Auxiliar administrativo/a 25/04/2025

Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey: El mando general de las Fuerzas Armadas. Sancionar y promulgar las leyes y los reglamentos. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Constitución.

De acuerdo con el artículo 1, letra b) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Ley Orgánica tiene por objeto: Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.1 de la Constitución. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.2 de la Constitución. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.3 de la Constitución. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Según dispone el artículo 94.1 de la Constitución Española de 1978, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: Tratados o convenios que impliquen obligaciones aduaneras para la Hacienda Pública. Tratados o convenios de carácter económico. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. Tratados de carácter social.

De conformidad con el artículo 124.3 de la Constitución Española de 1978: Un reglamento regulará el estatuto del Ministerio Fiscal. La ley regulará el estatuto del Ministerio Fiscal. Un reglamento regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Según lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

El artículo 72.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los Delegados del Gobierno: Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Serán nombrados y separados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Presidente del Gobierno. Serán nombrados y separados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.

Según el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, en el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de las siguientes materias (indique la respuesta incorrecta): La pesca en las rías y demás aguas exteriores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre. Estadísticas para los fines de la Comunidad Autónoma gallega. La artesanía. Los centros de contratación de mercancías y valores de conformidad con las normas generales de Derecho mercantil.

Según el artículo 3.2 de la Ordenanza de Impulso del Uso del Gallego en el Ayuntamiento de Pontevedra, serán redactadas en lengua gallega: Las convocatorias de las sesiones de todos los órganos colegiados de la Corporación y nombradamente las del Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y tribunales de oposiciones y concursos, salvo que el Alcalde indique lo contrario. Las convocatorias de las sesiones de todos los órganos colegiados de la Corporación y nombradamente las del Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y tribunales de oposiciones y concursos, salvo que una Ley Orgánica indique lo contrario. Las convocatorias de las sesiones de todos los órganos colegiados de la Corporación y nombradamente las del Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y tribunales de oposiciones y concursos, salvo que un Reglamento indique lo contrario. Las convocatorias de las sesiones de todos los órganos colegiados de la Corporación y nombradamente las del Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y tribunales de oposiciones y concursos.

De conformidad con el artículo 128.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan los Reglamentos. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior. Cualquier disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de esta. Los que tengan un contenido posible. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición administrativa.

La revisión de los actos en vía administrativa se recoge en el Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Qué artículos componen dicho título?: Del artículo 104 al 124. Del artículo 105 al 125. Del artículo 106 al 126. Del artículo 107 al 127.

Según el artículo 114.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas salvo en materia de personal. Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que no son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o inferior, en relación con las competencias que tengan atribuidas salvo en materia de personal. Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

Según el artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Suspensión definitiva de actividades. El depósito, retención o inmovilización de cosa inmueble. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las entidades privadas. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

Según el artículo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por propia iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de instrucción. La actuación derivada del conocimiento indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de instrucción. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de instrucción.

El artículo 32.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, dispone que los inventarios: Serán autorizados por el Presidente de la Corporación con el visto bueno del Secretario y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Serán autorizados por el Secretario de la Corporación con su visto bueno y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Serán autorizados por el Presidente de la Corporación con su visto bueno y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto: Las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las negociaciones colectivas de sus contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre la adopción de medidas de conflicto colectivo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre la libre sindicación que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

El artículo 47.2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos (indique la respuesta incorrecta): Que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años. Empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años. Personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos. Empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de familiares por consanguinidad hasta el primer grado.

De acuerdo con el artículo 137.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, ¿Qué complemento retribuye la especial dificultad técnica y responsabilidad que concurren en el puesto?: El complemento de carrera. El complemento de desempeño. El complemento de puesto de trabajo. Las gratificaciones por servicios extraordinarios.

El artículo 231.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su destinatario informará al solicitante del tramite que se le haya de dar. Si la propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario del mismo remitirá en el plazo: Máximo de diez días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Máximo de cinco días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Máximo de quince días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Máximo de veinte días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión.

El artículo 186.1 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, no establece entre las faltas graves del personal funcionario: El abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones. El encubrimiento de faltas consumadas graves y la cooperación en su ejecución con actos anteriores o simultáneos, cuando de estas faltas se derive daño grave para la Administración pública en la que preste servicios o para los ciudadanos. El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud de qué principio la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos: Principio de necesidad y eficacia. Principio de proporcionalidad. Principio de eficiencia. Principio de seguridad jurídica.

El artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación: Antes del día 15 de septiembre para su aprobación, enmienda o devolución. Antes del día 1 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Antes del día 30 de diciembre para su aprobación, enmienda o devolución. Antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos: 1.000 habitantes. 3.000 habitantes. 4.000 habitantes. 5.000 habitantes.

Según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá en todo caso, como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la siguiente materia: Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. Protección del medio natural. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece en su artículo 12.2 que las ausencias de los miembros de las entidades locales fuera del término municipal deberán ser puestas en conocimiento de los respectivos Presidentes cuando excedan: 3 días. 5 días. 8 días. 10 días.

De acuerdo con el artículo 137.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas: Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que legalmente lo integren. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que legalmente lo integren.

Según el artículo 36.1. letra i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente, la coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a: 1.000 habitantes. 5.000 habitantes. 10.000 habitantes. 20.000 habitantes.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no es competencia del Pleno de Diputación: Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

Según el artículo 105 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, todo miembro de la Corporación que ostente la responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, pero debe transcurrir entre la. 1 día. 2 días. 3 días. 5 días.

Según el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones de creación de registros electrónicos no especificarán: El órgano o unidad responsable de su gestión. La fecha y hora oficial. Los días declarados como inhábiles. Los sistemas normalizados de solicitud.

Según el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de Abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la misma establezca, de las siguientes materias (indique la respuesta incorrecta): Régimen minero y energético. Coordinación del sector pesquero. Entidades cooperativas. Puertos pesqueros.

El artículo 167.3 de la Constitución Española de 1978, establece que aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten: Dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una vigésima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una vigésima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución Española de 1978, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por: Causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Causa injustificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Causa justificada de utilidad social o interés público, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Causa justificada de utilidad social o interés público, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes y los reglamentos.