Auxiliar administrativo 2

Según el artículo 37 de la LRJSP, ¿la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. Sí, siempre. No, nunca. Sí, pero solo en casos de negligencia grave. No, la exigencia no suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

De acuerdo con el artículo 34 de la LRJSP, ¿en qué supuestos se puede exigir responsabilidad a una entidad de Derecho privado?. Solo cuando actúa directamente en nombre de la Administración Pública. Solo en casos de negligencia grave. Cuando actúa en nombre de la Administración Pública, directa o indirectamente. Cuando actúa en nombre de la Administración Pública en casos de dolo.

¿Qué establece el artículo 32.2 de la LRJSP respecto a la responsabilidad patrimonial por la aplicación de normas declaradas inconstitucionales?. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados solo si la norma se publicó en el BOE. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados si la aplicación de la norma les causó daños. Los particulares no tienen derecho a indemnización en estos casos. Los particulares pueden reclamar solo dentro de los tres meses siguientes a la declaración de inconstitucionalidad.

Según el artículo 81 de la LPA, ¿cuál es el plazo para emitir los informes que estime convenientes el órgano competente sobre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida?. 5 días. 10 días. 15 días. 30 días.

¿Cuál es el plazo para que el órgano competente formule la propuesta de resolución tras la finalización del trámite de audiencia según el artículo 81 de la LPA?. 10 días. 20 días. 15 días. 30 días.

Según el artículo 86.5 de la LPA, ¿en qué casos puede la Administración iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Solo por solicitud expresa de los interesados. Siempre, sin necesidad de solicitud. Solo cuando no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. En ningún caso, siempre requiere solicitud de los interesados.

De acuerdo con el artículo 88 de la LPA, ¿qué elementos debe incluir la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Solo la existencia o no de la relación de causalidad. La relación de causalidad, la valoración del daño y la cuantía de la indemnización. Solo la cuantía de la indemnización. La relación de causalidad y la valoración del daño, pero no la cuantía.

Según el artículo 65 de la LPA, ¿qué pueden solicitar los interesados durante el plazo de alegaciones en el procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Solo pueden presentar documentos. Pueden solicitar el inicio del procedimiento. Pueden aportar cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes. No pueden presentar alegaciones durante este plazo.

¿Qué se entiende por acción de regreso en el contexto de la responsabilidad de las Administraciones Públicas?. Es la exigencia de responsabilidad a un particular por daños causados a la Administración. Es la reclamación de indemnización por parte de la Administración a una aseguradora. Es la exigencia de responsabilidad a las autoridades y personal de la Administración por dolo, culpa o negligencia graves, tras haber indemnizado a los lesionados. Es el proceso de apelación de una decisión administrativa.

De acuerdo con el artículo 81 de la LPA, ¿cuál es el plazo para la formulación de la propuesta de resolución tras la finalización del trámite de audiencia?. Cinco días. Quince días. Veinte días. Diez días.

En el procedimiento simplificado descrito en el artículo 96 de la LPA, ¿cuándo puede la Administración acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación del procedimiento simplificado?. Cuando la indemnización reclamada sea inferior a 50.000 euros. Cuando exista una relación de causalidad evidente entre el funcionamiento del servicio público y la lesión. Cuando el procedimiento ordinario haya fallado. Solo en casos de emergencia pública.

En el artículo 65 de la LPA, ¿qué derechos tienen los particulares durante el procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Solo pueden presentar documentos escritos. Pueden aportar alegaciones, documentos e información pertinente, y proponer pruebas. Solo pueden proponer pruebas, sin presentar documentos adicionales. No tienen derecho a presentar pruebas ni documentos adicionales.

De acuerdo con el artículo 32.9 de la LRJSP, ¿qué debe hacerse en los procedimientos de responsabilidad que involucren a concesionarios y contratistas?. No se requiere ninguna acción adicional. Se debe notificar a los concesionarios y contratistas y darles audiencia en el procedimiento. Se debe resolver el caso sin informar a los concesionarios y contratistas. Se debe consultar al Tribunal de Cuentas antes de proceder.

¿Cuál es el plazo para emitir un dictamen del Consejo de Estado en los casos de indemnizaciones superiores a 50.000 euros, según el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980?. Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

Según el artículo 91 de la LPA, ¿qué puede entenderse si han transcurrido seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa?. Que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Que el procedimiento se archiva automáticamente. Que se debe reiniciar el procedimiento.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, ¿qué derecho tienen los interesados en un procedimiento administrativo respecto al estado de tramitación del procedimiento?. A conocer el estado de tramitación solo al final del procedimiento. A conocer el estado de tramitación en cualquier momento. A conocer el estado de tramitación solo si hay un retraso. A conocer el estado de tramitación únicamente si se presenta una solicitud específica.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes es un derecho específico de los presuntos responsables en procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora?. A presentar documentos originales en cualquier fase del procedimiento. A ser notificados de los hechos imputados y de las infracciones. A renunciar a sus derechos en cualquier momento. A obtener una copia autenticada de cualquier documento.

Según el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo para que el acuerdo de iniciación confirme, modifique o levante las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo?. Cinco días. Quince días. Treinta días. Sesenta días.

Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, ¿qué condición no admite recurso alguno?. La decisión de no iniciar un procedimiento administrativo. La acumulación de procedimientos por parte del órgano administrativo. La imposición de sanciones administrativas. La decisión de archivar un procedimiento por falta de pruebas.

En el artículo 65 de la Ley 39/2015, ¿qué debe ocurrir antes de que la Administración pueda iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Debe haber una denuncia formal de un particular. No debe haber prescrito el derecho a la reclamación del interesado. Debe existir un acuerdo previo entre las partes afectadas. Debe haberse realizado un informe previo por parte del Consejo de Estado.

Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo de prescripción para reclamar en procedimientos de responsabilidad patrimonial en caso de daños físicos o psíquicos a las personas?. Un año desde que se produjo el hecho. Un año desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Dos años desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Seis meses desde que se produjo el hecho.

De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, ¿qué implica la inexactitud, falsedad u omisión en una declaración responsable?. La declaración sigue siendo válida hasta que se demuestre lo contrario. La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada. La posibilidad de presentar una nueva declaración corregida. La nulidad inmediata de cualquier acto administrativo basado en dicha declaración.

Según el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento del procedimiento pueden los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio?. Solo al inicio del procedimiento. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Solo durante el trámite de audiencia. Únicamente después de recibir la propuesta de resolución.

En el artículo 86.5 de la Ley 39/2015, ¿qué debe incluir el acuerdo alcanzado entre las partes en procedimientos de responsabilidad patrimonial?. Una descripción detallada de los hechos. La cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios del artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La firma de todos los interesados y testigos. La confirmación del Consejo de Estado.

Según el artículo 98.2 de la Ley 39/2015, ¿qué medios electrónicos se deben utilizar preferentemente para el pago de sanciones pecuniarias?. Cheques bancarios. Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria. Efectivo en las oficinas de la Administración. Pagos a través de servicios de mensajería.

Según el artículo 34 de la LRJSP, ¿cuándo no serán indemnizables los daños causados a un particular?. Cuando los daños se deban a actos de terrorismo. Cuando los daños se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción. Cuando los daños se deban a una guerra. Cuando los daños sean causados por fenómenos meteorológicos.

