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Aux. adm. 135 - 166

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Título del Test:
Aux. adm. 135 - 166

Descripción:
Aux. adm. 135 - 166

Fecha de Creación: 2026/03/31

Categoría: Otros

Número Preguntas: 32

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135. Según la Ley 39/2015, la Ley tiene por objeto: Regular exclusivamente el procedimiento administrativo electrónico. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Regular el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Establecer el régimen jurídico del sector público.

136. Según la Ley 39/2015, el ámbito subjetivo de aplicación comprende: Únicamente a la Administración General del Estado. A las Administraciones Públicas definidas en el artículo 2 de la Ley 40/2015. A todas las entidades del sector público. A las Administraciones Públicas y a sus organismos autónomos.

137. Según la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Solo las personas físicas mayores de edad. Las personas físicas o jurídicas cuando así lo disponga una norma con rango de ley. Las personas físicas, jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica cuando la ley así lo declare. Exclusivamente las personas jurídicas legalmente constituidas.

138. Según la Ley 39/2015, se consideran interesados en un procedimiento administrativo: Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Cualquier persona que tenga conocimiento del procedimiento. Únicamente quienes resulten afectados por la resolución final. Solo quienes actúen representados por medios electrónicos.

139. Según la Ley 39/2015, en relación con la identificación y firma de los interesados: La firma será siempre obligatoria para formular solicitudes. La identificación podrá realizarse mediante sistemas de firma electrónica. Solo se exigirá firma cuando sea necesario acreditar la voluntad y consentimiento. La identificación y la firma son siempre requisitos inseparables.

140. Según la Ley 39/2015, cuando varias personas comparezcan en un procedimiento con intereses coincidentes: Deberán actuar necesariamente mediante representante. La Administración designará de oficio un representante. Podrán designar un representante o señalar un domicilio común. Cada interesado deberá actuar de forma independiente.

141. Según la Ley 39/2015, la representación podrá acreditarse: Únicamente mediante poder notarial. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. Solo a través de inscripción en un registro electrónico. Exclusivamente mediante comparecencia personal.

142. Según la Ley 39/2015, se considerarán interesados en el procedimiento: Quienes tengan un interés legítimo aunque no se personen en el procedimiento. Las asociaciones representativas de intereses económicos en todo caso. Aquellos cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución. Únicamente quienes inicien el procedimiento.

143. Según la Ley 39/2015, los menores de edad: Podrán ejercer y defender sus derechos cuando el ordenamiento lo permita sin asistencia. Carecen de capacidad de obrar ante la Administración. Tienen capacidad de obrar solo con autorización judicial. Deberán actuar siempre a través de representante legal.

144. Según la Ley 39/2015, en relación con los sistemas de identificación de los interesados: A) Solo se admitirá el DNI electrónico. B) Se admitirán únicamente sistemas basados en certificados electrónicos. C) Se admitirán sistemas de identificación basados en certificados, claves concertadas u otros sistemas válidos. D) a) b) y c) son incorrectas.

145. Según la Ley 39/2015, las entidades sin personalidad jurídica: Carecen de capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Solo podrán actuar mediante representante con poder notarial. Podrán tener capacidad de obrar cuando una ley así lo declare expresamente. Actuarán únicamente a través de sus miembros individualmente.

146. Según la Ley 39/2015, cuando la representación no quede acreditada inicialmente: A) Se inadmitirá de plano la solicitud. B) Se concederá un plazo para subsanar la falta de acreditación. C) Se archivará el procedimiento sin más trámites. D) a) b) y c) son incorrectas.

147. Según la Ley 39/2015, la firma de los interesados será exigible: En todos los trámites del procedimiento administrativo. Solo cuando sea necesario acreditar la autenticidad de la copia presentada. Cuando sea necesario acreditar la voluntad y consentimiento del interesado. Únicamente en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

148. Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, tendrán la condición de interesados: Únicamente los órganos administrativos competentes. Las personas que presenten alegaciones en cualquier momento. Aquellos cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados. Solo quienes comparezcan mediante representante.

