auxiliar

Según se dispone en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recurso de alzada es correcta?. El recurso de alzada suspende automáticamente los efectos del acto recurrido. El recurso de alzada debe interponerse ante el órgano administrativo que dictó el acto recurrido. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

El principio de buena administración establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía comprende: El derecho de todos ante las Administraciones Públicas. El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía. El acceso, corrección y cancelación de los datos personales en poder de las Administraciones públicas andaluzas.

Indique la afirmación correcta respecto a los actos de instrucción para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, establecido en el artículo 75 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. Se realizarán por el órgano que resuelva el procedimiento a propuesta del órgano instructor. Requerirán la intervención de los interesados.

Indique la respuesta correcta. Según dispone el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables, se producirá la caducidad. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse la constitución de derechos, se producirá la caducidad. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras se producirá la prescripción.

¿Qué actos, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. Los que declaren la inadmisión de los procedimientos de arbitraje. Los que apliquen el dictamen de órganos consultivos. Los que acuerden las pruebas propuestas por los interesados.

Según el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable: Permite impulsar a instancia de parte todos los trámites administrativos. Se utiliza exclusivamente en procedimientos relacionados con la solicitud de licencias. Permite el reconocimiento de un derecho desde el día de su presentación.

¿Qué norma regula el derecho de petición reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución española de 1978?. La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Dispone el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Resultar de un procedimiento administrativo iniciado de oficio. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Firmarse electrónicamente por el órgano administrativo destinatario.

La Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía dispondrá al menos de la siguiente información administrativa particular, previa identificación de la persona interesada: Acceso al contenido de cualquier expediente administrativo previa autorización judicial. Consulta de escritos presentados en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. Acceso a certificados expedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, que tendrán la consideración de copia electrónica autenticada.

Según establece el artículo cuarto del Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados Órganos Administrativos de la Junta de Andalucía, son funciones propias de las Secciones u órganos asimilados las siguientes. Notificar actos a sus destinatarios. Acordar la mejora de las solicitudes. Acordar la acumulación de expedientes.

¿Cuál es el fin del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158 de la Constitución Española de 1978?. Dotar de autonomía financiera a las Comunidades Autónomas. Corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Fortalecer la prestación de servicios públicos.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, NO es una atribución del Pleno delegable en el Presidente y en la Comisión del Gobierno, la siguiente: La aprobación de los planes de carácter provincial. La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a quién le corresponde la función de seguimiento, supervisión y control de cumplimiento de objetivos o de actuaciones desarrolladas por otros órganos: A la Delegación del Gobierno. A las comisiones técnicas. A las comisiones interdepartamentales.

Según establece el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano competente para aprobar los estatutos que regulen la estructura y funciones del Instituto Andaluz de la Administración Pública es: La Consejería competente en materia de Administración Pública. La Consejería competente en materia de Hacienda. El Consejo de Gobierno.

El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 garantiza: La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Conforme al artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado comprende: La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios territoriales, la Organización Territorial y el Sector Público Institucional. Los Órganos territoriales y la Organización administrativa.

Tienen la consideración de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de acuerdo al artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Organismos autónomos, las fundaciones del sector público y los fondos sin personalidad jurídica. Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales y agencias estatales.

Según el artículo 147 de la Constitución Española de 1978, los Estatutos de Autonomía deberán contener: La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Los órganos de gobierno y administración, sus atribuciones, composición y forma de designación. La denominación, organización y sede de las entidades locales territoriales.

Según el artículo 87 de la Constitución Española de 1978, la iniciativa legislativa corresponde a: Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Al Gobierno y a las Cortes Generales, de acuerdo con la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Señala la respuesta incorrecta. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce en su artículo 53 entre los principios éticos: Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

El artículo 15 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala: El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter general, la actuación de todos los Poderes Públicos. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todas las Administraciones Publicas. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos.

En los municipios de régimen común ¿a quien corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas?. Al Pleno, conforme el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Al Consejo de Gobierno, conforme el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Al Alcalde, conforme el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En la aprobación de las Ordenanzas locales, ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias?. 20 días. 30 días. 15 días.

De los siguientes, es un documento de decisión: El acuerdo. La publicación. El acta.

De los siguientes, es un documento de juicio: Informe. Acta. Resolución.

Las tres fases o edades que se distinguen en un documento de archivo son: Elaboración, utilización y archivo. Administrativa, intermedia e histórica. Primaria, secundaria y terciaria.

¿Qué combinación de teclas hemos de pulsar si queremos realizar un atajo para Cerrar Ventana en una hoja de calcula Calc?. Crtl + W. Crtl + C. Crtl + T.

Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos: Se practicarán mediante comparecencia en el tablón virtual de anuncios de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Se practicarán mediante comparecencia en el punto de acceso electrónico general de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

¿Cuándo se entienden rechazadas las notificaciones por medios electrónicos que sean de carácter obligatorio?. Cuando hayan transcurrido 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

¿Qué efectos tiene la desestimación por silencio administrativo, según el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?. La de acto finalizador del procedimiento. Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La caducidad del procedimiento y archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cual de los siguientes actos administrativos no precisa ser motivado?. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que estimen pruebas propuestas por los interesados. Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al señalar que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicara la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, se refiere a: A la conversión de actos viciados. A la conversión de actos y tramites. A los limites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos.

Si el vicio de un acto anulable consistiera en incompetencia no determinante de nulidad: La convalidación podrá realizarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado, en todo caso. La convalidación no podrá realizarse. La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

Según el articulo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la instrucción del procedimiento, ¿que medidas debe adoptar el órgano instructor?. Las necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Las validas en derecho para lograr el pleno respeto a los principios de igualdad, eficacia y contradicción para todos los interesados en el procedimiento. Las necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de igualdad, eficacia y contradicción para todos los interesados en el procedimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, dispone en su artículo 96 relativo a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo: Cuando razones de interés general o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

Según el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad: No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Las respuestas a) y b) son correctas.

El plazo para interponer el recurso de alzada regulado en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto no fuera expreso será: En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de 3 meses, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

El artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reconoce en materia de servicios sociales, voluntariado, menores y familia: Competencia ejecutiva. Competencia delegada. Competencia exclusiva.

Según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, la carrera profesional tendrá carácter: Individual, voluntario, igualitario y meritorio. Individual, voluntario, progresivo y retribuido. Individual, voluntario, igualitario y progresivo.

El defensor del pueblo andaluz, según el artículo 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz: Será elegido por el Presidente de la Junta de Andalucía para un período de cuatro años. Será elegido por el Parlamento para un período de tres años. Será elegido por el Parlamento para un período de cinco años.