Auxiliar Administrativo SCS 2

76. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, está regulada en el artículo: 14. 15. 11. 16.

77. De acuerdo con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en: En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de Correos. Todas las respuestas son correctas.

78. Conforme al artículo 21.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 10 días. 3 meses. 6 meses.

79. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado al interesado: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso extraordinario de revisión. Cabrá recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso alguno.

80. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que: Formen parte de un expediente administrativo. Incorporen una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Incorporen los metadatos mínimos exigidos. Se publiquen con carácter meramente informativo.

81. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, según el art. 27 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es: Codificación. Autentificación. Digitalización. Autenticación.

82. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del plazo de: Diez días. Veinte días. Quince días. Un mes.

83. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán: Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Siempre en papel. Siempre por medios electrónicos. Preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

84. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar la opción correcta: Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado. Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado. Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración. Los procedimientos deben iniciarse a través de representante en todo caso.

85. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de: Ejercer la protección provisional de los intereses implicados. Asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Ninguna es correcta.

86. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la Resolución que pudiera recaer, de acuerdo a los siguientes principios: Intervención mínima. Menor onerosidad. Idoneidad. Ninguna es correcta.

87. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que: Impliquen la prestación de fianzas. Impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Impliquen violación de los derechos y obligaciones amparados por las leyes. Impliquen la consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

88. Señale la respuesta correcta en relación con la acumulación de procedimientos del artículo 57 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros siempre que haya identidad en los interesados. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento no podrá disponer su acumulación a a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que acordó la acumulación de procedimientos. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

89. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué órgano administrativo es el competente para disponer la acumulación de un procedimiento a otros?: El que inicie o tramite un procedimiento. El que resuelva un procedimiento. El superior jerárquico del que inicie un procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.

90. Según el artículo 60 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior la emitida por un órgano administrativo: Inferior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Mismo nivel jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.

91. Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar éste y que tuvo conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación se denomina: Petición razonada de otros órganos. Denuncia de otros órganos. Orden superior. Propia iniciativa.

92. Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. En ningún caso las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento no deberá ser motivada y nunca se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. La presentación de una denuncia confiere, siempre y en todo caso, la condición de interesado en el procedimiento.

93. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las denuncias sobre hechos que puedan constituir una infracción administrativa recogerán: La fecha de su comisión y, en todo caso, la identificación de los presuntos responsables. La fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. La identificación de los presuntos responsables y, cuando sea posible, la fecha de su comisión. Ninguna respuesta es correcta.

94. Según lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: La presentación de una denuncia confiere, por si misma, la condición de afectado en el procedimiento. La presentación de una denuncia confiere, siempre y en todo caso, la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.

95. Según el art. 65 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, se notificará a los particulares presuntamente lesionados concediéndoles un plazo de: 15 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 20 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 7 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

96. Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, el derecho a reclamar prescribe: A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

97. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación y mejora de la solicitud podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, salvo: Que se trate de procedimientos sancionadores. Que se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Ninguna respuesta es correcta.

98. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son anulables los actos de la Administración cuando: Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Incurran en desviación de poder. El acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Todas son correctas.

99. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto: Los que sean constitutivos de infracción penal. Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará la anulabilidad siempre. Cuando tengan un contenido imposible.

100. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando un acto nulo o anulable contenga los elementos constitutivos de otro distinto y produce los efectos de éste se dice que se ha producido: La conversión de actos viciados. La transmisibilidad. La convalidación. Ninguna es correcta.

101. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes actos deben ser motivados: Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.

102. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos administrativos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Todas las respuestas son incorrectas.

103. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 37 sobre la inderogabilidad singular: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

104. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, produce los siguientes efectos: Los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos de los que se deriven la constitución de derechos. En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras el interesado debe solicitar la caducidad de las actuaciones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad. Ninguna es correcta.

105. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el siguiente caso: En todos los procedimientos, salvo en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En todos los procedimientos, salvo que sean actividades que puedan dañar el medio ambiente. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. En ninguno de los casos propuestos.

106. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración resuelva expresamente, la resolución: Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio administrativo. Indistintamente, puede rectificar lo conseguido o denegarlo. Ha de ser confirmatoria de lo conseguido por el silencio administrativo. Ninguna es correcta.

107. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los supuestos de nulidad de pleno derecho de actos administrativos: Son la regla general en nuestro Derecho. Son los recogidos en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exclusivamente. Pueden establecerse expresamente en una disposición con rango de Ley. Son sólo los del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de otras Leyes formales.

108. El defecto de forma de un acto, según reconoce expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Determinará la nulidad absoluta cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Lo vicia con nulidad absoluta. Lo vicia con anulabilidad en todo caso. Determinará la anulabilidad si produce indefensión de los interesados.

109. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en que se notifiquen en todo caso. La fecha en que se publiquen. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Ninguna es correcta.

110. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración podrá convalidar un acto: Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia funcional no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia territorial no determinante de nulidad. Ninguna respuesta es correcta.

111. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración no podrá convalidar un acto si el vicio consiste en: Incompetencia jerárquica. La falta de una autorización. Incompetencia funcional. La omisión de un informe facultativo.

112. El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso será de: Un mes. Tres meses. Diez días. Seis meses.

113. ¿En qué supuesto se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución a impugnar?: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

114. El recurso de alzada: Podrá interponerse, en cualquier caso, en el plazo de 3 meses. Podrá interponerse ante cualquier acto que ponga fin a la vía administrativa. Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general ante el órgano superior jerárquico del que las dictó. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

115. Contra la resolución de un recurso de reposición: No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición. Podrá interponerse de nuevo recurso de reposición pero ante el órgano superior jerárquico del que lo resolvió. Procederá el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

116. Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, ¿Qué recurso podremos interponer en vía administrativa?. Ninguno. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Alzada o extraordinario de revisión.

117. El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna. El mismo órgano que dictó el acto que se impugna. El Ministro competente, siempre. La Presidencia del Gobierno.

118. Ante un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición ¿en qué plazo?: En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de un año a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

119. ¿Cuál no es un recurso de los recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Ninguna respuesta es correcta.

120. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo: 124.1. 125.1. 126.1. 127.1.

121. Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015: Contra las resoluciones y los actos de trámite. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

122. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo por otros procedimientos de: Impugnación. Mediación y arbitraje. Conciliación, mediación y arbitraje. Todas son correctas.

123. Señale la respuesta incorrecta. Ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

124. Señale la respuesta incorrecta. Además de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los Consejeros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

125. Cuál no sería una causa de inadmisión de un recurso según el artículo 116 de la Ley 39/2015. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

126. La norma que regula la tarjeta sanitaria canaria, el documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutica es: La Ley 56/2007, de 13 de Marzo. El Decreto 56/2007, de 13 de Marzo. El Real Decreto 56/2007, de 13 de Marzo. El Decreto 46/2007, de 13 de Marzo.

127. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria individual es un instrumento: Contrastado. Multilateral. De uso exclusivo y polivalente. Civil y transferible.

128. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, podrán ser titulares del documento sanitario de inclusión temporal: Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del decreto 56/2007, ni a tarjeta sanitaria europea u otro documento previsto en el artículo 15 de la misma norma. Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del Decreto 56/2007, ni la tarjeta sanitaria europea u otro documento previsto en el artículo 15 de la misma norma, y cuya asistencia sanitaria sea calificada como urgente por un facultativo hasta que se produzca el alta médica. Extranjeros de cualquier edad y mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y posparto. Ninguna de las respuestas es correcta.

129. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el acceso a las prestaciones a las que se tenga derecho, de atención sanitaria pública y farmacéutica, se realizará a través de los siguientes documentos: Tarjeta sanitaria canaria o documento sanitario de inclusión temporal. Tarjeta sanitaria canaria, documento sanitario de inclusión temporal. O tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan para los ciudadanos desplazados. Tarjeta sanitaria canaria, documento sanitario de inclusión temporal, tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan para los ciudadanos desplazados o tarjeta sanitaria europea. Tarjeta sanitaria canaria o tarjeta sanitaria propia del servicio autonómico del que procedan para los ciudadanos desplazados.

130. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el organismo competente para la expedición de la tarjeta sanitaria canaria es: El Servicio Canario de la Salud. Los Centros Insulares de Salud. El Sistema Nacional de Salud. Los órganos competentes en materia de sanidad en cada uno de los cabildos.

131. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, en la tarjeta sanitaria canaria constará la leyenda: Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Canario de la Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud, de los servicios farmacéuticos y del Sistema Canario de Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud y a los de la Unión Europea.

132. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria canaria es definida como: Un documento administrativo y nominativo. Un documento administrativo, nominativo e intransferible. Un documento oficial, administrativo, nominativo e intransferible. Un documento público, nominativo y oficial.

133. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el órgano competente del Servicio Canario de la Salud, a la vista de lo instruido, procederá a dictar y notificar la correspondiente resolución y a expedir, en su caso, la tarjeta sanitaria o el documento que corresponda, en el plazo máximo de: 3 meses. 6 meses. 1 año. 5 meses.

134. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la solicitud de tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal dirigida al órgano competente del Servicio Canario de la Salud se presentará: Por correo certificado. En la Consejería de Sanidad. En cualquiera de sus centros asistenciales o administrativos, sin perjuicio de su presentación en cualquiera de los lugares y formas señalados por la legislación de procedimiento administrativo común. Sólo de forma telemática.

135. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, los ciudadanos residentes que estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias y que acrediten el derecho a la asistencia sanitaria pública, tienen: El derecho de obtener la tarjeta sanitaria canaria. El derecho y el deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria. El deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria. Ninguna es correcta.

136. Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, se podrán regular los periodos de vigencia temporal de la tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal mediante orden: De la Consejería competente en materia de sanidad. Del Ministerio de Sanidad y Consumo. Del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Del Sistema Nacional de Salud.

137. Según el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas: A un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. A un código de identificación personal multilateral para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. A un código de identificación nacional polivalente para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. Ninguna es correcta.

138. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regulan en: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. Decreto 44/2007, de 27 de febrero. En ambas normativas. Todas son incorrectas.

139. Según el artículo 7 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son: Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos territoriales de la Administración General del Estado. Las oficinas locales y atención al ciudadano en los servicios locales y de los órganos locales de la Administración Local. Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos regionales de la Administración Autonómica. Ninguna de las respuestas es correcta.

140. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información general: Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones aunque no estén interesados en su conocimiento. Ninguna de las respuestas corresponde con la información general. Es la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.

141. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿Dónde radicarán, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, las oficinas centrales de información y atención al ciudadano?. En la sede de cada Departamento Autonómico. En la sede de cada Departamento Regional. En la sede de cada Departamento Ministerial. No tienen que estar radicadas en ningún emplazamiento concreto.

142. La actividad de información, atención y orientación ciudadana, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como finalidad según el Decreto 44/2007, de 27 de febrero: Contener los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada con las actividades y servicios que presta dicha Administración, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes, y orientar y facilitar el acceso a los mismos, así como mejorar la relación con los usuarios ciudadanos. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada solo con servicios que presta la Administración General, sus organismos estatales y entidades privadas vinculadas o dependientes. Ninguna de las respuestas coincide con dicha finalidad.

143. Establece el artículo 9 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, en relación con los órganos territoriales de la Administración General del Estado, que existirán, con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes de: Las Delegaciones Locales. Las Delegaciones Ministeriales. Ninguna de las respuestas es correcta. Las Delegaciones Insulares del Gobierno.

144. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por discapacidad: La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente temporales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente coyunturales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Todas las respuestas son correctas.

145. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, las oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado son: De carácter general y particular. De carácter central y sectorial. De carácter individual y social. De carácter individual y sectorial.

146. ¿En qué artículo del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regula la información particular?. Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 5.

147. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la Información administrativa puede ser: General y particular. Colectiva e individual. Social y no social. General e individual.

148. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, son funciones específicas del Centro de Información Administrativa: Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado. Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la Administración General del Estado. Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa. Todas las respuestas anteriores son correctas.

149. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información administrativa es: Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos.

150. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿sólo los interesados en un procedimiento tienen acceso a la información particular?. Sí. No, también sus familiares. No, también sus representantes legales. No, también sus familiares y sus representantes legales.