AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAC TEÓRICO PI 2024 JAM1

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con la aplicación de los derechos, deberes y principios contenidos en el Título I del Estatuto respecto a las competencias, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?: Supondrán la creación de nuevos títulos competenciales para la Comunidad Autónoma si los derechos así lo requieren. No supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. Facultan al Parlamento de Canarias para reducir derechos fundamentales si existe un conflicto competencial con el Estado.

En relación al derecho en el ámbito de la salud, artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿cuál de los siguientes es un derecho que los poderes públicos canarios deben garantizar por ley a los usuarios del servicio público?: El acceso a cuidados paliativos y a vivir con dignidad el proceso de su muerte. El derecho a la eutanasia activa sin necesidad de regulación estatal previa. La elección de cualquier centro sanitario privado del territorio nacional con cargo al sistema público sanitario canario.

Según el artículo 61.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿bajo qué condiciones podrá la Comunidad Autónoma de Canarias ejercer sus funciones administrativas a través de los cabildos insulares y ayuntamientos?: Cuando lo justifiquen los principios de subsidiariedad, descentralización y eficiencia. Cuando la Administración autonómica carezca de personal suficiente en una isla o municipio. Solo para funciones relacionadas con la protección del medio ambiente y el turismo.

De acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿qué privilegio tiene la Administración Pública canaria respecto a la prestación de garantías ante los tribunales?: La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o tribunal jurisdiccional. Debe depositar caución siempre que la parte contraria sea una persona jurídica en situación de vulnerabilidad. Solo está exenta ante tribunales del orden contencioso-administrativo, pero no ante los del orden civil o social.

Según el artículo 33.1 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica será exigible: Únicamente en los términos establecidos por las leyes exclusivas del Parlamento de Canarias. En los términos establecidos por la legislación básica del Estado. Conforme a lo que determine el Consejo de Gobierno de Canarias mediante Decreto.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién ostenta la legitimación exclusiva en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo?: La persona acosada será la única legitimada. Los sindicatos y asociaciones cuyo fin sea la defensa de la igualdad. Cualquier persona física o jurídica que acredite un interés legítimo.

En relación con la carga de la prueba en procedimientos judiciales por discriminación por razón de sexo, artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la afirmación correcta: Corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Corresponde a la persona demandante probar de forma absoluta la existencia de discriminación. Corresponde al órgano judicial decidir en cada caso a quién corresponde la carga de la prueba.

De acuerdo con el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de los siguientes colectivos NO se menciona expresamente como destinatario de una consideración especial por sus singulares dificultades y posibles medidas de acción positiva?: Las mujeres pertenecientes a minorías y las mujeres migrantes. Las mujeres desempleadas de larga duración. Las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores.

Según el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué trámite es obligatorio para establecer medidas en la elaboración de códigos de buenas prácticas o campañas informativas contra el acoso sexual en la empresa?: La negociación con los representantes de los trabajadores. La autorización previa por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ninguno porque son de carácter voluntario.

En relación con la contribución de los representantes de los trabajadores para prevenir conductas contra la libertad sexual e integridad moral en el trabajo, el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señala específicamente que deberán: Sancionar directamente a los trabajadores y trabajadoras que cometan actos de acoso sexual en el ámbito digital. Elaborar de forma exclusiva el protocolo de acoso de la empresa sin intervención de la dirección. Sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras e informar a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos que pudieran propiciar dichas situaciones.

El principio de transversalidad, según el artículo 4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, se define como aquel que comporta la aplicación de la perspectiva de género en las fases de: Planificación, gestión presupuestaria y fiscalización. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas. Solo en la fase de planificación, para garantizar que el objetivo de igualdad sea el punto de partida.

