AUXILIAR RRHH

En qué consiste la descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública?. Es la transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público. Es la transferencia de competencias de forma permanente de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público. En la creación de organismos autónomos. Es una técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se transfieren funciones para su ejercicio específico.

¿En qué consiste la desconcentración en el ámbito administrativo?. Es la transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público. Es la transferencia de competencias de forma permanente, de un órgano superior a otro inferior, dentro de un mismo ente público. Consiste en la creación de organismos autónomos. Técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa.

- ¿Qué principios configuran el funcionamiento del Gobierno. El principio de dirección presidencial, la colegialidad y responsabilidad solidaria de sus miembros y el principio departamental. El principio de dirección política y lealtad institucional. Principio de colegialidad y organización departamental. El principio de responsabilidad y lealtad institucional.

- ¿Cuál es la principal manifestación del principio de legalidad en la actividad administrativa?. La necesidad de una cobertura legal previa de toda potestad, lo que legitima su actividad. En las potestades administrativas que son las atribuidas por la Constitución. En que las potestades administrativas están sujetas al control del poder judicial sobre dicha actividad. En que el principio de soberanía nacional debe inspirar la actividad administrativa.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local establece las reglas de la organización provincial en su artículo: 36. 35. 32. 31.

El artículo 4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no recoge como personal con legislación específica propia al: Personal de las Universidades Públicas. Personal de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Personal retribuido por arancel. Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá: En todo caso por la legislación laboral. Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Capítulo IV, del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que expresamente les son de aplicación. Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Capítulo III, del título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. De la misma manera que la establecida para los funcionarios públicos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Conforme a lo establecido en el artículo 34.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone: "El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical". A falta de acuerdo, ¿cúando se iniciará el proceso?. En el plazo mínimo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo mínimo de dos meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo mínimo de tres meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

Según el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los Acuerdos: Versarán sobre materias competencia de las unidades administrativas de las Administraciones Públicas. Se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. Versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Será suficiente para su validez y eficacia su aprobación informal por los órganos correspondientes.

Para el seguimiento de los Pactos y Acuerdos recogidos en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Se establecerán Mesas Negociadoras de Seguimiento. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. Se designarán representantes de la Administración con funciones de seguimiento. Se realizarán reuniones semestrales de las Mesas de Negociación para su seguimiento.

Según el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado. De la gerencia de la organización sindical, cada año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. De la Oficina Pública de Registro competente, cada año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. De la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. De la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha de variación de las citadas Mesas.

Conforme al artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la reserva del mínimo del 7% de vacantes para personas con discapacidad se realizará de manera que al menos: El 5% de las plazas ofertadas lo sea para personas con discapacidad distinta a la intelectual. El 7% de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten discapacidad intelectual. El 2% de las plazas ocupadas lo sea para personas que acrediten discapacidad intelectual. El 2% de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

¿Qué cupo se reservará en las ofertas de empleo público para ser cubiertas entre personas con discapacidad, según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. Un cupo no inferior al 10% de las vacantes. Un cupo no inferior al 7% de las vacantes. Un cupo no inferior al 5% de las vacantes. Un cupo del 10% de las vacantes.

Tal y como indica el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó: Podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario y la Administración deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación. Podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. Podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida si la plaza sigue vacante. Podrá solicitar el abono de los derechos económicos no percibidos.

El artículo 55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, enumera una serie de principios que deben garantizarse en los procedimientos de selección de su personal funcionario y laboral, entre los que se encuentran: Transparencia de las bases. Independencia e igualdad de los miembros de los órganos de selección. Independencia de los miembros de los órganos de selección. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Conforme al artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación tendrá como objetivo contribuir: A la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. A fomentar la aprobación de planes para la ordenación de sus recursos humanos. A la planificación de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. A incrementar y mejorar las funciones de los empleados públicos.

Según dispone el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas para los funcionarios del grupo D, el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: 40%. 50%. 35%. 45%.

Según establece el artículo 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, el personal comprendido en su ámbito de aplicación: Podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle en cualquier Departamento, Organismo o Entidad. Podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. No podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle en cualquier Departamento, Organismo o Entidad. No podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle en el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.

Según el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, no podrá ejercer las actividades privadas siguientes: El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los tres últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los tres últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto privado. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto privado.

Según el artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, la autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público corresponde al: Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta de la Subsecretaria del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, entes y Empresas Públicas. Ministro de Presidencia, a propuesta de la Subsecretaria del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas Públicas. Ministerio de Presidencia, a propuesta de la Secretaria del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas Públicas. Ministerio de Presidencia, a propuesta de la Subsecretaria del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas Públicas.

