Audi Especial 16

424. La progresiva implantación de la evaluación del desempeño, se prevé: a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. b. En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública. c. En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. d. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

425. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia se generalicen para: a. Medir la carga de trabajo en las unidades administrativas, calcular el tiempo medio de tramitación de los expedientes, evaluar la productividad de cada unidad y compararla con las homogéneas. b. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios en caso de incumplimientos graves y reiterados del personal de la unidad administrativa concernida. c. Reasignar recursos y reajustar las remuneraciones de las unidades administrativas. d. Cumplir con las exigencias de la Ley 30/1992.

426. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia se generalicen para: a. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios a los responsables de unidades tramitadoras que acumulen retrasos graves y reiterados. b. Corregir la demora con la que se resuelven los procedimientos en las unidades tramitadoras. c. Suplir la ausencia del obligatorio programa de objetivos del organismo concernido. d. El cumplimiento de las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 en las estipulaciones que continúa vigente.

427. La evaluación del desempeño fue inicialmente concebida para: a. El control del personal directivo de las diferentes divisiones de la Administración Pública. b. El control de la actividad del personal laboral de la Administración Pública. c. Incentivar el reciclaje de los trabajadores de las distintas Administraciones Públicas. d. Mejorar la motivación de los empleados públicos y aumentar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos.

428. La implantación de un programa de evaluación del desempeño: a. Debe venir precedido por el establecimiento de un sistema de dirección por objetivos. b. Sustituye la necesidad del establecimiento de un sistema de dirección por objetivos. c. Es imprescindible para el cálculo de las retribuciones de los empleados públicos. d. Condiciona la valoración de los méritos de los empleados públicos en orden a su promoción profesional.

429. Por sistema de dirección por objetivos se entiende: a. La formulación del conjunto de objetivos generales o estratégicos que se comprenden en un programa de gobierno. b. La formulación sistemática y ordenada de un conjunto de metas operativas a lograr por la organización de que se trate en cada periodo de planificación. c. La elaboración de planes anuales o plurianuales según lo previsto en la Ley 39/2015. d. La elaboración de planes anuales o plurianuales según las exigencias de la Ley 40/2015.

430. Los sujetos susceptibles de ser evaluados: a. Deben ser funcionarios de carrera de la Administración Pública que solicitan promoción. b. Deben ser personal laboral de la Administración Pública que opta a regularizar su situación. c. Deben conocer de antemano y disponer de toda la información necesaria para comprender el sistema de evaluación. d. Deben recibir compensación económica por su colaboración en el procedimiento de evaluación.

431. La ficha de evaluación del desempeño: a. Plasmará el resultado de la evaluación para su consulta por los superiores jerárquicos de los funcionarios evaluados. b. Estará disponible para todos aquellos que forman parte de la unidad administrativa evaluada. c. Se publicará anualmente. d. Se publicará con la periodicidad que en cada organización se determine, la evaluación se debe plasmar en un documento que permita visualizar el proceso y sus resultados.

432. La primera norma que se adentra en la planificación y gestión estratégicas y por objetivos fue: a. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. c. La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. d. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

433. De forma preceptiva, la publicación de los planes y de las evaluaciones de su cumplimiento se establece en: a. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. c. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública. d. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

434. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013 establece que la planificación de objetivos y la medición de su consecución: a. Ha de llevarse a cabo por los órganos gestores. b. Ha de llevarse a cabo por el superior jerárquico inmediato. c. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de los servicios ministeriales. d. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de trabajo.

435. La evaluación del desempeño se define como: a. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los cargos de libre designación de las Administraciones Públicas. b. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados por parte del personal laboral de la Administración Pública. c. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos. d. El procedimiento mediante el cual se mide la conducta profesional y el rendimiento por parte del personal interino de la Administración Pública.

436. Según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, la Administración General del Estado estaba obligada a desarrollar un Portal de la Transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información referida en la norma: a. Dependiente del Ministerio de las Administraciones Públicas. b. Dependiente del Ministerio del Interior. c. Dependiente del Ministerio de la Presidencia. d. Dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

437. Con los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre; 424/2016, de 11 de noviembre; 769/2017, de 28 de julio; y de 1113/2018, de 7 de septiembre el Portal de la Transparencia depende: a. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. b. Del Ministerio de la Presidencia. c. Del Ministerio del Interior. d. Del Ministerio de las Administraciones Públicas.

438. Los sistemas de identificación como los de firma previstos en la Ley 39/2015 son plenamente coherentes con lo dispuesto en: a. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. b. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. c. El Reglamento (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. d. El Reglamento (CE) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo.

439. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que: a. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos. b. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como su grado de cumplimiento evaluado. c. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y el organismo que ha de desempeñarlos. d. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y su dotación económica y presupuestaria.

440. El funcionamiento electrónico del sector público se regula originariamente en: a. La Ley 7/2007, de 12 de abril. b. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre. c. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

441. El Plan de Modernización de la Administración General del Estado se puso en marcha: a. En junio de 1986. b. En abril de 1992. c. En febrero de 1997. d. En mayo de 2004.

