Aux Igu Vilarreal

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI?. Regular exclusivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y eliminar cualquier forma de discriminación. Establecer sanciones penales específicas.

¿Qué se entiende por identidad de género según la Ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI?. El sexo asignado al nacer. La orientación sexual de la persona. La vivencia interna e individual del género.

¿Cuál de las siguientes actuaciones deben desarrollar los poderes públicos según la Ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI?. Medidas exclusivamente sancionadoras. Políticas activas de sensibilización, prevención y formación. Actuaciones solo a demanda ciudadana.

La Ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI establece que se debe actuar especialmente frente a: La discriminación directa e indirecta. Solo la discriminación directa. Solo la discriminación institucional.

¿Qué colectivo recibe especial atención en las políticas sociales de la ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI?. Personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad. Únicamente menores de edad. Personas extranjeras exclusivamente.

¿Cuál de los siguientes derechos está reconocido en el Título II de la Ley 8/2017 integral del reconocimiento a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana?. El derecho a la adopción de niños por parte de personas transgénero. El derecho al libre desarrollo de la personalidad acorde a su identidad y expresión de género. El derecho a la exclusión de las personas transgénero en los espacios públicos.

La Ley 8/2017 integral del reconocimiento a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana garantiza que las personas sean tratadas conforme a: Su sexo biológico. Su identidad de género manifestada. El criterio del personal funcionario.

De acuerdo con la Ley 8/2017 integral del reconocimiento a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, en el caso de personas menores de edad, el ejercicio de sus derechos se realizará: Sin ningún tipo de representación. A través de sus representantes legales, atendiendo al interés superior del menor. Solo mediante resolución judicial.

De acuerdo con la Ley 8/2017 integral del reconocimiento a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, el tratamiento administrativo de la identidad de género debe regirse por: Publicidad del procedimiento. Confidencialidad y respeto a la intimidad. Libre acceso a los datos.

De acuerdo con la Ley 8/2017 integral del reconocimiento a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, las administraciones evitarán: La adaptación de formularios. La discriminación por identidad o expresión de género. El uso del nombre legal.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la situación en que se encuentra una persona que haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera: discriminación directa por razón de sexo. discriminación indirecta por razón de sexo. principio de igualdad.

Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en reacción al principio de igualdad y dará cuenta del mismo en: la Conferencia Sectorial. el Instituto de las Mujeres. las Cortes Generales.

De acuerdo a la ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, no se considera discriminación: La diferencia de trato basada en una práctica legalmente establecida, independientemente de su justificación. La diferencia de trato derivada de una disposición, conducta, acto, criterio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. La diferencia de trato establecida en una disposición cuando la finalidad perseguida sea legítima, pero el medio para alcanzarla sea desproporcionado o inadecuado.

De acuerdo con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación, la situación que sufre una persona cuando una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, ocasiona una desventaja respecto a otra persona debido a su sexo, se conoce como: Discriminación por error. Discriminación interseccional. Discriminación indirecta.

De acuerdo a la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, los planes y programas sobre servicios sociales procurarán la atención prioritaria de: Los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a la situación de las mujeres y las niñas. Los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a las personas de escasos recursos económicos. Los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a las personas pertenecientes a minorías étnicas.

De acuerdo con la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia basada en: El principio de complementariedad de medidas de acción positiva y medidas para garantizar la transversalidad de género. El principio de no discriminación y la adopción de medidas de acción positiva. El principio de transversalidad y no discriminación.

De acuerdo con la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, los proyectos normativos deberán incorporar un informe de impacto de género que deberá elaborar: El departamento o área de Igualdad con conocimientos sobre la materia. El órgano que resuelva sobre la aprobación del anteproyecto o proyecto de norma, con el apoyo de personal con conocimientos en materia de igualdad. El departamento que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa.

De acuerdo con la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, el Gobierno Valenciano incluirá en la planificación de sus actuaciones en materia de familia e infancia, medidas dirigidas a: Promover la creación de centros de educación infantil y ludotecas públicas y privadas en los municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación educativa. Facilitar la corresponsabilidad y ejercicio conjunto de las cargas familiares y procurar la igualdad real de mujeres y hombres en la esfera de las tareas domésticas. Fomentar la formación y sensibilización en materia de reparto de las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas en el ámbito familiar.