Uno de los principios fundamentales que establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, es que: El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley será compatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, siempre que el mismo no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad e independencia. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá ser compatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, pero incompatible con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad e independencia. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o profesión, que pueda impedir el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad e independencia.

Conforme al artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se puede desempeñar una actividad privada profesional por cuenta propia salvo si se trata de un asunto en el que se ha intervenido en: Los cinco últimos años. Los tres últimos años. El último año. Los dos últimos años.

Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto, se denomina. Promoción interna vertical. Carrera vertical. Carrera horizontal. Promoción interna horizontal.

Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto, de denomina: Promoción interna vertical. Carrera horizontal. Carrera vertical. Promoción interna vertical.

- ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce el derecho a la Seguridad Social?. Artículo 35. Artículo 40. Artículo 41. Artículo 43.

Según el TRLGSS, ¿a quién corresponde la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social?. Al Ministerio de Empleo y Seguridad Socia. Entidades gestoras. Ministerio del Interior. Al Estado.

¿Qué título regula el Régimen General de la Seguridad Social?. Título I. Título II. Título III. Título IV.

¿Qué principio permite la redistribución de los recursos entre los distintos regímenes?. Universalidad. Solidaridad. Contributividad. Subsidiariedad.

La distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la: Distribución del tipo de cotización por desempleo. Distribución del tipo de cotización por contingencias comunes. Distribución del tipo de cotización por contingencias profesionales. Distribución del tipo de cotización por FOGASA.

Según el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál es la duración máxima de la situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral?. Ciento ochenta días, prorrogables por otros noventa días. Tres años, prorrogables por un año más. Trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días. Doscientos cincuenta y cinco días, sin posibilidad de prórroga.

- ¿Qué tipo de infracción es no solicitar la afiliación de un trabajador?. Leve. Muy grave. Administrativa simple. Grave.

¿Qué sanción puede imponerse por una infracción grave en materia de Seguridad Social?. Amonestación. Multa económica. Despido. Retiro de prestaciones.

¿Qué retribuye el complemento específico?. El especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del funcionario. Las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

¿Qué elementos comprenden las retribuciones básicas según el EBEP?. Sueldo, complemento de destino y pagas extraordinarias. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Sueldo y trienios. Sueldo, trienios, complemento de productividad y pagas extraordinarias.

- ¿En qué año se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS)?. 1978. 1985. 1981. 1982.

¿Qué ley franquista afirmó que la Organización Sindical de Falange Española Tradicionalista y de las JONS era la única reconocida con personalidad suficiente por el Estado?. El Fuero del Trabajo de 1938. La Ley Sindical de 1971. La Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958. La Ley de Unidad Sindical.

¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la Ley de 1958 sobre convenios colectivos sindicales en la OSE?. La supresión total de la lucha de clases. La supresión total de la lucha de clases. El reconocimiento de un conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios. La prohibición de secciones económicas y sociales.

¿Qué figura puede establecer cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva y fijar reglas para resolver conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito?. El Gobierno mediante Real Decreto. Los acuerdos interprofesionales establecidos por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. D. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. . La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cuál de los siguientes aspectos debe expresar obligatoriamente un convenio colectivo como contenido mínimo, según el ET?. La totalidad de las cláusulas de inaplicación o descuelgue que se prevean. El nombre y apellidos de todos los miembros de la Comisión Negociadora. La designación de una comisión paritaria de seguimiento. La mención expresa de que el salario base será superior al Salario Mínimo Interprofesiona.

En relación con el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos ya firmados se garantiza, salvo cuando los órganos de gobierno suspendan o modifiquen su cumplimiento por: Infracción grave de los deberes del personal. Denuncia expresa por parte de las organizaciones sindicales más representativas. Cambio en el órgano de gobierno de la Administración. Causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.

¿Cuál de las siguientes materias está excluida de la obligatoriedad de la negociación en el ámbito de los funcionarios públicos?. Los criterios generales de acción social. Las referidas a calendario laboral y horarios. La regulación y determinación concreta de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

¿Cuál es el plazo máximo para iniciar la renegociación de las materias tratadas en un Acuerdo (EBEP) no ratificado, si así lo solicita al menos la mayoría de una de las partes?. Quince días. Un mes. Tres meses. Seis meses.

Los Acuerdos (EBEP) versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia se requiere: La consulta previa al Consejo de Estado. Su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. Su aprobación expresa y formal por estos órganos. La mayoría absoluta de la representación sindical.

