Auxiliar administrativo 4

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando el plazo máximo vence sin haberse notificado resolución expresa, ¿cuál es la interpretación general que se le da al silencio administrativo?. Siempre se entiende como desestimado por silencio administrativo. Se entiende como estimado por silencio administrativo, a menos que una norma específica de mayor rango indique lo contrario. Se interpreta de acuerdo con el criterio del órgano administrativo competente.

La Administración ha otorgado una concesión demanial por un procedimiento de adjudicación directa, omitiendo el procedimiento de concurso establecido por la correspondiente legislación. La adjudicación: Es nula de pleno derecho. Es anulable. Es válida, pues se trata de una irregularidad no invalidante. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la Ley 39/2015, tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo: Únicamente los titulares de derechos subjetivos que hayan promovido el procedimiento. Sólo los titulares de intereses legítimos que hayan promovido el procedimiento o no habiéndolo promovido se personen en el mismo en tanto no haya recaído resolución definitiva. Siempre cualquier persona aunque no sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, en defensa de la mera legalidad. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

De acuerdo con el Art. 24 de la Ley 39/2015, ¿en qué situaciones el silencio tiene un efecto desestimatorio?. En procedimientos que impliquen actividades que pueden dañar el medio ambiente. En procedimientos que tengan por objeto el acceso a actividades recreativas. En procedimientos relacionados con solicitudes de cambio de nombre.

De conformidad con la Ley 39/2015, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos, pero no los declarados festivos.

Según dispone la Ley 39/2015: Una vez presentada la solicitud de iniciación del procedimiento no podrán realizarse más alegaciones ni presentarse nuevos documentos que no se hayan acompañado con la misma. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de prueba, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Según la Ley 39/2015: La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 y el artículo 2 de la LRJSP, ¿qué comprende el sector público?. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas solamente. Las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional únicamente. Solo las Universidades públicas.

¿Cuáles son las características del sector público institucional según las normas de la LPA y la LRJSP?. Solo organismos públicos vinculados a las Administraciones Públicas. Organismos públicos y entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, y las Universidades públicas. Únicamente entidades de Derecho privado vinculadas a las Administraciones Públicas. Exclusivamente organismos públicos vinculados y las Universidades privadas.

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, en los casos de estimación por silencio administrativo, ¿cómo debe proceder la Administración si decide dictar una resolución expresa posterior?. La resolución expresa no tiene vinculación alguna con el sentido del silencio administrativo. La resolución expresa sólo puede ser confirmatoria del acto producido por el silencio. La Administración puede decidir libremente, sin considerar el acto producido por el silencio administrativo.

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, cuando los actos administrativos son producidos por silencio administrativo, ¿cuándo comienzan a producir efectos?. Desde el inicio del procedimiento. Desde el momento en que el interesado presenta una queja formal. Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Prescribe a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Caduca a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Ninguna de las anteriores es correcta.

Basado en el Artículo 24 de la Ley 39/2015, si un interesado desea obtener un certificado acreditativo del silencio producido, ¿en qué momento puede solicitarlo?. Únicamente dentro de los primeros 5 días tras el vencimiento del plazo máximo para resolver el procedimiento. En cualquier momento tras el vencimiento del plazo máximo para resolver el procedimiento. Sólo si la Administración no ha emitido una resolución expresa en los primeros 15 días tras el vencimiento del plazo máximo.

De acuerdo con la Ley 39/2015: Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. Las Administraciones Públicas podrán en cualquier momento iniciar actuaciones materiales de ejecución de resoluciones que limiten los derechos de los particulares incluso aun cuando no se hubiera adoptado la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material no estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El Ayuntamiento inició hace más de un año un procedimiento destinado a la demolición de una vivienda de su propiedad. A Vd. le parece demasiado el tiempo transcurrido sin que le haya sido notificada una resolución municipal a este respecto. Consulta con un abogado que le confirma que el plazo para resolver y notificar era de nueve meses. De acuerdo con la LEY 39/2015: Puede entender estimada su solicitud. Puede entender desestimada su solicitud. Procede que la Administración declare la caducidad y el archivo de las actuaciones. Ninguna de las anteriores es correcta.

Referente al Artículo 112 Ley 39/2015: Objeto y clases. ¿Cuáles son las condiciones en las que se pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y los actos de trámite?. Cuando determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Cuando produzcan beneficios irreparables a derechos e intereses legítimos. Cuando los interesados se opongan a los actos de trámite.

