Auxiliar administrativo 3.0

En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido por la Constitución Española de 1978, la iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, ¿cuándo podrá reiterarse?: Pasados 3 años. Pasados 4 años. Pasados 5 años.

Según establece la Constitución Española de 1978, ¿en qué materias no pueden asumir competencias las Comunidades Autónomas?: Los montes y aprovechamientos forestales. Ferias interiores. Administración de Justicia.

Son entidades locales territoriales, a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: El Municipio, la Mancomunidad de Municipios y los Cabildos. El Municipio, la Ciudad y la Provincia. La Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.

Las organizaciones personificadas de gestión previstas en el artículo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, pueden adoptar la forma de: Unidades administrativas. Consorcios. Fundaciones.

A propósito del artículo 13 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuándo las unidades administrativas tienen la consideración de órganos administrativos?: Nunca. Cuando se le atribuyan funciones básicas de preparación y gestión de procedimientos. Cuando se le atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

Según la clasificación establecida en el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería es: Un órgano superior de la Administración de la Junta de Andalucía. Un órgano dependiente del Consejo de Gobierno. Un órgano directivo de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, refiere entre las atribuciones que le corresponde a los titulares de las Consejerías, las siguientes: La coordinación de la actividad económico-financiera de la Consejería. Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos y unidades administrativas de la Dirección General, así como del personal integrado en ellas. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.

Según establece el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía se clasifican en: Sociedades mercantiles y Agencias. Agencias y Entidades instrumentales privadas. Agencias y Sociedades mercantiles del sector público andaluz.

A tenor de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se crearán mediante Ley: Las agencias administrativas y las públicas empresariales. Las agencias administrativas, las públicas empresariales y las de régimen especial. Las agencias administrativas y las de régimen especial.

El artículo 7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone que los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de: Simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación. Simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad personal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación. Simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de ciberseguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.

Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las autorizaciones para crear, alterar y suprimir entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a: El Consejo de Gobierno. La Consejería de la que dependa la entidad instrumental. La Consejería competente en materia de Hacienda.

Conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo: La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

Conforme al artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, NO se considera violencia de género: La violencia física, sexual y económica. La violencia económica. La violencia transversal.

Conforme al artículo 3 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, NO se entiende por actividad publicitaria de las Administraciones Públicas: La actividad dirigida a fomentar actitudes y comportamiento de los ciudadanos en relación a bienes o servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de fomento de empleo u otros de análoga naturaleza. La actividad dirigida a informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones. La publicidad normativa y otros anuncios de actos de la Administración que deban publicarse legalmente.

¿Qué normativa andaluza recoge la necesidad de garantizar por parte de la Administración de la Junta de Andalucía un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el desarrollo de sus políticas?: La Ley 13/2007, de 26 de noviembre. La Ley 9/2018, de 8 de octubre. La Ley 6/2005, de 8 de abril.

Refiere el artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que el personal eventual de la Junta de Andalucía: Cesará automáticamente cuando cese la autoridad que lo haya nombrado. Tiene derecho a una indemnización tras su cese. El tiempo de desempeño del puesto constituye un mérito para el acceso a la Función Pública.

¿Qué se entiende por transversalidad en materia de género conforme al artículo 3 de la Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía?: El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. Una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan, no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. La incorporación del enfoque de género en la producción normativa de las Administraciones Públicas.

Según refiere el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la transversalidad en el procedimiento de elaboración normativa se traduce en la necesidad de elaborar: Un informe anual de contribución de la norma al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Un informe de evaluación del impacto de género con carácter previo a la aprobación de la norma. Un informe de evaluación del impacto de género con carácter posterior a la aprobación de la norma, con objeto de evaluar el impacto de la misma en la sociedad.

Conforme al artículo 8 de la Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿cuál es el órgano encargado de emitir el informe de evaluación de impacto de género en el anteproyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cada ejercicio?: La Unidad de género de la Consejería con competencias en materia de Hacienda. La Comisión de Impacto de género. La Comisión para el Enfoque de género.

La adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía se regula de forma concreta en: El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Conforme a la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la situación administrativa de comisión de servicios en otras Administraciones Públicas?: La duración de la comisión de servicios es siempre indeterminada. La comisión de servicios requiere la aceptación del interesado. La comisión de servicios no podrá ser por un plazo superior a un año.

A tenor de lo establecido en el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La renuncia a la condición de funcionario. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. No tomar posesión dentro del plazo establecido para ello.

Conforme al artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, por carrera profesional se entiende: El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, transparencia y capacidad. El conjunto alterno de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tenor de lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes situaciones NO es una situación administrativa?: Jubilación. Suspensión de funciones. Excedencia.

Entre los principios generales que recoge el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO se recoge: El derecho a la negociación colectiva. El derecho de reunión. El derecho de representación institucional.

Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el teletrabajo: Tendrá carácter obligatorio y no requiere autorización expresa. Tendrá carácter preceptivo y requiere autorización expresa. Tendrá carácter voluntario y requiere autorización expresa.

Conforme al artículo 2 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, la definición de archivo es: Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo. El conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental de Andalucía.

El artículo 40 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía establece que la organización y funcionamiento de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías responderán, específicamente, a los principios de: Eficiencia, desconcentración y economía del gasto. Eficacia, eficiencia y economía del gasto público. Eficiencia, jerarquía y transparencia.

De conformidad con el artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos tendrá efecto desde: El mismo día de su aprobación por acuerdo del Consejo de Gobierno. El día siguiente al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno. El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El artículo 37 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que el Presidente en funciones de la Junta de Andalucía NO podrá ejercer la siguiente facultad: Resolver los conflictos de atribuciones entre distintas Consejerías. Crear, modificar o suprimir Consejerías. Firmar acuerdos.

Conforme el artículo 4 de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, reguladora del Consejo Económico y Social de Andalucía, son funciones de este Consejo: Realizar los estudios e informes que, con carácter vinculante, sean solicitados por la Cámara de Cuentas, acerca de los asuntos de carácter económico y social. Aprobar las actividades del Consejo y elevarla, dentro del último trimestre de cada año, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Elaborar estudios dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa, en materia económica y social.

Según lo establecido por el artículo 6 de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, reguladora del Consejo Económico y Social de Andalucía, el plazo para la emisión de los informes será de: Veinte días, contados a partir de la recepción de la correspondiente documentación, salvo que otra disposición legal establezca uno distinto. Diez días, desde la recepción de la solicitud de informe, salvo que otra disposición legal establezca uno distinto. Quince días, desde la recepción de la solicitud de informe, salvo que otra disposición legal establezca uno distinto.

Conforme el artículo 24 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los Consejeros: En número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años. En número de nueve, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de tres cuartas partes de sus miembros, por un período de siete años. En número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de dos quintas partes de sus miembros, por un período de seis año.

Según el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía: Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad. Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad.

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía: El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía. El Presidente del Consejo Consultivo será elegido por el Parlamento de la Junta de Andalucía, por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. Serán Consejeros permanentes, hasta que cumplan setenta y cinco años de edad, aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía.

Conforme al artículo 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, éste será elegido por el Parlamento para un periodo de: Cinco años y se dirigirá al mismo través de su Presidente. Tres años y se dirigirá al mismo través de su Portavoz. Cuatro años y se dirigirá al mismo través de Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

Según lo establecido en el vigente Reglamento del Parlamento de Andalucía en su artículo 40, los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir a las Comisiones: Con voz pero solo podrán votar cuando sean Diputados. Con voz pero solo podrán votar en aquellas Comisiones si forman parte del Grupo parlamentario. Con voz pero solo podrán votar en aquellas Comisiones de las que formen parte.

Según lo establecido en el vigente Reglamento del Parlamento de Andalucía en su artículo 36: Todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa. La Junta de Portavoces se reunirá a petición de un Grupo parlamentario o de los dos tercios de la Cámara. El Presidente elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva del Parlamento.

Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, NO son funciones de las comisiones interdepartamentales: Preparar asuntos que afecten a más de una Consejería. Dictar resoluciones. Adoptar acuerdos en materias o asuntos que les puedan ser delegados por las Consejerías que las integren.

Según lo establecido en el artículo 35 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del Presupuesto anual será aprobado cada año por: La Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Parlamento de Andalucía. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda. La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá: Aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Durante los cuatro años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. Durante los cinco años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda.

El artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que las sanciones impuestas prescriben en los siguientes plazos: A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros. A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 30.001 y 40.000 euros. Al año, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros.

El artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, NO será miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos: Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. Un experto propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

De conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas: Económicas y sociales. Preventivas, asistenciales y ayudas públicas. Políticas y sociales.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se estructura en: Preámbulo + Título Preliminar + 10 Títulos + 5 Disposiciones Adicionales + 3 Disposiciones Transitorias + 1 Disposición Derogatoria + 3 Disposiciones Finales. Preámbulo + Título Preliminar + 10 Títulos + 5 Disposiciones Adicionales + 2 Disposiciones Transitorias + 1 Disposición Derogatoria + 3 Disposiciones Finales. Preámbulo + Título Preliminar + 10 Títulos + 5 Disposiciones Adicionales + 2 Disposiciones Transitorias + 1 Disposición Derogatoria + 3 Disposiciones Finales.

A propósito del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO será motivado un acto que: Acuerde la aplicación de la tramitación de urgencia. Acuerde la limitación de un interés legítimo. Acuerde la aplicación del precedente administrativo.

La práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos se recoge en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo: 41. 42. 43.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la eficacia de un acto se demorará: Nunca, el acto es eficaz desde la fecha en que se dicta. Cuando produzca efectos desfavorables al interesado. Cuando así lo exija el contenido del acto.

De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en relación al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos en cualquier procedimiento en tanto no comuniquen su oposición expresa. Cada procedimiento administrativo determinará aquellas personas jurídicas que estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de trámites. La obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá establecerse reglamentariamente por las Administraciones para ciertos colectivos de personas físicas.

A tenor del artículo 41 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, será objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos: La fecha y, en su caso, la hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico. Los efectos de la resolución expresa que haya de resolver el procedimiento. La solicitud de pronunciamiento previo no preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora.

Según dispone el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el aviso de puesta a disposición a la persona interesada de una notificación electrónica en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: Sólo surte efectos en aquellos procedimientos telematizados en los que la persona interesada es persona física. Es de aplicación preferente cuando se ignore el lugar de la notificación. Es independiente a que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos.

En virtud del artículo 5 de la de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con el principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a: Relacionarse con la Administración a través de organizaciones Personificadas de gestión. Obtener un dispositivo de firma electrónica. Participar en los asuntos públicos.

Dispone el artículo noveno del Decreto 262/1988, de 2 de agosto por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, que la denuncia que se formule en el citado libro: Impedirá la interposición de los recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo. No impedirá la interposición de los recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo, si bien paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente para resolverlos, en el tiempo que medie hasta que la denuncia sea resuelta. No impedirá la presentación de las reclamaciones previstas en las normas reguladoras del procedimiento administrativo.

NO es un tipo de sede electrónica a crear por la Administración de la Junta de Andalucía, a tenor del artículo 17 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía: Las sedes electrónicas de cada Consejería. Las sedes electrónicas derivadas. Las sedes electrónicas convergentes.

Un conflicto de competencias entre Municipios de dos Comunidades Autónomas se resuelve por: Los respectivos Plenos. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas implicadas.

Los Reglamentos son revisables ante: La jurisdicción civil. La jurisdicción penal. La jurisdicción contencioso-administrativa.

¿En qué artículo de la Constitución se regula el principio de autonomía financiera de la Haciendas Locales?. 158. 142. 137.

La no convalidación por el Congreso, una vez cumplido el plazo establecido, de un Decreto-Ley implica que: Debe tramitarse como Ley por el procedimiento de urgencia. Automáticamente deja de surtir efectos. Debe aprobarse como Decreto Legislativo.

¿Qué derecho no puede ser suspendido, con carácter general, durante el estado de excepción?. Inviolabilidad del domicilio. Reunión pacífica y sin armas. Asistencia letrada al detenido.

Los Reglamentos “praeter legem” son los: Independientes. Ejecutivos. Ninguno de los anteriores.

La alteración de los términos municipales se acuerda definitivamente: Por Ley Ordinaria de las Cortes Generales. Por acuerdo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma respectiva. Por la Comunidad Autónoma.

Cuando una norma reglamentaria estatal pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, será necesario informe previo de: El Ministerio para las Administraciones Públicas. El Consejo de Ministros. El Consejo de Estado.

Según el artículo 29 de la Constitución, el derecho de petición es: Individual para todos los españoles. Colectivo para todos los españoles. Individual para los miembros de las Fuerzas Armadas.

La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía. Podrá corresponder al Estado. Corresponderá al Estado. Está en función de que la materia esté incluida en la lista del art. 148 o del art. 149 de la Constitución.

No es o no son Entes Locales de creación potestativa: La Comarca. El Municipio. Ambas son correctas.

La información en la aprobación de una Ordenanza Fiscal será por el plazo mínimo de: Diez días. Treinta días. Dos meses.

La comisión Especial de cuentas es un Organo Complementario que tiene carácter: Preceptivo. Facultativo. Discrecional.

Las Entidades Locales de ámbito territorial inferior al Municipio pueden: Tener impuestos propios. Participar en los tributos del Estado. Participar en los del Municipio al que pertenecen.

El acuerdo de cambio de capitalidad de los Municipios requerirá su exposición al público en un plazo: No inferior a treinta días. No inferior a veinte días. Durante diez días.

¿A través de qué norma pueden coordinarse las competencias legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas?. A través de una Ley Orgánica. A través de una Ley Marco. A través de un Reglamento.

Mediante la agrupación de Municipios limítrofes, los Estatutos de Autonomía podrán: Establecer circunscripciones territoriales propias, las cuales no tendrán personalidad jurídica. Establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica. Los Estatutos tienen esta capacidad aún cuando esa agrupación se haga entre Municipios no limítrofes.

Si no hubiera acuerdo entre ambas cámaras a la hora de acordar la reforma ordinaria de la Constitución: Se intentará obtenerla mediante la creación de una comisión compuesta por Diputados y Senadores. Se disolverán las Cámaras y se convocarán elecciones. No habrá reforma.

