B IV.

1. En la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, se denomina: • Mutación demanial. • Adscripción de bienes y derechos. • Desahucio administrativo. • Deslinde.

2. Respecto de las autorizaciones y concesiones demaniales y de acuerdo con la regulación contenida en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la falta de pago del canon correspondiente determinará su: • Suspensión. • Denegación. • Revocación. • Extinción.

3. Cuando se trata de bienes patrimoniales de la Administración General del Estado, ¿a quién corresponde incoar el procedimiento de deslinde?. • Al titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración. • Al Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen los bienes y derechos. • Al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital. • Al Director General del Patrimonio del Estado.

4. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o con bienes muebles por más de cuatro años requiere: • Concesión administrativa. • Autorización administrativa. • Podrá realizarse libremente. • Comunicación previa a la Administración.

5. Los bienes y derechos patrimoniales no podrán ser embargados: • Cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública. • Cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados. • Cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. • Todas las respuestas son correctas.

6. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿a quién le corresponde verificar la correcta utilización de los recursos inmobiliarios del Patrimonio del Estado y del gasto público asociado a los mismos?. • Al Consejo de Ministros. • Al Ministro competente en materia de Hacienda. • Al Presidente del Gobierno. • A los departamentos ministeriales.

7. Tienen la consideración de bienes patrimoniales: • Los derechos de propiedad incorporal del Estado. • Los inmuebles de la Administración General del Estado sede de sus organismos. • Las playas. • La plataforma continental.

8. Según el art. 12 de la Ley 33/2003, la representación de la Administración General del Estado en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos patrimoniales corresponde: • A la Delegación de Economía y Hacienda. • Al departamento ministerial que tenga atribuida la titularidad. • Ministerio de Hacienda y Función Pública. • A la Dirección General del Patrimonio del Estado.

9. A tenor de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los siguientes supuestos procederá la ocupación de espacios en edificios administrativos del patrimonio del Estado: • Cafeterías. • Oficinas bancarias. • Oficinas postales. • Todas las respuestas son correctas.

10. De acuerdo con el artículo 132 de la Constitución Española son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso: • Las playas. • Los ríos. • Los bosques. • Todos los anteriores.

11. De conformidad con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las competencias relativas a la adquisición, gestión, administración y enajenación de bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser objeto de desconcentración mediante: • Orden conjunta del Ministro competente por razón de la materia y el Ministro competente en Hacienda. • Real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente en Hacienda. • Real decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro competente en Hacienda. • Orden del Ministro competente en Hacienda.

12. El artículo 104 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas dispone: "La Administración General del Estado podrá reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general para la realización de fines de su competencia, cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen." A estos efectos, la declaración de reserva se efectuará por acuerdo de: • El Gobierno. • La Dirección General del Patrimonio. • El Consejo de Ministros. • El Ministerio de Hacienda.

13. Según el art. 9 de la Ley 33/2003, el Patrimonio del Estado está integrado: • Por el Patrimonio Nacional y el patrimonio de la Administración General del Estado. • Por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma. • Exclusivamente por el patrimonio de la Administración General del Estado. • Por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de las entidades locales.

14. De conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta en relación con la afectación: • Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente. • Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado no podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. • La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público. • La afectación supone la integración del bien en el dominio público.

15. En relación con la potestad de desahucio recogida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, indique la respuesta correcta: • La resolución de desahucio es ejecutiva y se dará en un plazo de 15 días para que el detentador abandone el bien. • La competencia para el desahucio corresponde al Secretario de Estado del ministerio que tenga afectados los bienes. • Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la Administración. • Es necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho a utilizar el bien de dominio público.

16. La gestión y administración por las Administraciones Públicas de los bienes demaniales y patrimoniales habrá de ajustarse a uno de los siguientes principios: • Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos. • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. • Eficiencia y economía en su gestión. • Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

17. Según la Ley 23/1982, de 16 de Junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional corresponde: • A cada uno Reales Patronatos recogido en el art. 5 de esta Ley. • Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. • Al rey, al ser bienes afectados al uso y servicio del Rey y la Familia Real. • Al Ministro de Hacienda y Función Pública.

