1. La libertad es uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico español, junto con ... [CE] a) ... la democracia, la justicia y el pluralismo jurídico b) ... la soberanía nacional, la democracia y el pluralismo
político
c) ... la democracia, la paz social y el pluralismo jurídico d) ...la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La forma política del Estado español es... [CE]
a) ...la Monarquía absoluta b) ...la Monarquía parlamentaria c) ...la República presidencialista d) ...la República federal. 3. La Constitución garantiza, entre otros, [CE]
a) ...el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la
retroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales b) ...la publicidad de las normas, la retroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales y la seguridad jurídica c) ... la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica y la responsabilidad de los poderes
públicos d) ...la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos. 4. Constituye fundamento del orden político y de la paz
social... [CE]
a) ...el respeto a los derechos de los demás b) ...la interdicción de la arbitrariedad c) ...el Estado autonómico d) ...el pluralismo político. 5. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que reconoce la Constitución... [CE]
a) ...se han de interpretar de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y todos los tratados y acuerdos
internacionales existentes sobre las mismas materias b) ...se han de interpretar de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España c) ...se deben interpretar de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias denunciados por
España d) ...no requieren de ningún tipo de interpretación. 6. En relación con el derecho de reunión, la Constitución
prevé... [CE]
a) ... que su ejercicio requerirá autorización previa, con
carácter general. b) ... que su ejercicio requerirá autorización previa en caso de
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. c) ...que su ejercicio requerirá comunicación previa a la
autoridad, con carácter general. d) ... que su ejercicio requerirá comunicación previa a la
autoridad en caso de reuniones en lugares de tránsito público
y manifestaciones. 7. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada,
de modo que nadie puede ser privado de sus bienes y
derechos... [CE]
a) ...bajo ningún concepto. b) ...salvo por causa de solidaridad e interés particular, pero
siempre previa la oportuna indemnización. c) ... si no es por causa de utilidad pública o interés
particular, y, en su caso, previa la correspondiente
indemnización. d) ... si no es por causa de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y conforme a lo
previsto por las leyes. 8. Por lo que respecta al derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona... [CE]
a) ...todos tienen ese derecho, así como el deber de conservarlo. b) ...todos lo tienen, aunque no el deber de conservarlo, que
corresponde a los poderes públicos. c) ...corresponde únicamente a los españoles, así como el deber
de conservarlo d) ...corresponde únicamente a los españoles, aunque no el deber
de conservarlo, que corresponde a los poderes público. 9. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo
del Titulo Primero de la Constitución vinculan... [CE]
a) ...al poder legislativo y al poder ejecutivo, pero no al poder
judicial. b) ...al poder legislativo y al poder judicial, pero no al poder
ejecutivo. c) ...al poder ejecutivo y al poder judicial, pero no al poder
legislativo. d) ...a todos los poderes públicos. 10. En el ámbito de la defensa de los derechos del Título I de
la Constitución, el Defensor del Pueblo se concibe como...
[CE]
a) ... alto comisionado de las Cortes Generales, a las que da
cuenta de la supervisión que realiza a la actividad de la
Administración b) ... alto comisionado del Consejo General del Poder Judicial,
al que da cuenta de la supervisión que realiza a la actividad
legislativa c) ... alto comisionado del Tribunal Constitucional, al que da
cuenta de la supervisión que realiza a la actividad del
Gobierno d) ... alto comisionado del Gobierno, al que da cuenta de la
supervisión que realiza a la actividad judicial. 11. De entre los actos del Rey, ¿cuáles son refrendados por el
Presidente del Congreso? [CE]
a) Con carácter general, todos los actos del Rey b) Todos los actos del Rey, salvo la propuesta y el nombramiento
del Presidente del Gobierno c) Todos los actos del Rey, salvo la disolución, en determinados
casos, de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas
elecciones d) La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y,
en determinados casos, la disolución de las Cortes Generales y
la convocatoria de nuevas elecciones. 12. ¿Quién es el responsable de los actos del Rey? [CE]
a) El propio Rey, en todo caso
b) En todo caso, el presidente del Gobierno c) En todo caso, el presidente del Congreso d) Las personas que los refrenden. 13. La Constitución deja fuera de las causas de inelegibilidad
e incompatibilidad de los Diputados y Senadores... [CE]
a) A los componentes del Tribunal Constitucional b) A los miembros del Gobierno c) Al Defensor del Pueblo d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 14. De acuerdo con el art. 92 de la Constitución, las
decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser
sometidas a referéndum, que será convocado por... [CE]
a) el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente
del Congreso, previamente autorizada por el propio Congreso de
los Diputados b) el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente
del Congreso, previamente autorizada por el Senado c) el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno,
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados d) el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente
del Senado, previamente autorizada por el propio Senado. 15. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse
por medio de tratados o convenios internacionales que
supongan modificación o derogación de alguna ley requiere...
[CE]
a) La previa autorización de las Cortes Generales b) La única autorización del Congreso de los Diputados c) La única autorización del Senado d) La previa autorización del Gobierno del Estado. 16. Para el nombramiento de Presidente del Gobierno se
requiere, en una primera votación, el voto favorable de...
[CE]
a) La mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales b) Una mayoría de dos tercios de los miembros del Senado c) La mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados d) Una mayoría de dos tercios de los miembros de las Cortes
Generales. 17. La exigencia de responsabilidad política del Gobierno
mediante la adopción de la moción de censura queda en manos
... [CE]
a) Del Congreso de los Diputados, por mayoría simple, a propuesta
de una quinta parte de los Diputados b) Del Senado, por mayoría absoluta, a propuesta de una quinta
parte de los Senadores c) Del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a
propuesta de una décima parte de los Diputados d) Del Senado, por mayoría simple, a propuesta de una décima
parte de los Senadores. 18.Si la moción de censura contra el Gobierno no fuere aprobada
por la mayoría exigible, sus signatarios no podrán presentar
otra... [CE]
a) ...durante el mismo periodo de sesiones. b) ...en el periodo de un año. c) ...en el periodo de seis meses. d) ...en el período de tres meses. 19. Según la Constitución, la base de la organización y
funcionamiento de los Tribunales es... [CE]
a) ...el principio de autonomía política. b) ...el principio de unidad jurisdiccional. c) ...el principio democrático. d) ...el principio de jurisdicción jerárquica. 20. El Tribunal de Cuentas depende directamente... [CE]
a) ...del Consejo General del Poder Judicial y ejerce sus
funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación
de la Cuenta General del Estado. b) ...de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por
delegación del Gobierno en el examen y comprobación de la
Cuenta General del Estado. c) ...del Consejo General del Poder Judicial y ejerce sus
funciones por delegación de las Cortes Generales en el examen
y comprobación de la Cuenta General del Estado d) ...de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por
delegación de las mismas en el examen y comprobación de la
Cuenta General del Estado. 21. De entre las entidades en las que se organiza
territorialmente el Estado, gozan de autonomía para la
gestión de sus propios intereses: [CE]
a) Únicamente las Comunidades Autónomas b) Únicamente los municipios y las Comunidades Autónomas c) Únicamente las provincias y las Comunidades Autónomas d) Todas las entidades mencionadas. 22. Cualquier alteración de los límites provinciales requiere
su aprobación por... [CE]
a) el Parlamento autonómico, mediante ley ordinaria b) las Cortes Generales, mediante ley orgánica c) la correspondiente Diputación Provincial, mediante ley
ordinaria d) los municipios afectados, mediante ordenanza. 23. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido
por los Estatutos de Autonomía corresponde... [CE]
a) Al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto,
sobre las normas autonómicas en todo lo no atribuido a la
exclusiva competencia de éstas b) Al Estado, cuyas normas prevalecerán, en todos los aspectos,
sobre las normas autonómicas c) A la provincia, cuyas normas prevalecerán, en caso de
conflicto, sobre las normas autonómicas en todo lo no
atribuido a la exclusiva competencia de éstas d) A la provincia, cuyas normas prevalecerán, en todos los
aspectos, sobre las normas autonómicas. 24. En materias de competencia autonómica, el Estado, cuando
así lo exija el interés general, podrá dictar leyes que
establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas autonómicas... [CE]
a) Si esta necesidad es apreciada por los Gobiernos autonómicos,
por mayoría absoluta b) Si esta necesidad es apreciada por el Tribunal Constitucional,
por mayoría absoluta c) Si esta necesidad es apreciada por las Cortes Generales, por
mayoría absoluta de cada Cámara d) Si esta necesidad es apreciada por el Gobierno estatal, por
mayoría absoluta. 25. Según el art. 153 de la Constitución, el control de la
actividad de la administración autonómica y de sus normas
reglamentarias corresponde ordinariamente: [CE]
a) Al Tribunal Constitucional b) Al Gobierno c) A la jurisdicción contencioso- administrativa d) Al Tribunal de Cuenta. 26. Si una Comunidad Autónoma incumple las obligaciones que le
impongan la Constitución u otras leyes, podría ser obligada
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones por: [CE]
a) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y,
en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría
absoluta del Congreso b) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y,
en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría
absoluta del Senado c) El Congreso de los Diputados, previo requerimiento al
Presidente autonómico y, en caso de no ser atendido, con la
aprobación del Gobierno d) El Senado, previo requerimiento al Presidente autonómico y, en
caso de no ser atendido, con la aprobación del Gobierno. 27. En ningún caso está(n) legitimado(s) para interponer
recurso de inconstitucionalidad: [CE]
a) El Defensor del Pueblo b) El Ministerio Fiscal c) 50 Diputados del Congreso d) 50 Senadores. 28. Cuando un órgano judicial considere, en un determinado
proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso,
de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión... [CE]
a) Directamente ante el Tribunal Constitucional b) Ante el Tribunal Supremo, para que la eleve al Tribunal
Constitucional c) Ante el Gobierno estatal, para que la eleve al Tribunal
Constitucional d) Ante el Gobierno autonómico, para que la eleve al Tribunal
Constitucional. 29. Una vez aprobada la reforma de la Constitución por las
Cortes Generales, debe ser sometida a referéndum para su
ratificación... [CE]
a) ...en todo caso, dentro de los quince días siguientes a su
aprobación b) ... si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes
a su aprobación, una décima parte de los miembros de
cualquiera de las Cámaras c) ... si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes
a su aprobación, una décima parte de los miembros de ambas
Cámaras conjuntamente d) ... si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes
a su aprobación, una décima parte de los miembros de los
Parlamentos autonómicos. 30. Cuando se proponga la revisión total de la Constitución...