La delegación legislativa se hará: Por medio de Texto Articulado. Por medio de una Ley de Bases o una Ley Ordinaria. Por medio de Texto Refundido.

Si para ejecutar un acto administrativo es necesario entrar en el domicilio del afectado: En todo caso se deberá obtener la oportuna autorización judicial. Es suficiente la comparecencia del Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue, para extender la oportuna acta. Dependerá de si el acto administrativo es firme o no.

EL Pleno Municipal celebrará sesión ordinaria como mínimo: Cada dos meses, en los Ayuntamientos de los Municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. Cada tres meses, en los ayuntamientos de los Municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. Depende de lo que prevea su Reglamento Orgánico.

La responsabilidad de los actos del Rey dictados en el ejercicio de sus funciones constitucionales recae en: El Presidente del Gobierno y los Ministros competentes en razón de la materia. Las personas que refrenden dichos actos. El propio Rey, sin perjuicio de las demás personas que hayan participado en ello.

La suspensión por la Delegación del Gobierno de un acuerdo de una entidad Local que atente gravemente el interés general de España: No es posible, pues viola la autonomía municipal. Solo la puede acordar el Juez. Exige la previa impugnación ante la Jurisdicción Contencioso administrativa. Necesita de un previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación.

¿Qué menú debemos utilizar para introducir una imagen prediseñada en un texto de Word?. Formato. Herramientas. Insertar.

Si queremos repetir la última función que hemos ejecutado debemos utilizar: BLOQ MAYUS+ALT+INTRO. MAYUS+ALT+CTRL. Ninguna de las anteriores es correcta.

El acceso a una base de datos debe ser: Jerárquico. Individualizado. Selectivo.

En Word, el menú contextual sirve para: Utilizar todas las posibilidades del programa directamente. Utilizar las opciones del programa más usuales. Para utilizar accesos directos a los submenús de apoyo al operador.

Los tamaños de las fuentes se miden en: Milímetros. Puntos. Pulgadas.

Las reglas sirven para: Permiten que se sepa en que posición se encuentra el texto que estás escribiendo. Permiten que se sepa en posición se encuentra el texto que estás escribiendo, y sirve para definir dos elementos de formato: tabuladores y sangrías. Permiten que se sepa en que posición se encuentra el texto que estás escribiendo y sirve para definir algún elemento de formato como tabuladores, ancho de las columnas, etc.

A propósito del Catálogo de Procedimientos y Servicios, regulado en el artículo 11 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía: Es instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos. Su contenido nutre al Registro de Procedimientos y Servicios, que tiene carácter público. La información disponible en el Catálogo prevalece sobre la publicación oficial de las normas o actos.

Se entiende por digitalización, según refiere el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no electrónico en un fichero papel que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel en un fichero electrónico que contiene la imagen descodificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

A propósito de la copia realizada por una Administración Pública, según establece el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique qué respuesta es correcta: La copia auténtica de documento privado no surte efectos administrativos. Las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante actuación administrativa automatizada. La copia auténtica realizada por una Administración Pública no tendrá validez en las restantes Administraciones.

NO es una finalidad de la gestión documental, a tenor de lo establecido en el artículo 43 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía: Configurar adecuadamente el Patrimonio Documental de Andalucía. Generar conocimiento en el seno de la propia Administración. Facilitar los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico Único cuando se circunscriban a actuaciones a realizar ante la Administración de la Junta de Andalucía.

Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de: 10 días. 15 días. 5 días.

Señale la frase correcta relativa al expediente administrativo, según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se entiende por expediente administrativo el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos. Los expedientes podrán tener formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos deban integrarlos. Deberá constar en el expediente administrativo electrónico copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

El Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 177/2005, de 19 de julio, que modifica el Decreto 317/2003 de 18 de noviembre, será de aplicación, en la medida que presten servicios públicos, y sin que medie convenio de colaboración, a las siguientes entidades: Los Consorcios. Las Universidades Públicas de Andalucía. Las Entidades Locales de Andalucía.

Con respecto al desglose de documentos, establece el artículo 24 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, que: Corresponde a los negociados u órganos asimilados autorizar la entrega de los documentos originales, públicos o privados, obrantes en los expedientes, a los interesados que los hubieran aportado y que así lo soliciten. Corresponde a los negociados u órganos asimilados la expedición de copia autenticada del documento que se retira. Corresponde a las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la tramitación y custodia de los expedientes autorizar la entrega de los documentos originales, públicos o privados, obrantes en los mismos a los interesados que los hubieran aportado y que así lo soliciten.

La regulación sobre la carrera profesional y la promoción interna prevista el Capítulo II del Título III del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Es de aplicación directa a los funcionarios de la Junta de Andalucía. Producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Es de aplicación a todo el personal de la Administración Pública.