18. En relación con la afectación de bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público, señala la respuesta incorrecta: • Los inmuebles en construcción se entenderán afectados al departamento con cargo a cuyos créditos presupuestarios se efectúe la edificación. • Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado no podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. • Podrá acordarse la afectación a un departamento ministerial u organismo público de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio público cuando sea previsible su utilización para estos fines. • No será necesaria la afectación expresa ni la regularización en los casos de adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.

19. Conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento de investigación correspondiente, cuando se considere suficientemente acreditada en el mismo la titularidad de la Administración General del Estado sobre un bien o derecho: • Se formulará interdicto posesorio ante el juzgado competente. • Se instarán del Juez competente las medidas cautelares necesarias para asegurar la conservación del bien o derecho y el reconocimiento del mismo mediante sentencia judicial. • Se instará la declaración del derecho ante el Juzgado civil competente por la Dirección General de Patrimonio del Estado. • Se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

20. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, no son bienes de demaniales: • Los que, siendo de titularidad privada, se encuentren afectados al uso general o al servicio público. • Los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución. • A aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. • Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos.

21. Según el art 8 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas no se ajustará a alguno de los siguientes principios: • Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes. • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. • Eficiencia y economía en su gestión. • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

22. Teniendo en cuenta la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señala la proposición correcta en relación a la aceptación de las herencias por Administración General del Estado: • La Administración General del Estado sólo podrá aceptar las herencias que no lleven aparejados gastos. • La aceptación de herencias por la Administración General del Estado, se realizará por el Consejo de Ministros. • La aceptación de herencias por la Administración General del Estado, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. • La Administración General del Estado sólo podrá aceptar las herencias que no estén sujetas a ninguna condición o modo oneroso.

23. Los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos: • Con el carácter de patrimoniales. • Con el carácter que le atribuya la administración correspondiente. • Con el carácter de dominio público. • Con el carácter de comunales.

24. De acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes es una forma de otorgamiento de las autorizaciones demaniales: • Otorgamiento directo. • Sorteo. • Régimen de concurrencia. • Todas las respuestas son correctas.

25. Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes inmuebles mostrencos: • Se adquirirán por la Administración General del Estado, en todo caso, previo ejercicio de las acciones correspondientes ante el orden jurisdiccional civil. • Se adquieren por acto o declaración expresa de parte de la Administración General del Estado. • Pertenecen, por ministerio de la ley, a la Administración General del Estado. • Sólo pueden adquirirse por prescripción adquisitiva.

26. En cuanto al procedimiento administrativo de deslinde, señala la respuesta incorrecta: • El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 24 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. • El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes. • Si la finca deslindada se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo. • La resolución se notificará a los afectados por el procedimiento de deslinde y se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado" y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar.

27. ¿Cuál de los siguientes bienes no está recogido en el artículo 132 de la Constitución Española como bienes considerados, en todo caso, como demaniales?. • Las lonjas. • Las playas. • El mar territorial. • Los recursos naturales de la zona económica.

28. De acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas señale cuál es un principio relativo a los bienes patrimoniales: • Dedicación preferente al uso común. • Adecuación y suficiencia. • Inalienabilidad. • Eficiencia y economía en su gestión.

29. Cuando se trata de bienes demaniales de la Administración General del Estado, ¿a quién corresponde incoar el procedimiento de deslinde?. • Al Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen los bienes y derechos. • Al Director General del Patrimonio del Estado. • Al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital. • Al titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración.

30. Señale la afirmación falsa en relación con el concepto de patrimonio de las Administraciones Públicas: • No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas los recursos que constituyan la tesorería de las entidades públicas empresariales dependientes de las Comunidades Autónomas. • El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. • No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. • Para que un bien o derecho se integre en el patrimonio de las Administraciones Públicas es necesaria su afectación a un uso o servicio público.

31. Señale cuál de los siguientes principios han de regir la gestión y administración de los bienes patrimoniales por las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. • Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes. • Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

32. Podrán ser desprovistos de la condición de bienes comunales, aquellos que no hayan sido objeto de disfrute de esta naturaleza por más de: • 5 años. • 6 años. • 9 años. • 10 años.