[CE]
a) ... se procederá a la disolución inmediata de las Cortes
Generales b) ...se procederá a la disolución inmediata del Congreso de los
Diputados c) ...se procederá a la disolución de las Cortes Generales, tras
la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada
Cámara d) ...se procederá a la disolución del Congreso, tras la
aprobación por el mismo del principio por mayoría de dos
tercios. 31. La relación que, según el art. 97 de la Constitución,
existe entre el Gobierno y la Administración es: [CE]
a) El Gobierno dirige la Administración b) El Gobierno tutela la Administración c) El Gobierno guía a la Administración d) El Gobierno orienta a la Administración. 32. De acuerdo con el art. 103.1 de la Constitución, la
Administración Pública ha de servir los intereses generales
con: [CE]
a) ecuanimidad b) imparcialidad c) objetividad d) probidad. 33. ¿Cuál de estos principios no recoge el art. 103.1 de la
Constitución entre los que rigen la actuación de la
Administración? [CE]
a) eficacia b) jerarquía c) descentralización d) concentración. 34. Las Administraciones públicas se rigen en sus relaciones
recíprocas, según el art. 3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
principio de: [CE]
a) cooperación y colaboración b) lealtad institucional c) autonomía d) tutela. 35. Para el cumplimiento de sus fines: [CE]
a) la suma de la totalidad de las Administraciones constituye una
única persona jurídica b) cada una de las Administraciones públicas actúa con
personalidad jurídica única c) cada uno de los órganos de las Administraciones públicas actúa
con personalidad jurídica propia d) la Administración pública no necesita personalidad jurídica
para entablar relaciones jurídicas. 36. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones
públicas actúan de conformidad con (art. 3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,): [LRJAPPAC]
a) los principios de congruencia y participación b) los principios de transparencia y cercanía c) los principios de transparencia y participación d) los principios de cercanía y congruencia. 37. En la Administración General del Estado, tienen la
consideración de órganos:
a) únicamente las unidades administrativas a las que se atribuyan
funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros b) únicamente aquellas unidades administrativas cuya actuación
tenga carácter facultativo c) las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones
que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter facultativo d) las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones
que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter preceptivo. 38. En la organización central de la Administración General
del Estado, son órganos superiores:
a) Los Ministros y los Secretarios de Estado b) Los Ministros y los Secretarios Generales c) Los Ministros y los Directores Generales d) Los Ministros y los Subsecretarios. 39. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
tienen rango de:
a) Director General b) Secretario de Estado c) Secretario General d) Subsecretario. 40. Carecen de la condición de alto cargo:
a) los Subdirectores Generales y asimilados b) los Secretarios Generales y asimilados c) los Secretarios Generales Técnicos y asimilados d) los Subsecretarios y asimilados. 41. Los órganos colegiados de la Administración General del
Estado se clasifican en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado en:
a) órganos colegiados interministeriales y supraministeriales b) órganos colegiados interministeriales y ministeriales c) órganos colegiados supraministeriales y ministeriales d) no existe tal clasificación. 42. La creación de órganos colegiados de la Administración
General del Estado requiere de norma específica, que se ha
de publicar en el BOE, cuando se les atribuyan:
a) competencias no decisorias b) competencias de propuesta o emisión de informes no preceptivos c) competencias de seguimiento o control de las actuaciones de
otros órganos de la Administración General del Estado d) en ninguno de los anteriores supuestos. 43. De acuerdo con el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos, la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco se organiza en:
a) siete Departamentos, además de la Lehendakaritza b) ocho Departamentos, además de la Lehendakaritza c) nueve Departamentos, además de la Lehendakaritza d) diez Departamentos, además de la Lehendakaritza. 44. De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos, de entre las siguientes áreas de
actuación, corresponde a la Lehendakaritza de la CAPV:
a) política de representación y proyección de Euskadi en el
exterior b) representación y defensa en juicio del Gobierno Vasco y sus
órganos c) promoción y ordenación agrícola y ganadera d) promoción de la inclusión social. 45. De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos, al Departamento de Administración
Pública y Justicia de la CAPV le corresponde, entre otras:
a) control económico interno, contabilidad y responsabilidades
contables b) política lingüística c) defensa jurídica del Estatuto de Autonomía d) policía de la Comunidad Autónoma. 46. De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos, el área de función pública,
organización administrativa y régimen jurídico y retributivo
del personal corresponde en la CAPV al Departamento de:
a) Lehendakaritza b) Administración Pública y Justicia c) Seguridad d) Empleo y Políticas Sociales. 47. De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de15 de diciembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos, la promoción de las condiciones que
faciliten la libertad afectivo-sexual es área de actuación
asignada al Departamento de:
a) Lehendakaritza b) Administración Pública y Justicia c) Seguridad d) Empleo y Políticas Sociales. 48. Son altos cargos de la Administración autonómica vasca:
a) los Viceconsejeros, Directores y Subdirectores b) los Viceconsejeros y Directores c) los Directores y Subdirectores d) únicamente los Viceconsejeros. 49. Dentro de su esfera de competencia, a los Organismos
Públicos les corresponde(n),según Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado:
a) todas las posibles potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines b) todas las potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines, excepto la potestad reglamentaria c) todas las potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines, excepto la potestad sancionadora d) todas las potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines, excepto la potestad expropiatoria. 50. ¿Cuál de las siguientes entidades no es considerada por la
Ley6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado como Organismo
público?
a) Agencia Estatal b) Entidad pública empresarial c) Organismo autónomo d) Sociedad Estatal. 51. Respecto de los fines y objetivos que tengan
específicamente asignados, los Organismos públicos se deben
ajustar, según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, al principio de:
a) instrumentalidad b) sujeción c) tutela d) autonomía. 52. Los Organismos autónomos estatales se rigen por:
a) el Derecho Privado b) el Derecho Administrativo c) el Derecho Privado, excepto en determinados aspectos
(formación de la voluntad de sus órganos, etc.) en que se
rigen por el Derecho Administrativo d) el Derecho Administrativo, excepto en determinados aspectos
(formación de la voluntad de sus órganos, etc.) en que se
rigen por el Derecho Privado. 53. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Emakunde?
a) un organismo autónomo b) un Ente Público de Derecho Privado c) una sociedad pública d) una fundación. 54. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Osakidetza?
a) un organismo autónomo b) un Ente Público de Derecho Privado c) una sociedad pública d) una fundación. 55. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Lanbide?
a) un organismo autónomo b) un Ente Público de Derecho Privado c) una sociedad pública d) una fundación. 56. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Aula de Cultura de
Getxo?
a) una asociación b) una sociedad mercantil local c) una entidad pública empresarial local d) un organismo autónomo local. 57. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Getxo Kirolak?
a) una asociación b) una sociedad mercantil local c) una entidad pública empresarial local d) un organismo autónomo local. 58. El Estatuto de Autonomía del País Vasco es una:
a) Ley ordinaria b) Ley Orgánica c) Ley autonómica d) Ley de bases. 59. La designación de la sede de las instituciones comunes de
la Comunidad Autónoma del País Vasco se efectúa:
a) Por el propio Estatuto de Autonomía b) Por una Ley de las Cortes Generales c) Por una Ley del Parlamento Vasco d) Por Decreto del Gobierno Vasco. 60. El euskera tiene, en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
carácter de:
a) Lengua oficial, como el castellano, y todos sus habitantes
tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas b) Lengua minoritaria protegida, a diferencia del castellano, que
es lengua oficial c) Lengua oficial, como el castellano, y todos sus habitantes
tienen el deber de conocer ambas lenguas d) Lengua propia del Pueblo Vasco y todos sus habitantes tienen
el deber de conocerla. 61. A los efectos del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
tiénen la condición política de vascos:
a) Quienes hayan nacido en cualquiera de los municipios
integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma b) Quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con las
Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios
integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma c) Quienes hayan residido en algún momento de su vida en
cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la
Comunidad Autónoma d) Quienes hayan tenido vecindad administrativa en cualquiera de
los municipios integrados en el territorio de la Comunidad
Autónoma. 62. Gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes
en la Comunidad Autónoma del País Vasco:
a) Los residentes en el extranjero, en todo caso, si hubieran
tenido su última vecindad administrativa en Euskadi b) Los residentes en el extranjero, si así lo solicitaren y
hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi,
con independencia de su nacionalidad c) Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes,
si así lo solicitaren, cuando hubieran tenido su última
vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la
nacionalidad española d) Los residentes en el extranjero, si así lo solicitaren,
siempre que conserven la nacionalidad española, con
independencia del lugar donde hubieren tenido su última
vecindad. 63. Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco
otros territorios o municipios enclavados en su totalidad
dentro del territorio de la misma siempre que:
a) Soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los
Ayuntamientos interesados y se oiga a la Comunidad o provincia
a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar b) Lo acuerden los habitantes de dichos Municipios o territorios
mediante referéndum expresamente convocado, previa la
autorización competente al efecto y aprobado por mayoría de
los votos válidos emitidos c) Lo aprueben el Parlamento del País Vasco y, posteriormente,
las Cortes Generales del Estado, mediante Ley Orgánica d) Se cumplan los tres requisitos recogidas en las respuestas
anteriores. 64. En materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre, la Comunidad
Autónoma del País Vasco dispone de:
a) Competencia exclusiva b) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado c) Competencia de ejecución de la legislación del Estado d) No dispone de tal competencia. 65. En materia de asistencia social, la Comunidad Autónoma del
País Vasco dispone de:
a) No dispone de tal competencia b) Competencia de ejecución de la legislación del Estado c) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado d) Competencia exclusiva. 66. En materia de ordenación del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda, la Comunidad Autónoma del País Vasco
dispone de:
a) Competencia exclusiva b) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado c) Competencia de ejecución de la legislación del Estado d) No dispone de tal competencia. 67. En materia de medio ambiente y ecología, la Comunidad
Autónoma del País Vasco dispone de:
a) No dispone de tal competencia b) Competencia de ejecución de la legislación del Estado c) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado d) Competencia exclusiva. 68. En materia de propiedad intelectual e industrial, la
Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de:
a) Competencia exclusiva b) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado c) Competencia de ejecución de la legislación del Estado d) No dispone de tal competencia. 69. En relación con la Administración de Justicia, la
Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio:
a) Las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial, reconozca, reserve o
atribuya al Gobierno b) Las facultades que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconozca,
reserve o atribuya a las Cortes Generales c) Las facultades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
reconozca, reserve o atribuya al Consejo General del Poder
Judicial d) Las facultades que las Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
reconozca, reserve o atribuya al Ministerio
Fiscal. 70. En el País Vasco, la competencia de los órganos
jurisdiccionales en el orden contencioso- administrativo se
extiende:
a) A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos
dictados por la Administración del País Vasco en materias cuya
legislación exclusiva corresponde al Estado y, en primera
instancia, cuando se trate de actos dictados por la
Administración del Estado b) A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos
dictados por la Administración del Estado en materias de
legislación exclusiva estatal y, en primera instancia, cuando
se trate de actos dictados por la Administración del País
Vasco c) A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos
dictados por la Administración del País Vasco en materias cuya
legislación exclusiva corresponde a la Comunidad Autónoma y,
en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la
Administración del Estado d) Todas las respuestas anteriores son erróneas. 71. En materia de sanidad interior, corresponde al País Vasco
la:
a) Competencia exclusiva b) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de
su territorio de la legislación básica del Estado c) Competencia de ejecución de la legislación del Estado d) No dispone de tal competencia. 72. Sin perjuicio de las competencias de las Instituciones
Forales, el Parlamento Vasco:
a) Ejerce la potestad legislativa y de ejecución y aprueba sus
presupuestos b) Ejerce la potestad legislativa y de ejecución e impulsa y
controla la acción del Gobierno Vasco c) Ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e
impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco d) Son correctas las respuestas (a) y (b). 73. En las elecciones al Parlamento Vasco, la circunscripción
electoral:
a) Es el Municipio b) Es la Comarca c) Es el Territorio Histórico d) Es la Comunidad Autónoma. 74. El Reglamento interno del Parlamento Vasco requiere, para
su aprobación:
a) Mayoría simple de sus miembros. b) Mayoría absoluta de sus miembros. c) Mayoría de ¾ de sus miembros. d) El Parlamento Vasco no aprueba ningún Reglamento. 75. Además de sus sesiones ordinarias, el Parlamento Vasco
podrá reunirse en sesión extraordinaria:
a) A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la
tercera parte de sus miembros b) A petición del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales o
de las ¾ partes de sus miembros c) A petición del Lehendakari, de los Diputados Generales o de la
mitad de sus miembros d) A petición del Lehendakari, del/de la Presidente/a de la
Cámara o de ¼ parte de sus miembros. 76. Las Leyes del Parlamento Vasco son promulgadas por:
.
