TEST AUTOEVALUACIÓN RÉG. JDCO. Y PROCED. ATVO. Y EMPLEO PÚBL..

De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ... La condición de interesado en el procedimiento administrativo no es susceptible de transmisión. Los menores de edad nunca pueden tener capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas y, por tanto, no pueden ser interesados en el procedimiento administrativo. Solo pueden ser interesados en el procedimiento administrativo las personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles y que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, entre otros, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

¿Cuál de los siguientes sujetos está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?. Las personas físicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Cualquier colectivo de personas físicas. Cualquiera que ejerza una actividad profesional.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas no podrán presentarse ... En el registro electrónico de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En la dirección de correo electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.

¿Cuáles de las siguientes son características de los registros de apoderamientos que prevé el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. No es un registro obligatorio. No es un registro electrónico. No se exige que sea interoperable. Todas las respuestas anteriores no son correctas.

Respecto de la obligación de resolver prevista en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe señalar que ... El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, si bien este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará, en todo caso, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Solamente, se exceptúan de la obligación de resolver, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. La obligación de resolver se entenderá cumplida bien dictando resolución expresa bien una vez producida la resolución por silencio administrativo.

Señale lo que proceda en torno a los términos y plazos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días se contarán desde el mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, los términos y plazos establecidos en las leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, pero no a los interesados en los mismos. En los registros electrónicos, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, no tendrá validez la presentación de documentos en un día inhábil.

¿Qué efectos produce la falta de resolución expresa en el plazo máximo legalmente establecido?. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado donde la Administración ejerza potestades de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los efectos serán desestimatorios. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, los efectos son siempre estimatorios. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, los efectos serán estimatorios en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de responsabilidad patrimonial, así como en aquellos en los que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.

¿Cuál sería la conclusión apropiada en lo tocante al silencio administrativo?. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. En los casos de estimación por silencio administrativo y para cumplir con la obligación de resolver, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. La existencia de los actos administrativos producidos por silencio administrativo puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido, el cual debe ser pedido por el interesado en el plazo máximo de quince días desde que se produjo el silencio.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo ... Que tengan defectos de forma serán anulables cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, y por escrito a través de medios electrónicos, por lo que quedan prohibidos los actos administrativos verbales. Tendrán un contenido determinado y adecuado a sus fines, se presumirán válidos y, en todo caso, producirán efectos desde la fecha en que se dicten. Excepcionalmente, podrán tener eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, además, produzcan efectos favorables al interesado.

En atención a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los supuestos que se relacionan seguidamente no requiere motivación?. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que acepten el desistimiento de la solicitud por parte del interesado en procedimientos iniciados a instancia de dicho interesado.

De conformidad con el régimen de notificaciones previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué valoración sería la pertinente?. Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución y de los informes que la motivan, la expresión de los recursos que procedan y el plazo para interponerlos. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en último lugar. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Respecto de la nulidad y anulabilidad, puede señalarse lo siguiente: La acción de nulidad prescribe una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. La anulabilidad solo cabe en los supuestos expresamente previstos por la Ley. Las disposiciones administrativas solo pueden ser nulas de pleno derecho. Los efectos de la anulabilidad se retrotraen al momento en que se dictó el acto, no pudiendo ser convalidados los actos anulables.

¿Cuál de los siguientes derechos no aparece incluido en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como un derecho del interesado en el procedimiento administrativo?. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué afirmación sería adecuada en relación con la competencia?. En determinadas circunstancias, podrá ser objeto de delegación la competencia relativa a la adopción de disposiciones de carácter general. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un cuórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho cuórum o mayoría. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. Es preceptivo publicar la delegación de competencias, pero no su revocación.

En el ámbito municipal, los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local se resolverán ... Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o miembros de estos y por el alcalde, en el resto de los casos. Por el Pleno, en todos los casos. Por el alcalde, en todos los casos. Por la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio.

Sobre la abstención y la recusación, puede afirmarse que ... La no abstención en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas legalmente dará lugar a la responsabilidad que proceda e implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que haya intervenido la correspondiente autoridad o personal al servicio de las Administraciones Públicas. Es causa de abstención y recusación el tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los tres últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. La recusación se planteará por escrito o verbalmente, expresándose, en todo caso, la causa o causas en que se funda. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál de las siguientes sería la consideración oportuna en torno al procedimiento administrativo?. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, motivadamente, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Podrá acordarse la caducidad del procedimiento administrativo por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y la abstención de la Administración en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.

Respecto de la emisión de informes, puede concluirse que …. Los informes serán siempre preceptivos y no vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de diez días naturales. De no emitirse un informe no preceptivo en el plazo legal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido, el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento quedará automáticamente suspendido.

Indique la afirmación correcta en torno al contenido de la resolución. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a diez días. En todo caso, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice. Aun cuando se trate de procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución no queda vinculada por las peticiones formuladas por este. Solo es obligatorio que las resoluciones contengan la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué característica es predicable del trámite de información pública?. Es un trámite preceptivo en todo procedimiento administrativo. A los efectos de este trámite, se publicará un anuncio en el tablón de edictos de la correspondiente Administración Pública a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.

En la ejecución de los actos administrativos, ¿qué regla sería aplicable?. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos sin excepciones. La ejecución forzosa de los actos administrativos requiere, en todo caso, el previo apercibimiento. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad y, únicamente, podrá llevarse a cabo por apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria o multa coercitiva. La multa coercitiva no procede en casos de actos personalísimos.