De acuerdo con la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres en el caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación de acuerdo a los criterios objetivos de adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos administrativos de la Generalitat: Los licitadores que, con la solvencia técnica de la empresa, presenten un plan de igualdad aprobado por cualquier administración pública u órgano competente. Los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un organigrama de la empresa, que detalle la composición equilibrada de hombres y mujeres en su plantilla. Los licitadores que, con la solvencia técnica de la empresa, presenten un plan de igualdad, solo en los casos en que la empresa cuente con 50 o más personas trabajadoras.

De acuerdo con la Ley 7/2012, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular: No contarán con los derechos reconocidos en la Ley 7/2012. Dispondrán de los derechos recogidos en la Ley 7/2012 y se estará a lo dispuesto en la normativa en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Podrán permanecer en España, siempre y cuando tengan a un menor a su cargo.

De acuerdo con la Ley 7/2012, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana cuál de los siguientes títulos no constituye medio de prueba para la acreditación de la situación de violencia de género: Resolución judicial que reconozca, aunque solo sea de forma indiciaria, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer. Informe del Ministerio Fiscal cuando del contenido se desprenda que hay indicios que la demandante es víctima de violencia. El reconocimiento por el agresor, mediante escrito firmado, de la situación de violencia.

Señale la opción incorrecta: Cuando la víctima mortal por un acto de violencia de género sea la propia mujer, tendrán derecho a percibir la indemnización por causa de muerte del art. 16 de la Ley 7/2012, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana: Los descendientes de primer grado en línea recta de la mujer víctima y, en su defecto, los ascendientes en primer grado. En defecto de estos, las personas de segundo grado en línea colateral de la mujer víctima. La pareja de la mujer víctima, siempre que esta no haya sido la causante de la muerte ni exista ningún resolución judicial que reconozca la existencia de actos violentos. Las personas de hasta cuarto grado en línea colateral de la mujer víctima.

De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Española: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 54 y la Sección segunda del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 24 y la Sección cuarta del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Según el art. 63 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores: Se iniciarán siempre a solicitud del interesado. Se iniciarán siempre de oficio y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se iniciarán de oficio o a solicitud del interesado.

La estimación por silencio administrativo: No se considera acto administrativo finalizador del procedimiento. Es solamente a los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Los actos administrativos que pueden ser objeto de convalidación si se subsanan los vicios de que adolecen son los: Los actos nulos. Los actos anulables. Los actos nulos y anulables.

Según el art. 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, por regla general: Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que son días naturales. Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico general permitirá la presentación de documentos: Únicamente dirigidos a órganos de la misma Administración. Dirigidos a la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local y del sector público institucional. Dirigidos solo a órganos que compartan plataforma electrónica.

Según la Ley 39/2015, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones a través de medios electrónicos, se considerará válidos a efectos de firma. Exclusivamente los de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada. La identificación solo procede en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Los sistemas a que se refiere el artículo 10.2 de la Ley 39/2015.

Según el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, el aviso de puesta a disposición de una notificación electrónica: Tiene efectos jurídicos equivalentes a la notificación. Es obligatorio para la validez de la notificación. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, el archivo electrónico deberá garantizar, además de la conservación: La autenticidad, integridad y consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. La custodia exclusiva por el órgano gestor. El acceso público generalizado.

De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, como una política pública vinculada al principio de subsidiariedad y no prevalencia de la acción administrativa en la prevención de riesgos laborales y evaluación de impacto de género. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de poder denunciar a la Inspección de Trabajo las infracciones laborales que se pudieran producir.

Según el artículo 4.2º de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo se denomina: Condición de trabajo. Enfermedad profesional. Riesgo laboral.

Según el artículo 33 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana: “en la solicitud de acceso a la información pública, si las solicitudes se refieren a información que afectara los derechos o intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano competente lo pondrá en conocimiento de las personas afectadas para que, en su caso, presenten las alegaciones que estimen pertinentes”. ¿En qué plazo podrán presentar las alegaciones las personas afectadas?: 15 días hábiles. 10 días hábiles. 20 días hábiles.

De acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido. Estimada. Desestimada. Estimada, siempre que cumpla con lo dispuesto para la estimación por silencio según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de. Dieciséis años. Quince años. Catorce años.

De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril (RGPD), entre las funciones del Delegado/a de Protección de Datos está: Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes principios generales: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar y combatir los riesgos en su origen. Todas son correctas.

De conformidad con el artículo 138 de la Constitución Española: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 12 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y sin atender a ninguna particularidad en ningún territorio peninsular o insular.