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La Constitución Española se compone de. Un preámbulo, 169 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. Un preámbulo, 159 artículos, 2 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

Según el artículo 9 de la Constitución Española, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos: A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. A la Constitución, a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico. A la Constitución y a las leyes.

¿Cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución?. Derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional. Derecho de asociación. Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Según el art. 70 de la Constitución Española, la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso. A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no estén en activo. A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, sin excepción de los miembros del Gobierno. A los miembros de las Juntas electorales.

El artículo 98 de la Constitución Española dispone que el Gobierno se compone: En todo caso, del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Del Presidente, de dos Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

La moción de censura regulada en el artículo 113 de la Constitución Española se debe adoptar: Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría de tres quintos del Senado. Mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado.

Según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local existirá: En todos los municipios, excepto en los que funcionen en régimen de Concejo Abierto. En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. Únicamente en los municipios de gran población a que se refiere el Título X de dicha ley.

Según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, las obligaciones de formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponden. Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Al Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. A las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

Según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales: De forma ordinaria, requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. Se producirá automáticamente en caso de adscripción de bienes patrimoniales a un uso o servicio públicos por más de diez años. Requiere consulta e informe preceptivo de la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 9 del TREBEP, quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, son: Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Las respuestas a) y b) son correctas.

Entre los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos, según el artículo 14 del TREBEP, se encuentra. La movilidad en la condición de funcionario de carrera. Participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Entre los requisitos necesarios para adquirir la condición de funcionario de carrera, según el artículo 62 del TREBEP, se encuentra: El nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado. La superación del proceso selectivo. La toma de posesión en el plazo de 15 días hábiles.

La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública, conforme al artículo 78 del TREBEP, se llevará a cabo por lo procedimientos. De concurso y de libre designación con convocatoria restringida. De oposición y de libre designación con convocatoria pública. De concurso y de libre designación con convocatoria pública.

No se encuentra entre las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera recogidas en el artículo 85 del TREBEP: Servicio activo. Servicios excepcionales. Suspensión de funciones.

Según el artículo 89 del TREBEP y en relación la excedencia por cuidado de familiar, el puesto de trabajo desempeñado se reservará: Al menos durante dos años. Como máximo dos años. No se podrá reservar.

Conforme a lo establecido en el artículo 94 del TREBEP, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de: El superior jerárquico. El Ministerio Fiscal. El Tribunal Superior de Justicia.

Según el artículo 95 del TREBEP, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas es una falta: Leve. Grave. Muy grave.

Según el artículo 97 del TREBEP, las infracciones leves prescribirán: A los seis meses. Al año. A los dos años.

La Disposición adicional decimocuarta del TREBEP señala que cada Administración Pública podrá establecer días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos, hasta un máximo de: Tres días. Cuatro días. Cinco días.

No podrán formar parte de los órganos de selección, según estable el artículo 13 del RD 364/1995, aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas: En los tres años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. En los cuatro años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. En los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Los principios establecidos en el artículo 27 del RD 364/1995 con arreglo a los cuales se efectuará el nombramiento del personal funcionario interino son: Mérito y publicidad. Mérito y capacidad. Mérito e igualdad.

El artículo 8 del RD 896/1991 recoge que el número mínimo de temas en que deberá desarrollarse el programa para el ingreso en la subescala del grupo C será: 20 temas. 40 temas. 50 temas.

Conforme al art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico pero no se integra en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres se integra en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas pero no se considera como un principio informador del ordenamiento jurídico. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Conforme al art. 13 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: De acuerdo con las Leyes procesales, en todos los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo,corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, sin excepción alguna. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, con excepción de los procesos penales. De acuerdo con las Leyes procesales, en todos aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, salvo que se hubiera elaborado el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Conforme al art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado: Toda manifestación de voluntad por escrito por la que éste acepta, mediante una declaración positiva, categórica y específica, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad específica, informada e inequívoca por la que este acepta, mediante una declaración escrita, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Toda manifestación de voluntad específica, informada e inequívoca por la que este acepta, mediante una declaración escrita, el tratamiento de datos personales que le conciernen. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en el consentimiento de sus progenitores o, en su caso, de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

Conforme al art. 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado: Si el responsable del tratamiento facilita al afectado, sus representantes o familiares un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, durante un plazo de seis meses, el acceso a su totalidad.

. Conforme al art. 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del capítulo II del Título I (Publicidad activa) serán también aplicables. Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales. Todas las respuestas son correctas.

Conforme al art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Todos los vecinos tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Todos los mayores de edad tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Conforme al art. 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de dicha Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, únicamente en soporte papel, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de dicha Ley, aunque no hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funcione.