De acuerdo con el artículo 32 de la LRJSP, para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario que el daño sea: Personal, efectivo y socialmente evaluable. Económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. Global y generalizado a la comunidad, no podrá ser individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Considerado de interés público, aunque deberá ser individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

¿Qué establece el artículo 34.2 de la LRJSP respecto a la valoración de daños en casos de muerte o lesiones corporales?. Que se usará una tabla específica de la ONU. Que se aplicarán los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Que se calcularán según las tablas del Ministerio de Sanidad. Que se determinarán de manera discrecional por el juez.

Según el artículo 34.1 de la LRJSP, ¿qué ocurre si se declara inconstitucionalidad de una norma con rango de ley?. Los daños serán indemnizables desde el momento de la promulgación de la norma. Los daños serán indemnizables por los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia. Los daños no serán indemnizables bajo ninguna circunstancia. La inconstitucionalidad no afecta la indemnización de los daños.

¿Cuál es la definición de "fuerza mayor" según el artículo 1.105 del Código Civil?. Un hecho interno, previsto y evitable. Un hecho externo, imprevisible e inevitable. Un hecho social, previsible y evitable. Un hecho administrativo, previsto e inevitable.

¿Qué criterio no se menciona como base para calcular la cuantía de una indemnización en la LRJSP?. Legislación fiscal. Expropiación forzosa. Normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. Legislación ambiental.

Según el artículo 32.3 de la LRJSP, ¿en qué caso la Administración es responsable solidaria?. En casos de fuerza mayor. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones Públicas en la producción del daño. En casos de negligencia administrativa. En cualquier daño causado por un funcionario público.

¿Qué figura jurídica distingue la jurisprudencia reciente como un hecho inevitable y externo al acto administrativo?. Caso fortuito. Daño moral. Fuerza mayor. Responsabilidad extracontractual.

¿Qué requisito no es necesario según el artículo 32 de la LRJSP para que se proceda a la indemnización por responsabilidad patrimonial?. Lesión o perjuicio patrimonialmente evaluable. Ausencia de causas de justificación. Daño efectivo. Pérdida de beneficios esperados.

De acuerdo con el artículo 33.2 de la LRJSP, en caso de concurrencia de varias Administraciones Públicas, ¿cómo se determinará la responsabilidad?. Según la intensidad de la intervención de cada Administración. Según el criterio del juez. De forma proporcional a la participación económica. Según el orden de llegada al lugar del daño.

¿Qué establece el artículo 33.2de la LRJSP sobre la responsabilidad en casos de concurrencia de varias Administraciones Públicas?. La responsabilidad se fija atendiendo al criterio del juez. La responsabilidad se distribuye equitativamente entre todas las Administraciones implicadas. La responsabilidad se fija para cada Administración atendiendo a criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad es asumida únicamente por la Administración que inició el procedimiento.

En el contexto de la LRJSP, ¿qué se entiende por "caso fortuito"?. Un hecho natural previsto pero inevitable. Un acontecimiento imprevisible inherente al funcionamiento de los servicios públicos. Una omisión deliberada de la Administración. Un fallo técnico del servicio público.

¿Qué señala el artículo 34.1 de la LRJSP sobre los daños causados por fenómenos naturales?. Que serán siempre indemnizables. Que no serán indemnizables si se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica. Que serán indemnizables solo si causan pérdidas económicas significativas. Que no serán indemnizables bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con el artículo 32.3 de la LRJSP, ¿en qué situaciones tendrán derecho los particulares a ser indemnizados por daños causados por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria?. Siempre que sufran cualquier tipo de lesión en sus bienes y derechos. Cuando los actos legislativos confieran derechos a los particulares y no tengan el deber jurídico de soportar esos daños. Cuando los actos legislativos sean aprobados por una mayoría simple en el Congreso y los mismos atribuyan derechos a los ciudadanos. Cuando los daños sean causados por actos administrativos y no legislativos.

¿Qué debe hacer la Administración competente en materia de responsabilidad patrimonial cuando haya varias Administraciones implicadas, según el artículo 33.4 de la LRJSP?. Resolver el procedimiento sin consultar a las demás Administraciones. Consultar a las restantes Administraciones implicadas para que expongan cuanto consideren procedente en el plazo de quince días. Transferir la responsabilidad a una Administración central. Negociar directamente con el particular afectado sin consultar a las demás Administraciones.

Según el artículo 32.4 de la LRJSP, ¿cuándo procederá la indemnización si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?. Cuando el particular haya sufrido un daño moral significativo. Cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño y se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Cuando la norma haya sido declarada inconstitucional en cualquier instancia. Siempre que la norma haya sido aplicada de forma general.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, ¿qué derecho tienen los interesados respecto a la identificación del personal que tramita los procedimientos administrativos?. A identificar solo a las autoridades. A identificar tanto a las autoridades como al personal al servicio de las Administraciones Públicas. No tienen derecho a identificar al personal. A identificar solo al instructor del procedimiento.

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 39/2015, ¿qué objetivo tienen las actuaciones previas en los procedimientos de naturaleza sancionadora?. Aclarar dudas sobre la normativa aplicable. Determinar con precisión los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento. Realizar una evaluación económica preliminar con el fin de determinar todos los extremos de la ulterior sanción a imponer. Confirmar la identidad de los testigos y esclarecer los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento.

Según el artículo 56.3 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes no es una medida provisional que puede adoptarse durante un procedimiento administrativo?. Suspensión temporal de actividades. Retiro de bienes productivos. Cierre temporal del establecimiento. Imposición de una multa.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por la iniciación de un procedimiento a propia iniciativa?. Actuación derivada de una denuncia. Actuación derivada de una orden superior. Actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias por el órgano competente. Actuación derivada de la solicitud de un particular.

Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, ¿qué implica una petición razonada de otros órganos para la iniciación de un procedimiento administrativo?. La obligación del órgano competente de iniciar el procedimiento en caso de que se reciba una petición de otro órgano competente en el asunto. La propuesta de iniciación formulada por un órgano sin competencia para iniciar el procedimiento. La iniciación automática del procedimiento. La suspensión del procedimiento hasta recibir la petición.

De acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, ¿cómo se deben iniciar los procedimientos de naturaleza sancionadora?. A solicitud del interesado. De oficio por acuerdo del órgano competente. Por denuncia de un particular. Por orden judicial.

Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, ¿qué se requiere al interesado si su solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios?. Presentar una nueva solicitud en el plazo de 10 días y pagar la multa correspondiente. Subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos en un plazo de diez días. Pagar una multa por la omisión y esperar a la contestación de la Administración para subsanar los defectos en el plazo de 10 días. Esperar una resolución que declare la inadmisión de la solicitud.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tienen las cuestiones incidentales en un procedimiento administrativo?. Suspenden automáticamente la tramitación del procedimiento. No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. Obligan a reiniciar el procedimiento. Solo afectan al procedimiento si son planteadas por el interesado.

Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, ¿qué circunstancias pondrán fin a un procedimiento administrativo?. Resolución, desistimiento, renuncia al derecho y declaración de caducidad. Solo resolución y desistimiento. Solo resolución. Resolución, desistimiento y negociación con el interesado.

De acuerdo con el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo para resolver procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada?. Quince días. Treinta días. Cuarenta y cinco días. Sesenta días.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿qué condición debe cumplirse para que una Administración Pública decida no reutilizar una solución disponible?. Que la solución no cumpla con los requisitos de seguridad informática. Que la decisión se justifique en términos de eficiencia. Que la solución no sea compatible con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Que la solución tenga un coste elevado.

