AUX. ADM. 1

De acuerdo con la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos no vinculados o independientes de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos, entidades de derecho privado, y las Universidades Publicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para. Formular recursos. Desistir de solicitudes. Renunciar a derechos.

Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo genérico. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados por la Administración.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en la Constitución Española. Cualesquiera otros que les reconozcan el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015 para las solicitudes de iniciación del procedimiento?. Las solicitudes de inicio de los procedimientos deberán realizarse a través de medios electrónicos, salvo que el interesado acredite que no dispone de los mismos. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos normalizados de uso obligatorio que permitan la presentación masiva de solicitudes, estos modelos podrán descargarse en las correspondientes sedes electrónicas.

¿Está obligada la Administración a resolver expresamente y a notificar la resolución?. No, salvo en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. En el resto de procedimientos, ya sean iniciados de oficio o a instancia del interesado, la Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, se dictará resolución que consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

¿Qué efectos tiene el silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?. La desestimación por silencio tiene, a todos los efectos, la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La estimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Ninguna es correcta.

¿Qué finalidad persigue la apertura de un periodo de información antes de acordar el inicio del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 39/2015?. Conocer posibles interesados en el procedimiento. Conocer las opiniones y circunstancias que puedan afectar a la resolución del mismo. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

“La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación” es la definición que la Ley 39/2015 realiza de: La orden superior como forma de iniciación del procedimiento de oficio. La denuncia como forma de iniciación del procedimiento de oficio. La propia iniciativa como forma de iniciación del procedimiento de oficio.

Al regular la resolución del procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 señala que cuando la misma vaya a decidir cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados: El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, sin necesidad de ponerlo en todos los casos antes de manifiesto a los interesados. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo de diez días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, ¿desde cuándo empezará a computarse el plazo de prescripción para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial?: Desde que se determine la relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Desde el día en que la lesión efectivamente se produjo.

Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con las actuaciones previas a que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. Retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada, según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando haya transcurrido: Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de: un mes. dos meses. tres meses.

Cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, según la Ley 39/2015: Suspenderán la tramitación del mismo, si el órgano instructor lo considera conveniente. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo que se refieran a la nulidad de actuaciones. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿Qué actos deberán ser motivados son sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho?. Todos los actos administrativos. Los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 39/2015, en relación con la forma de los actos administrativos: Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Los actos administrativos se producirán por escrito en soporte papel, a menos que su constancia exija otra forma más adecuada de expresión o constancia. Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia debe autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, se pueden adoptar medidas provisionales para la eficacia de la resolución que pudiera recaer: Por el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte de forma motivada. Por el órgano administrativo competente para instruir, de oficio o a instancia de parte de forma motivada. Por el órgano administrativo competente para resolver, únicamente de oficio y de forma motivada.

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad. Desde el día de su presentación. Desde el día siguiente al de su presentación. Desde el día en el que las Administraciones Publicas hayan ejercido su facultad de comprobación, control e inspección.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias podrán realizarse en un plazo de: Siete días. No inferior a diez días, ni superior a quince. No superior a quince días.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada: No procederá recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del procedimiento formulada por los interesados. Las alegaciones serán formuladas al inicio del procedimiento en el plazo de siete días. Serán resueltos en veinte días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, la Administración podrá acordar la tramitación simplificada del procedimiento cuando: Se aleguen intereses legítimos por parte de quienes solicitaron su tramitación y el procedimiento en cuestión no revista complejidad. La administración aplique los principios de racionalización y agilidad en los procedimientos y no se lesionen intereses superiores de terceros. Existan razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , señala la respuesta correcta: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. a y b son correctas.

De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Aquellos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso ante el Tribunal Constitucional. Aquellos cuyo contenido es de cumplimiento difícil o ha devenido imposible. Aquellos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , no es cierto que: Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que reglamentariamente se establezca la obligación de hacerlo en los supuestos determinados en el art. 14. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución no se podrá suspender.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cuando su forma de iniciación haya sido: de oficio o a instancia de parte. a instancia de parte exclusivamente. en ningún caso.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cuando su inicio se produjese a instancia de parte, salvo en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, incluso en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39/2015, en relación con la ejecución de los actos administrativos, es incorrecto: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que, entre otros, se necesite aprobación o autorización superior. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles para llevar a cabo la ejecución forzosa de un acto, se elegirá el que menos recursos económicos exija a la administración competente. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señala cuál de las siguientes opciones es correcta: La petición de un órgano administrativo para iniciar un procedimiento, por haber tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del mismo, vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. Para eximir o reducir el importe de la multa o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario que le correspondería al denunciante será necesario que este cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. Los procedimientos de naturaleza sancionadora de podrán iniciar de oficio o a instancia de los interesados.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la afirmación correcta: La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento de plazo máximo exime a la Administración de su obligación de resolver. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver pero no para notificar la resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art 30, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es cierto que: Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el siguiente día hábil.

De acuerdo con lo dispuesto en el art 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos administrativos: Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Ninguna respuesta es correcta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es cierto que los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Cuando lo aconsejen razones de interés privado o público apreciadas por el órgano competente. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración el estado de la tramitación de los procedimientos: Si se les reconoce expresamente en la resolución del procedimiento. En el caso de ser interesados en esos procedimientos. En cualquier caso.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas es un derecho para: Personas jurídicas. Entidades sin personalidad jurídica. Personas físicas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señala la respuesta incorrecta): La petición razonada de inicio de oficio del procedimiento no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. La presentación de una denuncia confiere la condición de interesado en el procedimiento.

De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en el caso del procedimiento en materia sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando: Se haya producido el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución. No haya formulado alegaciones el presunto infractor en el trámite de audiencia. El órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficiente para calificar la infracción como leve.

De conformidad con la Ley 39/2015 es susceptible de recurso: Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación. El acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que deberá ser notificado a los interesados. Las resoluciones que declaren la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

De conformidad con la Ley 39/2015, el silencio administrativo tendrá efecto positivo en los siguientes procedimientos: Los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado. Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Los que resuelvan los recursos de alzada interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo en los procedimientos de concesión de becas.

De conformidad con lo establecido en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: Identificar a las autoridades, personal al servicio de las Administraciones Públicas y al servicio de las empresas contratistas municipales que tengan relación con la tramitación de los procedimientos. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, así como obtener asistencia jurídica gratuita cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tenga la condición de interesado.

De conformidad con lo previsto en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Señala la respuesta correcta: Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. La Administración no podrá convalidar los actos anulables. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

De conformidad, con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta, con relación a la iniciación del procedimiento por denuncia: Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.