De conformidad con la Ley 39/2015: No puede actuarse por medio de representante. Es obligatorio actuar por medio de representante. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Es obligatorio actuar por medio de abogado y procurador.

Según la Ley 39/2015: La Administración no podrá conceder bajo ningún concepto una ampliación de los plazos establecidos. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, sin necesidad de ningún otro requisito. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de un tercio de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y aunque se perjudiquen derechos de tercero.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, de acuerdo con la Ley 39/2015: Siempre que la Administración lo considere conveniente. Siempre que el interesado ya hubiera efectuado en el procedimiento alegaciones con anterioridad a dicho trámite, aunque para dictar la resolución deban de ser tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por el interesado. En ningún caso. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015: Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, sin posibilidad de prueba en contrario. Los hechos constatados por cualquier funcionario, y que se formalicen en documento público o privado observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Ninguna de las anteriores es correcta.

Basado en el Artículo 113 de la Ley 39/2015: Recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión procederá contra los actos firmes en vía administrativa solo cuando: Concurran circunstancias previstas en el artículo 124.2. El interesado lo solicite sin condiciones. Concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Relativo al Artículo 114 de la Ley 39/2015: Fin de la vía administrativa. ¿Cuál de las siguientes NO pone fin a la vía administrativa?. Las resoluciones de los recursos de alzada. Las decisiones tomadas por comités internos no vinculantes. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos sustitutos. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.

¿Cuáles son los principios que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones, según la Ley 39/2015 y la LRJSP?. Eficiencia, simplificación, participación y cooperación. Simplificación, agilidad, transparencia y lealtad institucional. Responsabilidad, eficiencia en la asignación de recursos y cooperación. Todas las anteriores.

Según la Ley 39/2015, ¿qué son las potestades administrativas de las Administraciones Públicas?. Facultades y potestades que los particulares pueden utilizar en sus relaciones con la Administración. Facultades y potestades para ejercer derechos y obligaciones en nombre del Estado. Facultades y potestades exorbitantes que los particulares no pueden utilizar en sus relaciones con la Administración. Facultades y potestades que permiten a las Administraciones Públicas actuar sin restricciones legales.

De conformidad con la Ley 39/2015: La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Tanto la estimación como la desestimación por silencio administrativo tienen los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Tanto la estimación como la desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso- administrativo que resulte procedente.

Las disposiciones administrativas, de acuerdo con la LRJAP y PAC, serán nulas de pleno derecho: Solo cuando vulneren la Constitución. Solo cuando vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Solo cuando regulen materias reservadas a la Ley, o establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Cuando vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

De conformidad con la LRJAP y PAC, iniciado el procedimiento administrativo, el órgano administrativo competente para resolverlo: Podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. No podrá en ningún caso adoptar medidas provisionales. Podrá adoptar, únicamente de oficio las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. Podrá adoptar, únicamente a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, de acuerdo con la LRJAP y PAC: La resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, aunque, no obstante, podrá agravar su situación inicial motivándolo adecuadamente. La resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. La Administración no estará obligada a que la resolución sea congruente con las peticiones formuladas por éste, pudiendo incluso agravar su situación inicial, siempre que lo motive adecuadamente. Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con la LRJAP y PAC, si fueran varios los medios de ejecución forzosa de un acto administrativo admisibles: Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Se elegirá el que la Administración estime oportuno mediante resolución motivada. Se elegirá el menos costoso para la Administración. Se elegirá el que suponga una ejecución más rápida y eficiente.

En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, de conformidad con la LRJAP y PAC, en otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño distintos de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas, la responsabilidad: Se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad nunca será solidaria. Será siempre solidaria, en beneficio del particular. Corresponderá exclusivamente a la Administración territorial superior.

Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ¿qué característica define la autonomía universitaria en España? (artículo 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001). La capacidad de las universidades para crear programas académicos sin intervención del gobierno central. La realización de sus funciones en un régimen de autonomía y coordinación entre todas ellas. La libertad de las universidades para establecer tasas y matrículas sin regulación estatal. La potestad exclusiva de las universidades para nombrar a sus rectores.

La sentencia del Tribunal Constitucional nº 26/1987, de 27 de febrero, se refiere a la autonomía universitaria en términos de: (artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001). Un derecho fundamental con reconocimiento en la Constitución. Un privilegio administrativo otorgado por el Ministerio de Educación. Una facultad limitada a la gestión de recursos internos. Un derecho administrativo sin reconocimiento en la Constitución.