¿Qué documentos deben acompañar a los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos?. Informe del servicio jurídico y memoria justificativa. Autorización previa del Ministerio competente en Administración Pública. Ambos informes anteriores (informe del servicio jurídico, memoria justificativa, autorización previa del Ministerio competente) y cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable. Solo la autorización previa del Ministerio competente en Administración Pública.

¿Cuál es el objetivo principal del Esquema Nacional de Seguridad?. Garantizar la interoperabilidad entre las aplicaciones de las Administraciones Públicas. Establecer los criterios de seguridad para la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la LRJSP. Facilitar la reutilización de aplicaciones desarrolladas por las Administraciones Públicas. Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.

¿Cuál es uno de los principios que rigen las relaciones interadministrativas según el art. 141.1 LRJSP?. La jerarquía administrativa. La transparencia en la toma de decisiones. La coordinación y cooperación. La independencia funcional.

De acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, ¿qué competencia exclusiva tiene el Estado en relación con las Administraciones Públicas?. La regulación del uso de medios electrónicos en la administración. La legislación básica sobre contratos administrativos. La gestión del personal administrativo. La organización interna de las Administraciones Públicas.

¿Qué debe incluir el contenido de los convenios de las Administraciones Públicas?. Los objetivos generales del convenio. Los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. Los datos de contacto de los responsables del convenio. Las fechas de reunión de los firmantes.

¿Cuál es la función principal de los órganos de cooperación entre Administraciones Públicas?. La adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. La gestión de los recursos financieros compartidos. La supervisión de la ejecución de proyectos conjuntos. La realización de auditorías externas.

Según el artículo 144 de la Ley 40/2015, ¿qué técnica de cooperación permite a las Administraciones Públicas participar en órganos de cooperación?. La participación en organismos internacionales. La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y acordar medidas sobre competencias diferentes. La participación en reuniones de carácter privado. La colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro.

¿Qué función pueden ejercer las Conferencias Sectoriales?. Funciones ejecutivas en la aplicación de políticas públicas. Funciones consultivas, decisorias o de coordinación. Funciones legislativas en la elaboración de normas. Funciones de supervisión de entidades privadas.

¿Qué deben hacer las Administraciones Públicas según el artículo 145 de la LRJSP para formalizar relaciones de cooperación?. Emitir un comunicado conjunto. Firmar acuerdos de órganos de cooperación o convenios. Publicar una declaración en el Boletín Oficial del Estado. Notificar a los organismos internacionales correspondientes.

¿Qué principios rigen las relaciones interadministrativas según el artículo 140 de la LRJSP?. Competitividad y autonomía. Colaboración, cooperación y coordinación. Independencia y neutralidad. Competencia y exclusividad.

¿Cuál es el objetivo de la Conferencia de Presidentes según la Ley 40/2015?. Supervisar la aplicación de las políticas públicas. Deliberar sobre asuntos y adoptar acuerdos entre el Gobierno de la Nación y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Aprobar leyes y reglamentos de ámbito nacional. Coordinar la acción de los organismos internacionales.

¿Cómo se definen las funciones de la Conferencia Sectorial en términos de acuerdo de funcionamiento según la Ley 40/2015?. A través de un decreto del Presidente del Gobierno. Mediante un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Por la aprobación del Congreso de los Diputados. Según las directrices de los organismos internacionales.

¿qué técnica de cooperación se emplea para el intercambio de información entre Administraciones Públicas?. Emisión de normas vinculantes. Celebración de reuniones secretas. Intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. Publicación de informes conjuntos en medios de comunicación.

¿Qué debe hacerse en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en un convenio?. Ignorar el incumplimiento y continuar con el convenio. Notificar a las partes firmantes y resolver el convenio o imponer indemnización. Transferir la responsabilidad a un tribunal internacional. Suspender temporalmente el convenio sin más acciones.

¿Qué función tiene la Administración General del Estado en la transferencia de tecnología entre Administraciones?. Proveer tecnología sin soporte técnico. Mantener un directorio general de aplicaciones para su reutilización y prestar apoyo para la libre reutilización de aplicaciones. Desarrollar nuevas aplicaciones sin considerar las ya existentes. No tiene ninguna función en la transferencia de tecnología.

¿Cuál es el plazo máximo de vigencia de un convenio según la Ley 40/2015?. Dos años. Tres años. Cuatro años, salvo prórroga. Cinco años.

¿Qué se debe hacer si un convenio interadministrativo incluye compromisos financieros que no pueden ser sostenidos según la Ley 40/2015?. Se debe continuar con el convenio hasta que los fondos se agoten. No se puede suscribir el convenio. Se debe modificar el convenio para ajustarlo a las capacidades financieras. Se deben buscar fondos adicionales sin modificar el convenio.

¿Qué establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad en relación con los directorios de aplicaciones de las Administraciones Públicas?. Que deben ser únicos y centralizados. Que deben ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado. Que no es necesario que sean interoperables. Que deben ser gestionados de forma independiente por cada Administración.

Según la Ley 40/2015, ¿qué tipo de convenios pueden suscribir las Administraciones Públicas con sujetos de derecho privado?. Convenios interadministrativos. Convenios no constitutivos de Tratado internacional. Convenios constitutivos de Tratado internacional. Convenios no vinculantes.

¿Qué deben incluir los convenios suscritos por las Administraciones Públicas de la Ley 40/2015?. Solo la firma de los representantes legales. Los sujetos que suscriben el convenio, la competencia en que se fundamenta, el objeto del convenio, las obligaciones y compromisos económicos asumidos, las consecuencias del incumplimiento, y los mecanismos de seguimiento. Únicamente el objeto del convenio y las obligaciones asumidas. Solo las consecuencias del incumplimiento.

¿Qué deben hacer las Administraciones Públicas en relación con los convenios interadministrativos?. No necesitan informar a nadie. Remitirlos al Senado para su conocimiento. Publicarlos únicamente en el Boletín Oficial del Estado. Informar al Tribunal de Cuentas.

¿Cuál de los siguientes principios rige las relaciones interadministrativas según el Artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?. Exclusividad competencial. Colaboración interadministrativa. Soberanía local. Autonomía financiera.

De acuerdo con el Artículo 141 de la Ley 40/2015, ¿en qué circunstancias puede una Administración Pública negarse a prestar la asistencia y colaboración requerida por otra Administración?. Cuando no se disponga de medios suficientes para ello. Cuando la información solicitada no sea relevante para los ciudadanos. Cuando se estime que la solicitud es arbitraria. Cuando la solicitud provenga de una entidad no vinculada directamente.

En el contexto del Esquema Nacional de Seguridad, ¿qué se entiende por la 'seguridad de la información tratada'?. La protección contra ataques informáticos. La implementación de protocolos de cifrado de datos. La garantía de que se cumplen los requisitos mínimos que aseguren la seguridad de la información. La creación de copias de seguridad periódicas.

¿Qué tipo de convenios están sujetos a inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación?. Convenios entre entidades privadas y públicas. Convenios interadministrativos y convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas. Convenios únicamente entre administraciones locales. Convenios de financiación de proyectos europeos.

¿Cuál es uno de los requisitos para que los convenios sean válidos?. Deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Deben incluir un régimen de modificación del contenido. Deben tener una duración indefinida. Deben ser aprobados por el Senado.

¿Qué se requiere para la suscripción de convenios?. Exclusivamente la firma de todas las partes implicadas. Un informe justificativo y la autorización del Ministerio competente. La publicación en el Boletín Oficial del Estado. La aprobación del Tribunal de Cuentas.