En el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se regula: El trabajo en común y contrato de grupo. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. El contrato formativo. Trabajo a distancia.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha sido modificado en algunos de sus artículos por: Real Decreto-ley 22/2022, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El Real Decreto-legislativo 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. No ha sido objeto de modificación.

Según la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, en los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice. Como máximo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial. Como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial. Como mínimo, un porcentaje del treinta por ciento de prestación de servicios presencial. Como máximo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial.

En relación con los sistemas de identificación electrónica previstos en el artículo 9.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados: En instalaciones calificadas de alta seguridad, con independencia del territorio donde se encuentren. En territorio europeo. En territorio español. en instalaciones calificadas de alta protección informática, con independencia del territorio donde se encuentren.

egún el artículo 46 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral y los padrones municipales de habitantes, entre otro, deberán ubicarse y prestarse dentro: Del territorio nacional. Del territorio de la Unión Europea. Del territorio europeo. Del territorio internacional.

El Esquema Nacional de Seguridad persigue crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de: La creación de dispositivos seguros que permitan un tratamiento adecuado de la información. Incentivos económicos para las Administraciones y los ciudadanos. Medidas disciplinarias que castiguen el uso incorrecto de dichos medios y de la información que se trasmita a través de los mismos. Medidas para garantizar la seguridad de la información y los servicios electrónicos.

Las normas técnicas de interoperabilidad se publicarán: Mediante Resolución de la secretaria de Estado para la Función Pública. Mediante Acuerdo del Comité Sectorial de Administración Electrónica. Mediante Resolución del Comité Sectorial de Administración Electrónica. Mediante orden del Ministerio de la Presidencia.

¿Qué tipo de software es Microsoft Word?. Software de sistema. Sistema operativo. Software de aplicación. Software antivirus.

Las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico: Entraron en vigor al año de la publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2016. Producen efectos desde el día 2 de octubre de 2018. producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021. Entraron en vigor el mismo día de publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 2 de octubre de 2015.

¿Qué dispositivo utiliza memoria flash para almacenar datos. Disco duro HDD. CD-ROM. Memoria USB. Cinta magnética.

¿Qué dispositivo almacena información de forma magnética?. SSD. HDD. Memoria flash. HDM.

Conforme al artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:(señale la respuesta incorrecta). Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas reguladoras de sus tributos y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, una serie de principios, entre los que no se encuentra: No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio. Favorecer la libre circulación de capitales, así como la creación de empresas y mejorar la productividad.

El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula el contenido de las ordenanzas fiscales, estableciendo que, para los impuestos no preceptivos, contendrán al menos los siguientes elementos: (señale la opción incorrecta). La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. Los regímenes de declaración y de ingreso. la vigencia de su aplicación. Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local: podrá mantener los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. tendrá que a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. En ningún caso podrá mantener los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

Teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 142 de la Constitución Española de 1978: Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Constitución atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos, tasas y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios, tasas, contribuciones especiales y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

¿Qué significa “POP3” en el correo electrónico?. Protocolo para recibir correos. Protocolo para enviar correos. Programa de presentación. Tipo de virus.

Establece el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a una serie de principios que son: los principios de autonomía y de territorialidad. los principios de igualdad y de territorialidad. los principios de residencia efectiva y de proximidad. los principios de residencia efectiva y de territorialidad.

Según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales las provincias y entes asimilados no podrán asumir, en ningún caso respecto a los tributos cedidos por el Estado. Competencias normativas. Competencias de gestión, pero sí de liquidación. Competencias normativas, pero sí de liquidación. Competencias normativas, pero sí de recaudación.

Según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando las diputaciones provinciales gestionen servicios propios de las comunidades autónomas, éstas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar. Exclusivamente módulos de funcionamiento. Exclusivamente módulos de funcionamiento y financiación. Módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento máximo. Módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo.

El artículo 9.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, dispone que las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse: A los dictámenes o decisiones de carácter específico dictados por el Pleno. A los dictámenes o decisiones de carácter específico dictados por la Junta de Gobierno. A los reglamentos o normas de carácter general dictadas por la Junta de Gobierno. A los reglamentos o normas de carácter general dictados por el Pleno.

Según el artículo 82 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en el caso de transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiera el compromiso en firme el siguiente porcentaje: En el segundo ejercicio, el 50%. En el segundo ejercicio, el 70%. En el segundo ejercicio, el 80%. En el segundo ejercicio, el 60%.

Conforme al artículo 79 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, los gastos de carácter plurianual: Son el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro que se produzcan en el mismo ejercicio presupuestario. Extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. El reconocimiento de la obligación se produce en un ejercicio económico, y el pago y el reintegro en el siguiente. Se dedican a atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo.

