AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAC PRÁCTICO A PI 2024 JAM1

SUPUESTO PRÁCTICO A. El día 24 de marzo de 2025, doña Luisa M.G. reclama, en su propio nombre, contra la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, los daños sufridos por caída en el Edificio de Usos Múltiples II en Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Alega que a fecha de la presentación de la reclamación todavía no está recuperada y sigue de baja. En su escrito, doña Luisa explica que es trabajadora de la empresa Suministros, S.A., y que el día 20 de marzo de 2024 acudió al Edificio de Usos Múltiples II para entregar un suministro solicitado en la primera planta del edificio. La entrada del ascensor estaba recién fregada, sin señalización, sufriendo una caída que no pudo evitar debido al material que llevaba en las manos. La reclamante solicita indemnización por los daños sufridos por rotura de cadera derecha y una fractura también del codo derecho que le afectó a los tres huesos de la articulación (húmero distal, cúbito y radio). También solicita periodo probatorio en relación a demostrar que en ese día la limpieza se realizó con productos no adecuados y resbaladizos. El procedimiento sigue la tramitación ordinaria y no ha sido declarado de urgencia. La Dirección General de Patrimonio y Contratación requiere, en el mes de mayo de 2025, subsanación de la documentación presentada, a través de notificación en papel, que aporta la interesada en el plazo concedido mediante medios Electrónicos, solicitando relacionarse por dichos medios a partir de la aportación de la documentación subsanada. La Administración también, en el mismo mes, adopta acuerdo de iniciación del procedimiento. Posteriormente la Dirección General admite el periodo probatorio, que le comunica mediante notificación electrónica. También solicitan informe al administrador del Edificio de Usos Múltiples II en Santa Cruz de Tenerife. Las actuaciones tienen lugar en el mes de junio de 2025. En el transcurso del procedimiento, la interesada solicita a la Administración que “obligatoriamente se suspenda el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución, porque quiere negociar la conclusión del mismo con un pacto”. Transcurre el tiempo y el 29 de diciembre de 2025 la Administración resuelve y notifica la solicitud de doña Luisa M.G., desestimando su solicitud, que recepciona el día 7 de enero de 2026.

Como funcionario, señale cuál es un sistema de identificación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, según el artículo 23 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: Sistema con firma de imagen en formato jpg. Sistema digital de trazo simple. Firma basada en correo electrónico. Sistemas de firma electrónica avanzada o reconocida.

Debe comprobar si la reclamación presentada reúne los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio?: Nombre del representante. Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Plazo para la realización de las notificaciones que se realicen en el procedimiento.

Doña Luisa no presentó la reclamación por la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, sino mediante solicitud general en papel, en el Registro General de la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. ¿Es correcta la presentación de la reclamación en aplicación del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: No es correcta porque las personas físicas están obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Es correcta, aunque una vez que elige relacionarse de esa forma ya no puede cambiar posteriormente a medio electrónico. Sí, porque las personas físicas no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, ya que podrán elegir en todo momento si se comunican con éstas a través de medios electrónicos o no. No es correcta porque si la presenta en soporte papel debió presentar su solicitud en la Oficina de Correos.

Indique en este supuesto cuál es el plazo máximo para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Un año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas que ha sufrido. Tres meses desde que se produjo la caída. Un año desde que se produjo la caída. Seis meses desde la curación y determinación de las secuelas de la caída.

La reclamante ha solicitado pruebas técnicas. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿durante cuánto tiempo podrá estar suspendido el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución?: Máximo de tres meses, transcurrido el cual se proseguirá el procedimiento. El necesario para la incorporación de los resultados al expediente. El plazo de suspensión no podrá exceder de seis meses. Mínimo de tres meses, y en caso de que no se incorporen los resultados, máximo de seis meses.

¿Cuándo comienza el plazo para dictar resolución expresa y notificar, según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Desde la fecha de acuerdo de iniciación del órgano competente para resolver el procedimiento. El día 1 del mes siguiente a la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración y organismo competente para su tramitación. Desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. A partir de la fecha en que la solicitud fue presentada en la Subdelegación del Gobierno.