En el contexto de las universidades públicas, la Ley Orgánica 6/2001 dispone que la comunidad universitaria está compuesta por: (artículo 3.2 de la Ley Orgánica 6/2001). Profesores y personal administrativo únicamente. Estudiantes y egresados únicamente. Profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, y personal de investigación. Profesores y personal de investigación únicamente.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 tiene como objetivo principal: (artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2001). Centralizar la gestión universitaria a nivel nacional. Proclamar la autonomía universitaria y asegurar la libertad académica. Establecer un sistema de cuotas para la admisión de estudiantes. Regular las matrículas y tasas universitarias a nivel estatal.

De acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Española, ¿qué principio se refleja en la estructura y funcionamiento de las entidades públicas de carácter social?. Principio de subsidiariedad. Principio de autogestión. Principio de pluralismo social. Principio de centralización administrativa.

Según la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ¿qué porcentaje de participación en el capital social determina que una sociedad mercantil sea considerada estatal?. Más del 25%. Más del 50%. Más del 75%. Más del 80%.

¿Qué deben tener en cuenta las entidades administrativas independientes según los artículos 109 y 110 de la LRJSP para garantizar su funcionamiento?. Su financiamiento exclusivamente privado y la autonomía en la contratación de personal. Su vinculación con la Administración General del Estado y la independencia funcional en su regulación y supervisión de sectores económicos. La delegación de funciones administrativas a corporaciones de base privada. La gestión de bienes y servicios sin intervención estatal.

¿Cuál es el criterio principal que define a los entes públicos funcionales?. Su estructura jerárquica y su financiación exclusivamente privada. Su dependencia total de las decisiones del sector privado. Su formación para realizar actividades instrumentales de interés público bajo la dependencia de un ente matriz. Su independencia total de cualquier administración pública.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de: Jerarquía, centralización, descoordinación y eficacia. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Descentralización, desconcentración, eficacia y subordinación al Derecho. Jerarquía, eficacia, coordinación y subordinación al Derecho.

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el principio de desconcentración según el artículo 105 de la Constitución Española?. Transferencia de competencias a órganos superiores jerárquicamente. Delegación de competencias a órganos de menor nivel jerárquico. Transferencia de competencias a órganos con personalidad jurídica propia. Delegación de funciones a órganos territoriales autonómicos.

De acuerdo con el artículo 106 de la Constitución Española, los tribunales controlan: La legalidad de la actuación administrativa y la potestad reglamentaria. La eficacia y eficiencia de los actos administrativos. La jerarquía y descentralización de los órganos administrativos. La objetividad y responsabilidad de los funcionarios públicos.

¿Cuáles son las modalidades básicas de participación ciudadana en la actuación administrativa según el artículo 105 de la Constitución Española?. Participación directa en la toma de decisiones y acceso a registros administrativos. Participación a través de asociaciones y audiencia del interesado en el procedimiento. Participación en la elaboración de disposiciones y acceso a documentos públicos. Audiencia de los ciudadanos y acceso a archivos y registros administrativos.

¿Qué principio organizativo permite la transferencia de competencias a órganos con personalidad jurídica diferente?. Jerarquía. Descentralización. Desconcentración. Coordinación.

Según la doctrina de HARIOU, ¿qué dos grandes soportes estructurales del Derecho administrativo subyacen en la legalidad y responsabilidad?. Profesionalización y eficacia. Objetividad e imparcialidad. Jerarquía y descentralización. Coordinación y subordinación al Derecho.

Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa: Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con sometimiento parcial a la ley y al Derecho. Con libertad total en sus decisiones. Con independencia de la ley y el Derecho.

¿Qué característica define a las potestades regladas?. La Administración tiene libertad total para actuar según su criterio. La Administración debe cumplir estrictamente con lo establecido por la norma. La Administración puede interpretar las normas según el contexto. La Administración puede decidir si aplica o no la norma en cada caso.

En el caso de las potestades discrecionales, ¿qué elemento NO está necesariamente reglado?. La existencia de la potestad. La existencia de la potestad. La forma de ejercicio. La competencia para ejercitarla.

En el marco de las potestades administrativas, ¿cuál es la diferencia principal entre potestades regladas y discrecionales?. Las potestades regladas permiten una mayor flexibilidad que las discrecionales. Las potestades discrecionales están completamente determinadas por la norma. Las potestades regladas exigen un cumplimiento estricto de la norma, mientras que las discrecionales permiten una estimación subjetiva. No hay diferencias significativas entre ambas.