33. De acuerdo con la Ley 33/2003, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por parte de las Administraciones públicas se ajusta a uno de los siguientes principios: • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. • Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. • Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes. • Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

34. La adscripción de un bien patrimonial de la Administración General del Estado a un organismo público dependientes de ésta para el cumplimiento de sus fines: • No conllevará la afectación del bien que seguirá siendo patrimonial, ni tampoco alterará su titularidad. • Conllevará la afectación del bien que pasará a ser de dominio público aunque no alterará su titularidad. • No conllevará la afectación del bien que seguirá siendo patrimonial y la titularidad pasará a ser del Ministerio titular del departamento del que dependa el organismo. • Conllevará la afectación del bien que pasará a ser de dominio público y la titularidad pasará a ser del Ministerio titular del departamento del que dependa el organismo.

35. Señala la incorrecta. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el procedimiento de investigación para la defensa del patrimonio público que corresponde a la Administración: • Se iniciará de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. • Requiere dictamen del Consejo de Estado. • Se publicará preceptiva y gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado". • Se archivará si el expediente no fuese resuelto en el plazo de dos años contados desde el día siguiente a que se publique en el "Boletín Oficial del Estado".

36. Señale la respuesta correcta sobre el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y los datos reflejados en el mismo: • El Inventario no tendrá la consideración de registro público. • El Inventario tendrá efectos frente a terceros. • Los datos del Inventario podrán ser consultados en cualquier caso por terceros. • Los datos del Inventario podrán ser utilizados para hacer derechos de particulares frente a la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

37. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿a quién le corresponde definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado?. • Al Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro competente en Hacienda. • Al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en Hacienda. • Al Presidente del Gobierno, previo informe favorable del Ministro competente en materia de Hacienda. • Al Ministro competente en materia de Hacienda, previo informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado.

38. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido: • Por un Presidente, un Gerente, un Secretario y un número de vocales impar, no superior a once. • Por un Presidente y un administrador, que tendrán la condición de alto cargo y un número de vocales no superior a diez. • Por un Presidente, un Gerente y un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. • Por un Presidente, un Gerente y por un número de Vocales no superior a doce, todos ellos nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.

39. Con carácter general, ¿a quién le corresponde aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado?. • Al Ministro/a de Cultura y Deporte. • Al Director/a General de Patrimonio del Estado. • Al Ministro de Hacienda y Función Pública. • Al Ministro de Educación y Formación Profesional.

40. Si los bienes y derechos cuya posesión trata de recuperar la Administración tienen la condición de patrimoniales: • La potestad podrá ejercitarse en cualquier tiempo. • La Administración se verá obligada a ejercitar las acciones reivindicatorias que procedan ante los órganos del orden jurisdiccional civil. • La Administración sólo podrá recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida si ha transcurrido más de un año a contar desde el día siguiente a la usurpación. • La Administración sólo podrá recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida si no ha transcurrido un año a contar desde el día siguiente a la usurpación.

41. Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, no integra el Patrimonio Nacional: • El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador. • El Palacio de Dueñas y el Palacio de Carlos V. • El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. • El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

42. De acuerdo con el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la cesión gratuita de bienes o derechos: • Solo puede hacerse a favor de comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas. • Se produce respecto a bienes y derechos demaniales de la Administración cuya afectación o explotación no se juzgue previsible para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia. • Llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. • Puede tener por objeto la propiedad del bien, pero no su uso.

43. La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos titularidad de la Administración General del Estado corresponde: • Al Secretario de Estado de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio. • Al Consejo de Ministros, a través de la Dirección General del Patrimonio. • Al Ministro de Economía, a través de la Dirección General del Patrimonio. • Al Ministro de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Patrimonio.

44. Señale cuál de los siguientes bienes tiene la condición de bien demanial, considerando la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Una finca rústica adquirida por el Estado mediante expropiación forzosa. • Un bien mostrenco (es decir, un inmueble carente de dueño, que la Administración General del Estado adquiere por ministerio de la Ley). • Una explotación comercial agraria donada a la Administración General del Estado con la condición de que se mantenga durante 30 años su destino actual. • Un edificio, alquilado a una empresa inmobiliaria, en el que tiene su sede central un Ministerio.