a) El Rey, quien ordena la publicación de las mismas en el
Boletín Oficial del Estado en el plazo de 15 días de su
aprobación y en el Boletín Oficial del País Vasco. b) El Presidente del Congreso, quien ordena la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de 15 días
de su aprobación y en el Boletín Oficial del País Vasco c) El Presidente del Gobierno Vasco, quien ordena la publicación
de las mismas en el Boletín Oficial del país Vasco en el plazo
de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del
Estado. d) El/la Presidente/a del propio Parlamento, quien ordena la
publicación de las mismas en el Boletín Oficial del País Vasco
en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín
Oficial del Estado. 77. Corresponde, entre otras competencias, al Parlamento
Vasco:
a) Designar los Diputados del Congreso que han de representar al
País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de una
proposición de Ley b) Designar los Senadores que han de representar al País Vasco y
solicitar del Gobierno estatal la adopción de un proyecto de
Ley c) Designar los Diputados del Congreso que han de representar al
País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de un
proyecto de Ley d) Designar los Senadores que han de representar al País Vasco y
solicitar del Gobierno estatal la adopción de una proposición
de Ley. 78. El Gobierno Vasco:
a) Es un órgano colegiado, compuesto por el Lehendakari y
Consejeros, que ostenta las funciones ejecutivas y
administrativas del País Vasco b) Es un órgano unipersonal, integrado por el Lehendakari, que
ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País
Vasco c) Es un órgano colegiado, compuesto por el Lehendakari y los
Diputados, que ostenta las funciones legislativas y
administrativas del País Vasco d) Es un órgano unipersonal, compuesto por el Lehendakari, que
ostenta las funciones legislativas y administrativas del País
Vasco. 79. El Gobierno Vasco cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento, en el caso de
frustrarse una moción de censura o por dimisión o
fallecimiento del Lehendakari b) Tras la celebración de elecciones al Congreso, en el caso de
frustrarse una moción de censura o por dimisión o
fallecimiento del Lehendakari c) Tras la celebración de elecciones al Parlamento, en el caso de
pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o
fallecimiento del Lehendakari d) Tras la celebración de elecciones al Congreso o en el caso de
pérdida de la confianza parlamentaria, pero no por dimisión o
fallecimiento del Lehendakar. 80. El Lehendakari:
a) será designado por el Parlamento, de entre los miembros del
Gobierno, y nombrado por el/la Presidente/a del Parlamento
Vasco b) será designado por el Parlamento, de entre sus propios
miembros y nombrado por el Presidente del Congreso c) será designado por el Parlamento, de entre sus propios
miembros, y nombrado por el Rey d) será designado por el Parlamento, de entre los miembros del
Gobierno, y nombrado por el Presidente del Senado. 81. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia:
a) será nombrado por el/la Presidente/a del Parlamento Vasco b) será nombrado por el Presidente del Congreso c) será nombrado por el Presidente del Senado d) Será nombrado por el Rey. 82. De acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía
del País Vasco, en el nombramiento de Magistrados, Jueces y
Secretarios, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del
euskera:
a) será condición inexcusable b) será mérito preferente c) será un mérito más, sin ninguna preferencia d) no se valorará en absoluto. 83. Dentro del territorio dela Comunidad Autónoma del País
Vasco, en la provisión del personal al servicio de la
Administración de Justicia, el conocimiento del Derecho
Foral Vasco y del euskera:
a) no se valorará en absoluto b) será un mérito más, sin ninguna preferencia c) será mérito preferente d) será condición inexcusable. 84. Según el art. 36Estatuto de Autonomía del País Vasco, la
Ertzaintza o Policía Autónoma Vasca, en cuanto actúe como
Policía Judicial:
a) Estará al servicio y bajo la dependencia de la Administración
de Justicia b) Estará al servicio de la Administración de Justicia y bajo la
dependencia del Gobierno Vasco c) Estará al servicio y bajo la dependencia del Gobierno Vasco d) estará al servicio del Gobierno Vasco y bajo la dependencia de
la Administración de Justicia. 85. En materia de régimen electoral municipal, los Territorios
Históricos:
a) tienen competencia exclusiva b) tienen competencia de desarrollo normativo y ejecución c) tienen competencia de ejecución d) no disponen de ninguna competencia. 86. Las Leyes del Parlamento Vasco:
a) se someterán al control de constitucionalidad por el Tribunal
Constitucional b) se someterán al control de la jurisdicción contenciosoadministrativa c) se someterán únicamente al control del Tribunal Constitucional
y de la jurisdicción contencioso- administrativa d) se someterán únicamente al control del Tribunal
Constitucional, de la jurisdicción contenciosoadministrativa
y del Gobierno Vasco. 87. Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre
las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los Territorios
Históricos:
a) se someterán a la decisión del Tribunal Constitucional b) se someterán a la decisión del Tribunal de Justicia del País
Vasco c) se someterán a la decisión de la Comisión Arbitral d) Son ciertas las tres respuestas anteriores. 88. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el
Estado se organiza territorialmente:
a) Exclusivamente por municipios b) En municipios, provincias y Territorios Históricos c) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan d) En municipios, en provincias, en las Comunidades Autónomas que
se constituyan, más Ceuta y Melilla. 89. Los alcaldes serán elegidos:
a) Siempre por los concejales b) Directamente por los vecinos c) Por los partidos políticos d) Por los concejales o los vecinos. 90. Los municipios gozarán:
a) De personalidad jurídica plena b) De personalidad jurídica limitada c) De personalidad jurídica restringida d) De personalidad jurídica condicionada en la medida que lo
reconozca la legislación autonómica. 91. Los concejales serán elegidos:
a) Por los partidos políticos b) Por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida en la
ley c) Por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal,
igual, libre, indirecto y secreto, en la forma establecida en
la ley d) Por los vecinos del municipio, mediante sufragio restringido,
secreto y censitario en la forma establecida en la ley. 92. La provincia:
a) Es una entidad local con personalidad jurídica propia b) Es una entidad intermedia entre lo local y lo autonómico, sin
personalidad jurídica propia c) Es una entidad intermedia entre lo local y lo autonómico, con
personalidad jurídica propia d) Es una entidad local dotada de personalidad jurídica propia,
exclusivamente en el ámbito de su Comunidad Autónoma. 93. El gobierno y la administración autónoma de las
provincias, según el texto constitucional estarán
encomendados:
a) A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter
representativo b) A Corporaciones de carácter representativo c) De forma exclusiva a las Diputaciones d) De forma exclusiva a los Territorios Históricos. 94. Según el texto constitucional:
a) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la
provincia b) Nunca se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de
la provincia c) Las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia
pueden ordenarse por comarcas d) Las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia pueden ordenarse por áreas metropolitanas. 95. De acuerdo con la Constitución las Haciendas locales se
nutrirán fundamentalmente:
a) Del 15% del aprovechamiento urbanístico b) De tributos locales c) De tributos propios y de participación en los del Estado y de
las Comunidades Autónomas d) De impuestos locales yd participación en los del Estado, de
las Diputaciones, y de las Comunidades Autónomas. 96. Por autonomía local entiende la Carta Europea de 15 de
octubre de 1985 de la Autonomía Local(BOE 24 febrero 1989):
a) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de
ordenar la mayoría de sus asuntos públicos, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes b) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos
públicos, en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes c) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de
ordenar y gestionar todos sus asuntos públicos, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes d) El derecho y la capacidad efectiva de los municipios de
ordenar y gestionar una parte importante de sus asuntos, en el
marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio
de sus habitantes. 97. Respecto al alcance de la autonomía local, la Carta
Europea de 15 de octubre de 1985 de la Autonomía Local (BOE
24 febrero 1989) señala que:
a) Las Entidades locales tienen libertad plena para ejercer su
iniciativa en toda materia que no esté excluida de su
competencia o atribuida a otra autoridad b) Los municipios tienen libertad para regular toda materia que
no esté excluida de su competencia o atribuida otra autoridad c) Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley,
libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que
no esté excluida de su competencia o atribuida otra autoridad d) Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley y la
Constitución, libertad plena para regular toda materia que no
esté excluida de su competencia o atribuida otra autoridad. 98. Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa,
la Administración General del Estado, así como las
Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el
principio de lealtad institucional, deberán en sus
relaciones recíprocas:
a) Tener abiertos sus archivos para el resto de las
Administraciones para cualquier información que requieran que
deberá facilitarse en el plazo de24 horas b) Facilitar a las otras Administraciones la información que
requieran siempre que sea competencia municipal
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que
requieran siempre que sea competencia estatal o autonómica d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la
propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo
por éstas de sus cometidos. 99. Las entidades locales tienen el deber de remitir:
a) En exclusiva a la Administración del Estado en el plazo de 72
horas copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y
acuerdos de las mismas b) A las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se
determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los
actos y acuerdos de las mismas c) A las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en el plazo de cuatro días, copia o, en su caso,
extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas d) O bien a la Administración del Estado o a la de su Comunidad
Autónoma copia o, en su caso, extracto comprensivo de los
actos y acuerdos de las mismas. 100.El deber de remitir copia o, en su caso, extracto
comprensivo de los actos y acuerdos de las entidades locales
corresponde:
a) A la secretaria del alcalde b) En todo caso a los Secretarios de las Corporaciones locales c) A los Presidentes y, de forma inmediata a los Secretarios de
las Corporaciones locales d) En todo caso a los Presidentes de las Corporaciones locales o
al alcalde del municipio. 101.El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales establece que los actos
acuerdos se remitirán a las administraciones de tutela:
a) En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los
actos y acuerdos b) En el plazo de 72 horas posteriores a la adopción de los actos
y acuerdos c) En el plazo de cuatro días posteriores a la adopción de los
actos y acuerdos d) En el plazo de cinco días posteriores a la adopción de los
actos y acuerdos. 102.La cooperación económica, técnica y administrativa entre
la Administración local y las Administraciones del Estado y
de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales
como en asuntos de interés común: a) Se desarrollará con carácter forzoso siempre que así lo
establezca la Administración del Estado b) Se desarrollará con carácter preceptivo
c) Se desarrollará con carácter voluntario d) Se desarrollará con carácter regular y estatutario. 103.La cooperación económica, técnica y administrativa entre
la Administración local y las Administraciones del Estado y
de las Comunidades Autónomas puede materializarse:
a) Mediante contratos administrativos b) Mediante los consorcios o los convenios administrativos que
suscriban c) Mediante mancomunidades d) Exclusivamente mediante los convenios administrativos que se
suscriban. 104.Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán
crear, para la coordinación administrativa:
a) Órganos de colaboración de las Administraciones
correspondientes con las entidades locales, que asumirán
competencias ejecutivas b) Órganos de colaboración de las Administraciones
correspondientes con las entidades locales, que ejercerán
competencias normativas c) Los órganos de colaboración administrativa con las entidades
locales con funciones deliberativas, ejecutivas y normativas
solo pueden crearse mediante leyes del Estado d) Órganos de colaboración de las Administraciones
correspondientes con las entidades locales, que serán
únicamente deliberantes consultivos. 105.La disolución de los órganos de las corporaciones locales
en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los
intereses generales que suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales:
a) Es competencia exclusiva de las Cortes Generales, y se llevará
a cabo mediante la aprobación de la correspondiente
legislación orgánica b) Es competencia del Consejo de Ministros, a iniciativa del
consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente,
y previo acuerdo favorable del Senado c) Es competencia del Consejo de Ministros, a iniciativa propia y
con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo
caso, previo acuerdo favorable del Senado d) Es competencia del Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente y, en todo
caso, previo acuerdo favorable del Senado. 106.Podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades
locales que incurran en infracción del ordenamiento
jurídico:
a) Todos los miembros delas entidades locales con independencia
del voto que hubiesen emitido en la adopción del acto o
acuerdo b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en
contra de tales actos y acuerdos o se hubiesen abstenido c) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en
contra de tales actos y acuerdos d) Los miembros de las corporaciones que no hayan asistido a la
reunión o pleno en que se hayan adoptado tales actos y
acuerdos. 107.Cuando la Administración del Estado considere, en el
ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna
entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá
requerirla, para que anule dicho acto en el plazo máximo de:
a) Dos meses b) Un mes c) Quince días hábiles d) Quince días naturales. 108.Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma
considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o
acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento
jurídico, podrá requerirla:
a) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de
la comunicación del acuerdo b) En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción
de la comunicación del acuerdo c) En el plazo de un mes a partir de la recepción de la
comunicación del acuerdo d) En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la
comunicación del acuerdo. 109.Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma
considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o
acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento
jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho acto en el
plazo máximo de:
a) Quince días hábiles b) Quince días naturales c) Dos meses d) Un mes. 110.Cuando la Administración del Estado considere, en el
ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna
entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá
requerirla:
a) En el plazo de un mes a partir de la recepción de la
comunicación del acuerdo b) En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción
de la comunicación del acuerdo c) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de
la comunicación del acuerdo d) En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la
comunicación del acuerdo. 111.Si una entidad local adoptara actos que atenten gravemente
al interés general de España, el Delegado del Gobierno,
requerirá su anulación al Presidente de la Corporación
dentro:
a) De los diez días siguientes al de la recepción del acto b) De los quince días siguientes al de la recepción del acto c) De los cinco días siguientes al de la recepción del acto d) De los tres días siguientes al de la recepción del acto. 112.El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el
requerimiento de anulación por la adopción de actos que
atenten gravemente el interés de España:
a) No podrá ser superior a tres días b) No podrá ser superior a cinco días c) No podrá ser superior a diez días d) No podrá ser superior a quince días. 113.Está legitimado para plantear conflicto en defensa de la
autonomía local ante el Tribunal Constitucional:
a) Cualquier municipio o provincia de más de200.000 habitantes b) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley c) El municipio o provincia afectado por una ley d) Cualquier municipio o provincia. 114.Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa
de la autonomía local, ante el Tribunal Constitucional, será
necesario el acuerdo del órgano plenario de las
Corporaciones Locales:
a) Con el voto favorable de dos tercios del número legal de
miembros b) Con el voto favorable de la mayoría simple del número legal de
miembros c) Con el voto favorable de la mayoría simple de asistentes al
pleno en el que se adopte el acuerdo d) Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros. 115.Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en
defensa de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucional:
a) Los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros que
lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada b) Las disposiciones generales del Estado que lesionen la
autonomía local constitucionalmente garantizada c) Las disposiciones con rango de ley de las Comunidades
Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente
garantizada d) Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas que
lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 116.Según la Constitución, la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales:
a) Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y
los principios de la jurisprudencia b) Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho c) Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y
los principios reglamentarios del Derecho d) Con sometimiento relativo a la ley frente a la jurisprudencia. 117.Según la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones
públicas sirven con objetividad los intereses generales y
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación:
a) Con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al
Derecho b) Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y
los principios de la jurisprudencia c) Con sometimiento relativo a la ley frente a la jurisprudencia d) Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y
los principios reglamentarios del Derecho. 118.Las leyes relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas son:
a) Leyes de bases b) Leyes ordinarias
c) Decretos-leyes d) Leyes Orgánicas. 119.El régimen electoral general se aprueba mediante:
a) Ley ordinaria b) Decreto legislativo c) Ley Orgánica d) Ley de bases. 120.Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la
potestad de dictar normas con rango de ley:
a) Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de la
legislación ordinaria b) Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de la
legislación orgánica c) Sobre materias determinadas no sujetase la regulación de la
Ley de Bases d) Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de los
Decretos-leyes. 121.La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una
ley ordinaria:
a) Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo b) Cuando su objeto sea la formación de textos articulados c) Cuando su objeto sea la formación de leyes de bases d) Cuando se trate de elaborar cualquier tipo de decreto
legislativo. 122.En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que
tomarán la forma de:
a) Decretos-legislativos b) Textos Refundidos c) Leyes de bases d) Decretos-leyes. 123.El objeto de la delegación legislativa mediante una ley de
bases es la formación de:
a) Estatutos de Autonomía b) Textos refundidos c) Textos articulados d) Decretos-leyes. 124.La delegación legislativa:
a) Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo
indeterminado b) No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo
indeterminado c) Podrá entenderse concedida de modo explícito o por tiempo
indeterminado d) No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo
determinado. 125.Las leyes de bases:
a) No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con
carácter retroactivo b) Podrán dictar normas con carácter retroactivo cuando se
autorice por la propia delegación legislativa su propia
modificación c) Podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases d) Podrán en casos determinados facultar para dictar normas con
carácter retroactivo. 126.Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación
delegada recibirán el título de:
a) Decretos-Leyes b) Leyes de Bases c) Leyes Ordinarias d) Decretos Legislativos. 127.Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a
debate y votación de totalidad:
a) A las Cortes Generales b) Al Senado c) Al Congreso d) Al Congreso y al Senado. 128.Los Decretos-leyes tras su promulgación exigirán
pronunciarse sobre su convalidación o derogación en el plazo
de:
a) Un año b) Un mes c) Tres meses d) Treinta días. 129.La aprobación, modificación o derogación de las leyes
orgánicas exigirá:
a) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación
final sobre el conjunto del proyecto b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto c) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto d) Mayoría del Congreso y del Senado, en una votación final sobre
el conjunto del proyecto. 130.No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de
los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución,
al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho
electoral general:
a) Los Textos refundidos b) Los Textos articulados c) Las Leyes Orgánicas d) Los Decretos-leyes. 131.Los proyectos de ley acompañados de una exposición de
motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse
sobre ellos:
a) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al
Congreso b) Serán aprobados por el Presidente del Gobierno, que los
someterá al Congreso c) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá a
las Cortes Generales d) Serán aprobados por el Presidente del Gobierno, que los
someterá a las Cortes Generales. 132.El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata
publicación:
a) En el plazo de treinta días b) En el plazo de quince días c) En el plazo de un mes d) En el plazo de diez días. 133.La celebración de un tratado internacional que contenga
estipulaciones contrarias a la Constitución:
a) Exigirá su previa aprobación por mayoría de dos tercios del
Congreso de los Diputados b) Exigirá su previa aprobación por mayoría de tres quintos del
Congreso y del Senado c) Exigirá su previa aprobación por mayoría absoluta de las
Cortes Generales d) Exigirá la previa revisión constitucional. 134.Las disposiciones de los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en
España:
a) Podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas mediante Ley
Orgánica o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional b) Podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas mediante Ley
Ordinaria o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional c) Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las
normas generales del Derecho internacional d) Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con la
correspondiente modificación legislativa de las Cortes
Generales. 135.El art. 51.1 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece que “Las
disposiciones administrativas no podrán vulnerar la
Constitución o las leyes…”; por lo tanto, las disposiciones
administrativas:
a) Tienen carácter reglamentario b) Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de
Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales c) Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de
Autonomía reconocen de la competencia de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas d) Pueden tener, en su caso, carácter legal. 136.El principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos significa que:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, cuando tengan superior rango a éstas b) Las resoluciones administrativas de carácter general podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
particular, cuando tengan superior rango a éstas c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no
podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general,
aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas
d) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
particular, aunque aquéllas tengan igual rango a éstas. 137.El principio de jerarquía normativa significa que:
a) Ninguna disposición administrativa de carácter legal podrá
vulnerar los preceptos de otra de rango superior b) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los
preceptos de otra de rango superior c) Algunas disposiciones administrativas podrán vulnerar los
preceptos de otra de rango superior, con autorización
legislativa de las Cortes Generales d) Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los
preceptos de otra cuando tengan carácter de Ley Orgánica. 138.Dictar bandos corresponde:
a) Al pleno municipal b) A la Junta de Gobierno Local c) Al alcalde d) A los concejales responsables de la policía municipal. 139.La aprobación del Reglamento orgánico municipal
corresponde:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipal c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 140.La Asamblea vecinal en régimen de concejo abierto tiene
competencia para la aprobación de:
a) Ordenanzas b) Leyes c) Reales Decretos d) Órdenes ministeriales. 141.La aprobación de Ordenanzas corresponde:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 142.La aprobación inicial de las ordenanzas locales
corresponde:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipa c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 143.Tras la aprobación inicial de las ordenanzas locales el
siguiente trámite en el procedimiento es:
a) La información pública audiencia a los interesados por el
plazo máximo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias b) La información pública audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias c) La información pública audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de quince días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias d) La información pública audiencia a los interesados por el
plazo máximo de quince días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. 144.Tras la información pública y audiencia a los interesados
el siguiente trámite en el procedimiento de aprobación de
ordenanzas locales es:
a) La aprobación definitiva
b) La aprobación provisional c) La resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo d) La resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
alcalde. 145.En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia en el trámite de aprobación de
ordenanzas locales:
a) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional b) Se entenderá aprobada provisionalmente la Ordenanza c) Se volverá a abrir plazo por quince días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias
d) Se volverá a abrir plazo por treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias. 146.Para la modificación de las ordenanzas:
a) Deberá observarse el procedimiento simplificado b) Deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación c) Deberá derogarse previamente la ordenanza vigente d) Deberá haber trascurrido el plazo de la vacatio legis. 147.La aprobación definitiva de una ordenanza municipal se
produce:
a) Tras la aprobación provisional b) Tras la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo c) Tras la aprobación inicial d) Tras la información pública y audiencia a los interesados por
el plazo mínimo de quince días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. 148.Las ordenanzas cuya aprobación definitiva sea competencia
de los entes locales, en Comunidades Autónomas
pluriprovinciales:
a) Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado b) Se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma c) Se publicarán en el Boletín Oficial de las Juntas Generales d) Se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia. 149.Las normas de los planes urbanísticos cuya aprobación
definitiva sea competencia de los entes locales, en
Comunidades Autónomas pluriprovinciales:
a) Se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia b) Se publicarán en el Boletín Oficial de las Juntas Generales c) Se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma d) Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 150.Para la entrada en vigor de una Ordenanza municipal:
a) Es suficiente que republique el anuncio de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma b) Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia c) Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia d) Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín
Oficial del Estado. 151.Para la entrada en vigor de las normas de los planes
urbanísticos:
a) Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín
Oficial del Estado b) Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia c) Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia d) Es suficiente que republique el anuncio de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 152.El plazo previsto para la entrada en vigor de las normas
de los planes urbanísticos desde su publicación es:
a) Siempre el de la vacatio legis b) De un mes c) El del trascurso de quince días hábiles para formular
requerimiento de incompetencia de la Administración estatal o
autonómica d) El establecido de modo expreso en las normas de los planes
urbanísticos, o en su caso el de vacatio legis. 153.El plazo previsto para la entrada en vigor de las
ordenanzas locales desde su publicación es:
a) El del trascurso de quince días hábiles para formular
requerimiento de incompetencia de la Administración estatal o
autonómica b) De quince días naturales c) El que establezca de modo expreso la propia ordenanza
municipal, o en su caso el de la vacatio legis d) Siempre el de la vacatio legis. 154.La potestad reglamentaria de las entidades locales en
materia tributaria se ejercerá:
a) A través de la legislación estatal en materia de impuestos
concertados b) A través de la legislación autonómica en materia de impuestos
concertados c) A través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos
propios d) A través de Normas Forales de los Territorios Históricos. 155.La potestad reglamentaria de las entidades locales en
materia tributaria se ejercerá:
a) A través de Normas Forales de los Territorios Históricos b) A través de ordenanzas generales de gestión, recaudación e
inspección c) A través de la legislación estatal en materia de impuestos
concertados d) A través de la legislación autonómica en materia de impuestos
concertados. 156.Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio:
a) Del Territorio Histórico b) De la Provincia c) De la Comunidad Autónoma d) De la respectiva entidad local. 157.Las ordenanzas fiscales se aplican conforme:
a) Al principio de territorialidad b) Al principio de residencia efectiva c) A los principios de residencia efectiva y de territorialidad,
según los casos d) A los principios de residencia efectiva, de territorialidad, o
de empadronamiento municipal. 158.Las ordenanzas fiscales:
a) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación
definitiva en el “Boletín Oficial” de la Provincia b) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación
definitiva en el “Boletín Oficial” de la Comunidad Autónoma c) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación
definitiva en el “Boletín Oficial” del Estado d) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación
definitiva en el “Boletín Oficial” de la Provincia, salvo que
en las mismas se señale otra fecha. 159.Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de
tributos locales:
a) Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo
con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la
Imposición y Ordenación de tributos locales b) Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo
con el régimen general establecido para las Ordenanzas locales c) Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo
con el régimen establecido para el reglamento orgánico
municipal d) Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo
con el régimen específico establecido para los reglamentos
locales. 160.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de las ordenanzas municipales:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipal c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 161.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de los reglamentos municipales:
a) Al alcalde b) A la Junta de Gobierno Local c) Al pleno municipal d) A la comisión de gobierno. 162.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de los proyectos de ordenanzas:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 163.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de los proyectos de reglamentos, incluidos los
orgánicos:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipal c) Al alcalde d) A la Junta de Gobierno Local. 164.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación
urbanística cuya aprobación definitiva o provisional
corresponda al Pleno:
a) Al alcalde b) A la Junta de Gobierno Local c) Al pleno municipal d) A la comisión de gobierno. 165.En los municipios de gran población corresponde la
aprobación de decretos e instrucciones:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 166.En los municipios de gran población corresponde ordenar la
publicación y cumplimiento de los acuerdos de los órganos
ejecutivos del Ayuntamiento:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipal c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 167.El municipio es:
a) La entidad local menor de la organización territorial del
Estado b) La entidad local básica de la organización territorial del
Estado c) La entidad local financieramente fundamental de la
organización territorial del Estado d) La entidad local superior de la organización territorial del
Estado. 168.El municipio:
a) No tiene personalidad jurídica aunque goza de plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines b) Tiene personalidad jurídica, con capacidad limitada para el
cumplimiento de sus fines c) No tiene personalidad jurídica, y puede desarrollar el
cumplimiento de sus fines, de conformidad con las competencias
que le atribuye el ordenamiento jurídico d) Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. 169.Son elementos del municipio:
a) Sus vecinos empadronados en el Ayuntamiento b) Los terrenos deslindados que marcan sus límites c) El territorio, la población y la organización d) El pleno, el alcalde, el teniente alcalde y los concejales. 170.El término municipal es:
a) Es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus
competencias
b) Es el marco geográfico que delimita un municipio y sus
entidades locales menores c) Es el conjunto de zona urbana y no urbanizable delimitado en
el plan general d) Es el conjunto de zona urbana y urbanizable delimitado en el
plan general. 171.Cada municipio:
a) Estará distribuido en distritos en el seno de una sola
provincia b) Debe tener una población mínima de cincuenta personas c) Pertenecerá a una sola provincia d) Estará compuesto por barrios, distritos y entidades locales
menores. 172.La alteración de términos municipales en ningún caso puede
suponer:
a) La supresión de enclaves b) Modificación de los límites provinciales c) La segregación de parte de un municipio d) La agregación de parte de un municipio. 173.Para la creación o supresión de municipios, así como para
la alteración de términos municipales se necesita:
a) Una población al menos de 5.000 habitantes b) Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera c) Una población al menos de 1.000 habitantes d) En todo caso informe del Consejo de Estado. 174.La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse
sobre la base de núcleos de población territorialmente
diferenciados:
a) De al menos 5.000 habitantes b) De al menos 3.000 habitantes c) De al menos 2.500 habitantes d) De al menos 1.000 habitantes. 175.El Convenio de fusión entre municipios deberá ser
aprobado:
a) Por mayoría absoluta de los concejales asistentes a cada uno
de los plenos de los municipios fusionados b) Por mayoría de dos tercios de cada uno de los plenos de los
municipios fusionados c) Por mayoría absoluta delos concejales que formen parte de cada
uno de los plenos de los municipios fusionados d) Por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios
fusionados. 176.Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán
carácter oficial cuando:
a) Se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma b) Se publiquen en el Boletín Oficial del Estado c) Se publiquen en el Boletín Oficial del Territorio Histórico d) Se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia o de la
Comunidad Autónoma en las uniprovinciales. 177.La población del municipio lo constituye:
a) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal b) El conjunto de personas que tengan su residencia en el