¿Cuál de los siguientes aspectos NO es considerado un elemento necesariamente reglado de las potestades discrecionales?. La existencia de la potestad. La competencia para ejercitarla. La finalidad pública de la potestad. El fondo de la decisión.

Según el artículo 9 de la LRJSP, la delegación de competencias en órganos de la misma Administración o en entidades de Derecho público vinculadas o dependientes, para facilitar una gestión más ágil y eficaz, debe: Publicarse en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín de la Comunidad Autónoma correspondiente, indicando expresamente la circunstancia de la delegación y considerando las resoluciones dictadas por el órgano delegado. Publicarse exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de indicar la circunstancia de la delegación en las resoluciones adoptadas. No requiere publicación, pero debe registrarse internamente en la administración correspondiente. Publicarse en cualquier medio oficial disponible, sin necesidad de especificar la circunstancia de la delegación en las resoluciones adoptadas.

De acuerdo con el artículo 10 de la LRJSP, la avocación puede realizarse por los órganos superiores en las siguientes circunstancias, excepto: Por razones de índole técnica. Por circunstancias económicas. Por motivos sociales. Por discrecionalidad del órgano superior sin motivo justificado.

Referente al Artículo 115 de la Ley 39/2015: Interposición de recurso. Al interponer un recurso, ¿qué información NO es esencial incluir?. El nombre y apellidos del recurrente. La fecha estimada para la siguiente revisión del acto. Lugar, fecha, firma del recurrente.

Basado en el Artículo 116 de la Ley 39/2015: Causas de inadmisión. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de inadmisión de un recurso?. Ser incompetente el órgano administrativo. El recurso fue presentado en un formato incorrecto. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

Según el artículo 11 de la LRJSP, la encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia. ¿Qué implica esta afirmación?. La responsabilidad del órgano encomendante se limita solo a la supervisión del acto encomendado. El órgano encomendante mantiene la titularidad de la competencia y la responsabilidad de dictar actos o resoluciones de carácter jurídico. El órgano receptor de la encomienda asume la titularidad de la competencia y la responsabilidad completa del acto. La titularidad de la competencia se transfiere al órgano receptor de la encomienda.

En relación con la delegación de firma según el artículo 12 de la LRJSP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante y debe ser publicada para su validez. La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y su validez no requiere publicación. La delegación de firma debe publicarse siempre en el Boletín Oficial del Estado para ser válida. La delegación de firma transfiere la titularidad de la competencia al órgano receptor.

Relativo al Artículo 30 de la Ley 39/2015. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al cómputo de plazos expresados por horas?. Siempre se consideran horas hábiles independientemente de la disposición legal o del Derecho de la Unión Europea. Son hábiles todas las horas del día que no formen parte de un día hábil. Los plazos que se cuentan por horas no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas.

Relativo al Artículo 30 de la Ley 39/2015. Si los plazos son señalados por días y no se establece otra indicación: Se entienden como días naturales. Se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos. Se cuentan solamente los domingos y festivos.

Conforme al artículo 13 de la LRJSP, la suplencia en los órganos administrativos en casos de vacante, ausencia o enfermedad: Debe ser designada únicamente por el superior jerárquico del titular del órgano. No implica alteración de la competencia y requiere publicación para su validez. No implica alteración de la competencia y no requiere publicación para su validez. Implica una alteración temporal de la competencia y debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Según el artículo 14 de la LRJSP, cuando un órgano administrativo se considere incompetente para la resolución de un asunto: Remitirá las actuaciones al órgano que considere competente, notificando esta circunstancia a los interesados. Resolverá el asunto igualmente, pero registrará la incompetencia en el expediente. Deberá consultar con un órgano superior antes de remitir las actuaciones. Podrá resolver el asunto si el interesado no plantea objeción.

La desconcentración, conforme al artículo 8.2 de la LRJSP, se refiere a: La transferencia de competencias entre órganos independientes de la misma administración. La transferencia de la titularidad y el ejercicio de competencias a órganos jerárquicamente dependientes. La delegación de competencias en entidades de Derecho público no vinculadas a la administración. La avocación de competencias de un órgano superior a uno inferior.

Basado en el Artículo 30 de la Ley 39/2015. Si el último día de un plazo cae en un día: Laborable, el plazo finaliza ese mismo día. Inhábil, el plazo se prorroga al último día del mes. Inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, la Administración: Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla solo cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio. Está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, pero no a notificarla. Está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla solo cuando el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de parte.