Según el Artículo 143 de la Ley 40/2015, ¿cuál es un requisito necesario para la formalización de relaciones de cooperación entre Administraciones Públicas?. La aprobación del Consejo de Ministros. La firma de un acuerdo por el órgano competente. La aceptación expresa de las partes. La publicación en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el Artículo 145 de la Ley 40/2015, ¿qué órgano se constituye por representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas para acordar actuaciones que mejoren el ejercicio de sus competencias?. Comisión Bilateral de Cooperación. Conferencia Sectorial. Conferencia de Presidentes. Comité Consultivo Interadministrativo.

Según el Artículo 148 de la Ley 40/2015, ¿cuál es una de las funciones específicas de las Conferencias Sectoriales?. Emitir normas vinculantes para todas las Administraciones Públicas. Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas. Nombrar a los secretarios de Estado. Gestionar directamente los recursos económicos de las Comunidades Autónomas.

Conforme al Artículo 149 de la Ley 40/2015, ¿quién tiene la responsabilidad de acordar la convocatoria de reuniones de las Conferencias Sectoriales?. El presidente de la Conferencia Sectorial. Un tercio de los miembros de la Conferencia Sectorial. El Ministro que presida la Conferencia Sectorial. El Secretario General de la Administración Pública.

Según el Artículo 155 de la Ley 40/2015, ¿qué debe especificar cada Administración Pública al facilitar el acceso a los datos relativos a los interesados a otras Administraciones Públicas?. Los procedimientos de seguridad y las condiciones económicas. Las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios. Los nombres de los funcionarios responsables de los datos. Las políticas de privacidad y protección de datos internas.

(Artículo 47 de la Ley 39/2015) ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas es considerado nulo de pleno derecho?. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Todas las anteriores son correctas.

(Artículo 47 de la Ley 39/2015) ¿Cuál de los siguientes NO es un motivo de nulidad de pleno derecho según la Ley 39/2015?. Los actos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los actos que vulneren disposiciones administrativas de rango inferior. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos sin los requisitos esenciales para su adquisición.

(Artículo 40 de la Ley 39/2015) ¿Cuál es el plazo máximo para cursar una notificación a los interesados desde la fecha en que se dicta el acto administrativo según la Ley 39/2015?. Cinco días. Diez días. Quince días. Un mes.

(Artículo 48 de la Ley 39/2015) ¿Cuál de los siguientes es un motivo de anulabilidad de los actos administrativos según la Ley 39/2015?. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta.

(Artículo 49 de la Ley 39/2015) Según la Ley 39/2015, ¿la nulidad o anulabilidad parcial de un acto administrativo implica la nulidad de las partes independientes del mismo?. Sí, siempre. No, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Sí, pero solo si se trata de actos expresos. No, nunca.

(Artículo 24 de la Ley 39/2015) ¿Cuál es el efecto del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, según la Ley 39/2015?. Desestimatorio en todos los casos. Estimatorio en todos los casos. Estimatorio, salvo en los supuestos en los que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Desestimatorio, salvo en los supuestos en los que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

(Artículo 47 de la Ley 39/2015) ¿Es posible convalidar un acto administrativo nulo de pleno derecho según la Ley 39/2015?. Sí, siempre que se subsanen los vicios que lo afecten. No, los actos nulos de pleno derecho no pueden ser convalidados. Sí, mediante el otorgamiento de una autorización por el órgano competente. No, salvo que el vicio consista en incompetencia no determinante de nulidad.

(Artículo 41 de la Ley 39/2015) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las notificaciones según la Ley 39/2015?. Las notificaciones deben realizarse preferentemente en papel. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones solo se pueden realizar en papel. Las notificaciones electrónicas no son válidas si no se envía un aviso por correo electrónico.

(Artículo 42 de la Ley 39/2015) ¿Qué sucede si el primer intento de notificación en papel se realiza antes de las quince horas y resulta infructuoso?. Se debe realizar un segundo intento a la misma hora al día siguiente. Se debe realizar un segundo intento después de las quince horas y viceversa, dejando al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos. No es necesario realizar un segundo intento. Se debe realizar un segundo intento antes de las quince horas.

(Artículo 49 de la Ley 39/2015) ¿Cuál es el efecto de la nulidad o anulabilidad de un acto sobre los actos sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero?. La nulidad o anulabilidad de un acto implica la nulidad de todos los actos sucesivos. La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto implica la anulabilidad de los actos sucesivos. La nulidad o anulabilidad de un acto implica la nulidad de todos los actos dictados por la misma autoridad.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la encomienda de gestión es incorrecta según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público?. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. La entidad encomendante puede dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico sean necesarios para la ejecución de la encomienda. La encomienda de gestión entre órganos administrativos de diferentes administraciones puede formalizarse mediante firma del correspondiente convenio. La encomienda de gestión puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es uno de los requisitos para la procedencia de la avocación?. La avocación no requiere motivación alguna. La avocación debe ser notificada a los interesados en el procedimiento. La avocación puede impugnarse en el acto. La avocación es automática y no necesita resolución expresa.

En relación con la delegación de competencias según el artículo 9 de la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes es una limitación a la delegación?. La adopción de disposiciones de carácter general. La gestión de asuntos de índole técnica. La resolución de conflictos de jurisdicción entre órganos administrativos. La coordinación de tareas administrativas entre diferentes entidades públicas.

¿Qué criterio de delimitación de la competencia establece la Ley 40/2015 cuando se refiere a la asignación basada en la cantidad de multas impuestas?. Criterio jerárquico. Criterio objetivo. Criterio territorial. Criterio cualitativo.

Según la Ley 40/2015, ¿cuál es una característica esencial de la desconcentración?. Afecta únicamente al ejercicio de las competencias, pero no a su titularidad. Solo puede realizarse entre órganos de la misma administración. Puede afectar tanto al ejercicio como a la titularidad de las competencias. Es un proceso automático y no requiere resolución expresa.

Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, ¿cómo deben formalizarse las encomiendas de gestión entre órganos administrativos pertenecientes a diferentes administraciones públicas?. Mediante acuerdo verbal entre los órganos competentes. Mediante firma del correspondiente convenio. Mediante resolución administrativa unilateral. A través de una ley específica que lo regule.

¿Qué tipo de competencia puede ser delegada según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público?. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Las competencias de relación con la Jefatura del Estado. Las competencias para resolver procedimientos administrativos específicos.

En el contexto de la Ley 40/2015, ¿qué se entiende por "potestad discrecional"?. La obligación de actuar conforme a la ley sin margen de interpretación. La capacidad de la Administración para elegir la forma y el momento de su actuación. La obligación de resolver un procedimiento administrativo en un plazo determinado. La imposibilidad de cambiar una resolución administrativa una vez dictada.

¿Cuál es una característica fundamental de la desconcentración según la Ley 40/2015?. Permite la delegación de competencias entre distintos niveles de gobierno. Implica la centralización de competencias en un único órgano administrativo. Facilita la participación de los órganos descentralizados en la toma de decisiones. Requiere la aprobación del órgano legislativo para su implementación.

Según la Ley 40/2015, ¿qué elementos deben ser incluidos en una resolución de delegación de competencias?. El nombre del funcionario delegado y su rango administrativo. La duración específica de la delegación y las competencias delegadas. Los procedimientos administrativos afectados por la delegación. La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente.

En relación con el artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado si no se dicta resolución expresa en el plazo máximo establecido?. Se entiende estimada la solicitud por silencio administrativo. Se entiende desestimada la solicitud por silencio administrativo. El procedimiento se archiva automáticamente. Se requiere una nueva solicitud por parte del interesado.

Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué debe hacer la Administración si un interesado no se encuentra presente en su domicilio en el momento de entregarse una notificación en papel?. La notificación se considerará fallida y no se intentará nuevamente. Se dejará un aviso de entrega y la notificación se intentará nuevamente en tres días. Se intentará nuevamente la notificación una sola vez en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Se enviará la notificación por medios electrónicos al día siguiente.

En el artículo 41 de la Ley 39/2015, ¿qué supuestos justifican que las Administraciones Públicas practiquen notificaciones por medios no electrónicos?. Cuando el acto a notificar contenga información confidencial. Cuando el interesado solicite comunicación personal durante su comparecencia espontánea en las oficinas de asistencia. Cuando el acto a notificar sea un contrato de obra pública. Cuando el interesado resida en una zona rural sin acceso a internet.

¿Cuál es la consecuencia de que una Administración Pública no notifique una resolución en el plazo de diez días según el artículo 40 de la Ley 39/2015?. La resolución se considera nula de pleno derecho. La resolución pierde su validez. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución. La resolución se considera automáticamente favorable al interesado.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, ¿qué información debe contener una notificación para que sea válida?. Solo el texto íntegro de la resolución. El texto íntegro de la resolución y la indicación de si pone fin a la vía administrativa. El texto íntegro de la resolución, los recursos que procedan, el órgano ante el que se presentan y el plazo para interponerlos. Solo la indicación de si pone fin a la vía administrativa y el plazo para interponer recursos.

En relación con el artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo para adoptar la declaración de lesividad de actos anulables por las Administraciones Públicas?. Dos años desde que se dictó el acto administrativo. Tres años desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Seis años desde que se dictó el acto administrativo.

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, ¿qué dictamen es necesario para que las Administraciones Públicas declaren de oficio la nulidad de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa?. Dictamen favorable del Consejo de Ministros. Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Dictamen favorable del Tribunal Supremo. No se requiere dictamen alguno.

¿Qué excepciones se contemplan en el artículo 95.2 de la Ley 39/2015 para no acordar la caducidad de un procedimiento por la simple inactividad del interesado?. La caducidad no podrá acordarse si la inactividad del interesado no es indispensable para dictar resolución. La caducidad no podrá acordarse si el procedimiento afecta al interés general. La caducidad no podrá acordarse si el interesado ha presentado una queja formal. La caducidad no podrá acordarse si el procedimiento se ha iniciado de oficio.

Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se paraliza por causa imputable al mismo y transcurren tres meses sin que el interesado realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación?. La Administración acordará el archivo de las actuaciones y notificará la caducidad del procedimiento al interesado. La Administración continuará con el procedimiento sin necesidad de la actuación del interesado. La Administración impondrá una sanción al interesado por no reanudar el procedimiento. El procedimiento se considerará automáticamente resuelto en favor del interesado.

Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja adecuadamente el principio de sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho?. Las Administraciones Públicas deben actuar siempre conforme a la ley, sin excepciones. Las Administraciones Públicas pueden actuar discrecionalmente en casos de emergencia, aunque contravengan la ley. Las Administraciones Públicas deben actuar con objetividad y de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. Las Administraciones Públicas pueden interpretar las leyes según su conveniencia para garantizar la eficiencia administrativa.

¿Cuál es el propósito del principio de legalidad en la actuación de las Administraciones Públicas según la Ley 40/2015?. Garantizar la discrecionalidad de las Administraciones en la interpretación de las leyes. Asegurar que todas las acciones administrativas sean revisadas por el Parlamento. Establecer que las Administraciones actúen de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Permitir que las Administraciones Públicas actúen independientemente del marco jurídico vigente.

De acuerdo con la evolución del principio de legalidad, ¿qué implica la legitimidad del poder?. El poder procede de la voluntad comunitaria y se manifiesta a través de la ley. El poder es inherente a la figura del soberano y no requiere justificación legal. La legitimidad del poder se basa en la capacidad del Ejecutivo para emitir decretos autónomamente. La ley se interpreta únicamente por los tribunales superiores, sin intervención del Parlamento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto del Estado de Derecho en la Administración Pública?. El Estado de Derecho permite a la Administración actuar con total discrecionalidad en asuntos de interés público. El Estado de Derecho limita la acción de la Administración Pública a lo estipulado por las normas jurídicas auténticas. La Administración bajo el Estado de Derecho tiene autonomía completa para interpretar y aplicar las leyes. El Estado de Derecho garantiza que la Administración pueda actuar independientemente de la Constitución y la ley.

¿qué caracteriza a la formulación teórica del Estado de Derecho Continental?. La eliminación de cualquier forma de control sobre la acción del poder ejecutivo. La existencia de una ley general que predomina sobre cualquier otra normativa. La división de poderes y funciones, y el establecimiento de un control efectivo de la actuación del poder ejecutivo. La concentración de todas las funciones del estado en un solo órgano administrativo.

Según la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, ¿cómo se configuran las universidades públicas en términos de personalidad jurídica y autonomía?. Las universidades públicas se configuran como corporaciones privadas con funciones administrativas y de representación. Las universidades públicas se configuran como entidades de derecho público con personalidad jurídica y autonomía funcional y de coordinación dentro de todas ellas. Las universidades públicas no poseen personalidad jurídica propia y dependen directamente del Ministerio de Educación. Las universidades públicas se configuran como asociaciones sin fines de lucro que dependen de la financiación privada.

¿Qué artículo de la Constitución Española reconoce la autonomía de las universidades públicas?. Artículo 27. Artículo 10. Artículo 149. Artículo 45.

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 26/1987, de 27 de febrero, ¿qué derecho fundamental se relaciona con la autonomía universitaria?. El derecho a la propiedad privada. El derecho a la libertad académica. El derecho a la igualdad ante la ley. El derecho a la libre empresa.

¿Qué característica especial mencionada define a las universidades públicas en comparación con otras entidades de derecho público?. Realizan funciones de administración pública con autonomía limitada. Se financian únicamente con ingresos de mercado. Configuran sus servicios públicos en un régimen de mayor descentralización funcional. Dependen directamente de la Administración General del Estado.

En el contexto de las universidades públicas, ¿qué significa la "universidad de fines"?. Una universidad que se enfoca exclusivamente en la investigación y desarrollo. Una universidad cuya actividad principal es la docencia y la educación superior. Una universidad que realiza actividades múltiples y diversas en favor de los intereses de la comunidad universitaria. Una universidad que se especializa en fines específicos como la defensa de intereses profesionales.

De acuerdo con el artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes principios se incluye en el concepto de Estado de Derecho?. La prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. La supremacía de los decretos sobre las leyes. La independencia absoluta del poder ejecutivo. La autonomía total de las Administraciones Públicas en la toma de decisiones.

Según la Ley 39/2015, ¿qué principio debe guiar la actuación de las Administraciones Públicas en la elaboración de actos administrativos?. La discrecionalidad y autonomía absoluta. La sujeción a la normativa interna de cada organismo. El principio de legalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico. La delegación total de competencias a organismos externos.

¿Cuál es uno de los hitos fundamentales en el proceso de adquisición de potestades normativas por parte de la Administración Pública?. La capacidad de la Administración para anular leyes sin intervención parlamentaria. El continuo uso del mecanismo de la legislación delegada. La creación de normas jurídicas por parte de los tribunales. La abolición del poder legislativo en favor del ejecutivo.