442. El concepto de innovación social y su implementación en la estructura de gestión de la Administración Pública española, deriva del proyecto de la Comisión Europea, enmarcado en su Estrategia Europa 2020, como iniciativa emblemática denominada “Unión por la Innovación”, en la que la apuesta por la innovación social se considera elemento clave. Se lanzó en el año: a. 2004. b. 2009. c. 2010. d. 2014.

443. El artículo 3 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, considera la planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas como: a. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en su política de reciclaje y formación de los empleados públicos. b. Uno de los principios generales que han de respetar en su actuación y relaciones las Administraciones Públicas. c. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en sus auditorías internas. d. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en su política de retribuciones.

444. En relación a la supervisión, según el artículo 85 de la Ley 40/2015: a. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal relacionadas en sus Disposiciones Finales están sujetas hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la Presidencia. c. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado. d. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la Presidencia.

445. Al procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados, lo denominamos: a. Homologación. b. Catalogación. c. Certificación. d. Acreditación.

446. La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos fue constituida en: a. 1992. b. 1997. c. 2002. d. 2005.

447. La “Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas”, fue aprobada por Conferencia Sectorial de Administración Pública en: a. 2009. b. 2005. c. 2002. d. 1999.

448. Las Cartas de Servicios como se definen como: a. Sistemas de interacción entre los usuarios y los empleados públicos que con ellos tratan directamente. b. Documentos o instrumentos de mejora y gestión de la calidad, para informar a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios prestados por la Administración, las condiciones de su ejercicio y su responsabilidad. c. Procedimientos para el estudio del impacto de la actividad administrativa. d. Sistema de encuesta anónimo sobre el grado de satisfacción de los usuarios de un servicio concreto.

449. Las Cartas de Servicios tiene un carácter: a. Obligatorio para todas las unidades administrativas de la Administración Central. b. Obligatorio para todos los organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales. c. Voluntario, siendo los órganos responsables de su elaboración los encargados de su impulso. d. Voluntario para las entidades de la Administración Central y obligatorio para los organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales.

450. Los denominados “modelos de excelencia”, responden a técnicas de autoevaluación, para ponderar la actividad de las organizaciones: a. Por referencia a una gestión excelente, con el otorgamiento de un premio y valorando la satisfacción del cliente y el compromiso de la organización. b. Por referencia a un objetivo de cumplimiento de plazos y celeridad en los procedimientos, con el otorgamiento de retribuciones proporcionales a los componentes de la unidad administrativa. c. Por referencia a un objetivo de minoración de costes en la prestación de servicios que se traducirán en incentivos en la retribución de los empleados públicos. d. Por referencia a un umbral de procedimientos cerrados en unidades de tiempo establecidas y premiando la ausencia de absentismo laboral y la productividad de los empleados en situación de interinidad.

451. El sistema de quejas y sugerencias como herramienta de la gestión de la calidad: a. Permite el control de cumplimiento de los empleados públicos. b. Aporta información acerca de las expectativas y demandas del ciudadano y fomenta su participación en la definición de las políticas públicas. c. Puede ralentizar la prestación de los servicios de las unidades administrativas que lo oferten, por lo que no suelen implementarse. d. Ninguna de las opciones es correcta.

452. Las Cartas de Servicios en relación a la Administración General del Estado fueron reguladas inicialmente: a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. En la Ley 6/1997, de 14 de abril. c. En el Real Decreto 1.254/99, de 14 de julio. d. En el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.

453. Los Grupos de Mejora tienen como misión: a. Identificar, analizar y proponer soluciones a ineficiencias de trabajo de los empleados públicos y controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. b. Proponer la formación y reciclaje obligatorio para cada nivel y categoría de empleados públicos. c. Estudiar y proponer la mejora de algún proceso o tema que redunde en beneficio de los usuarios. d. Aplicar el régimen disciplinario destinado a los distintos niveles de empleados públicos de la Administración.

454. La composición de los Grupos de Mejora: a. Suelen estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales con carácter voluntario tras una fase de formación. b. Suelen estar constituidos por personas de alta cualificación profesional que, con carácter rotatorio, se ocupan de gestionar el régimen disciplinario de los empleados públicos de una determinada entidad. c. Suelen estar constituidos por personas de diversa cualificación profesional que periódicamente aplican las sanciones administrativas a los responsables de los incumplimientos de los objetivos de la unidad administrativa pertinente. d. Suelen estar constituidas por los inmediatos superiores jerárquicos de una unidad administrativa, se ocupan de proponer los candidatos a ascensos y reconocimientos.

455. El Real Decreto Legislativo 3/2011, creaba la Oficina Nacional de Evaluación. Su finalidad era: a. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras públicas. b. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de servicios públicos. c. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión servicios públicos. d. Analizar la sostenibilidad financiera de los procesos públicos que afecten a los ciudadanos como usuarios.

456. La definición de la evaluación de políticas públicas como proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos la relaciona con: a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. c. La Ley 39/2015, ¡de 1 de octubre. d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

457. La finalidad de la evaluación la relaciona con: a. La promoción de la igualdad de género. b. La contribución a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. c. La protección de datos personales. d. Ninguna de las opciones es correcta.

458. La obligación de publicar las cartas de servicios, con la información sobre los servicios públicos gestionados, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración, se establece en: a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre.