Auxiliar administrativo 2015 (01)

En qué parte de la Constitución Española de 1978 se recoge el articulado referido a la Corona: Título II, de los artículos 56 al 65. Título I, capítulos 3 y 4. En el Título Preliminar (artículos del 1 al 9). Ninguna de las anteriores.

Cuál de estas afirmaciones es falsa: El rey es el Jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia. El rey ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes. La persona del rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad como el resto de los españoles. Los actos del rey necesitan ser refrendados para ser válidos.

Según el artículo 56.2 de la Constitución Española, referido al Rey: Su título es el de Rey de España. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar las demás que correspondan a la Corona. Su título es el de Rey de España y Príncipe de Asturias. Su título es el de Rey de todas las monarquías.

Según el artículo 58 de la Constitución Española de 1978: “no podrá asumir funciones constitucionales salvo las dispuestas para la Regencia”: La reina consorte ó el consorte de la reina. La reina consorte. El consorte de la reina. El rey cuando es menor de edad.

Cuando el rey fuere menor de edad, entrará a ejercer inmediatamente la regencia: El padre o la madre del rey, indistintamente. El padre o la madre del rey, únicamente. El padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder la corona. Ninguna de las anteriores.

Según nuestra Constitución, para ejercer la regencia: Es preciso ser mayor de edad. Es preciso ser español. Es preciso ser mayor de edad y español. Es preciso ser español de origen.

Si no hubiera ninguna persona a quién corresponde la regencia, ésta: Será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 ó 5 personas. Será nombrada por el Presidente de la Cámara Baja y se compondrá de 1, 3 ó 5 personas. Se compondrá de al menos 3 personas. Se elegirá de entre las 3 personas de mayor edad de las Cortes Generales.

La regencia se ejercerá: Por mandato constitucional. En nombre de las Cortes Generales. Por mandato Constitucional y siempre en nombre del Rey. En nombre del Congreso de los Diputados.

Según el artículo 60 de la Constitución Española: “Será tutor del rey menor:”. El rey menor no tiene tutor, únicamente regente. Si no hubiese sido nombrado, será tutor el cualquier caso el padre o la madre. La persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Prioritariamente cualquier español nombrado por la Cortes Generales.

Según el artículo 62 de la Constitución Española corresponde al rey: Convocar referéndum sobre los asuntos de interés para la Corona. Sancionar y promulgar las leyes. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de las Cortes. Ejercer el derecho de gracia y autorizar indultos generales.

Según el artículo 64 de la Constitución Española quién refrenda los actos del Rey: Siempre por el Presidente del Gobierno. Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y en su caso, por los ministros competentes. A y B son correctas. De los actos del rey será responsable el Presidente del Gobierno.

Según recoge la Constitución Española, el Rey acredita a: Los representantes extranjeros en España. A los representantes extranjeros en el extranjero. A los embajadores. A los embajadores y otros representantes diplomáticos.

Según el artículo 61 de la Constitución Española, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones: El príncipe heredero al nacer. El rey al ser proclamado ante las Cortes Generales. El tutor antes de hacerse cargo de sus funciones. Todos los miembros de la familia real.

La sucesión al trono, según la Constitución Española, seguirá: El orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior, en la misma línea, el grado más próximo al mas remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, en el mismo sexo la persona de más edad a la de menor edad. El orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a la anterior, en la misma línea, el grado más próximo al mas remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, en el mismo sexo la persona de más edad a la de menor edad. El orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior, en la misma línea, la persona de más edad a la de menor edad con independencia del sexo de la misma. El orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior, en la misma línea, el grado más próximo al mas remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, en el mismo sexo la persona de menor edad a la de mayor edad.

Según el artículo 58 de la Constitución Española de 1978 la reina consorte o el consorte de la reina: Podrá asumir funciones constitucionales que disponga las Cortes Generales. No podrá asumir funciones constitucionales. No podrá asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Podrá asumir funciones constitucionales delimitadas expresamente por el Rey.

Según el texto constitucional el príncipe heredero, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España: Desde el fallecimiento o abdicación del rey o reina. Desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento. Desde su nacimiento o desde que se produce el hecho que origina el llamamiento. Ninguna es correcta.

Según el artículo 57.4 de la Constitución Española: “Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales”. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona salvo que una ley orgánica autorice el matrimonio. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí pero no sus descendientes. El sucesor al trono es libre de elegir con quién contraer matrimonio. Ninguna es correcta.

Según el artículo 57.5 de la Constitución Española: Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por: Un Decreto del Presidente del Congreso. Una nueva redacción de los títulos II de la Constitución. Una ley orgánica. Una votación por mayoría cualificada en el Congreso y el Senado.

El Presidente del Congreso de los Diputados: No refrenda actos del Rey. Refrenda la propuesta y el nombramiento de los Diputados/as. Refrenda la propuesta y el nombramiento de los ministros. Refrenda la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno.

Las Cortes Generales, de acuerdo con el Art. 66 de la Constitución Española. Ejecutan la acción del Gobierno. Controlan la acción del Gobierno. Representan a las Comunidades Autonómicas. Ejercen la potestad ejecutiva del Estado.

Las Cámaras funcionarán según determina la Constitución Española. En Delegaciones y Comisiones. En Juntas y Consejos. En pleno y por comisiones. En Pleno y por delegaciones.

De acuerdo a la Constitución Española el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante: Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. El rey.

La justicia, según el Art. 117 de la Constitución Española: Emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Emana del pueblo y se administra en nombre del Congreso. Emana del pueblo y se administra en nombre del Pueblo. Emana de los jueces y tribunales y se administra en nombre de la soberanía de todos los españoles.

El Consejo general del Poder Judicial Español es: El órgano de consulta del mismo. El órgano de administración del mismo. El órgano de consulta, administración y asesoramiento del mismo. El órgano de gobierno del mismo.

De acuerdo al Art. 123 de nuestra carta magna. El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materias de garantías constitucionales es: La Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Internacional de derechos humanos.

El derecho administrativo considera a la Administración Pública como: Una persona jurídica. Formada por una pluralidad de entes dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. Con unos fines que el ordenamiento jurídico le atribuye. Todas son correctas.

En relación a los fines de la Administración, el artículo 103.1 de la Constitución Española establece que quien controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa son: La propia administración mediante sus mecanismos internos de control. Los Tribunales. Las Cortes Generales. Ninguna es correcta.

Cuál de estas características no corresponde a la Administración Pública: Está formada por una pluralidad de entes, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios. Es una persona jurídica. Su actuación no está sometida a la Ley y al Derecho. Su finalidad principal es la consecución de los intereses generales.

Según el Art. 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 se entiende por Administraciones Públicas: La Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Las Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. Las Administraciones Territoriales. El Estado, de las regiones y comunidades que lo integran.

Tendrán la consideración de Administración Pública. Las Entidades de derecho público o privado con personalidad jurídica propia dependientes de la Administración Pública. Las personas jurídicas en su relación con la Administración. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, conforme al Art. 3 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre los principios de: No discriminación y de apoyo a la ciudadanía. Buena fe y confianza legitima. Sometimiento a la potestad reglamentaria y de organización. Publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

¿Cual de las siguientes no es una Administración Pública Territorial?. El Estado. La Comunidad Autónoma. Agencias Estatales y Organismos Autónomos. La Provincia.

Los instrumentos de formalización de los convenios de colaboración deberá especificar, cuando así proceda, entre otros: Su financiación. Su organización interna. Su relación con terceros. Sus estatutos.

Los convenios de conferencia sectorial y los convenios de colaboración celebrados obligarán a las administraciones Públicas intervinientes: A renunciar a sus competencias propias. Desde el momento de su aprobación en el Senado. Desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. Desde su publicación en el “Diario Oficial” de la Comunidad Autónoma respectiva, y, en su caso en el Boletín Oficial del Estado.

Según la Ley 30/1992, Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de. Independencia territorial. Respeto jerárquico. Lealtad institucional. Ninguna es correcta.

Según el artículo 4.2 de la Ley 30/1992, las Administraciones públicas: Podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Obtendrán la documentación o datos necesarios, previa la aprobación del respectivo convenio. Sólo prestarán la colaboración solicitada en caso de reciprocidad. Actuarán conforme a su circunscripción territorial.

Según el artículo 4.3 de la Ley 30/1992, la asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando: No exista convenio de reciprocidad. No esté presente en la conferencia sectorial correspondiente. El ente del que se solicita no está facultado para prestarla. La actuación del que se solicita alegue el secreto de las actuaciones.

Según el artículo 4.3. de la Ley 30/1992 la negativa de prestar asistencia: Se comunicará motivadamente a la Administración solicitante. Obra el silencio negativo. Se acordará en el órgano colegiado que corresponda. Ninguna es correcta.

Deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencia: La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Únicamente las administraciones descentralizadas. La Administración General del Estado al resto de las administraciones. Las Administraciones del mismo nivel territorial.

Cual es la respuesta más correcta: La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de: Eficacia, jerarquía y descentralización. Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, eficiencia y coordinación.

Cuál de estas afirmaciones es falsa: Las Administraciones Públicas tienen sometimiento pleno a la Ley, la Constitución y el Derecho. Debe respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. Se rigen en su actuación por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos. Todas son correctas.

Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de: Competitividad y eficacia. Reciprocidad y celeridad. Jerarquía y desconcentración. Cooperación y colaboración.

Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con: Personalidad jurídica propia. Personalidad jurídica única. No tiene personalidad jurídica independiente del resto. Ninguna es correcta.

En relación con los ciudadanos, la Administración Pública actúa de acuerdo a los principios de: Cooperación y colaboración. Transparencia y participación. Descentralización y proximidad al ciudadano. Participación y colaboración.

Los convenios de colaboración podrán celebrarse entre: La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma entre sí. La Administración General y Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma con el resto de Administraciones Públicas por el cumplimiento de sus fines. No caben entre Administraciones Públicas celebrar convenios de colaboración, únicamente asambleas sectoriales. La Administración General y Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las relaciones entre la Administración General del Estado con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán: Por la legislación básica de las Comunidades Autónomas, aplicándose supletoriamente la legislación básica en materia de régimen local. Por la legislación básica en materia de régimen local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la ley 30/1992 de 26 de noviembre. Por lo dispuesto en la ley 30/1992 y supletoriamente la legislación básica de la Comunidad Autónoma. Por la ley 7/85 de 2 de abril y supletoriamente la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

El plazo de vigencia de los convenios entre Administraciones: Es improrrogable. No impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio. Se prorroga automáticamente terminado su plazo de vigencia. Lo decide unilateralmente la Administración de mayor rango.

Según la Ley 30/1992, La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden acordar: La realización de planes y programas conjuntos de actuación para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes. Las materias que se delegan entre sí cuando ostenten competencias concurrentes. El ámbito de actuación de las mismas para cumplir con los principios de eficacia y proximidad al ciudadano. Ninguna es correcta.

Las comunicaciones entre órganos administrativos podrá efectuarse: A través de los medios establecidos en los correspondientes convenios. Mediante edictos publicados en el boletín correspondiente. Mediante oficios o notificaciones en los que conste expresamente el objeto de la comunicación. Mediante cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.

El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común se regula: La Constitución Española de 1978. Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Ley 7/ 1985 de 2 Abril. El RDL 781/1986 de 18 de Abril.

El Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Andalucía, consta de: Un artículo. Once artículos. Cinco artículos. Ocho artículos.

Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan, según dispone el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su Art. 1.3.: Del pueblo andaluz. De la Constitución. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las respuestas es correcta.

Entre los valores superiores que el Estatuto de Autonomía propugna para todos los andaluces, no se recoge expresamente: La igualdad. La solidaridad. La justicia. La libertad.

La Entidad Territorial básica de la Comunidad Autónoma es: La Comarca. La Provincia. El Municipio. La Región.

El Estatuto de Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de: Sus Servicios Periféricos. Las Diputaciones Provinciales. Sus Servicios Centrales y periféricos. Ninguna de las anteriores es correcta.

Respecto a la creación de Comarcas, no se recoge en el Estatuto de Autonomía: Que estarán integradas por la agrupación voluntaria de Municipios limítrofes. Que para su creación se atenderá a sus características geográficas, culturales, económicas e históricas. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados. Se requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno.

La bandera de Andalucía está formada según el artículo 3.1. del Estatuto de Autonomía, por tres franjas horizontales, verde, blanca y verde, siendo: La anchura de las franjas verdes mayores que la blanca. La anchura de la franja blanca mayor que las franjas verdes. La anchura igual para las tres franjas. La anchura de la franja blanca el doble que las franjas verdes.

El Estatuto de Autonomía establece que la capital de Andalucía es sede de: El Parlamento. La Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. La Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Ninguna de las anteriores es correcta.

A los efectos del Estatuto de Andalucía, gozan de la condición política de andaluces: Todos los habitantes de Andalucía. Todos los ciudadanos españoles que vivan en Andalucía. Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. Cualquier persona que tenga vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía.

El Estatuto de Andalucía declara de aplicación supletoria el Derecho Estatal en nuestra Comunidad Autónoma: Cuando se trate de competencias concurrentes. Cuando se trate de competencias compartidas. Cuando se trate de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. En ningún caso.

La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia: Normas y procedimiento electorales para la constitución de sus Instituciones de auto gobierno. La planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros. Organización y estructura de sus organismos autónomos. Ordenación del territorio y litoral.

La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia: La artesanía. Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales. Orientación y planificación familiar. Instituciones públicas de protección y tutela de menores respetando la legislación civil, penal y penitenciaria.

En materia penitenciaria corresponde a la Comunidad Autónoma: La competencia ejecutiva. La aprobación de normas legales. La competencia exclusiva. No tiene ninguna competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuando se trate de Tratados y Convenios Internacionales, que afecten directa y singularmente a la Comunidad Autónoma: La Junta de Andalucía tendrá representación en la Comisión creada al efecto. La Junta de Andalucía debe prestar su previa conformidad. La Junta de Andalucía podrá solicitar su participación en las delegaciones negociadoras. La Junta de Andalucía no tiene ningún tipo de participación.

El Estatuto de Andalucía consta de: 110 artículos. 195 artículos. 182 artículos. 250 artículos.

La Junta de Andalucía se define en el Estatuto de Andalucía, en su artículo 99: Como la organización administrativa de la Comunidad Autónoma. Como el órgano de representación política de la Comunidad Autónoma. Como la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Como institución de representación política de la Comunidad Autónoma.

La Junta de Andalucía está integrada por: Las Consejerías de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno y las Consejerías de la Comunidad Autónoma. El Parlamento. El Parlamento, el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la Junta.

En Andalucía la circunscripción electoral para la elección de Diputados/as de la Asamblea Legislativa es: El Municipio. La Provincia. La Región. La Comarca.

Es correcto afirmar que, a los efectos del número de representantes en el Parlamento de Andalucía, ninguna Provincia: Tendrá más del doble de Diputados que otra. Tendrá más del triple que otra. Podrá superar el número de ocho Diputados. Ninguna de las respuestas es correcta.

La elección de Diputados/as del Parlamento de Andalucía se verificará atendiendo a criterios: De mayoría simple. De mayoría cualificada. De representación proporcional. De representación mayoritaria.

El Parlamento de Andalucía según dispone el Art. 100 del Estatuto de Autonomía, representa: A la Comunidad Autónoma. A sus Instituciones. Al Pueblo Andaluz. Todas las respuestas son correctas.

Según dispone el Estatuto de Andalucía, el Parlamento Andaluz estará compuesto por un máximo de: 105 Diputados/as. No se establece ningún máximo. 115 Diputados/as. 120 Diputados/as.

La aprobación o reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía: Requiere el voto de la mayoría absoluta de los/as Diputados/as. Requiere el voto de la mayoría simple de los/as Diputados/as. Requiere el voto de las dos terceras partes de los/as Diputados/as. No requiere un quórum especial.

No se contempla en el Art. 103.1 del Estatuto de Andalucía que el Parlamento elija de entre sus miembros: La Mesa. La Diputación Permanente. Las Comisiones. Al Presidente o Presidenta.

A efectos de la vigencia de las Leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía regirá: La fecha de publicación en el BOE. La fecha de publicación en el BOJA. La fecha de publicación en el BOE o BOJA, dependiendo del lugar donde primero se inserte. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho?. En defecto de ley aplicable. En cualquier caso en que resulte de aplicación por materia. En cualquier caso aunque existe ley aplicable. Cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso.

¿Cuál de las siguientes clases de leyes no existe?. Leyes marco. Leyes armonizadoras. Leyes de transferencias. Leyes reglamentarias.

¿Qué artículo del Código Civil establece las Fuentes del Derecho?. El Código Civil no establece las fuentes del Derecho. El Art. 1. El Art. 18. El Art. 35.