En relación con el principio de coordinación entre las administraciones públicas canarias en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ¿cuál es su finalidad según el artículo 4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres?: Lograr una mayor eficacia tanto en las políticas a aplicar como en la ejecución del presupuesto, evitando la duplicidad de gastos. Establecer una jerarquía estricta entre la Administración autonómica y los Cabildos insulares. Garantizar que todas las subvenciones sean gestionadas exclusivamente por el Instituto Canario de Igualdad.

Respecto al reconocimiento de la maternidad y la paternidad, señale la afirmación correcta según los principios generales del artículo 4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres: La paternidad se considera un valor social, mientras que la maternidad se enfoca en la corresponsabilidad. El reconocimiento de la maternidad como valor social debe evitar efectos negativos en los derechos de las mujeres. La paternidad solo se considera en el contexto de familias de matrimonio convencional.

¿Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela?: No, en ningún caso; deben actuar siempre representados por sus tutores legales. Sí, siempre que el ordenamiento jurídico les permita actuar sin dicha asistencia. Sí, si son mayores de 16 años y cuentan con autorización expresa de la Administración.

¿En qué supuestos es obligatorio acreditar la representación del interesado en el procedimiento administrativo?: Exclusivamente para la interposición de recursos administrativos. Únicamente para la firma de solicitudes de inicio del procedimiento. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

¿Cuál de los siguientes sujetos está obligado, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?: Todas las personas físicas, independientemente de su profesión. Las personas jurídicas. Únicamente los empleados públicos para trámites relacionados con su vida privada.

¿A qué órgano corresponde el control del cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, por parte de los sujetos obligados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias?: Al Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Según la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una solicitud de acceso a la información pública?: Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Tres meses, prorrogables por otros tres cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen. Quince días hábiles, sin posibilidad de prórroga.

Según la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, ¿qué naturaleza tiene la reclamación que se puede interponer ante el Comisionado de Transparencia frente a las resoluciones de acceso a la información?: Es una reclamación de carácter obligatoria y debe interponerse siempre antes de acudir a la vía judicial. Es una reclamación potestativa y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa. Es una reclamación preceptiva que se interpone ante la Consejería de Administraciones Públicas.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver las sugerencias y reclamaciones previstas en el Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias?: 15 días hábiles. 3 meses. 1 mes.

¿Cuál de estos principios NO se encuentra entre los reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? : Exactitud de los datos. Deber de confidencialidad. Deber de portabilidad.

Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta en relación a la delegación de competencias: Únicamente podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a relaciones con la Jefatura del Estado. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. Únicamente podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando así lo hagan conveniente, circunstancias: De índole fáctica. Económica y social. Judicial y territorial.

En relación a la llamada competencia de los órganos administrativos, señale la respuesta correcta: La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen la alteración de la titularidad de la competencia. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, una empresa con un total de 1.260 trabajadores fijos en plantilla deberá tener: 4 Delegados de Prevención. 5 Delegados de Prevención. 6 Delegados de Prevención.

RESERVA: En el marco de los principios rectores de la política económica y fiscal de Canarias del artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿cuál de estos principios se incluye en dicho precepto?: El fomento del sector servicios para consolidar el modelo turístico actual. La consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la renta y la riqueza conforme a los criterios de justicia social. La protección de la libertad de empresa por encima de cualquier otro criterio de cohesión social.

RESERVA: En un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado, si hay varios interesados y existe discrepancia en cuanto a la lengua (castellano o lengua cooficial), ¿en qué lengua se tramitará el procedimiento?: En castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por estos. Obligatoriamente en la lengua cooficial del territorio donde tenga su sede el órgano administrativo. El procedimiento se suspenderá hasta que todos los interesados se pongan de acuerdo unánimemente.

RESERVA: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: Las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo. Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo.

RESERVA: De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1/2010, ¿qué requisito formal deben cumplir las ofertas públicas de empleo de la Administración canaria?: Deben ser aprobadas previamente por el Instituto Canario de Igualdad. Deben ir acompañadas obligatoriamente de un informe de impacto de género. Deben incluir una memoria económica detallada sobre la brecha salarial de la legislatura anterior.