Referente al Artículo 32 de la Ley 39/2015. En relación a la ampliación de plazos: La Administración siempre puede ampliar los plazos establecidos al doble del tiempo inicial. La ampliación de plazos nunca puede ser mayor a la mitad del tiempo inicialmente establecido. La ampliación de plazos solo puede realizarse a petición de los interesados.

De acuerdo con la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y: No producirán efectos hasta que transcurra un plazo de 20 días desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. No producirán efectos hasta que no hayan sido confirmados por sentencia judicial. Producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que en ellos pueda disponerse, en ningún caso, otra cosa. Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con la Ley 39/2015: La nulidad o anulabilidad de un acto implicará siempre la de los sucesivos en el procedimiento aunque sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará siempre la de las partes del mismo aunque sean independientes de aquélla. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla incluso aunque la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

De conformidad con la Ley 39/2015: El instructor del procedimiento no podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados en ningún caso. El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados siempre que lo juzgue conveniente, sin necesidad de resolución motivada. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando la Administración carezca de medios o recursos para practicarlas, mediante resolución motivada.

Relativo al Artículo 32 de la Ley 39/2015. Respecto a la ampliación de un plazo: Siempre puede ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. La decisión sobre la ampliación debe producirse después del vencimiento del plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

¿En cuál de los siguientes supuestos no cabe el recurso de alzada?. Las resoluciones de los que tienen superior jerárquico. Resoluciones de personal por entes con cargo inferior a director general. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

¿En qué actos y resoluciones siguientes no cabe el recurso potestativo de reposición? (Ponen fin o no a la vía administrativa). Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en relación con las competencias atribuidas en materia de personal. Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. Las resoluciones de personal por entes con cargo inferior a director general.

El Ministro delega las competencias en el subdirector. ¿Qué recurso cabe interponer?. Cabe recurso de alzada porque no pone fin a la vía administrativa. Cabe recurso potestativo de reposición ya que pone fin a la vía administrativa. Cabe extraordinario de revisión al estar ante un acto firme en vía administrativa.

¿Qué motivos permiten interponer los recursos de alzada y el de reposición?. Acto nulo o anulable. Que al dictarlos se hubiere incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recorrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarado en virtud de sentencia judicial firme.

¿Qué se considera un acto expreso de la Administración y cuál será el plazo para su interposición en alzada/reposición ante el mismo?. Acto de forma escrita o por medios electrónicos. 1 mes desde el día siguiente notificación. Acto de forma escrita o por medios electrónicos. 3 meses desde el día siguiente notificación. Silencio administrativo por finalización de plazos, sin que se resuelva por la Administración. 1 mes desde el día siguiente notificación. Silencio administrativo por finalización de plazos, sin que se resuelva por la Administración. 3 meses desde el día siguiente notificación.

Artículo 22 de la Ley 39/2015 - Suspensión del plazo máximo para resolver ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las razones por las que se puede suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento según el Artículo 22?. El plazo se suspende cuando se debe obtener un informe de una ONG o una empresa privada. El plazo se suspende cuando se debe obtener un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. El plazo se suspende automáticamente sin ningún motivo específico siempre que la administración lo considere necesario.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un convenio interadministrativo y un convenio intraadministrativo según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, artículo 47?. Un convenio interadministrativo se firma entre dos o más Administraciones Públicas, mientras que un convenio intraadministrativo se firma entre organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados a la misma Administración Pública. Un convenio interadministrativo incluye la participación de sujetos de Derecho privado, mientras que un convenio intraadministrativo solo incluye entidades públicas. Un convenio interadministrativo está sujeto a aprobación por el Tribunal de Cuentas, mientras que un convenio intraadministrativo no. Un convenio interadministrativo se utiliza para la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas, mientras que un convenio intraadministrativo es exclusivamente para coordinación normativa.

Según el artículo 145 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes no es un órgano de cooperación entre Administraciones Públicas?. Conferencia de Presidentes. Conferencias Sectoriales. Comisiones Territoriales de Coordinación. Consejos Consultivos Autonómicos.

¿Qué tipo de convenios excluye la Ley 40/2015, según el artículo 47, cuando son suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas?. Convenios para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. Convenios para la utilización de medios, servicios y recursos. Convenios para la coordinación de actuaciones. Convenios para la formación y capacitación de personal.