45. Según el art. 70 de la Ley 33/2003, ¿a quién le corresponde acordar la desafectación de los bienes muebles pertenecientes a los departamentos ministeriales?. • A la Dirección General del Patrimonio del Estado. • Al Ministro de Hacienda. • Al Consejo de Ministros. • Al titular del departamento ministerial.

46. Conforme al artículo 66.2 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o un uso general: • Dará lugar a la usucapión de los bienes o derechos. • Produce la desafectación de dichos bienes o derechos. • Surtirá los mismos efectos jurídicos que la afectación expresa. • Surtirá los mismos efectos jurídicos que la mutación demanial.

47. En relación con la adquisición a título gratuito, señala la respuesta incorrecta: • Las Administraciones Públicas no podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos. • La aceptación de las herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. • Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. • Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, ésta se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos.

48. ¿Es posible la cesión del aprovechamiento de los bienes comunales de los municipios?. • Se permitirá la cesión por cualquier título, cuando sea acordada por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación. • No se permite en ningún caso, pues su aprovechamiento y disfrute corresponderá siempre a todos los vecinos. • Se permitirá la cesión a título oneroso, pero no gratuito, cuando sea conveniente al interés general, lo que se deberá acordar por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación. • Se permitirá la cesión por cualquier título, cuando sea acordada por mayoría simple del Pleno de la Corporación.

49. Si los bienes y derechos cuya posesión trata de recuperar la Administración tienen la condición de demaniales: • La Administración se verá obligada a ejercitar las acciones reivindicatorias que procedan ante los órganos del orden jurisdiccional civil. • La Administración sólo podrá recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida si ha transcurrido más de un año a contar desde el día siguiente a la usurpación. • La potestad podrá ejercitarse en cualquier tiempo. • La Administración sólo podrá recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida si no ha transcurrido un año a contar desde el día siguiente a la usurpación.

50. Según el art. 36 de la Ley 33/2003, para las Administraciones Públicas la inscripción del dominio en el Registro de la Propiedad: • Es obligatoria sólo para bienes demaniales. • Es facultativa tanto para bienes demaniales como para bienes patrimoniales. • Es obligatoria tanto para bienes demaniales como para bienes patrimoniales. • Es obligatoria sólo para bienes patrimoniales.

51. En relación con la adquisición a título gratuito, señala la respuesta incorrecta: • La aceptación de las herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. • Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. • Las Administraciones Públicas no podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos. • Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, ésta se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos.

52. Teniendo en cuenta la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta en relación con la adscripción o desadscripción de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado: • La desadscripción, no llevará implícita la desafectación. • La adscripción no alterará la titularidad sobre el bien. • La desadscripción requerirá, para su efectividad, de la recepción formal del bien o derecho. • La adscripción llevará implícita la afectación del bien o derecho, que pasará a integrarse en el dominio público.

53. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas, y regular la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado de conformidad con: • El artículo 131 de la Constitución Española. • El artículo 132 de la Constitución Española. • El artículo 134 de la Constitución Española. • El artículo 135 de la Constitución Española.

54. Según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las autorizaciones demaniales: • Podrán otorgarse por tiempo indefinido. • De otorgarse por tiempo determinado, su plazo máximo de duración , sin incluir las prórrogas, será de cuatro años. • Habrán de otorgarse por tiempo determinado, siendo su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, de cuatro años. • a) y b) son correctas.

55. Pertenece a la Administración General del Estado el saldo de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en entidades de crédito siempre que en ellas no se haya practicado gestión alguna por los interesados en el plazo de: • 10 años. • 50 años. • 20 años. • 30 años.

56. La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: • Inalienabilidad. • Inembargabilidad. • Imprescriptibilidad. • Todas las respuestas son correctas.

57. En el caso de herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos, la Administración General del Estado: • Sólo podrá aceptarlas si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. • Sólo podrá aceptarlas si concurren razones de interés público debidamente justificadas. • No podrá aceptarlas. • Sólo podrá aceptarlas si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial, o si concurren razones de interés público debidamente justificadas si el gravamen excediese del valor del bien.

58. Los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen, tienen la calificación jurídica de: • Bienes patrimoniales. • Bienes del Patrimonio Nacional. • Bienes de Dominio Privado. • Bienes del Patrimonio real.

