo es una destinataria obligada por las normas jurídicas (como los restantes sujetos del derecho), sino un protagonista importante en su elaboración. c. Además de las fuentes formales y las fuentes sustanciales se incluyen los reglamentos, los actos y los precedentes administrativos. d. Las fuentes del Derecho Administrativo son las fuentes formales, las fuentes sustanciales y los reglamentos administrativos.

18. Serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: a. Tras la ratificación por el Estado español. b. Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. c. Tras su ratificación por las Cortes Generales. d. Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros.

19. El principio de jerarquía en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico implica que: a. Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que emana. b. La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias. c. Para que una norma resulte de aplicación resulta indiferente el órgano del que emane. d. Para que una norma pueda ser aplicable debe ser norma con rango legal.

20. La reserva de ley en materia de fuentes del Derecho Administrativo tiene como consecuencia que: a. Determinadas cuestiones no pueden ser reguladas a través de reglamentos. b. La ley se sitúa en la posición más elevada en la pirámide normativa. c. Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango legal. d. Las leyes autonómicas, puesto que no se elaboran en el Parlamento español, no son directamente aplicables.

21. El conjunto de normas que conforman el Derecho Administrativo son: a. Únicamente las normas de Derecho Público que disciplinan el actuar de la Administración. b. Las normas de Derecho Público interno. c. Las normas referidas a las relaciones entre el ciudadano y la Administración. d. Todas son correctas.

22. Cuando nos referirnos a la jerarquía normativa queremos decir que por debajo de la Constitución y los tratados internacionales encontramos: a. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas, los decretos leyes y decretos legislativos. b. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas. c. Los decretos leyes y decretos legislativos; están por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias y por encima de los reglamentos. d. Por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias encontramos los reglamentos.

23. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley son: a. Los decretos leyes y las leyes marco. b. Los decretos legislativos. c. Los decretos-leyes. d. Los decretos-leyes y los decretos legislativos.

24. La diferencia entre práctica administrativa y precedente administrativo: a. En ambos casos consiste en la reiteración en la aplicación de un determinado criterio por parte de la Administración en relación a casos anteriores. b. El precedente administrativo es la reiteración en la aplicación de un determinado criterio y la práctica administrativa la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto análogo a otro pendiente de resolución. c. El precedente administrativo es la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto, análogo a otro pendiente de resolución, y la práctica administrativa la reiteración en la aplicación de un determinado criterio. d. Ni la práctica administrativa ni el precedente administrativo tienen relevancia alguna en el ámbito del Derecho administrativo.

25. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la potestad reglamentaria corresponde a: a. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales. b. Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. c. Al Gobierno de la Nación y a los restantes órganos de la Administración General del Estado. d. Al Gobierno de la Nación.

26. La elaboración de las Ordenanzas locales se regula en la Ley de Bases de Régimen Local que establece un procedimiento con diferentes fases: a. Aprobación inicial por el Pleno, información pública, audiencia a los interesados, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. b. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública, y aprobación definitiva por el Pleno. c. Aprobación inicial por el Pleno, audiencia a los interesados, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. d. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública y aprobación definitiva por el Pleno.

27. La diferencia más relevante entre reglamento y acto administrativo: a. Entre el Reglamento y el acto administrativo no existe diferencia sustancial alguna, únicamente existen en relación con la competencia del órgano. b. El reglamento forma parte del ordenamiento administrativo y el acto es sólo una consecuencia de aquél. c. La única diferencia es que el acto administrativo está siempre dirigido a un único ciudadano y el reglamento, a una pluralidad indeterminada de los mismos. d. El reglamento es un simple acto administrativo, si bien de carácter general.

28. Por su relación con la ley, los reglamentos pueden clasificarse en: a. Ejecutivos e independientes. b. Ejecutivos, independientes y de necesidad. c. Dependientes e independientes. d. Secundum legem y de necesidad.