En el contexto de la Administración Pública, ¿qué implica el principio de "confianza legítima"?. Que los ciudadanos deben confiar plenamente en todas las decisiones de la Administración sin cuestionarlas. Que la Administración debe actuar de manera coherente y predecible, respetando las expectativas legítimas de los ciudadanos. Que la Administración puede cambiar sus decisiones sin previo aviso siempre que sea necesario. Que los actos administrativos no están sujetos a revisión judicial.

Qué característica define la etapa del Estado de Derecho?. La prevalencia de normas pragmáticas y no auténticas normas jurídicas. La total independencia de las Administraciones Públicas respecto a la ley. La sujeción de la Administración Pública a normas que son auténticas normas de Derecho. La eliminación de cualquier forma de control judicial sobre la Administración Pública.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes entidades NO forma parte del sector público?. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Universidades públicas. Las Entidades que integran la Administración Local.

¿Qué principio establece la obligación de las Administraciones Públicas de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas para la relación electrónica con los ciudadanos, según el artículo 3 de la Ley 40/2015?. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Responsabilidad por la gestión pública. Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

¿Cuál es la característica esencial de las Administraciones Públicas en cuanto a su posición jurídica, según la Ley 39/2015?. Dotación de personalidad jurídica propia. Organización al servicio de los intereses generales. Titularidad de potestades administrativas. Sometimiento a la Constitución y a la ley.

De acuerdo con la Ley 40/2015, ¿qué criterio deben seguir las Universidades públicas en su gestión y organización?. Se regirán por las disposiciones de la Ley 39/2015 únicamente. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015. Se regirán por las normativas de la Administración General del Estado. Se regirán exclusivamente por las leyes de las Comunidades Autónomas.

¿Cuál de los siguientes principios debe guiar la actuación de las Administraciones Públicas según el artículo 3.1 de la Ley 40/2015?. Sencillez y cercanía a los ciudadanos. Legalidad y jerarquía. Interoperabilidad y coordinación. Planificación y dirección por objetivos.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ¿cuáles de los siguientes no se incluyen en el sector público institucional estatal?. Las autoridades administrativas independientes. Las entidades públicas empresariales. Las asociaciones privadas sin fines de lucro. Los fondos sin personalidad jurídica.

Según la Ley Orgánica 6/2001, ¿qué característica especial distingue a las universidades públicas en cuanto a la representación en sus órganos de gobierno?. La representación está compuesta únicamente por docentes. La representación incluye a estudiantes, personal docente y personal no docente. La representación está compuesta únicamente por personal administrativo. La representación incluye únicamente a personal externo a la universidad.

¿qué tribunal declaró que las entidades públicas pueden cumplir funciones administrativas aunque sus actividades sean de interés privado?. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué principio de organización y funcionamiento establece el artículo 15 de la Ley del Proceso Autonómico para los órganos de gobierno de las entidades de carácter público?. Principio de descentralización. Principio de especialidad. Principio de democracia. Principio de jerarquía.

Según la Ley 13 de 1987, ¿qué término se utiliza para describir a las entidades administrativas que combinan funciones públicas y privadas?. Entidades de régimen especial. Entidades de carácter mixto. Entidades consorciales. Entidades corporativas.

Según el artículo 10.3 de la LPA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el desistimiento y la renuncia es correcta?. El desistimiento puede ser realizado por cualquier interesado sin necesidad de justificar su decisión. La Administración debe aceptar la renuncia del interesado aunque esté prohibida por el ordenamiento jurídico. El desistimiento produce la terminación del procedimiento para el interesado que lo presenta, sin afectar a los demás interesados. La renuncia y el desistimiento pueden hacerse por cualquier medio que permita tener constancia de su presentación.

¿Qué sucede cuando el órgano competente no resuelve en el plazo establecido y se aplica el silencio administrativo estimatorio según la LPA?. La resolución se considera favorable al interesado, salvo en casos donde la normativa general lo impida. La resolución se considera desfavorable y se archiva el expediente. La Administración deberá emitir una resolución formal en cualquier caso. La resolución se considera favorable al interesado y se da por terminado el procedimiento.

En el contexto de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, ¿cuál de los siguientes trámites NO está incluido dentro de los 30 días previstos para su resolución?. Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. Subsanación de la solicitud presentada. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento. Informe del servicio jurídico cuando no sea preceptivo.

Según el artículo 10.1 de la LPA, ¿qué implica la "resolución" en el procedimiento administrativo?. La suspensión temporal del procedimiento a solicitud del interesado. La finalización del procedimiento con una decisión sobre las cuestiones planteadas. La emisión de informes adicionales antes de tomar una decisión. La acumulación de expedientes relacionados con el mismo asunto.

¿Qué determina el artículo 10.4 de la LPA sobre la caducidad en los procedimientos administrativos?. La caducidad es automática y no requiere de notificación al interesado. La caducidad interrumpe el plazo de prescripción de las acciones del particular. La Administración puede acordar la caducidad si el interesado no realiza las actuaciones necesarias en el plazo previsto. La caducidad solo puede ser declarada por el interesado y no por la Administración.

De acuerdo con el procedimiento de terminación convencional según el artículo 10.2 de la LPA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Los acuerdos terminan los procedimientos sin necesidad de la emisión de una resolución formal. La terminación convencional puede implicar la transacción sobre materias susceptibles de negociación. Los pactos deben ser aprobados únicamente por el Consejo de Ministros. Los acuerdos no pueden ser firmados con personas de Derecho público.

Según el artículo 9.1 de la Ley 39/2015, ¿cuáles son las actuaciones que comprenden las actuaciones de instrucción del procedimiento administrativo?. La determinación, conocimiento y comprobación de los hechos. La elaboración de una propuesta de resolución. La formulación de alegaciones y la aportación de documentos por parte de los interesados. La evaluación y decisión final sobre el procedimiento.

¿Cuál es el plazo general establecido para que los interesados cumplan con los trámites, según el apartado 8.4 de la Ley 39/2015?. Cinco días desde la notificación del acto correspondiente. Siete días desde la notificación del acto correspondiente. Diez días desde la notificación del acto correspondiente. Quince días desde la notificación del acto correspondiente.

¿Qué implicaciones tiene la falta de motivación suficiente en las alegaciones presentadas por los interesados, según el apartado 9.2 de la Ley 39/2015?. La nulidad automática del procedimiento. La posibilidad de subsanar los defectos antes de la resolución definitiva del asunto. La suspensión del procedimiento hasta que se presenten nuevas alegaciones. La imposición de sanciones disciplinarias inmediatas.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por expediente administrativo?. El conjunto de documentos que contienen todas las alegaciones de las partes. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. La resolución final del procedimiento administrativo. El registro electrónico de todas las actuaciones realizadas durante el procedimiento.

¿Qué deberá hacer la Administración en caso de que los actos de los interesados no reúnan los requisitos necesarios, según el apartado 8.4 de la Ley 39/2015?. Proceder a la suspensión inmediata del procedimiento. Conceder un plazo de cinco días para que los interesados subsanen los defectos. Conceder un plazo de diez días para que los interesados subsanen los defectos. Notificar la imposibilidad de continuar con el procedimiento.

Según el artículo 8.2 de la Ley 39/2015, ¿cómo debe ser el impulso de los procedimientos administrativos?. Por parte del interesado en cualquier momento del procedimiento. Exclusivamente a instancia de parte interesada. De oficio y en todos sus trámites. Por orden judicial en caso de incumplimiento de plazos.