Indique el plazo máximo para para resolver y notificar la resolución expresa a doña Luisa: Seis meses. Tres meses. Dos meses. Un mes.

¿Cuál es el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Desestimatorio. Convalidable. Favorable. Estimatorio.

La Dirección General de Patrimonio notifica a la reclamante, en papel, el requerimiento de subsanación. Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si se practica la notificación en el domicilio de doña Luisa y no está presente, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona: Mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Mayor de 13 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio y sin necesidad de hacer constar su identidad. Mayor de 13 años que se encuentre en el domicilio y sin necesidad de hacer constar su identidad.

¿En qué plazo debe acceder la interesada a las notificaciones que se realicen a través de medios electrónicos, de forma que en caso contrario se entenderá rechazada, según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?: En el plazo de diez días hábiles desde la puesta a disposición en el correo electrónico, salvo que acceda antes su representante debidamente identificado. En el plazo de quince días hábiles desde que se pone a su disposición. En el plazo de diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder a su contenido. En el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Indique qué supone el impulso en los procedimientos administrativos, según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: El acuerdo en un solo acto de todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo. El impulso de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. La eficacia y economía en todos los trámites, respetando la simplificación administrativa. El cumplimiento de los trámites por el interesado en el plazo de diez a quince días hábiles.

¿Doña Luisa M.G. tiene derecho a presentar alegaciones durante el procedimiento, según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?: Sí, en cualquier momento del procedimiento y antes del trámite de audiencia. Puede presentarlas incluso después del trámite de audiencia. Tiene derecho en cualquier momento desde el requerimiento de subsanación hasta la propuesta de resolución del procedimiento. Tiene derecho a cumplir los actos de instrucción que proponga el órgano responsable de la tramitación hasta el trámite de prueba.

Indique el plazo máximo en que deberá emitirse el informe solicitado por la Dirección General de Patrimonio al administrador del edificio, según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: 10 días. 15 días. 20 días. Un mes.

En caso de que sea preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿en qué plazo debe solicitarse, según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?: En el plazo de quince días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. En el plazo de quince días a contar desde el inicio del trámite de audiencia. En el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. En el plazo de diez días a contar desde el inicio del trámite de audiencia.

Indique qué debe contener los acuerdos de terminación convencional en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, según el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: Las partes deberán fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Administración fija la cuantía, que acepta el interesado, y éste último decide el modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes deberán fijar la cuantía y deberá constar la negociación del acuerdo llevada a cabo por un órgano instructor de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que fija el modo de indemnización y criterios para calcularla y abonarla. Las partes deberán fijar el modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establezca la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de forma que en acuerdo posterior podrá fijarse la cuantía.

¿En qué plazo se debe cursar la notificación del acto que resuelve el procedimiento de doña Luisa M.G., según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?. Dentro del plazo de 15 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido propuesto. Dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido propuesto.

Doña Luisa M.G. decide interponer un recurso potestativo de reposición el día 26 de enero de 2026 contra el acto dictado. Indique la respuesta correcta: Es procedente en el caso de que el acto ponga fin a la vía administrativa. No es procedente porque cabe recurso extraordinario de revisión. Es procedente en el caso de que el acto no ponga fin a la vía administrativa. No es procedente porque cabe la interposición del recurso obligatorio de reposición.

¿Qué recursos administrativos ordinarios puede interponer doña Luisa M.G. contra la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial?: Recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición. No caben recursos administrativos. Recurso de alzada.

Indique los plazos máximos para la interposición tanto del recurso potestativo de reposición como del recurso de alzada: Un mes en caso de recurso potestativo de reposición y dos meses en caso del recurso de alzada. Un mes en caso del recurso potestativo de reposición y tres meses en caso del recurso de alzada. Dos meses en caso de recurso potestativo de reposición y un mes en caso del recurso de alzada. Un mes en caso de recurso potestativo de reposición y un mes en caso del recurso de alzada.

Indique los plazos máximos para dictar y notificar en caso de interposición tanto del recurso potestativo de reposición como del recurso de alzada: Un mes en caso de recurso potestativo de reposición y tres meses en caso del recurso de alzada. Tres meses en caso del recurso potestativo de reposición y un mes en caso del recurso de alzada. Dos meses en caso de recurso potestativo de reposición y tres meses en caso del recurso de alzada. Un mes en caso de recurso potestativo de reposición y un mes en caso del recurso de alzada.

