AUXILIAR ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que le hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por las Cortes Generales. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que le hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán íntegramente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: Cooperación, colaboración y coordinación de los ciudadanos. Buena fe, confianza legítima y lealtad política. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Participación, subjetividad y transparencia de la actuación administrativa.

Tal como prevé el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se motivarán, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de leyes o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de conciliación. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Generalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Ninguna de las respuesta anteriores es correcta.

Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera realizado en papel. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido electrónicamente.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los hechos irrelevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo. El órgano competente para resolver sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Las facultades de revisión establecidas en el Capitulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Art. 110). no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la eficacia, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. no podrán ser ejercidas cuando por caducidad de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá contra los actos firmes en vía administrativa: cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de 3 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro de plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores es obligatoria cuando: el trabajador no preste su consentimiento. así se establezca en el plan de prevención. sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. lo considere oportuno el empresario previo aviso a los representantes legales de los trabajadores.

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos: se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán hasta1 año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán hasta 10 años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de: la maternidad. la asunción de obligaciones familiares. el estado civil. todas son correctas.

Según recoge la D.A. 3ª "Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de obras cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas, en los municipios de población inferior a: 1.000 habitantes. 5.000 habitantes. 20.000 habitantes. 50.000 habitantes.

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de los poderes adjudicadores. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 1.000.000 euros. Para los contratos de obras y servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor sea igual a 500.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación: Los contratos mixtos. Los contratos de servicios. Los contratos sujetos a una regulación armonizada. Los contratos menores.

En un procedimiento abierto, en los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será: (Art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). inferior a 15 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. superior a 30 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. superior a 15 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. inferior a 30 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.

¿Cuál de los siguientes no sería uno de los recursos de las entidades locales que enumera el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales?. El producto de las multas y sanciones. Deuda pública. Subvenciones. Ingresos patrimoniales y demás de derecho privado.

Según el artículo 53 de la Constitución Española, no es susceptible del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el derecho a la/de: Libertad de cátedra (artículo 20). Negociación colectiva (artículo 37). Manifestación (artículo 21). Huelga (artículo 28).

Según el artículo 77 de la Constitución Española, el ejercicio de derecho de petición a través de una manifestación ciudadana: No se admite. Se admite en algún caso. Se admite, salvo para los militares. Ni se admite ni se prohíbe.

Según el artículo 8 de la Constitución Española, la defensa de la integridad territorial de España se atribuye a: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fuerzas Armadas. Gobierno de la Nación. Todas las anteriores.

Según el artículo 60 de la Constitución Española, la tutoría del Rey puede recaer en: Cualquier persona nombrada por las Cortes Generales, en su caso. Sus hijos. Una, tres o cinco personas. Nada de lo anterior es cierto.

El Delegado del Gobierno de la Nación en una Comunidad Autónoma se nombra por el: Consejo de Ministros. Rey. Presidente de la Nación. Parlamento Autonómico.

¿Qué Titulo de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno?. Título III. Título IV. Título V. Título VII.

¿Cuántas salas tiene el Tribunal Constitucional y de cuántos Magistrados de compone cada una de ellas?. Las Salas son tres, compuestas cada una por cuatro Magistrados. Las Salas son dos, compuestas cada una por seis Magistrados. Las Salas son tres, compuestas cada una por seis Magistrados. Las Salas son dos, compuestas cada una por cuatro Magistrados.

La responsabilidad política del Presidente de una Comunidad Autónoma se exige por el/la: Sala de lo Penal de Tribunal Supremo. Congreso de los Diputados. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), son sesiones extraordinarias urgentes del Pleno: Las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de tres días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de veinticuatro horas exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de cinco días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Según el artículo 90 del ROF, si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión del Pleno: automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. automáticamente a la misma hora, veinticuatro horas después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. automáticamente a la misma hora, tres días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. automáticamente a la misma hora, un día después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

De cada sesión de todo órgano colegiado, el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar: Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones extraordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto en todo caso. Votaciones que se verifiquen y en el caso de las no nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto en todo caso. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según lo dispuesto en el artículo 10 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público", son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de los funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta seis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a un año, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

Según el artículo 14 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP), Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas imparciales e individuales de evaluación. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional civil como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 67 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP), la jubilación de los funcionarios podrá ser: Voluntaria, al cumplir los 30 años de servicio. Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente parcial en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. Todas las respuesta son correctas.

Según el artículo 87 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP), los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 1 año en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, no estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 89 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP), los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de: tres años inmediatamente anteriores. cinco años inmediatamente anteriores. cuatro años inmediatamente anteriores. dos años inmediatamente anteriores.

Según el artículo 95 del "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP), son faltas muy graves: El abandono del servicio, así como hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que no sea causa de su publicación o que no provoque su difusión o conocimiento indebido. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la provincia es: una administración pública. una entidad institucional. entidad local. una corporación.

Según el artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la denominación de los municipios: será siempre en la lengua oficial en la respectiva Comunidad Autónoma. podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma. podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 37 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Estado podrá delegar en la Diputaciones competencias de mera ejecución: cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. la respuesta a) es correcta, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada. siempre. la respuesta a) es correcta, siempre que cuente con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legas de miembros de la Corporación.

Según el artículo 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce automáticamente: En el caso de adscripción de bienes patrimoniales por más de 15 años a un uso o servicio públicos. En el caso de adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio públicos. En el caso de adscripción de bienes patrimoniales a un uso o servicio públicos en todo caso. En ningún caso.

Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la Diputación está constituido por: el Presidente y un número de Diputados no superior a un tercio del número legal de los mismos. el Presidente y el número de Diputados que aquel designe. el Presidente y un número de Diputados no superior a un tercio ni inferior a un cuarto del número legal de los mismos. el Presidente y los Diputados.

Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización de la Diputación Provincial corresponde: Al Pleno. Al Presidente. A la Xunta de Goberno Local. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación Provincial: Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto. Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. La organización de la Diputación. Ninguna es correcta.