En relación con la prueba en el procedimiento administrativo, ¿qué se permite a los interesados según el artículo 9.3 de la Ley 39/2015?. Presentar pruebas solo durante la audiencia. Presentar pruebas en cualquier momento del procedimiento. Presentar pruebas exclusivamente al inicio del procedimiento. No se permite la presentación de pruebas por parte de los interesados.

Según el artículo 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), ¿qué se debe hacer antes de dictar la resolución en un procedimiento administrativo?. El órgano competente debe realizar todas las actuaciones complementarias necesarias para resolver el procedimiento, siempre dentro del plazo máximo establecido. El órgano competente puede dictar resolución sin necesidad de realizar actuaciones complementarias, aunque estas sean indispensables. El órgano competente debe dictar una resolución provisional antes de realizar las actuaciones complementarias. El órgano competente puede decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

¿Cuál es el efecto del silencio administrativo positivo según el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Implica la desestimación de la solicitud del interesado. Permite continuar con el procedimiento y ejercer los derechos solicitados. Suspende el procedimiento hasta que se resuelva de forma expresa. No tiene ningún efecto sobre la solicitud del interesado.

Conforme al artículo 96 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué incluye la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común?. Inicio del procedimiento de oficio, trámite de audiencia, dictamen del Consejo de Estado y resolución. Inicio del procedimiento de oficio, subsanación de la solicitud, informe del servicio jurídico y resolución. Inicio del procedimiento de oficio, subsanación de la solicitud, trámite de audiencia si resulta necesario y resolución. Inicio del procedimiento de oficio, informe del servicio jurídico, dictamen del Consejo de Estado y resolución.

Según el artículo 92 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué implica la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?. La continuación del procedimiento hasta que el interesado realice los trámites necesarios. La prescripción automática de las acciones del particular. La declaración de caducidad y el archivo de las actuaciones tras tres meses sin actuación del interesado. La interrupción del plazo de prescripción mientras el procedimiento está en curso.

¿Qué establece el artículo 94 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común sobre la terminación convencional del procedimiento administrativo?. Solo se permite en procedimientos que no tengan repercusiones económicas, , siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y tengan por objeto satisfacer el interés público. Se pueden celebrar acuerdos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y tengan por objeto satisfacer el interés público. Está prohibida en todos los procedimientos administrativos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y tengan por objeto satisfacer el interés público.. Requiere la aprobación del Consejo de Estado en todos los casos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y tengan por objeto satisfacer el interés público..

En el contexto del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué efectos produce la aceptación de informes o dictámenes en la resolución de un procedimiento administrativo?. La resolución no necesita ser motivada. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Se debe realizar una nueva evaluación independiente antes de emitir la resolución. La resolución final se emitirá sin necesidad de incluir los informes o dictámenes en el expediente.

Según el artículo 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué plazo tiene la Administración para subsanar los defectos de tramitación y resolver sobre las alegaciones presentadas por los interesados?. Cinco días hábiles desde la presentación de las alegaciones. Diez días desde la notificación del defecto. Un mes desde la presentación de las alegaciones. Dos meses desde la notificación del defecto.

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué debe contener una solicitud formulada por un interesado?. Nombre y apellidos del interesado, lugar de presentación, fecha de nacimiento, y número de teléfono. Nombre y apellidos del interesado, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma del solicitante. Nombre y apellidos del interesado, hechos, razones y petición, lugar y fecha, correo electrónico. Nombre y apellidos del interesado, hechos, razones y petición, lugar y fecha, dirección postal.

Según el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué ocurre si la solicitud de inicio del procedimiento no reúne los requisitos establecidos?. Se archiva automáticamente sin posibilidad de subsanación. Se requiere al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días. La solicitud se considera nula y sin efecto. Se da un plazo de cinco días para subsanar los defectos.

Conforme al artículo 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué efecto tienen las cuestiones incidentales planteadas en un procedimiento?. Suspenden el procedimiento hasta que se resuelvan. No suspenden el procedimiento salvo en caso de recusación. Suspenden el procedimiento sólo si lo solicita el interesado. No tienen ningún efecto sobre el procedimiento.

Según el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿qué se entiende por declaración responsable?. Un documento en el que el interesado se compromete a subsanar cualquier defecto. Un documento suscrito por el interesado en el que declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos. Un documento emitido por la Administración que certifica el cumplimiento de los requisitos. Un documento que inicia de oficio el procedimiento administrativo.

¿quién puede adoptar medidas provisionales antes de iniciar un procedimiento administrativo?. El órgano administrativo competente, únicamente a instancia de parte interesada. El órgano administrativo competente, de oficio o a instancia de parte interesada. Cualquier funcionario público, de oficio o a instancia de parte interesada. El ciudadano afectado, siempre y cuando tenga un interés legítimo en el procedimiento.

¿qué principio establece este artículo respecto al desarrollo de una actividad por las Administraciones Públicas?. Principio de intervención máxima. Principio de intervención mínima. Principio de transparencia total. Principio de participación ciudadana.

¿Qué medidas provisionales puede adoptar el órgano administrativo competente conforme a los artículos 56 de la Ley 39/2015 y 7 del Enjuiciamiento Civil?. Suspensión temporal de actividades y retirada de bienes. Embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles. Suspensión temporal de actividades, retirada de bienes y prestación de fianzas. Todas las anteriores.

¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas aplicar la tramitación de urgencia a un procedimiento administrativo?. Cuando lo solicite cualquier ciudadano interesado. Cuando existan razones de interés público. Cuando el procedimiento sea complicado. Siempre, sin necesidad de justificación.

¿qué puede solicitar un interesado respecto a los plazos de un procedimiento administrativo?. Reducción de los plazos. Ampliación de los plazos. Suspensión de los plazos. Eliminación de los plazos.

¿cuáles son las formas de iniciación de un procedimiento administrativo?. De oficio o a solicitud del interesado. Solo de oficio. Solo a solicitud del interesado. Ninguna de las anteriores.

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), ¿qué principios deben guiar la adopción de medidas provisionales por parte del órgano administrativo competente?. Proporcionalidad, efectividad y necesidad. Imparcialidad, legalidad y transparencia. Proporcionalidad, imparcialidad y economía procesal. Legalidad, efectividad y economía procesal.

¿Cuál de las siguientes NO es una medida provisional que el órgano administrativo puede acordar según el artículo 48 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil?. Intervención y depósito de bienes muebles. Imposibilidad de enajenar bienes inmuebles. Suspensión temporal de actividades. Embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles.

Según el artículo 54 de la LPA, ¿cómo pueden iniciarse los procedimientos administrativos?. De oficio, por denuncia o a instancia de parte interesada. De oficio, por notificación oficial o a instancia de parte interesada. De oficio o a solicitud de persona interesada. De oficio, por notificación oficial o por denuncia pública.

¿Cuándo se puede aplicar la tramitación de urgencia según el artículo 33 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común?. Solo cuando lo solicite el interesado. Cuando razones de interés público lo aconsejen. Cuando lo determine la autoridad competente sin necesidad de justificación. Cuando el procedimiento lo requiera, independientemente de las circunstancias.

¿Qué implicaciones tiene la ampliación de plazos según el artículo 32 de la LPA?. La ampliación de plazos es automática y no requiere notificación a los interesados. Los plazos solo pueden ampliarse por causa justificada y la decisión debe ser notificada a los interesados. La ampliación de plazos no afecta el inicio de nuevos procedimientos. Los plazos pueden ampliarse sin restricciones siempre que lo solicite una de las partes.