Contra la resolución de un recurso potestativo de reposición, ¿cabe interponer otro recurso potestativo de reposición?: Sí cabe interponer de nuevo dicho recurso. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. No porque cabe recurso de alzada. Sí, cabe interponer por una sola vez de nuevo dicho recurso.

Si la interposición del recurso administrativo está motivado en que la desestimación es constitutiva de infracción penal, se está alegando que el acto es, según la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: Nulo de pleno derecho. Anulable. Extraordinario. Sancionador.

Indique cuáles son los medios de ejecución forzosa, según el artículo 100 Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: Compulsión sobre las personas, sanción administrativa y premios sobre el patrimonio. Compulsión sobre los bienes, multa coercitiva y apremio sobre el patrimonio. Multa coercitiva, compulsión sobre las personas y sanción administrativa. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.

Cuando transcurran los plazos establecidos y se proceda al acto físico de destrucción de documentos, según las definiciones del Decreto 160/2006 del Reglamento del Sistema de gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se trata de: Eliminación. Expurgo. Valoración documental. Gestión documental.

Indique la definición de “Documentación de apoyo informativo”, según el Decreto 160/2006 del Reglamento del Sistema de gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: Colección de documentos sin carácter orgánico que responde a criterios subjetivos de conservación. Ejemplares múltiples de origen y características diversos, cuya utilidad reside en la información que contienen para ayuda a la gestión. Conjunto de unidades archivísticas producidas en el desarrollo de una función o actividad administrativa regulada por una misma norma de procedimiento. Documentos que son testimonio de las actuaciones de un órgano en el ejercicio de sus funciones.

RESERVA: A la vista de que la interesado ha solicitado la “suspensión del procedimiento”, usted tiene en cuenta que el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los supuestos facultativos y preceptivos de suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución. Indique la respuesta correcta: La Administración podrá suspender el plazo cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87 de la Ley 39/2015. La Administración está obligada a suspender el plazo cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración. Se podrá suspender facultativamente cuando sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional y cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. Se podrá suspender facultativamente cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, y obligatoriamente cuando el interesado promueva la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento.

RESERVA: Indique la respuesta correcta en relación a las funciones de los Archivos de Oficina, según el Decreto 160/2006 del Reglamento del Sistema de gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: Custodiar los documentos de archivo en tanto se encuentren en trámite o su uso sea muy frecuente. Redactar sus normas de organización y funcionamiento de sus archivos. Prestar asesoramiento técnico a los Archivos centrales. Elevar a la Comisión de Valoración Documental las propuestas de tablas de valoración documental.

Indique cuál de los siguientes NO es un requisito de la dirección electrónica única, según el artículo 33, regulador de las notificaciones electrónicas, del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario. Garantizar el no repudio de las notificaciones. Contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos. Garantizar el repudio de las notificaciones.

SUPUESTO PRÁCTICO B. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha implantado en la sede electrónica un procedimiento. La persona física “X”, actuando en su propio nombre, presenta, presencialmente, en el registro de la Consejería competente, una solicitud en el citado procedimiento. La persona física “X” solicita comunicarse electrónicamente con la Administración durante toda la tramitación del procedimiento. La solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos legalmente, por lo que se requiere a “X” para su subsanación. Posteriormente, en la fase de instrucción del procedimiento y antes de que se dicte resolución, se persona en el procedimiento la persona jurídica “Y”, en tanto que la resolución que en su día se dicte puede afectar a sus intereses legítimos, la cual se admite por la Administración. El procedimiento sigue la tramitación ordinaria y no ha sido declarado de urgencia. La Administración dicta resolución estimando la solicitud presentada por “X”. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada. Por su parte, la persona jurídica “Y”, considerando la resolución dictada en el procedimiento contraria a sus intereses, presenta recurso de alzada contra la misma. Dicho recurso es inadmitido por la Administración. Posteriormente, el órgano administrativo considera que la resolución es lesiva para los intereses de la Administración pública, por lo que inicia un procedimiento de declaración de lesividad.