municipio c) El conjunto de personas que tengan su domicilio habitual en el
municipio d) El conjunto de personas que hayan nacido en el municipio y
además se hallen inscritas en el Padrón municipal. 178.La condición de vecino se adquiere en un municipio:
a) En el mismo momento de su inscripción en el registro civil
como nacido en el municipio b) En el mismo momento de fijación del domicilio fiscal en un
municipio c) En el mismo momento de su inscripción en el Padrón municipal d) En el mismo momento de fijación de la residencia habitual en
un municipio. 179.La inscripción en el Padrón Municipal deberá ser objeto de
renovación periódica cada dos años:
a) Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no
comunitarios con autorización de residencia b) Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente c) Cuando se trate de la inscripción de extranjeros d) Cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin
autorización de residencia permanente. 180.La Junta de Gobierno Local existe:
a) En todos los municipios con población superior a 15.000
habitantes b) En todos los municipios con población superior a 3.000
habitantes c) En todos los municipios con población superior a 10.000
habitantes d) En todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes. 181.La Junta de Gobierno Local en un municipio puede crearse
cuando no se alcance la población que lo exija la ley:
a) Cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico b) Cuando así lo dispongan sus Ordenanzas fiscales c) Cuando así lo disponga su alcalde d) Cuando así lo disponga su comisión de gobierno. 182.Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales es competencia atribuida:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 183.El planteamiento de conflictos de competencias a otras
entidades locales es competencia atribuida:
a) A la comisión de gobierno b) A la Junta de Gobierno Local c) Al alcalde d) Al pleno municipal. 184.La declaración lesividad de los actos del Ayuntamiento es
competencia atribuida:
a) A la Junta de Gobierno Local b) A la comisión de gobierno c) Al pleno municipal d) Al alcalde. 185.El nombramiento delos tenientes de alcalde es competencia
atribuida:
a) A la comisión de gobierno b) Al pleno municipal c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 186.Las capitales de provincia son municipios de gran
población:
a) Siempre y en todo caso b) Cuando supere la población de 175.000 habitantes c) Cuando supere la población de 50.000 habitantes d) Cuando supere la población de 100.000 habitantes. 187.Para la legislación básica son municipios de gran
población:
a) Los que superen los 100.000 habitantes b) Los que superen los 50.000 habitantes c) Los que superen los 250.000 habitantes d) Los que superen los 75.000 habitantes. 188.En los municipios de gran población la aprobación del
proyecto de presupuesto es competencia atribuida:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 189.La alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público es competencia atribuida:
a) Al pleno municipal b) A la comisión de gobierno c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 190.Ejercer la jefatura de la Policía Municipal es competencia
atribuida:
a) Al alcalde b) Al pleno municipal c) A la Junta de Gobierno Local d) Al concejal responsable de seguridad ciudadana. 191.En los municipios de gran población la concesión de
cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación
sectorial la atribuya expresamente a otro órgano,
corresponde:
a) Al pleno municipal b) A la comisión de gobierno c) A la Junta de Gobierno Local d) Al alcalde. 192.Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con:
a) 24 horas de antelación b) 48 horas de antelación c) Dos días hábiles de antelación d) Tres días hábiles de antelación. 193.El Pleno se constituye válidamente con la asistencia:
a) De la mayoría simple de miembros del mismo, que nunca podrá
ser inferior a tres. Y en todo caso se requiere la asistencia
del presidente y secretario de la corporación o quienes
legalmente les sustituyan b) De un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca
podrá ser inferior a tres. Y en todo caso se requiere la
asistencia del presidente y secretario de la corporación o
quienes legalmente les sustituyan c) De la mitad legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser
inferior a tres. Y en todo caso se requiere la asistencia del
presidente y secretario de la corporación o quienes legalmente
les sustituyan d) Del alcalde y secretario de la corporación municipal, o
quienes legalmente les sustituyan, más dos concejales. 194.En los municipios demás de 20.000 habitantes el pleno
celebra sesión ordinaria:
a) Como mínimo una vez cada dos meses b) Como mínimo una vez cada tres meses c) Como mínimo una vez cada quince días d) Como mínimo una vez cada mes. 195.En los municipios entre 5.001 habitantes y 20.000
habitantes el pleno celebra sesión ordinaria:
a) Como mínimo una vez cada dos meses b) Como mínimo una vez cada tres meses c) Como mínimo una vez cada quince días d) Como mínimo una vez cada mes. 196.Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
públicas:
a) todas las personas que tengan capacidad jurídica b) sólo las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a
las normas civiles c) las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a las
normas civiles y también los menores de edad, en todo caso d) no la tienen los menores incapacitados cuando la extensión de
la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los
derechos o intereses de que se trate. 197.Tiene la consideración de persona interesada en el
procedimiento administrativo:
a) únicamente quien lo promueva en calidad de titular de
derechos o intereses legítimos individuales b) únicamente quien lo promueva en calidad de titular de
derechos o intereses legítimos colectivos c) únicamente quien, sin haber iniciado el procedimiento, tenga
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en
el mismo se adopte d) además de todos los anteriores, quien tenga intereses
legítimos que puedan resultar afectados por la decisión que se
adopte y se persone en el procedimiento antes de que recaiga
la resolución definitiva. 198.Cuando, tras haberse iniciado el procedimiento, la persona
interesada transmite el derecho que pueda resultar afectado
por la resolución que se adopte en el mismo:
a) seguirá siendo persona interesada la que lo era inicialmente b) tanto la persona transmitente como la que adquiere el derecho
serán consideradas personas interesadas en el procedimiento c) se convertirá en persona interesada la nueva titular del
derecho en cuestión d) se declarará concluso el procedimiento. 199.Podrá actuar en representación de otra persona ante las
Administraciones Públicas:
a) toda persona que tenga capacidad jurídica b) toda persona que tenga capacidad de obrar c) únicamente quien posea el título de abogado d) se requiere la representación por procurador. 200. Se presume la representación:
a) a la hora de formular una solicitud o interponer un recurso en
nombre de otra persona b) a la hora de desistir de acciones o renunciar a derechos en
nombre de otra persona c) a la hora de realizar actos y gestiones de mero trámite en
nombre de otra persona d) en todos los casos anteriormente mencionados. 201.En los casos en que falta la acreditación de la
representación o la acreditación es insuficiente:
a) en todo caso, se tendrá por realizado el acto b) se tendrá por realizado el acto si lo convalida el órgano
superior jerárquico en el plazo de 10 días c) se tendrá por realizado el acto si se aporta la acreditación o
se subsana el defecto en el plazo de 10 días que, en
principio, deberá conceder al efecto el órgano administrativo d) en ningún caso cabrá tener por realizado el acto. 202. Si en una solicitud, escrito o comunicación figuran
varias personas interesadas:
a) las actuaciones a que dé lugar se efectuarán necesariamente
con todas y cada una de las personas interesadas b) las actuaciones a que dé lugar se efectuarán, en principio,
con el representante o persona interesada que se haya señalado
expresamente c) las actuaciones se efectuarán directamente con la persona
interesada que figure en primer término d) las actuaciones se efectuarán directamente con cualquiera de
las personas interesadas. 203.Cuando durante la instrucción de un procedimiento que no
haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la
existencia de titulares de derechos o intereses cuya
identificación resulte del expediente y que puedan ser
afectados por la resolución del mismo
a) se comunicará a dichas personas la tramitación del
procedimiento b) se comunicará la tramitación del procedimiento únicamente a
quienes son titulares de derechos c) se obligará a dichas personas a comparecer en el procedimiento d) se obligará a comparecer en el procedimiento únicamente a
quienes sean titulares de derechos. 204.Si la autoridad o persona titular del órgano responsable
del procedimiento tiene parentesco de consanguinidad en
segundo grado con una de las personas interesadas en el
mismo pero no se abstiene de intervenir:
a) cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso
verbalmente, la recusación del mismo, pero siempre antes de la
fase de alegaciones b) cualquiera de las personas interesadas podrá promover la
recusación, por escrito, en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento c) cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso
verbalmente, la recusación del mismo, pero únicamente en el
momento de presentar la solicitud de iniciación d) cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso
por escrito, la recusación del mismo, pero siempre antes de la
fase de alegaciones. 205. Contra la resolución adoptada en materia de recusación:
a) no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al interponer un recurso contra el acto que termine
el procedimiento b) cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano
afectado por tal recusación c) cabe recurso de reposición ante el superior jerárquico, que
es quien ha adoptado la resolución d) cabe únicamente el recurso contencioso- administrativo, sin
necesidad de interponer recurso administrativo previo. 206.La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas
públicas, previa la correspondiente citación:
a) es siempre obligatoria b) es obligatoria, salvo que el órgano que efectúa la citación
estime lo contrario para el supuesto concreto c) es obligatoria si está previsto en la citación para el
supuesto concreto d) únicamente es obligatoria cuando esté así previsto en una
norma con rango de ley. 207. Cuando la Administración haya establecido un modelo o un
sistema normalizado de solicitud en relación con un
determinado procedimiento:
a) las personas solicitantes no podrán acompañar ningún elemento
ni documento adicional al modelo preestablecido b) las personas solicitantes podrán acompañar elementos que
estimen convenientes para precisar o completar los datos del
modelo, pero la Administración no está obligada a admitirlos c) las personas solicitantes podrán acompañar elementos que
estimen convenientes para precisar o completar los datos del
modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta
por el órgano al que se dirijan d) las personas solicitantes podrán acompañar elementos que
estimen convenientes para precisar o completar los datos del
modelo y la Administración está obligada a admitirlos, pero no
a tenerlos en cuenta posteriormente. 208. Si el procedimiento se inicia a solicitud de persona
interesada:
a) el órgano competente está obligado a recabar del solicitante
la modificación o mejora de los términos de la solicitud b) el órgano competente podrá recabar del solicitante la
modificación o mejora voluntaria de los términos de la
solicitud c) el órgano competente no está habilitado en ningún caso para
recabar del solicitante la modificación o mejora de los
términos de la solicitud d) todas las respuestas anteriores son erróneas. 209. A los efectos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se entiende por
declaración responsable:
a) aquel documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio
de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 70.1 LPC b) el acto administrativo en el que el órgano competente
manifiesta, bajo su responsabilidad, que la persona interesada
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para
su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento
o ejercicio c) el documento suscrito por la persona interesada en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder
al reconocimiento de un derecho o facultad o para su
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita
y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio d) aquel acto administrativo mediante el cual el órgano