59. Los bienes comunales solo podrán pertenecer a: • Estado. • Comunidades Autónomas. • Municipios. • Todas las respuestas son correctas.

60. Según la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las concesiones demaniales se otorgarán por un plazo máximo, incluidas las prórrogas de: • 25 años. • 40 años. • 63 años. • 75 años.

61. Los bienes comunales: • Están sujetos a tributación. • Son aquellos que siendo propiedad de la Entidad local, pueden constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad. • Son inalienables, inembargables e imprescriptibles, al igual que los bienes patrimoniales. • Son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

62. En relación con el procedimiento de recuperación de bienes de la Administración, señala la respuesta incorrecta: • Las medidas para la recuperación de los bienes serán acordadas por el Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen los bienes o directamente por el Director General del Patrimonio del Estado. • La Administración podrá imponer multas coercitivas de hasta el 5% del valor de los bienes ocupados, con posibilidad de reiterarlas cada 8 días. • Se otorgará al usurpador un plazo de 10 días para que cese en su actitud. • Los gastos del procedimiento, junto con los daños y perjuicios, serán a cuenta del usurpador.

63. A las personas que, sin venir obligadas a ello por razón de su cargo o funciones, promuevan la investigación, denunciando la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad pública, según el artículo 48 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el 10% del importe por el que hayan sido tasados en la forma prevista en esta ley. • Se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el 5% del importe por el que hayan sido tasados en la forma prevista en esta ley. • Se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el 15% del importe por el que hayan sido tasados en la forma prevista en esta ley. • Se les abonará como premio e indemnización de todos los gastos el 3% del importe por el que hayan sido tasados en la forma prevista en esta ley.

64. Cuál de los siguientes no es un principio relativos a los bienes y derechos de dominio público conforme la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. • Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados. • Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. • Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés privado debidamente justificadas.

65. Según el art 41 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para la defensa de su patrimonio, las Administraciones públicas no podrán: • Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia. • Deslindar en vía administrativa los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio. • Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos. • Todas son correctas.

66. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes no está recogido como uno de los principios a los que se ha de ajustar la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas: • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. • Eficiencia y economía en su gestión. • Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. • Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.

67. De acuerdo con la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿a qué órgano compete el ejercicio de las prerrogativas de recuperación, investigación y deslinde en relación a los bienes titularidad del estado afectados al uso y servicios de los miembros de la Familia Real?. • Dirección General del Patrimonio. • Ministerio de Hacienda y Función Pública. • Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. • Consejo de Ministros.

68. Señala la respuesta correcta en relación con los Vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional según lo preceptuado en la Ley 23/1982 reguladora del Patrimonio Nacional: • Han de provenir, al menos dos, de instituciones museísticas y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. • Los vocales del Consejo de Administración serán nombrados por Orden Ministerial. • En un tercio de los Vocales habrá de concurrir la condición de Alcalde de Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional. • Han de ser funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A2.

69. Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, respecto al régimen jurídico de los bienes de dominio público, se aplicará como derecho supletorio: • Leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación. • Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. • Normas generales del derecho administrativo. • Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

70. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos del Patrimonio del Estado: • Podrán ser permutados, salvo los edificios a construir. • Podrán ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el interés público, y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50 por ciento de los que lo tengan mayor. • Podrán ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el interés público, y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 30 por ciento de los que lo tengan mayor. • No podrán ser permutados.

71. De acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el uso privativo que determine ocupación del dominio público con obras o instalaciones fijas: • Requiere título habilitante, que adoptará forma de autorización administrativa, cuando la duración del uso exceda de 4 años. • Podrá realizarse libremente, sin necesidad de título habilitante que lo autorice. • Requiere título habilitante que adoptará la forma de autorización administrativa. • Deberá estar amparado necesariamente por medio de concesión administrativa.

72. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad de desahucio, si el tenedor no atendiera el requerimiento: • Se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. • Se podrán poner imponer multas coercitivas de hasta un 10 por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo. • Se solicitará autorización a la jurisdicción contencioso administrativa, para proceder al efectivo lanzamiento. • Se podrán imponer al detentador los gastos del lanzamiento y multas coercitivas de hasta el 5 por 100 del valor de los bienes ocupados.

