B1T4 - TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚIBLICA Y BUEN GOBIERNO.

Con carácter general y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá: El acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización pública del órgano. El acceso a información que no contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. El acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. El acceso a información que contenga datos no identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

El derecho de acceso podrá ser limitado cuando a la información suponga un perjuicio para: La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva. Solamente las funciones administrativas de vigilancia. 1ª y 2º opción son correctas.

El Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la ley 37/2007 de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Todas son correctas.

Respecto a la información de relevancia jurídica, las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, publicarán: Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. Todas son correctas.

La Administración General del Estado desarrollará: Un Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda información en su ámbito de actuación. Un Registro de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información en su ámbito de actuación. Un Portal de Transparencia, independiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de todos los ciudadanos a toda información en su ámbito de actuación. Ninguna es correcta.

La información sujeta a las obligaciones de transparencia: Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y preferiblemente, en forma reutilizables. Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara y entendible para los interesados y preferiblemente, en formatos reutilizables. Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. Ninguna es correcta.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse: Al solicitante que así lo haya solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para instruir.

La solicitud de acceso a la información podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: La identidad del solicitante. La información que sea solicitada. Una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a efectos de comunicaciones. Todas son correctas.

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia de esta ley. Todas son correctas.

Indique la respuesta INCORRECTA: Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Las Administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados podrán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.

La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del: Ministerio de la Presidencia. Ministerio de la Transparencia. Ministerio de la Administración General del Estado. A la Presidencia del Gobierno.

Indique la respuesta correcta en relación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: a) Se crea como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía plena independencia en el cumplimiento de sus fines. a) y b) son correctas. Ninguna es correcta.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por: La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. La Comisión de Buen Gobierno, y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, y el Secretario General del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. Ninguna es correcta.

El plazo de prescripción de las infracciones será de: Cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. Cuatro años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. Cuatro años para las infracciones muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. Cuatro años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y seis meses para las leves.

Frente a toda resolución o presunta en materia de acceso podrá: Interponerse una reclamación antes el Consejo de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter facultativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Interponerse a una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y con posterioridad a su impugnación en vía contencioso administrativa.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesta por: El Presidente, un Diputado, un Senador, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de la Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El Presidente, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de la Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El Presidente, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Secretaría de Estado de la Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El Presidente, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de la Administraciones Públicas.

Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados. No se publicarán. Se publicarán previa asociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezca reglamentariamente, una vez se haya notificado a los interesados. Se publicarán, sin más condiciones.

De entre los siguientes, ¿cuál NO es un principio de buen gobierno?. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, obteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantenga un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se interpondrá en el plazo de: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.

Según establece la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las funciones: Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II de dicha ley. Recibir y dar tramitación las solicitudes de acceso a la información. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley 19/2013 de transparencia, la información pública es: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, en formato electrónico, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos, en formato electrónico, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Ninguna es correcta.

¿Quién tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno?. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Poder Judicial.

En relación al derecho de acceso a la información pública es correcto: Solamente las personas sin antecedentes penales tienen derecho a acceder a la información pública. El derecho a acceder a la información pública se ejerce en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013. No será de aplicación la normativa autonómica en ningún caso. Será de aplicación la normativa autonómica en todo caso.

¿Se concederá siempre el acceso a información que no contiene datos especialmente protegidos?. Si, en todo caso. Sí, en casos previstos reglamentariamente. No. No, el órgano al que se dirija la solicitud de acceso lo concederá previa ponderación del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados, cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamente a la protección de datos de carácter personal.

La Ley 19/2013 de transparencia, establece en su artículo 5: La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. La información sujeta a las obligaciones de transparencia podrá ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, en formatos reutilizables. La información sujeta a las obligaciones de transparencia podrá ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, siempre, en formatos reutilizables.

NO son límites al derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley 19/2013 de transparencia: Las relaciones laborales. La seguridad nacional. La seguridad pública. La defensa.

Qué consideración tiene el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa, a los efectos de aplicación del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora: Infracción muy grave. Infracción grave. Infracción leve. No se constituye infracción alguna.

¿Se concederá el acceso a información que contengan datos meramente informativos?. No, nunca. Sí, siempre. Sólo si la persona que solicita la información acredita ser investigador y su investigación presenta conexión con los datos a los que pretende acceder. Sí, con carácter general, cuando los datos meramente identificativos están relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Sin embargo, si en el caso concreto prevalece la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación de la información, se denegará el acceso.

Señale la opción INCORRECTA con respecto al ámbito de aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Las disposiciones del Título I de esta Ley se aplican a: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho Público que, con indecencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho privado.

Son límites al derecho de acceso a la información pública regulada por la Ley 19/2013 de transparencia: La seguridad privada. Los intereses profesionales y empresariales. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La política social.

Indique la respuesta correcta: Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Ninguna es correcta. a) y b) son correctas.

Cuando se concede el acceso parcial a la información pública: Cuando la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información y siempre que se omita previamente la información afectada por el límite. Sin embargo, si la información que resultaría de aplicar el acceso parcial es distorsionada o carece de sentido no se concederá el acceso parcial. En caso de que se conceda el acceso parcial, deberá indicarse que una parte de la información ha sido omitida. Todas son correctas.

Cuando se pretenda acceder a datos no especialmente protegidos, la Ley 19/2013 establece unos criterios que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano que concede o deniega un acceso. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio establecido en dicha ley?. El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del patrimonio histórico español. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y no motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su integridad, o se refieran a menores de edad.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013 de transparencia, ¿es necesario motivar la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso a la información pública?. Sí en todo caso. En ciertos supuestos es necesario motivar la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso. No. Solamente se motivará una inadmisión a trámite cuando se trate de los límites al derecho de acceso del art. 14 de la Ley 19/2013.