149. Según la Ley 39/2015, la identificación electrónica del interesado: Exige siempre el uso de firma electrónica. Puede realizarse mediante sistemas distintos de la firma electrónica. Solo es válida si se basa en certificado electrónico cualificado. Sustituye automáticamente a la representación.

150. Según la Ley 39/2015, las personas tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas: Únicamente por medios electrónicos. Por medios electrónicos o no electrónicos, según elijan. Solo por medios no electrónicos salvo obligación legal. Exclusivamente mediante representante.

151. Según la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: A) Todos los ciudadanos. B) Las personas físicas cuando lo solicite la Administración. C) Las personas jurídicas. D) a) y c) son correctas.

152. Según la Ley 39/2015, el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos: Se limita a los procedimientos iniciados a instancia de parte. Se ejerce únicamente de forma presencial. Requiere autorización expresa del órgano instructor. Incluye el acceso y obtención de copias de los documentos contenidos en ellos.

153. Según la Ley 39/2015, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será: La lengua cooficial del territorio. El castellano o la lengua cooficial elegida por el interesado. Exclusivamente el castellano. La que determine el órgano competente.

154. Según la Ley 39/2015, los registros electrónicos permitirán: Presentar documentos únicamente en días hábiles. Presentar documentos solo en horario de oficina. La presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. Registrar documentos solo de la propia Administración.

155. Según la Ley 39/2015, el derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos corresponde: A todas las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Únicamente a las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente. Solo a quienes actúen mediante representante. Exclusivamente a las personas mayores de edad.

156. Según la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las Administraciones Públicas: A) Solo podrá realizarse de forma presencial. B) Podrá realizarse de forma presencial o por medios electrónicos, cuando así se establezca. C) Requerirá siempre identificación mediante firma electrónica. D) a) b) y c) son incorrectas.

157. Según la Ley 39/2015, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas deberán: Comparecer personalmente en todos los procedimientos administrativos. Facilitar a la Administración los datos exigidos por la normativa aplicable. Colaborar únicamente cuando exista obligación legal expresa. Presentar documentos originales en todo caso.

158. Según la Ley 39/2015, la responsabilidad de la tramitación de los procedimientos corresponde: Al órgano que dicte la resolución final. Al órgano que tenga atribuida la competencia para su iniciación. Al órgano instructor del procedimiento. Al órgano superior jerárquico.

159. Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas están obligadas a dictar resolución expresa: Solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Únicamente cuando así lo establezca una norma con rango de ley. Exclusivamente en los procedimientos sancionadores. En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.

160. Según la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento podrá suspenderse cuando: El interesado solicite la suspensión de forma expresa. Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios. Exista acumulación de expedientes en el órgano competente. El procedimiento se inicie de oficio.

161. Según la Ley 39/2015, la suspensión del plazo máximo para resolver deberá: Comunicarse a los interesados, indicando el motivo y la duración. Acordarse siempre de oficio por el órgano competente. Publicarse en el boletín oficial correspondiente. Solicitarse por el interesado afectado.

162. Según la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán: A partir del día siguiente al de la notificación o publicación. Incluyendo siempre los sábados, domingos y festivos. Desde el mismo día en que se produce la notificación. Únicamente en días naturales.

163. Según la Ley 39/2015, cuando un plazo se exprese en días hábiles: Se incluirán los sábados, domingos y festivos. Se excluirán los sábados, domingos y festivos. Se excluirán únicamente los domingos. Se incluirán todos los días del año.

164. Según la Ley 39/2015, cuando el último día de un plazo sea inhábil: El plazo se entenderá finalizado ese mismo día. El plazo se ampliará automáticamente cinco días. El plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. El plazo quedará suspendido hasta nueva notificación.

165. Según la Ley 39/2015, los actos administrativos deberán dictarse: Siempre por escrito y en soporte papel. Por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido. Únicamente mediante medios electrónicos. De forma motivada en todos los casos.

166. Según la Ley 39/2015, los actos administrativos producirán efectos: Desde la fecha en que se dicten. Desde el día siguiente al de su notificación. Desde la fecha en que se notifiquen o publiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Únicamente desde su publicación en el boletín oficial correspondiente.

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