En el ámbito municipal, no ponen fin a la vía administrativa …. Las resoluciones de los recursos de alzada dictadas por el alcalde. Los acuerdos del Pleno, con carácter general. Las resoluciones de los tenientes de alcalde en los casos que resuelven por delegación del alcalde. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

En referencia al recurso de reposición, ¿qué consideración procedería hacer?. El plazo para la interposición será de un mes, si el acto fuera expreso y, si el acto no fuera expreso, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Su objeto es los actos firmes en vía administrativa. Podrá interponerse cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. En las entidades locales que no son municipio de gran población, es potestativo en todas las materias.

En lo que atañe a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se puede decir que ... El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos administrativos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa, pero no es admisible contra la inactividad de la Administración. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a las disposiciones generales emanadas de las entidades locales. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los convenios entre Administraciones Públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

De conformidad con el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿Cuál de los siguientes principios no corresponde a la potestad sancionadora?. Principio de celeridad. Principio de legalidad. Irretroactividad. Principio de proporcionalidad.

En los procedimientos de naturaleza sancionadora ... Es preceptivo que la orden de inicio del procedimiento exprese la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación. Solamente es obligatorio comunicar el acuerdo de iniciación al denunciante (si este existiera), así como notificarlo a los interesados. Es potestativa la designación de un instructor del procedimiento. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio.

¿Cuál sería la conclusión acertada en lo que versa sobre la resolución en los procedimientos sancionadores?. La resolución que ponga fin al procedimiento solamente será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. En la resolución se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. La suspensión cautelar de la resolución ejecutiva tendrá una duración máxima de dos meses. La valoración de las pruebas practicadas debe incluirse en la propuesta de resolución, sin que ello deba formar parte del contenido de la resolución.

En materia de tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales ... Los entes locales no pueden establecer tipos de infracciones y sanciones, ya que es imprescindible que su establecimiento venga dado por la normativa sectorial específica. Serán graves las infracciones que supongan los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos es uno de los criterios que permite clasificar las infracciones en graves y leves. Las multas por infracciones muy graves de ordenanzas locales no podrán superar los 1.500 euros.

¿Cuál de los siguientes criterios es aplicable en referencia a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con la única excepción de los casos de fuerza mayor. En todo caso, son requisitos de los daños alegados para que puedan dar derecho a indemnización que sean efectivos e individualizados con relación a una persona o grupo de personas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada.

En las solicitudes que realicen los interesados para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, no siempre se exige especificar ... Lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las lesiones producidas y el momento en que efectivamente se produjeron. La presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

En lo concerniente a los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, procede señalar que ... Las Administraciones Públicas pueden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, aunque haya prescrito el derecho de reclamación del interesado. El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma se emitirá en el plazo de diez días y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización. En el ámbito municipal, la competencia para dictar la resolución corresponde al alcalde, siendo tal competencia delegable. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.

El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público constará de los siguientes trámites preceptivos: Alegaciones durante un plazo de diez días. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. Información pública por un plazo no inferior a veinte días. Dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma.

La publicidad activa obliga a las Administraciones Públicas a publicar de forma periódica y actualizada información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Entre esa información de publicación obligatoria no se encuentra ... Las memorias e informes que conformen los expedientes administrativos. Un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las resoluciones que de conformidad con el derecho de acceso a la información pública se dicten en aplicación del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

¿Cuál sería la apreciación pertinente en el campo de los límites del derecho de acceso a la información?. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando a información suponga un perjuicio para cualquier cuestión relativa a los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado. Los límites del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no se aplican directamente, sino que la Administración deberá valorar cada caso concreto bajo criterios justificados y proporcionados.

¿Cuál de las siguientes no es una causa de inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública?. La ausencia de motivación de la solicitud. Las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Las solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia.

La resolución de la solicitud de acceso a la información ... Deberá notificarse al solicitante y a todos los terceros afectados. Deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Podrá ampliarse el plazo referido en la letra anterior hasta un máximo de tres meses en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Será motivada en todo caso.

En el ámbito local y en relación con los funcionarios de carrera que no tengan habilitación de carácter nacional, ¿cuál de las siguientes subescalas existe tanto en la escala de administración general como en la escala de administración especial?. Técnica. De gestión. Auxiliar. De servicios especiales.

Los funcionarios interinos pueden ser nombrados cuando se dé alguna de las subsiguientes circunstancias: La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de dos años. La sustitución transitoria de los titulares, por un máximo de tres años. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

¿Cuál de las siguientes funciones no pertenece a la función pública de secretaría?. Remitir a la Administración General del Estado y a la de la comunidad autónoma, en los plazos y formas determinados en la normativa aplicable, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la corporación, tanto colegiados como unipersonales. Emitir informe previo en la resolución de cualquier recurso administrativo y de todos los procedimientos de revisión de oficio de actos de la entidad local. Emitir informe previo en la aprobación o modificación de ordenanzas, reglamentos y estatutos rectores de organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, mancomunidades, consorcios u otros organismos públicos adscritos a la entidad local. Actuar como fedatario en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que intervenga la entidad local.

¿Cuál de las tareas que se relatan seguidamente pertenece a la función de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria o la función de contabilidad?. Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y, en todo caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar la subasta de bienes embargados. La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la corporación. Formar la Cuenta General de la entidad local. La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia.