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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETEST AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2021

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Título del test:
TEST AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2021

Descripción:
Cuestionario respuestas alternativas 13-11-2021

Autor:
AVATAR
Castilla - La Mancha
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
15/09/2022

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 35
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Temario:
Según la Constitución Española de 1978 es un derecho fundamental: El derecho de reunión pacífica y sin armas El derecho a la protección de la salud El derecho a la propiedad privada y a la herencia El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
De conformidad con el artículo 55.2 de la CE, los derechos que pueden ser suspendidos individualmente son: El plazo máximo de detención, la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones. El plazo máximo de detención, el derecho al honor y el secreto de las comunicaciones El plazo máximo de detención, la libertad de residencia y el secreto de las comunicaciones El plazo máximo de detención, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
Según la CE, en relación con los tratados internacionales: Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá, en todo caso, la previa autorización de las Cortes Generales Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno Corresponde al Gobierno la garantía del cumplimiento de todos los tratados válidamente celebrados.
De conformidad con la CE, una vez aprobado un proyecto de ley, ordinaria u orgánica, por el Congreso de los Diputados, el Senado: En el plazo de dos meses , a partir del día de la recepción del texto, puede oponer su veto o introducir enmiendas al mismo Puede oponer su veto, que bastará con ser aprobado por una mayoría simple de esta cámara. Puede introducir enmiendas que deberán ser aprobadas por el Congreso por mayoría absoluta de la cámara. Dispone de veinte días hábiles para oponer su veto o introducir enmiendas en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con el artículo 59 de la CE, cuando el Rey fuere menor de edad. ¿Quién entrará a ejercer la Regencia? El padre y la madre del Rey, conjuntamente El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. Cuatro personas nombradas por las Cortes Generales. Las personas nombradas al efecto por el Congreso de los Diputados.
Son leyes orgánicas, de acuerdo con la CE: Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. La que regula la institución del Defensor del Menor Las que regulan los Reglamentos de las Cámaras Las que refunden varios textos legales en uno solo.
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común reglamentariamente podrán establecerse. Trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes. Especialidades referidas a los plazos propios del concreto procedimiento por razón del territorio. Especialidades referidas a las formas de iniciación del procedimiento y revisión de los actos administrativos.
El artículo 15.1 de la Ley 39/2015 dispone que los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma: Únicamente podrán utilizar el castellano por tratarse de órganos de la Administración General del Estado Deberán utilizar únicamente la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma Podrán utilizar el castellano y también la lengua que sea cooficial en la Comunidad Autónoma Podrán utilizar la lengua cooficial siempre que estén empadronados en algún municipio de la Comunidad Autónoma.
¿A qué se refiere la Ley 39/2015 cuando establece que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general? A la inderogabilidad singular A la ejecutividad de un acto A la eficacia retroactiva de un acto A la eficacia demorada.
De conformidad con la Ley 39/2015 la ejecución forzosa de los actos administrativos se efectuará: Respetando siempre el principio de rentabilidad. Eligiendo siempre el medio de ejecución menos restrictivo para la Administración Pública. Con el consentimiento del titular o, en su defecto la oportuna autorización judicial, si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular Sin necesidad de apercibimiento en ninguno de los casos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la ley 39/2015 en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá: La caducidad del procedimiento La renuncia del procedimiento El desistimiento La prescripción del procedimiento.
Iniciado el procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables del artículo 107 de la Ley 39/2015, se podrá suspender la ejecución del acto: Previa autorización del Consejo Consultivo Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación Deberá hacerlo el superior jerárquico del órgano competente para declarar la lesividad Previa audiencia de los interesados.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, ley 40/2015) , el principio en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General de Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común es: Eficiencia en la gestión de los recursos públicos Cooperación Lealtad institucional Coordinación.
Conforme a la Ley 40/2015, contra las resoluciones que se adopten en materia de recusación: Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del recusado. No cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto en el que se intervenga el recusado Cabe interponer recurso contencioso-administrativo Cabe interponer recurso potestativo re reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el que intervenga el recusado.
La Ley 40/2015 establece en su artículo 26 que las disposiciones sancionadoras producirán efectos retroactivos Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor Cuando tenga efectos favorables para la Administración Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, siempre y cuando sea solicitado expresamente por el mismo y resuelto favorable por la Administración Solamente para aquellas infracciones administrativas clasificadas por la Ley como leves o graves.
En relación a la responsabilidad patrimonial del Estado establecida en la Ley 40/2015 una de las siguientes afirmaciones es correcta: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, aunque la lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. No serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley La indemnización procedente deberá abonarse en un pago único o podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
De acuerdo con el art. 26 de la ley 39/2015 para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido registrados. Ser validados por la Administración receptora de los mismos. Incorporar los metadatos mínimos exigidos Ser registrados presencialmente en cualquier oficina de las Administraciones Públicas.
De acuerdo a la regulación establecida en el artículo 38 de la Ley 40/2015 sobre las sedes electrónicas, indique la respuesta correcta: El acto o resolución de creación de una sede electrónica será publicado en el boletín oficial que corresponda, pero no será obligatoria esta publicación en el caso de creación de sedes electrónicas asociadas La sede electrónica se define como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública que permite el acceso a través de internet a la información publicada sobre la misma Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. La sede electrónica se configura como el punto de acceso general electrónico de una Administración Pública que facilita el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la misma.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015: Los convenios no pueden incluir compromisos financieros Quienes suscriban los convenios deben comprometerse a financiar los compromisos financieros asumidos durante la vigencia del convenio Quienes suscriban los convenios deben tener capacidad para financiar los compromisos financieros asumidos al finalizar el convenio Quienes suscriban los convenios deben tener capacidad para financiar los compromisos financieros asumidos durante la vigencia del convenio.
Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley 40/2015, la forma de: Acuerdo Dictamen Orden Resolución.
En el ámbito de la Administración del Estado y según se indica en el artículo 13 de la Ley 40/2015, el titular de un órgano administrativo podrá ser suplido temporalmente en caso de ausencia por quien designe: El propio titular del órgano El órgano competente para el nombramiento del titular En todos los casos, el máximo responsable del organismo de que se trate. El órgano administrativo inmediato de quien dependa.
Según la Ley 40/2015, respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: La Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. La Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.
De conformidad con la Ley 40/2015, en relación con el deber de colaboración, las Administraciones Públicas: Podrán negarse a prestar la asistencia y colaboración requerida mientras así lo comunique a la Administración solicitante, sin que sea necesaria su motivación. Deberán respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias Repercutirán, en todo caso, los costes que pueda generar el deber de colaboración a la Administración solicitante La asistencia y colaboración requerida no podrá negarse aún cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla.
La Ley 40/2015 regula en su artículo 157 la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. Señale que afirmación es la correcta Las Administraciones cedentes y cesionarias no podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas de acuerdo con el principio de solidaridad territorial La Administración General del Estado, como titular de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas de todas las administraciones, decidirá qué aplicaciones se deben utilizar en cada caso. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares La lay impone la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de cualquiera de las administraciones, quedando prohibidas nuevas contrataciones sin excepción alguna.
Respecto de las Conferencias Sectoriales, y de acuerdo con los artículos 147 y siguientes de la Ley 40/2015, señale la respuesta correcta: Es un órgano de colaboración, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado Es un órgano de cooperación bilateral y ámbito sectorial determinado. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Las reuniones de las Conferencias Sectoriales se convocarán, al menos, tres veces al año.
Según el artículo 155 de la Ley 40/2015, cuando una Administración facilite a las restantes Administraciones Públicas el acceso a los datos relativos a los interesados que obren en su poder: La Administración receptora queda habilitada para tratar los datos para cualquier fin. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales. No se considerará incompatible con los fines iniciales el tratamiento ulterior de los datos personales con fines electorales. La Administración que facilite los datos especificará las condiciones de uso de los mismos.
El artículo 140 de la Ley 40/2015 define el principio de colaboración en las relaciones interadministrativas como: El deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. La asunción, de manera voluntaria, de compromisos específicos en aras de una acción común. La adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. La eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Las Cartas de Servicios se elaborarán, según dispone el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 69/2012) Con los datos identificativos de la Carta Con lenguaje claro y sencillo, fácilmente comprensible por los ciudadanos que van a ser destinatarios de los servicios públicos. Con los derechos y obligaciones de la Administración Con los indicadores que permitan medir el cumplimiento de los servicios que ofrecen.
El artículo 14 del Decreto 69/2012 determina que las quejas y sugerencias podrán ser presentadas. Por escrito de forma presencial o correo postal, mediante llamada al teléfono único de información 012, o de forma electrónica a través de la sede electrónica Únicamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica. Obligatoriamente deberá realizarse de forma presencial y en la sede de la Consejería de la cual dependa el órgano o o unidad a la que va dirigida la queja. En el plazo de 1 mes desde que se produce el hecho objeto de la queja.
Las unidades que tienen como misión informar y asesorar a aquellos emprendedores que pretende poner en marcha una empresa, posibilitando la realización de todos los trámites necesarios en un mismo espacio, son: Las Oficinas de Información y Registro (OIR). La Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (EUGO). Las Ventanillas Únicas Empresariales. Las Oficinas Adelante Empresas.
Según el Decreto 69/2012, el Plan Anual de Calidad que elabora la Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos, será aprobado por: Las Cortes Regionales. Las Cortes Generales. La propia Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos. El Consejo de Gobierno.
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 69/2012, le corresponde la revisión de la actualización permanente en la Web de los procedimientos a: La Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos. La Comisión de Simplificación y Actualización de Procedimientos. La Consejería de Administraciones Públicas. La Consejería de Presidencia.
En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha existe un Registro Único de documentos, gestionado mediante aplicación informática, en el cual se integran: El registro presencial, el registro electrónico de aplicaciones y el registro electrónico del ciudadano y el registro de personal. El registro presencial, el registro manual y el registro electrónico del ciudadano. El registro presencial, el registro electrónico de aplicaciones y el registro electrónico del ciudadano. El registro de personal, el registro electrónico de aplicaciones y el registro electrónico del ciudadano.
De acuerdo con lo establecido en la ley 4/2016, de 15 de diciembre , de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, Ley 4/2016), el órgano encargado de garantizar los derechos de acceso a la información pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de la citada Ley, es: la oficina de Transparencia La Unidad de Transparencia y Buen Gobierno La Comisión Interdepartamental para la Transparencia El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.
El artículo 3 de la Ley 4/2016 define la publicidad activa como: La obligación, en los términos previstos en la ley, de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que resulte de relevancia para garantizar la transparencia de la actividad pública. La obligación de publicar todos los contenidos y documentos que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley. La obligación de reutilizar los datos abiertos La posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la ley.
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