¿Que norma aprueba un Estatuto de Autonomía?. Un Real Decreto. Una Ley Orgánica. Una Ley Ordinaria. Un Decreto Ley.

Los reglamentos son: Normas de rango inferior a la Ley. Disposiciones interpretativas de la Ley. Normas autorizadas por el Congreso. Ninguna es correcta.

Las Entidades Locales: No pueden dictar leyes. Carecen de potestad reglamentaria. Están sujeta exclusivamente a las leyes que dicte la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma a las que pertenezcan. Todas son correctas.

La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley: Se regulará en sus formas de ejercicio y requisitos por Ley Ordinaria. No procederá en materias tributarias. Podrá afectar a cualquier materia, salvo las reservadas a Ley Orgánica. Podrá afectar a cualquier materia, salvo las relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos fundamentes y libertades públicas y la prerrogativa de gracia.

Si en ellas no se dispone otra cosa, las leyes entrarán en vigor, según el Código Civil: Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tienen que indicar obligatoriamente la fecha de entrada en vigor. El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cual de las siguientes materias no se regula por Ley Orgánica?. Los estados de alarma, excepción y de sitio. El poder judicial. Los Colegios Profesionales. La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Según el Código Civil, no es fuente del ordenamiento jurídico español: Los principios generales del Derecho. La costumbre. La jurisprudencia. Todas son correctas.

Las Leyes estatales se agrupan esencialmente en: Ordinarias y Orgánicas. Ordinarias y Extraordinarias. Sólo Ordinarias. Ninguna es correcta.

Para la aprobación de una Ley Ordinaria se precisará: Mayoría simple del Congreso de Diputados y del Senado. Mayoría absoluta del Congreso de Diputados y del Senado. Mayoría simple del Congreso de Diputados. Mayoría absoluta del Congreso de Diputados.

Son Leyes Orgánicas: Las que aprueban el Régimen Electoral General. Las que aprueban los Estatutos de Autonomías. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Todas son correctas.

Los Tratados Internacionales, dentro del ordenamiento jurídico español tendrá la consideración de: Fuente Indirecta. Fuente Internacional. Fuente Directa. Ley.

Dentro de los límites de la potestad reglamentaria existen una seria de materias que solo podrá ser regulado por Ley. Esta definición se relaciona con el principio de: Reserva de Ley. Competencia. Jerarquía normativa. Inderogabilidad singular.

Las Cortes Generales podrán tramitar los Decretos Leyes como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia en el plazo de: 10 días siguientes a su promulgación. 48 horas siguientes a su promulgación. 30 días siguientes a su promulgación. 36 horas siguientes a su promulgación.

Por su relación con la ley, los reglamentos se clasifican en: Ejecutivos e independientes. Ejecutivos, legislativos e independientes. Ejecutivos, independientes y normativos. Ejecutivos, independientes y de necesidad.

Los Decretos Legislativos se encuentran regulados dentro del marco constitucional en el artículo: 80. 81. 82. 84.

De acuerdo con el Art. 81 de la Constitución Española para la aprobación, modificación o derogación de una Ley Orgánica será necesario: Mayoría simple del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría de 3/5 del Senado. Mayoría simple del Congreso y del Senado. Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Los Reglamentos han de respetar: La Constitución exclusivamente. Lo dispuesto en Reglamentos dictados con anterioridad. Lo dispuesto en otras disposiciones administrativas de rango superior. Las instrucciones y órdenes ministeriales.

Si la Administración ejercita su facultad de autoorganización y dicta un reglamento para regular sus servicios, estamos ante un reglamento: De necesidad. Organizativo. Independiente. Ejecutivo.

Los Decretos Legislativos son: Disposiciones legislativas que cubre supuestos de urgente necesidad. Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno. Disposiciones legislativas provisionales. Normas reglamentarias.

De acuerdo con el Código Civil, los principios generales del Derecho se aplicarán: Solo en defecto de ley. En defecto de ley y jurisprudencia. En defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. En todo caso.

Las disposiciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas. Esta definición se corresponde con el principio de: Jerarquía normativa. Competencia. Reserva de Ley. Inderogabilidad singular.

¿Cual de las siguientes no tendrá la consideración de fuente indirecta del ordenamiento jurídico español?. La doctrina científica. La jurisprudencia contencioso administrativa del Tribunal Supremo. El uso. Los Tratados Internacionales.