competente pone en conocimiento de la persona interesada los
datos identificativos y demás requisitos exigibles para el
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de los
cuales tiene constancia la Administración correspondiente. 210.Las declaraciones responsables y las comunicaciones
previas permiten, con carácter general, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad:
a) desde el día de su presentación, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas b) a partir del decimoquinto día tras su presentación, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas c) tras el ejercicio por la Administración Pública competente de
sus facultades de comprobación, control e inspección d) a partir del decimoquinto día tras el ejercicio por la
Administración Pública competente de sus facultades de
comprobación, control e inspección. 211.La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
de cualquier dato, documentación o documento que se acompaña
o incorpora a una declaración responsable o comunicación
previa o la no presentación de cualquiera de estas últimas
ante la Administración:
a) determina necesariamente la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente b) determina necesariamente la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado c) determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos d) determina necesariamente responsabilidades penales. 212.Las personas interesadas pueden, en principio, aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de
juicio:
a) en cualquier momento anterior a la solicitud de iniciación b) en cualquier momento del procedimiento anterior al período de
prueba c) en cualquier momento del procedimiento anterior al dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico
correspondiente d) en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia. 213.Las alegaciones referidas a defectos de tramitación y, en
especial, los que supongan paralización, infracción de los
plazos preceptivos u omisión de trámites necesarios podrán
efectuarse por las personas interesadas:
a) en cualquier momento del procedimiento b) en cualquier momento del procedimiento anterior al período de
prueba c) en cualquier momento del procedimiento anterior al dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico
correspondiente d) en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia. 214.En relación con las pruebas propuestas por los
interesados:
a) el instructor del procedimiento no podrá rechazarlas bajo
ningún concepto b) el instructor del procedimiento sólo podrá rechazarlas cuando
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias c) el instructor del procedimiento podrá rechazar cualquiera de
ellas mediante resolución motivada d) el instructor del procedimiento podrá rechazarlas en
cualquier caso. 215. Una vez instruido el procedimiento, en el trámite de
audiencia:
a) los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni
superior a 15, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes b) los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni
superior a 20, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes c) los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni
superior a 15, efectuar nuevas alegaciones, sin que puedan ya
aportar ningún documento o justificación adicional d) los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni
superior a 20, efectuar nuevas alegaciones, sin que puedan ya
aportar ningún documento o justificación adicional. 216. Acerca del trámite de audiencia en el procedimiento
administrativo:
a) cuando las pruebas aportadas sean inequívocas, la Ley 30/1992
establece que se deberá prescindir del mismo b) cuando el procedimiento se haya alargado en exceso, la Ley
30/1992 establece que se deberá prescindir del mismo c) se podrá prescindir del mismo cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la
persona interesada d) no se puede prescindir del trámite de audiencia bajo ningún
concepto. 217. Los actos de instrucción de un procedimiento que
requieran la intervención de las personas interesadas:
a) deben practicarse en la forma en que resulte más cómoda al
órgano administrativo, teniendo en cuenta sus múltiples tareas b) deben practicare en la forma que resulte más cómoda para las
personas interesadas c) deben practicarse en la forma que sea compatible, en la medida
de lo posible, con las obligaciones laborales y profesionales
de las personas interesadas d) son ciertas las respuestas (b) y (c). 218. El período de información pública:
a) es un trámite a cumplimentar en todo tipo de procedimientos b) es un trámite que podrá acordar el órgano al que corresponda
la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste
lo requiera c) es un trámite en todo caso prescindible, aunque su
celebración haya sido prescrita por la legislación sectorial
vigente d) es un trámite cuya práctica queda en manos del órgano
instructor, de manera discrecional, con independencia de lo
que pueda prever la legislación sectorial. 219. En un procedimiento administrativo, el trámite de
información pública tiene por objeto:
a) que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que pueda
formular sus alegaciones en un plazo no inferior a 20 días b) que tan sólo las personas interesadas puedan examinar el
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde y que pueda
formular sus alegaciones en un plazo no inferior a 30 días c) que otras Administraciones Públicas puedan examinar el
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que
puedan presentar sus informes en un plazo no inferior a 30
días d) que otros órganos administrativos puedan examinar el
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que
puedan presentar sus informes en un plazo no inferior a 30
días. 220. Efectos de la información pública:
a) la incomparecencia en este trámite impide a las personas
interesadas interponer los recursos procedentes contra la
resolución definitiva del procedimiento b) la comparecencia en el trámite de información pública otorga,
por sí misma, la condición de persona interesada c) quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite
tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta
razonada d) son ciertas las respuestas (a) y (b). 221.Cuando el escrito de iniciación de un procedimiento se
haya formulado por dos o más personas interesada y una de
ellas desiste de la solicitud o renuncia a su derecho:
a) el desistimiento o la renuncia afectará únicamente a la
persona que la haya formulado b) el desistimiento afectará únicamente a la persona que lo haya
formulado, pero la renuncia afectará a todas las personas
solicitantes c) la renuncia afectará únicamente a la persona que la haya
formulado, pero el desistimiento afectará a todas las personas
solicitantes d) la Administración ha de considerar que el desistimiento o
renuncia afectan a todas las personas solicitantes. 222.El plazo que dispone una persona interesada para solicitar
de la Administración Pública que declare de oficio la
nulidad de un acto administrativo es de:
a) un mes b) dos meses c) cuatro años d) puede hacerlo en cualquier momento. 223.A la hora de expresar en la interposición del recurso la
razón de su impugnación, la persona interesada:
a) sólo puede alegar vicios y defectos que hagan anulable el
acto b) sólo puede alegar los que hayan sido causados por esa misma
persona c) no puede alegar los vicios y defectos que hayan sido causados
por esa misma persona d) sólo puede alegar los vicios o defectos previstos en el
artículo 62 de la Ley 30/1992. 224.En vía de recurso, cuando hayan de tenerse en cuenta
nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente
originario:
a) hay obligación de ponerlos de manifiesto a las personas
interesadas, pero sin necesidad de abrir periodo de
alegaciones b) se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes
dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 10 días
ni superior a 15 c) se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes
dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 15 días
ni superior a 20 d) se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes
dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 20 días
ni superior a 30. 225.No tienen carácter de documentos nuevos a los efectos de
la audiencia de los interesados en vía de recurso, regulado
por el art. 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:
a) el propio recurso, los informes y propuestas y tampoco los
documentos que las personas interesadas hayan aportado al
expediente antes de recaer la resolución impugnada b) el propio recurso no lo tiene, pero sí los informes,
propuestas y documentos que las personas interesadas hayan
aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada c) el propio recurso, los informes y propuestas no lo tienen,
pero sí los documentos que las personas interesadas hayan
aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada d) las tres respuestas anteriores son erróneas. 226.A efectos de motivación de los actos administrativos,
basta con una:
a) Sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho b) Sucinta referencia a la competencia del órgano que los dicta c) Sucinta referencia a lo dispuesto en el ordenamiento respecto
de su rango d) Sucinta referencia al razonamiento lógico del órgano que los
dicta. 227.Deben ser motivados, en todo caso:
a) Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses
legítimos b) Los que se dicten según el criterio seguido en actuaciones
precedentes o el dictamen de órganos consultivos c) Los que se dicten en el ejercicio de potestades regladas d) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o
ampliación de plazos. 228. Los actos administrativos se producirán de forma verbal:
a) En general, a menos que su naturaleza exija o permita otra
forma más adecuada de expresión y constancia b) En todo caso, cuando se trate de resoluciones c) Necesariamente cuando deba dictarse una serie de actos
administrativos de la misma naturaleza d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 229.Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo:
a) Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten b) Se presumirán válidos desde la fecha en que se notifiquen c) Se presumirán válidos desde la fecha en que se publiquen d) Se presumirán válidos desde la fecha en que se aprueben por
el órgano jerárquicamente inferior. 230. La eficacia de los actos administrativos:
a) Producirán efectos, en todo caso, desde la fecha en que se
dicten b) Su eficacia quedará demorada siempre, pues queda obligatoriamente supeditada a su notificación
c) Tendrán eficacia retroactiva siempre que produzcan efectos
favorables al interesado d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los
actos que se dicten en sustitución de actos anulados. 231. Se notificará a las personas interesadas:
a) Únicamente las resoluciones que afecten negativamente a sus
derechos e intereses b) Únicamente los actos administrativos que afecten positivamente
a sus derechos e intereses c) Aquellas resoluciones y actos administrativos que afecten a
sus derechos e intereses d) Aquellas resoluciones y actos administrativos cuya
notificación hayan solicitado previamente. 232.Toda notificación ha de ser cursada dentro del plazo de:
a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado b) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado c) Treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado d) Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 233.Además del texto íntegro de la resolución, la notificación
debe contener:
a) La indicación de si es o no definitivo en vía administrativa b) La expresión de los recursos que procedan c) El órgano ante el que ha de interponerse el recurso y el plazo
que se dispone para ello d) Todas las indicaciones anteriores. 234. Si una notificación contiene únicamente el texto íntegro
del acto:
a) No es susceptible de producir ningún tipo de efecto b) Surtirá efecto a partir del transcurso de un mes desde tal
notificación c) Surtirá efecto a partir de la fecha en que la persona
interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento
del contenido y alcance del acto notificado d) Surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado
interponga un recurso cualquiera. 235.A los efectos de entender cumplida la obligación de
notificar dentro del plazo máximo de duración de los
procedimientos, será suficiente la notificación que
contenga, como mínimo, el texto íntegro de la resolución:
a) Junto con la copia auténtica de la misma, debidamente
acreditada b) Junto con el intento de notificación debidamente acreditado c) Junto con una fotocopia de la misma, debidamente acreditada
por el órgano competente d) Sin ningún otro requisito adicional. 236.Cuando la notificación se practique en el domicilio de la