De acuerdo con el artículo 54 de la LPA, en la fase de iniciación del procedimiento administrativo, ¿qué información debe contener la resolución que acuerda la iniciación de oficio?. El órgano competente, el motivo de la iniciación y la normativa aplicable. El órgano competente, los plazos del procedimiento y las posibles sanciones. El órgano competente, la identificación de las personas responsables y las circunstancias relevantes. El órgano competente, la normativa aplicable y los recursos disponibles.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Solo las personas físicas mayores de edad. Las personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Solo las personas jurídicas que estén inscritas en el Registro Mercantil. Las personas físicas menores de edad emancipadas.

Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, ¿quiénes pueden ser interesados en el procedimiento administrativo?. Solo quienes inician el procedimiento. Solo las personas físicas afectadas por la resolución. Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Solo los representantes legales de los interesados.

¿Qué medio de acreditación de la representación es válido según el artículo 5 de la Ley 39/2015?. Solo los documentos notariales. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Exclusivamente la firma electrónica avanzada. La comparecencia personal del interesado ante el funcionario competente.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas?. Solo las personas físicas. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Solo los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Las personas físicas que realicen trámites administrativos por primera vez.

¿Cuál de los siguientes derechos de los interesados en el procedimiento administrativo está recogido en el artículo 53 de la Ley 39/2015?. El derecho a la revisión de oficio de los actos administrativos. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. El derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. El derecho a interponer recursos administrativos.

Conforme al artículo 15 de la Ley 39/2015, ¿qué lengua oficial se utilizará en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado?. La lengua cooficial del territorio donde se tramite el procedimiento. El idioma inglés si el procedimiento tiene repercusión internacional. El castellano. Cualquier lengua oficial de la Unión Europea.

Según el artículo 13 de la LPACAP, ¿cuál de los siguientes derechos NO se incluye entre los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo?. A conocer el estado de tramitación de los procedimientos. A identificar a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. A formular alegaciones y presentar documentos en cualquier fase del procedimiento. A recibir una indemnización por los daños causados por la actuación de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 40 de la LPACAP, ¿cuál es el principio que establece que, en caso de duda sobre la interpretación o los efectos de las normas aplicables, debe favorecerse la interpretación más favorable a los derechos de los ciudadanos?. Principio de oficialidad. Principio de imparcialidad. Principio in dubio pro actione. Principio de legalidad.

El procedimiento administrativo se somete al criterio de celeridad. ¿Qué se entiende por este principio?. La Administración debe resolver los procedimientos en el menor tiempo posible. Los interesados pueden solicitar la suspensión del procedimiento en cualquier momento. Se deben realizar actuaciones sin necesidad de que los interesados lo soliciten. Las resoluciones deben ser notificadas inmediatamente a los interesados.

¿Qué establece el artículo 45.1 de la LPACAP en relación con la publicidad de los actos administrativos?. Los actos administrativos solo pueden ser publicados si los interesados lo solicitan. La publicación de actos administrativos debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente. La publicidad de los actos administrativos es opcional y queda a criterio del funcionario responsable. Los actos administrativos deben ser publicados en una página web oficial.

Según el artículo 103.1 de la Constitución, ¿qué principios deben guiar la actuación de la Administración Pública?. Legalidad, eficacia, imparcialidad y objetividad. Transparencia, participación, eficiencia y responsabilidad. Celeridad, publicidad, legalidad y justicia. Responsabilidad, participación, justicia y transparencia.

¿Qué precepto de la LPACAP regula la obligación de identificar a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?. Artículo 10. Artículo 13. Artículo 15. Artículo 20.

De acuerdo con el artículo 83 de la LPACAP, en qué casos puede acordarse un período de información pública?. En todos los procedimientos administrativos sin excepción. Únicamente en procedimientos sancionadores. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera. Solo en procedimientos de contratación pública.

En relación con el principio de colaboración de los interesados, el artículo 18.1 de la LPACAP dispone que los titulares de las unidades administrativas deben adoptar medidas para: Evitar la presentación de alegaciones innecesarias. Facilitar la participación y el acceso a la información. Promover la resolución rápida de los procedimientos. Asegurar la imparcialidad en las decisiones.

En relación con el artículo 147.1 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los Estatutos de Autonomía?. Los Estatutos de Autonomía son leyes ordinarias aprobadas por las Cortes Generales. Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Los Estatutos de Autonomía no requieren aprobación por las Cortes Generales. Los Estatutos de Autonomía son normas subordinadas a los reglamentos de cada Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 152.1 de la Constitución, ¿cuál es la base de la organización institucional autonómica?. Un Consejo de Gobierno elegido por sufragio indirecto. Una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional. Un Presidente designado por el Rey. Un Senado autonómico con miembros designados por el Parlamento nacional.

¿Qué procedimiento se debe seguir para la reforma de los Estatutos de Autonomía según el artículo 147.3 de la Constitución?. Aprobación por mayoría simple en las Cortes Generales. Aprobación por referéndum autonómico y posterior ratificación por el Senado. Aprobación según el procedimiento establecido en los propios Estatutos y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. Aprobación directa por el Gobierno autonómico y ratificación por el Tribunal Constitucional.

Según el artículo 152.1 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el sistema unicameral en las Comunidades Autónomas?. Las Comunidades Autónomas tienen dos cámaras, una elegida por sufragio universal y otra designada por el Gobierno. Las Comunidades Autónomas tienen un sistema unicameral con una Asamblea compuesta por una sola Cámara. Las Comunidades Autónomas no tienen cámaras legislativas, sino consejos asesores. Las Comunidades Autónomas pueden optar entre un sistema unicameral o bicameral según sus Estatutos.

De acuerdo con el procedimiento especial para la elaboración de los Estatutos de Autonomía señalado en el artículo 151.2, ¿qué debe hacer el Gobierno para convocar una Asamblea Constituyente?. Consultar al Tribunal Constitucional para la validez del proceso. Convocar a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder a la autonomía. Publicar un decreto en el Boletín Oficial del Estado. Solicitar aprobación previa del Consejo de Ministros y del Parlamento nacional.

Según el artículo 146 de la Constitución Española, el procedimiento ordinario para la elaboración y aprobación de los Estatutos de Autonomía se realiza a través de: Una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación o de un órgano interinsular de las provincias afectadas. Una Asamblea compuesta por los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas. La Comisión Constitucional del Congreso. Un referéndum convocado por el Gobierno.

¿Cuál es la diferencia principal entre el procedimiento del artículo 146 y el del artículo 151.2 de la Constitución Española para la elaboración de los Estatutos de Autonomía?. El procedimiento del artículo 146 es para acceder a la autonomía por la vía ordinaria, mientras que el del artículo 151.2 es para acceder por la vía especial. El procedimiento del artículo 146 es más rápido que el del artículo 151.2. El procedimiento del artículo 151.2 no requiere mayoría absoluta en las Cortes Generales. El procedimiento del artículo 151.2 solo es aplicable a las Comunidades Autónomas de régimen común.

Según el artículo 147.1 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía son: Leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales. Normas institucionales básicas de cada Comunidad Autónoma. Decretos aprobados por los Parlamentos Autonómicos. Reglamentos con rango de ley aprobados por el Gobierno.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué artículos establece para la capacidad de obrar y el concepto de interesado?. Artículos 4 y 5. Artículos 7 y 8. Artículos 9 y 10. Artículos 2 y 3.

¿Cuántos títulos numerados incluye la estructura de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Cuatro. Cinco. Seis. Siete.