¿Es obligatorio que el solicitante motive su solicitud de acceso a la información?. Sí, siempre que la información solicitada contenga datos relativos a la ideología, afiliación sindical o religión de las personas y no se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de los afectados. No, pero se podrán exponer los motivos por los que se solicita la información y estos podrán ser tenidos en cuenta al citarse la resolución. Sí, cuando la información solicitada contenga datos relativos al origen racial, la salud o la vida sexual de las personas y no se cuente con el consentimiento expreso del afectado o el acceso no esté amparado por una norma con rango de ley. No, cuando se trate de datos no especialmente protegidos.

¿Cuál es el plazo máximo para notificar la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública y a quiénes irá dirigida dicha notificación?. La notificación deberá ser dirigida al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. La notificación deberá ser dirigida al solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para la instrucción del procedimiento. La notificación deberá ser dirigida al solicitante en el plazo que establezca una norma de la Unión Europea. La notificación deberá ser cursada en el plazo máximo de seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver y se dirige tanto al solicitante como a terceros afectados, lo hayan solicitado o no.

Se podrá limitar el derecho a la información pública si se produce un perjuicio para: La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Los intereses económicos y comerciales. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Todas son correctas.

Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, ¿cuál de los siguientes NO es una causa de inadmisión de solicitudes que deba motivarse?. Que se refieren a información ya elaborada. Relativas a información para cuya divulgación no se requiere una acción previa de elaboración. Dirigidas a un órgano en cuyo poder obra la información. Ninguna es correcta.

Señale la afirmación correcta, en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: La normativa de protección de datos personales no es de aplicación. La normativa de protección de datos personales sólo se aplica previa solicitud del afectado. La normativa de protección de datos personales es de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Ninguna es correcta.

¿Cómo se inicia el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso?. Se inicia por iniciativa del órgano en cuyo poder se encuentra la información que debe hacerse pública. Se inicia como consecuencia de orden superior. Se inicia por petición razonada de otros órganos. En caso de que el órgano competente para iniciar el procedimiento decida no iniciarlo, deberá comunicar al órgano que haya formulado la petición razonada de los motivos por los cuales no procede la iniciación. Se iniciará mediante solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.

En aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, ¿cuál es la norma por la que se rigen?. Se regirán por su normativa específica, si bien interpretada bajo los principios de la Ley de Transparencia. Se regirán por la Ley 30/1992 y en su defecto por la Ley de Transparencia. Se regirán por su normativa específica, y por la Ley de Transparencia con carácter supletorio. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, por ésta.

¿Qué plazo establece la Ley de transparencia para que el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley?. No establece plazo específico. Un año desde la publicación de la Ley. Dos años desde la publicación de la Ley. Cinco años desde la publicación de la Ley.

La resolución de la reclamación prevista en la Ley relativa al Derecho de acceso corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, pero, ¿qué recurso cabrá entonces contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones?. Recurso potestativo ante el órgano independiente que determinen las respectivas normativas autonómicas. No cabe recurso alguno. Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. Ninguna es correcta.

En el caso de las solicitudes de información que obre en poder de la Casa Real, ¿cuál será el órgano encargado de tramitar las solicitudes así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por la Casa Real de las disposiciones de esta Ley?. La Secretaría General de la Casa Real. El titular del Consejo Diplomático de la casa de S.M. El Rey. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Ninguna es correcta.

¿Qué fórmula de coordinación prevé la Ley de Transparencia entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma?. Prevalecerá el criterio Agencia Española de Protección de Datos. Prevalecerá el criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación. Ninguna es correcta.

¿Quién ha de resolver la reclamación de las resoluciones relativas al derecho de acceso a la Información Pública en aquellas Comunidades que no tengan regulación específica y hayan designado un órgano independiente que las resuelva?. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente contrato-programa con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. Salvo que se pacte lo contrario, será la Comunidad Autónoma quién sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. Ninguna es correcta.

El Derecho de acceso a la Información Pública, regulado en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno: Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 1 mes. Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días. Requiere pago de tasa pública, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días. Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 15 días.

¿En qué medida las entidades privadas tienen que cumplir la Ley de Transparencia?. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros. Cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Las cumplirán sin ninguna limitación. a) y b) son correctas.

¿Cuál de los siguientes responsables no forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?. Representante del Tribunal de Cuentas. Representante de la Agencia Española de Protección de Datos. Representante de la Agencia Estatal de la Administración del Estado. Representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. Al menos dos veces al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. a) y b) son correctas. Ninguna es correcta.

Indique la respuesta correcta: Con la finalidad de dar un paso más adelante en el logro de los objetivos del desarrollo, intentando superar las deficiencias y puntos negativos reflejados en la puesta en funcionamiento de los Objetivos Desarrollo del Milenio, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Resolución de su Asamblea General de la Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, para Transformar nuestro mundo; la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030, la nueva agenda internacional que desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. a) y b) son correctas. Ninguna es correcta.

Indique la respuesta INCORRECTA: La agenda 2030 gira entorno a 5 ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS. La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 160 metas. Suponen un nuevo reto de la comunidad internacional para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. Los nuevos objetivos beben de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscritos en el año 2000 por la comunidad internacional con límite temporal en 2015. Los ODS asumen las tareas por finalizar relativas a los ODM y resultan más ambiciosos, participativos y, sobre todo, universales.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, es el objetivo: 1. 2. 3. 4.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, es el objetivo de desarrollo sostenible número: 1. 2. 3. 4.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es el objetivo de desarrollo sostenible número: 4. 5. 6. 7.