En la tramitación del procedimiento, una vez puesta a disposición de “X”, en sede electrónica, la notificación del requerimiento para la subsanación de la solicitud, ¿qué plazo tiene “X” para acceder a la notificación, antes de que la misma se entienda rechazada?: Un plazo de quince días hábiles. Un plazo de quince días naturales. Un plazo de diez días hábiles. Un plazo de diez días naturales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, respecto a la relación de “X” con la Administración en el supuesto planteado?: “X” no tiene la condición de interesada en el procedimiento. La Administración deberá notificar a “X” solo por correo ordinario. “X” está obligada a designar una persona que la represente en el procedimiento. “X” puede acceder a las notificaciones que le dirija la Administración, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

La persona física “X” ha presentado los documentos adjuntos a la solicitud en papel. De conformidad con el artículo 38.2 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿qué debe hacer usted como tramitador del procedimiento para incorporarlo al expediente electrónico?: Requerir al interesado para que presente el documento en formato electrónico. Digitalizar el documento. Rechazar el documento. Tener el documento por no presentado.

Usted debe introducir en el aplicativo de gestión del expediente el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada interpuesto el día 11 de febrero de 2026 por la entidad “Y”. Suponiendo que todos los días señalados en las posibles respuestas son hábiles, dicho plazo finaliza: El día 11 de marzo de 2026. El día 12 de abril de 2026. El día 11 de mayo de 2026. El día 12 de junio de 2026.

En el escrito de formalización del recurso de alzada presentado el día 11 de febrero de 2026, el recurrente solicita la suspensión de la resolución dictada. Suponiendo que todos los días señalados en las posibles respuestas son hábiles, ¿en qué fecha vence el plazo para resolver y notificar sobre la solicitud de suspensión?: El día 11 de marzo de 2026. El día 12 de abril de 2026. El día 11 de mayo de 2026. El día 12 de junio de 2026.

La resolución que pone fin al procedimiento es dictada por un órgano jerárquicamente dependiente del órgano con competencia para resolver. Dicha resolución está viciada de: Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Irregularidad no invalidante. Error de hecho.

¿Cuál es el plazo máximo para que la Administración pueda declarar la lesividad del acto por el que se resolvió el procedimiento administrativo?: Un año, desde la fecha en que fue notificado el acto administrativo. Un año, desde la fecha en que fue dictado el acto administrativo. Cuatro años, desde la fecha en que fue notificado el acto administrativo. Cuatro años, desde la fecha en fue dictado el acto administrativo.

Debe comprobar si la solicitud presentada por “X” reúne los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio?: Nombre del representante. Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Plazo para la realización de las notificaciones que se realicen en el procedimiento.

En la tramitación del expediente tiene que dar un plazo a la interesada para subsanar la solicitud, pero la normativa reguladora del procedimiento expresa el plazo en días, sin señalar si son hábiles o naturales, por lo que deberá entender que estos son: 10 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. 10 días naturales, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se exprese otro cómputo. 10 días hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 10 días naturales, excluyéndose del cómputo los domingos.

¿Qué pie de recurso debe incorporar a la notificación de la resolución por la que se resolvió el procedimiento?: Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de reposición. Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada. Contra la presente resolución que constituye un acto de trámite cabe interponer recurso de alzada. Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada.

La entidad “Y” interpuso el recurso de alzada ante el órgano que dictó la resolución. Usted debe remitir el expediente administrativo al órgano encargado de resolver. ¿Cuál es el plazo máximo para remitirlo?: Quince días. Un mes. Diez días. Veinte días.

¿Cuál de las siguientes constituye una causa de inadmisión del recurso de alzada?: Que el recurso carezca manifiestamente de fundamento. Que el recurso se interponga contra un acto nulo de pleno derecho. Que el recurso se interponga contra un acto anulable. Que el recurrente haya calificado erróneamente el recurso como recurso de reposición.

En el procedimiento se ha solicitado un informe preceptivo. Dicho informe no ha sido remitido en el plazo legalmente previsto. En este caso usted podrá suspender el procedimiento durante un plazo que no podrá exceder de: Quince días. Veinte días. Un mes. Tres meses.