Según dispone el artículo 69 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ¿a qué habrá de acomodarse la expedición de órdenes de pago "a justificar"?. Al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente de la Entidad. Al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Pleno de la Entidad. Al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por la Junta de Gobierno de la Entidad. Al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por la Intervención de la Entidad.

El artículo 6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación Provincial de Málaga establece que corresponde conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información: A los diputados/as responsables de las distintas áreas o delegaciones que se dirijan a su área o delegación. Al diputado/a responsable de la Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia. Al Presidente de la Diputación o al diputado/a en quien delegue esta competencia. A la Junta de Gobierno de la Diputación.

El artículo 15 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación Provincial de Málaga establece que deberán publicarse en la sede electrónica de su titularidad o en su página web, las disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre las materias determinadas en la sección 2 de la ordenanza: En el plazo de diez días desde su adopción. En el plazo de quince días desde su adopción. En el plazo de diez días desde su notificación. En el plazo de quince días desde su notificación.

El artículo 30 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación Provincial de Málaga establece que cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante: Que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Que la concrete en un plazo de quince días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Que subsane la solicitud en un plazo de diez días, apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Que subsane la solicitud en un plazo de quince días, apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Según establece el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará: la reclamación económica-administrativa. el recurso contencioso- administrativo previsto a en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley. el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter preceptivo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley.

¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se regula la Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales?. En el artículo 18. En el artículo 17. En el artículo 16. En el artículo 19.

¿Cuándo se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo contra las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales?. a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la jurisdicción contenciosa-administrativa. a partir de los 15 días de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la jurisdicción contenciosa-administrativa. a partir de los 30 días de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la jurisdicción contenciosa-administrativa. a partir del mes siguiente de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Conforme al artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las obligaciones de pago: Sólo serán exigibles a la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus propios presupuestos, con los límites cuantitativos, cualitativos y temporales. Sólo serán exigibles a la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus propios presupuestos. Sólo serán exigibles a la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus propios presupuestos con los límites cuantitativos. Sólo serán exigibles a la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus propios presupuestos, sin límites.

En un mismo expediente de gasto pueden acumularse las siguientes fases: Autorización-disposición. Autorización- reconocimiento de la obligación. Disposición-reconocimiento. No es posible.

El artículo 29.3 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación Provincial de Málaga establece que los informes preceptivos: No serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de denegar una solicitud de acceso. Serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de denegar una solicitud de acceso. Serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso.

El artículo 2 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía establece que, a los efectos de la presente ley, se entiende por información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones por alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece en su artículo 15.2, en relación con las solicitudes de ejercicio del derecho de acceso, que si la información solicitada contuviese datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, el acceso se podrá autorizar: En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información.

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo a los principios de: Eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. Eficacia, economía, descentralización y desconcentración y con el objetivo de satisfacer el interés general. Eficacia, economía, descentralización y desconcentración y con el objetivo de satisfacer el acceso a la información de los ciudadanos. Eficacia, transparencia y objetividad y con el objetivo de satisfacer el interés general.

A tenor del artículo 25 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en el ámbito de la Administración General del Estado, las disposiciones del Título II no son de aplicación a: Los Miembros del Gobierno. Los Subdirectores Generales. Al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A los Secretarios del Estado.

¿Cuál es la autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía?. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La Agencia Digital de Andalucía. Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. La Agencia Andaluza de Transparencia.

¿Cuál es la estructura del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía?. La Comisión Consultiva y la Dirección. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo, los Vicepresidentes y en su caso los Consejeros. El Comité de Transparencia y el Comité de Protección de Datos.

El artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), establece que el tratamiento será lícito si: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad que determine el responsable. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al interesado. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento cuando sea realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública?. Ley 1/2002, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ley 1/2020, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ley 1/2010, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, le facilitará toda la información indicada en el citado artículo 13: En el momento en que estos se obtengan. En el plazo máximo de 72 horas. Tan pronto como se haya dado de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos.

Según el art.7 la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituye acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual aunque no tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento, verbal, físico o psíquico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

El periodo de vigencia o duración de los planes de igualdad, que será determinado, en su caso, por las partes negociadoras, no podrá ser superior a: Tendrá una duración anual. 2 años, renovable por un periodo de un año más. 4 años. 3 años.

¿En qué artículo de la Ley Orgánica 3/2007 se establecen unas obligaciones a los poderes públicos para la adecuación de estadísticas y estudios que garanticen de forma efectiva la perspectiva de género?: Artículo 1. Artículo 20. Artículo 19. Artículo 17.