De acuerdo con la Ley 40/2015, artículo 48, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para la validez de un convenio administrativo?. Debe ser registrado en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Debe incluir una cláusula de resolución de controversias. Debe ser remitido al Tribunal de Cuentas. Debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuál es una de las funciones de las Conferencias Sectoriales según el artículo 153 de la Ley 40/2015?. Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y su método de trabajo. Emitir recomendaciones no vinculantes sobre políticas públicas. Supervisar el uso de recursos financieros de las Administraciones Públicas. Elaborar y aprobar el presupuesto anual de las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con la Ley 40/2015, artículo 144, ¿qué técnica de cooperación se utiliza para la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información?. Participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas. Participación en organismos públicos o entidades dependientes. Prestación de medios materiales, económicos o personales. Suministro de información, datos, documentos o medios probatorios.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los convenios administrativos firmados entre Administraciones Públicas y sujetos de Derecho privado, según la Ley 40/2015?. Tienen carácter contractual y se rigen por el Código Civil. Son acuerdos no vinculantes con efectos meramente consultivos. Son acuerdos con efectos jurídicos y deben ajustarse a la legislación de contratos del sector público. Son tratados internacionales sujetos a la aprobación del Parlamento.

Artículo 22 de la Ley 39/2015 - Suspensión por solicitar informes Si se solicitan informes preceptivos a un órgano administrativo, ¿cuál es el plazo máximo de suspensión que no debe ser excedido según el Artículo 22?. No hay un límite específico y puede prolongarse indefinidamente. El plazo de suspensión no puede exceder de tres meses. El plazo de suspensión no puede exceder de seis meses.

Artículo 23 de la Ley 39/2015 - Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar Según el Artículo 23, ¿cuál es la condición bajo la cual se puede acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación?. Siempre que lo desee el órgano competente para resolver. Sólo cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles. Cuando la parte interesada presenta una solicitud de ampliación.

Artículo 23 de la Ley 39/2015- Recurso contra la ampliación del plazo De acuerdo con el Artículo 23, si se acuerda la ampliación de plazos, ¿es posible presentar un recurso contra esta decisión?. No se especifica en el artículo. Se puede presentar un recurso potestativo de reposición por poner fin a la vía administrativa. Contra el acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos, no cabrá recurso alguno.

Hace ya varios meses que la Administración inició de oficio un procedimiento destinado a demoler una edificación de propiedad de una importante compañía inmobiliaria. A día de hoy ha transcurrido el plazo previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin que la Administración haya realizado dicha notificación. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que: El procedimiento ha caducado. Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, sin posibilidad de recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, aunque con posibilidad de recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento ha prescrito.

Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, ¿cómo puede ser acreditada la existencia de un acto administrativo producido por silencio administrativo?. Sólo mediante una resolución expresa posterior. Mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho. Únicamente a través del certificado acreditativo del silencio producido. A través de una declaración jurada del interesado.

¿Qué se debe hacer con los actos administrativos producidos por silencio administrativo según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015?. No pueden ser utilizados ante la Administración ni ante terceros. Pueden ser utilizados sólo ante la Administración. Pueden ser utilizados tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Deben ser revisados de oficio por la Administración.

En los casos de estimación por silencio administrativo, ¿qué tipo de resolución expresa podrá dictar la Administración posteriormente según el artículo 24.3 de la Ley 39/2015?. Resolución que modifique la estimación. Resolución que confirme la estimación. Resolución que desestime la solicitud. Cualquier tipo de resolución.

Según el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, la estimación por silencio administrativo tiene la consideración de: Acto administrativo finalizador del procedimiento. Recurso administrativo a interponer por el interesado. Procedimiento de revisión de oficio. Ninguna de las anteriores.

¿Qué ocurre cuando el recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud y el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa dentro del plazo, según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015?. Se entenderá desestimado automáticamente. Se entenderá estimado, excepto si se refiere a materias de dominio público o servicio público. Se entenderá desestimado, excepto si se refiere a procedimientos de responsabilidad patrimonial. Se entenderá estimado, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el artículo 24.1 (los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario).

¿Cuándo el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015?. a En procedimientos de acceso a actividades o su ejercicio. b En procedimientos de ejercicio del derecho de petición según el artículo 29 de la Constitución. c En procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Tanto b) como c) son correctas. Tanto a) como c) son correctas.

Según el art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿cuál es la única justificación válida para que una Administración Pública decida no reutilizar una solución disponible?. La falta de personal cualificado para su implementación. La necesidad de desarrollar una solución propia más eficiente. Razones de eficiencia económica. La incompatibilidad con otros sistemas de la administración.

De acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿qué deben garantizar los directorios de aplicaciones de las Administraciones Públicas?. La disponibilidad de aplicaciones de código abierto. La compatibilidad e interconexión con el directorio general de la Administración General del Estado. La actualización automática de las aplicaciones. La exclusividad en el uso de ciertas aplicaciones.

¿Qué documento debe acompañar obligatoriamente a los convenios suscritos por la Administración General del Estado según la Ley 40/2015?. Un informe de impacto medioambiental. Una memoria justificativa. Una carta de presentación del proyecto. Un estudio de viabilidad técnica.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, ¿qué deben asegurar las comunicaciones electrónicas entre Administraciones?. La interoperabilidad de los sistemas. El cumplimiento de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. La reducción de costos administrativos. La seguridad en la transferencia de archivos.

¿Cuál es la duración máxima permitida para los convenios suscritos por la Administración General del Estado o sus organismos públicos, según lo dispuesto en el texto?. Tres años, sin posibilidad de prórroga. Cinco años, con posibilidad de una prórroga adicional de tres años. Cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros cuatro años. Dos años, con posibilidad de una prórroga adicional de dos años.

¿Cuál es el objetivo principal del Esquema Nacional de Seguridad?. Regular la interoperabilidad entre sistemas de diferentes Administraciones. Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos. Facilitar la implementación de nuevas tecnologías. Garantizar la accesibilidad de la información pública.

Según el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ¿qué ocurre con la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. La responsabilidad penal se juzga exclusivamente en los tribunales penales, suspendiendo automáticamente los procedimientos patrimoniales. La exigencia de la responsabilidad penal no suspende los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se suspenden hasta la resolución de la causa penal. La responsabilidad penal y la responsabilidad patrimonial se gestionan en el mismo procedimiento.

En relación con la responsabilidad patrimonial por actos de sus concesionarios y contratistas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)?. La Administración solo es responsable de los actos de sus concesionarios si hay una cláusula contractual específica. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas se basa únicamente en la LPA. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas se analiza tanto en la LPA como en la LRJSP. La Administración no tiene ninguna responsabilidad por los actos de sus concesionarios y contratistas.

Según el artículo 32.5 de la LRJSP, ¿cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por actos legislativos?. Solo cuando los actos legislativos causen daño a terceros directamente. Cuando los actos legislativos de naturaleza no expropiatoria causen perjuicios a los particulares. Solo cuando se declara la inconstitucionalidad de la norma. Cuando los actos legislativos de naturaleza expropiatoria causen perjuicios a los particulares.

¿Qué debe incluir la resolución final del procedimiento de responsabilidad patrimonial según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA)?. Solo la valoración del daño causado. Solo la cuantía de la indemnización. La valoración del daño, la cuantía y el modo de indemnización. La valoración del daño y la cuantía de la indemnización.

En los casos de responsabilidad patrimonial por aplicación de una norma declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, ¿desde cuándo se computa el plazo para reclamar la indemnización?. Desde la fecha de la publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. Desde la fecha en que el particular sufre el daño. Desde la fecha en que el particular interpone la reclamación. Desde la fecha en que el particular obtiene la sentencia firme desestimatoria de su recurso contra la actuación administrativa.

¿Cuál es el plazo máximo para que el Consejo de Estado emita su dictamen en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)?. Un mes. Tres meses. Dos meses. Seis meses.

Según la normativa, ¿qué ocurre si la Administración no notifica una resolución expresa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial en el plazo establecido?. La solicitud de indemnización se considera aprobada. La solicitud de indemnización se considera desestimada. La Administración tiene un plazo adicional para resolver. Se debe iniciar un nuevo procedimiento.

De conformidad con la Ley 39/2015: El instructor del procedimiento no podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados en ningún caso. El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados siempre que lo juzgue conveniente, sin necesidad de resolución motivada. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando la Administración carezca de medios o recursos para practicarlas, mediante resolución motivada.

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente, según la Ley 39/2015: Supondrá la inadmisión del recurso. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. No será obstáculo para su tramitación, incluso aunque no se deduzca su verdadero carácter. No será obstáculo para su tramitación siempre que el interesado ponga de manifiesto el error a la Administración dentro de los 5 días siguientes a su interposición.

Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes actos sería considerado nulo de pleno derecho?. Un acto administrativo que impone una multa sin haber realizado una consulta pública previa. Un acto administrativo que ordena la construcción de una carretera nacional por parte de una autoridad municipal. Un acto administrativo que se emite sin incluir detalles necesarios en la notificación al interesado. Un acto administrativo que impone una multa fuera del plazo reglamentario establecido.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el principio de conservación del acto administrativo, según lo expuesto en la Ley 39/2015?. La Administración debe anular todo acto que contenga algún tipo de vicio o irregularidad. La Administración debe corregir los defectos subsanables de un acto administrativo para mantener su eficacia. La Administración puede mantener los actos y trámites que no estén viciados, incluso si hay otros viciados en el mismo procedimiento. La Administración puede ignorar los defectos de forma en los actos administrativos siempre que no afecten a derechos fundamentales.

De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando el último día del plazo sea inhábil: Se entenderá que el plazo vence el día inmediatamente anterior. Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Se entenderá que el plazo vence el día inmediatamente anterior o se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, a discreción del órgano administrativo. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indique cuál de los siguientes recursos administrativos cabe contra un acto definitivo de un Ministro -que pone fin a la vía administrativa-: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de alzada y, potestativamente, de reposición. Recurso de alzada y, posteriormente, recurso de reposición.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, ¿en qué caso un defecto de forma determinará la anulabilidad de un acto administrativo?. Siempre que haya cualquier defecto de forma. Solo cuando el defecto de forma impida alcanzar el fin del acto o cause indefensión a los interesados. Cuando el defecto de forma sea subsanable mediante la emisión de un nuevo acto. Si el defecto de forma es detectado dentro del plazo de cuatro años desde la emisión del acto.

De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿cuál es el procedimiento requerido para que la Administración declare de oficio la nulidad de un acto administrativo? (Artículo 106). La Administración debe emitir una resolución motivada y notificar al interesado. Es necesario obtener un dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, audiencia al interesado, y resolución motivada. La Administración puede declarar la nulidad de oficio sin necesidad de consulta previa. La nulidad de un acto solo puede ser declarada por los tribunales administrativos.

En relación con la revisión de actos administrativos por parte de la propia Administración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 107 de la Ley 39/2015?. La Administración puede declarar la lesividad de cualquier acto en cualquier momento sin restricciones. La declaración de lesividad debe realizarse dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto. Los actos lesivos para el interés público pueden ser anulados directamente por la Administración sin necesidad de impugnación judicial. La lesividad de un acto solo puede ser declarada a solicitud del interesado.

Hace un mes interpuso usted un recurso de alzada contra una resolución sancionadora. Aún no ha recibido contestación. ¿Qué recomendaría?: Solicitar a la Administración una certificación de la estimación por silencio positivo del recurso interpuesto. Acudir a la vía contenciosa, ante la desestimación del recurso por silencio negativo. Presentar un recurso de reposición. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común: Los actos nulos de pleno derecho son susceptibles de convalidación. Los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico son anulables. La anulabilidad en parte del acto administrativo implicará siempre la de las partes del mismo independientes de aquélla. La nulidad de un acto implica la de los sucesivos en el procedimiento, aunque que sean independientes del primero.

La Administración del Estado quiere declarar de oficio -y sin necesidad de acudir a los Tribunales- la nulidad de una autorización, por considerar que al concederla que ha infringido la legislación sectorial correspondiente, aunque dicha infracción no da lugar a un vicio de nulidad de pleno derecho sino sólo de anulabilidad. ¿Es esto posible?: Sí, porque dicha declaración de oficio es posible tanto en los supuestos de nulidad de pleno derecho como en los de anulabilidad de los actos administrativos, previo dictamen favorable o desfavorable del Consejo de Estado. No, porque dicha declaración de oficio sólo es posible en los supuestos de nulidad de pleno derecho. No, porque dicha declaración de oficio sólo es posible cuando tiene por objeto un acto administrativo desfavorable o de gravamen (y la autorización es un acto administrativo favorable). No, porque la Administración no tiene la potestad de declarar de oficio la nulidad de un acto sin acudir para ello a los Tribunales.

De conformidad con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas: Podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en determinados supuestos. Podrán proceder, sin necesidad de previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en determinados supuestos. Nunca podrá proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos sin contar con la intervención de los Tribunales. No podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos sin contar con la intervención previa y favorable del Consejo de Estado.

Seleccione la respuesta correcta: Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas no permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, hasta la comprobación, control e inspección atribuido las Administraciones Públicas. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente pero no permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.