73. Según el art. 132 CE, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de: • Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. • Inalienabilidad, indisponibilidad e inembargabilidad. • Inalienabilidad, intransmisibilidad e imprescriptibilidad. • Indisponibilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

74. Indique cuál de los siguientes bienes tienen la consideración de bienes demaniales o de dominio público: • Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público. • Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado. • Los inmuebles del Patrimonio del Estado utilizados como vivienda oficial. • Todas las respuestas son correctas.

75. En relación con el deslinde, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece: • Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean precisos. • Las Administraciones públicas deberán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando existan indicios de usurpación. • Las Administraciones públicas deberán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos. • Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando existan indicios de usurpación.

76. Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos: • El dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. • En el caso de las entidades públicas empresariales, los recursos que constituyen su tesorería. • Los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de las sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas. • Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado.

77. En cuanto al régimen jurídico de los bienes de dominio público, el art. 5 de la Ley 33/2003 señala que se aplicarán como derecho supletorio: • Las normas del derecho privado, y, en su defecto, las normas generales del derecho administrativo. • Las normas del derecho privado. • Las normas del Código Civil. • Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado.

78. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Los bienes y derechos patrimoniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. • Se podrá transigir judicial y extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado. • Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado no podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros. • Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

79. El aprovechamiento especial por una persona privada de los bienes de dominio público: • Puede realizarse libremente, previa comunicación a las autoridades competentes. • Requiere concesión, salvo que la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, en cuyo caso sólo requiere autorización. • Requiere autorización y si el aprovechamiento excede de cuatro años, concesión. • Requiere concesión en todo caso.

80. Señale la respuesta correcta en relación con los bienes comunales: • Su aprovechamiento y disfrute se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal. • Se regulan en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pública. • Son bienes de dominio privado o patrimoniales. • Los que no hubieren sido objeto de disfrute de esta índole durante más de 20 años podrán ser desprovistos de su carácter comunal mediante acuerdo de la Entidad local respectiva.

81. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los inmuebles vacantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: • Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración municipal de la localidad en que los mismos radiquen. • Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración General del Estado. • Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma en que los mismos radiquen. • Los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen a la Administración provincial de la localidad en que los mismos radiquen.

82. Las donaciones a favor de la Administración General del Estado de bienes muebles, cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse, serán aceptadas: • Por el Ministro de Hacienda, salvo los casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida al Ministro de Cultura y Deporte. • Por el Ministro de Hacienda. • Por el Ministro titular del departamento competente teniendo en cuenta el fin a que deben destinarse los bienes. • Por el Ministro de Cultura y Deporte.

83. En la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, se denomina: • Adscripción de bienes y derechos. • Mutación demanial. • Desahucio administrativo. • Deslinde.

84. De acuerdo con la Constitución Española y la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes de dominio público: • Podrán utilizarse con carácter privativo con ocupación mediante obras o instalaciones fijas a través de la suscripción del correspondiente contrato administrativo. • Son todos los bienes y derechos que siendo de titularidad pública, sean de utilidad pública. • Son bienes y derechos de titularidad pública, incluyendo el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros. • Incluyen la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

85. Respecto de la recuperación de la posesión de los bienes, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas dispone que: • Las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos demaniales, salvo que haya transcurrido un año contado desde el día siguiente a la usurpación, en cuyo caso deberán instar las acciones correspondientes ante los órganos del del orden jurisdiccional civil. • Las Administraciones Públicas podrán ejercitar en cualquier tiempo la potestad de recuperación de la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio que tengan la condición de demaniales. • Las Administraciones Públicas sólo podrán recuperar la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio mediante el ejercicio de las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil. • Las Administraciones Públicas podrán, en vía administrativa, recuperar por sí mismas en cualquier momento la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos patrimoniales, o bien optar por instar las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

86. Según el art. 4 de la Ley 33/2003, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser: • Demaniales y de dominio público. • Demaniales y patrimoniales. • Demaniales y comunales. • Demaniales, patrimoniales y comunales.

87. En aplicación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el acto en virtud del cual un bien mueble afectado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es desafectado, y afectado simultáneamente por y para el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, para el cumplimiento de sus fines o servicios, se denomina: • Mutación demanial. • Afectación sucesiva. • Permuta demanial. • Reserva demanial.