En el procedimiento se ha solicitado un informe facultativo. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el mismo debe ser emitido, con carácter general, en el plazo de: Quince días. Diez días. Veinte días. Un mes.

En el procedimiento tramitado debe conceder trámite de audiencia a “X”. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo no podrá ser superior a: Quince días hábiles. Diez días hábiles. Veinte días naturales. Diez días naturales.

Podrá otorgarse eficacia retroactiva a la resolución que se dicte en el procedimiento: Cuando se dicte en sustitución de un acto nulo de pleno derecho. Cuando sea necesaria su notificación. Cuando se dicte en sustitución de un acto anulable. Cuando sea necesaria su publicación.

Según las definiciones del Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la selección de los documentos que van a destruirse conforme a los plazos establecidos en la correspondiente tabla de valoración documental, constituye: Eliminación. Expurgo. Valoración documental. Identificación documental.

Según el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿qué documentos deben transferirse a los archivos centrales?: a) Los documentos de archivo en tanto se encuentren en trámite. Los expedientes administrativos en que se hayan dictado actos administrativos de resolución cuando no hayan devenido firmes. Los informes que hayan producido la totalidad de sus efectos. Los documentos que tengan ya treinta años, y tengan valor histórico.

¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del contenido de la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento?: El texto íntegro de la resolución. La indicación de los recursos que procedan. El plazo para interponer los recursos. El plazo máximo de resolución del procedimiento.

A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por las personas interesadas, las presentaciones en un día inhábil realizadas en el registro electrónico del Gobierno de Canarias, se entenderán realizadas, con carácter general: En la primera hora del día inhábil en que se presentaron. En la última hora del día inhábil en que se presentaron. En la primera hora del día hábil siguiente al día en que se presentaron. En la última hora del día hábil siguiente al día en que se presentaron.

En el procedimiento ha sido necesario levantar acta de la reunión de un órgano colegiado, ¿qué tipo de documento administrativo será dicha acta?: Documento administrativo de transmisión. Documento administrativo de decisión. Documento administrativo de comunicación. Documento administrativo de constancia.

En el encabezamiento o parte inicial del acta, deberá constar: Las deliberaciones llevadas a cabo por el órgano colegiado. La relación de los asistentes. Los acuerdos adoptados durante la sesión. La firma del secretario con el visto bueno del presidente.

¿En qué momento del procedimiento puede “Y”, realizar alegaciones?: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. La entidad “Y” no tiene la consideración de interesada en el procedimiento por lo que no puede formular alegaciones. Con posterioridad al trámite de audiencia. La entidad “Y” no puede formular alegaciones, puesto que no se trata de un procedimiento iniciado de oficio.

La Administración pone a disposición de “Y” la notificación electrónica de la resolución del recurso de alzada que presentó. ¿Qué ocurre si “Y” no accede a su contenido en el plazo legalmente establecido?: Se entenderá practicada la notificación. Se entenderá rechazada la notificación. La notificación no es válida puesto que “Y” no está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración. Se entenderá que la notificación es defectuosa.

¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del pie de recurso?: El órgano ante el que debe interponerse el recurso. El texto de la resolución. La fecha de la resolución. El órgano que firma la resolución.

RESERVA: Si el recurso de alzada interpuesto por “Y”, no hubiera sido resuelto en plazo: El recurso podrá entenderse desestimado. El recurso podrá entenderse estimado. El procedimiento de recurso habrá caducado. El recurso podrá entenderse desistido.

¿Cuándo comienza el plazo para dictar resolución expresa y notificar, según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Desde la fecha de acuerdo de iniciación del órgano competente para resolver el procedimiento. El día 1 del mes siguiente a la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración y organismo competente para su tramitación. Desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Al día siguiente a la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.

Desde el inicio del procedimiento de declaración de lesividad de la resolución, ¿qué plazo debe transcurrir sin que se haya declarado la lesividad del acto para entender que se ha producido la caducidad de dicho procedimiento?: Tres meses. Seis meses. Un año. Cuatro años.