persona interesada y ésta no se halle presente en ese
momento:
a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad b) En todo caso, se repetirá el intento de notificación en una
hora distinta dentro de los cinco días siguientes c) En todo caso, se repetirá el intento de notificación en una
hora distinta dentro de los diez días siguientes d) En todo caso, se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento correspondiente. 237.Cuando la persona interesada rechace la notificación de
una actuación administrativa:
a) Se efectuará, en todo caso, la notificación a su
representante b) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el
trámite, siguiéndose el procedimiento c) Se repetirá el intento de notificación en una hora distinta
dentro de los tres días siguientes d) Se paralizará el expediente hasta que la persona interesada
decida darse por notificada. 238. La publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos:
a) Cuando el acto tenga por destinataria una pluralidad
indeterminada de personas b) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada
a una sola persona interesada es insuficiente para garantizar
la notificación a todas c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento
selectivo o de concurrencia competitiva d) En todos los casos anteriores. 239.Son actos nulos de pleno Derecho los actos
administrativos:
a) Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico b) Que incurran en desviación de poder c) Que tengan un contenido imposible d) Cualquier acto expreso o presunto contrario al ordenamiento
jurídico. 240. Son anulables los actos administrativos:
a) Dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón
del territorio b) Que se dicten como consecuencia de una infracción penal c) Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido d) Que tengan un defecto formal que dé lugar a la indefensión de
las personas interesadas. 241.El acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente
por razón de la materia:
a) Es nulo de pleno Derecho b) Es anulable c) Será nulo de pleno Derecho si carece de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin d) Será anulable si da lugar a la indefensión de los interesados. 242. El acto administrativo que adolezca de un defecto de
forma:
a) Será nulo de pleno Derecho si da lugar a la indefensión de las
personas interesadas b) Será anulable en caso de carecer de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin c) Será nulo de pleno Derecho d) Será anulable en todo caso. 243.La realización de actuaciones administrativas fuera del
tiempo establecido para ellas implica:
a) La nulidad de pleno Derecho del acto en todo caso b) La anulabilidad del acto en todo caso c) La nulidad de pleno Derecho del acto cuando así lo imponga la
naturaleza del término o plazo d) La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza
del término o plazo. 244. Cuando una persona interesada solicita de la
Administración la revisión de oficio de un acto nulo de
pleno Derecho:
a) La Administración correspondiente debe necesariamente admitir
a trámite la citada solicitud b) Puede acordar la inadmisión, pero tras recabar el dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico c) Puede acordar la inadmisión, pero tras haber obtenido el
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
autonómico d) Puede acordar la inadmisión, motivadamente, cuando carezca
manifiestamente de fundamento. 245.Cuando la Administración inicie de oficio el procedimiento
de revisión de un acto nulo de pleno Derecho:
a) El transcurso del plazo de tres meses sin dictar resolución
producirá la caducidad del mismo b) Se podrá entender que se ha producido silencio administrativo
negativo por el transcurso del plazo de tres meses sin dictar
resolución c) Se podrá entender que se ha producido silencio administrativo
negativo por el transcurso del plazo de seis meses sin dictar
resolución d) No se producirá la caducidad del mismo hasta el transcurso
del plazo de seis meses sin dictar resolución. 246. La Administración puede declarar lesivos para el interés
público:
a) Los actos nulos de pleno Derecho b) Los actos anulables favorables para las personas interesadas c) Los actos anulables desfavorables para las personas
interesadas d) Cualquier acto administrativo, sea o no anulable o nulo de
pleno Derecho. 247. La declaración de lesividad de un acto administrativo
permite a la Administración:
a) Declarar por sí misma y de inmediato la nulidad de pleno
Derecho del mismo b) Anular por sí misma y de inmediato el acto en cuestión c) Proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional
contencioso- administrativo d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 248.El plazo que dispone la Administración para la declaración
de lesividad de un acto administrativo es de:
a) Un mes desde que se dictó el acto administrativo b) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo c) Un año desde que se dictó el acto administrativo d) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 250.En el caso de los municipios, la declaración de lesividad
corresponde, en principio:
a) Al Alcalde b) Al Pleno de la Corporación c) Al Secretario de la Corporación d) Los Municipios no tienen competencia para tal declaración. 251.En caso de detectar algún error material, de hecho o
aritmético en un acto administrativo, la Administración:
a) dispone de un mes para rectificarlo b) dispone de seis meses para rectificarlo c) dispone de cuatro años para rectificarlo d) podrá rectificarlo en cualquier momento. 252. Los recursos administrativos podrán interponerse:
a) por las personas interesadas contra las resoluciones y, en
algunos casos, contra los actos de trámite b) por cualquier persona, contra los actos de trámite y, en
algunos casos, contra las resoluciones c) por las personas interesadas, únicamente contra las
resoluciones d) por cualquier persona, únicamente contra los actos de trámite. 253.Los recursos contra un acto administrativo que se funden
únicamente en la nulidad de una disposición administrativa
de carácter general:
a) Deberán interponerse ante el órgano superior jerárquico del
que dictó dicho acto administrativo b) Podrán interponerse directamente ante el órgano superior
jerárquico del que dicto dicha disposición de carácter general c) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó
dicha disposición de carácter general d) Deberán interponerse ante el órgano que dictó dicho acto
administrativ. 254.Las resoluciones de los órganos administrativos que
carezcan se superior jerárquico:
a) Ponen fin a la vía administrativa, salvo que una Ley
establezca lo contrario b) Son actos firmes, salvo que una Ley establezca lo contrario c) Agotan la vía administrativa, salvo que una Ley establezca lo
contrario d) Las respuestas A y C son correctas. 255. El error por parte del recurrente en la calificación del
recurso:
a) Es un obstáculo para su tramitación, por lo que ha de
decidirse su inadmisión de plano b) No es un obstáculo para su tramitación, siempre que se
deduzca su verdadero carácter c) No es un obstáculo para su tramitación, por lo que debe
decidirse su admisión en todo caso d) Es un obstáculo para su tramitación, pero podrá admitirlo el
superior jerárquico del órgano ante el que se haya presentado
el recurso. 256. El órgano a quien competa resolver un recurso
administrativo:
a) Debe adoptar inmediatamente la suspensión de la ejecución del
acto impugnado b) Podrá suspender la ejecución del acto impugnado cuando la
misma pudiese causar perjuicios de imposible o difícil
reparación, pero siempre de oficio c) Podrá suspender la ejecución del acto impugnado cuando la
impugnación se funde en alguna de las causas de nulidad de
pleno Derecho, también a instancia de parte d) No podrá en ningún caso suspender la ejecución del acto
impugnado a instancia de parte. 257.Efectos de la falta de resolución expresa en relación con
la solicitud de suspensión de la ejecución de un acto
impugnado:
a) Se entenderá suspendida una vez transcurridos 15 días desde
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente b) Se entenderá caducada una vez transcurridos 15 días desde que
la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente c) Se entenderá suspendida una vez transcurridos 30 días desde
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente d) Se entenderá caducada una vez transcurridos 30 días desde que
la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente. 258. Respecto de la suspensión de la ejecución de un acto
impugnado:
a) La suspensión no podrá prolongarse después de agotada la vía
administrativa b) Se prolongará después de agotada la vía administrativa si una
persona interesada interpone recurso contenciosoadministrativo
y solicita la suspensión del acto impugnado,
hasta que tal solicitud reciba respuesta del órgano judicial c) Tras haberse agotado la vía administrativa, un órgano judicial
no puede resolver solicitudes de suspensión d) Se prolongará, en todo caso, después de agotada la vía
administrativa. 259. En la resolución del recurso administrativo, el órgano
competente podrá:
a) Estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones
formuladas o declarar la inadmisión del recurso b) Sólo podrá estimar en todo o en parte o desestimar las
pretensiones formuladas c) No podrá declarar la inadmisión del recurso d) Son válidas las respuestas (b) y (c). 260. Las resoluciones y actos recurribles que no pongan fin a
la vía administrativa:
a) Podrán ser objeto del recurso de alzada, cuya resolución
compete al órgano superior jerárquico del que los dictó b) Podrán ser objeto del recurso de reposición, cuya resolución
compete al órgano superior jerárquico del que los dictó c) Podrán ser objeto del recurso de alzada, cuya resolución
compete al órgano que los dictó d) Podrán ser objeto del recurso de reposición, cuya resolución
compete al órgano que los dictó. 261.El plazo para la interposición del recurso de alzada:
a) Será de un mes, tanto si el acto fuera expreso como si no lo
fuera b) Será de un mes, si el acto fuera expreso y de tres meses si no
lo fuera c) Será de tres meses, si el acto fuera expreso y de un mes si no
lo fuera d) Será de tres meses, tanto si el acto fuera expreso como si no
lo fuera. 262. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del
recurso de alzada:
a) Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado
resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso b) Será de tres meses, transcurridos los cuales sin haberse
dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en
todo caso c) Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado
resolución, se podrá entender desestimado el recurso en todo
caso d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 263. Transcurrido el plazo de interposición del recurso de
reposición sin haberlo interpuesto:
a) Únicamente podrá interponerse un recurso de alzada b) Únicamente podrá interponerse otro recurso de reposición c) Unicamente podrá interponerse un recurso contenciosoadministrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia
del recurso extraordinario de revisión d) No podrá interponerse ningún tipo de recurso. 264. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del
recurso de reposición:
a) Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado
resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso b) Será de tres meses, transcurridos los cuales sin haberse
dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en
todo caso c) Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado
resolución, se habrá de entender desestimado el recurso en
todo caso d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 265.Si, después de haber adquirido firmeza una resolución,
aparecen documentos de valor esencial para la resolución del
asunto que evidencien el error de tal resolución, se podrá
interponer frente a la misma:
a) Un recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el
conocimiento de los nuevos documentos b) Un recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde
el conocimiento de los nuevos documentos c) Un recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos d) Un recurso extraordinario de revisión, en el plazo de tres
meses a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos. 266.No se considera iniciado de oficio el procedimiento cuando
se inicia por acuerdo del órgano competente:
a) Como consecuencia de orden superior b) A petición razonada de otros órganos c) Por denuncia d) A solicitud de persona interesada. 267.Con anterioridad al acuerdo de iniciación, y con el fin de
conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento, el órgano
competente podrá abrir:
a) Un período de información previa b) El período de prueba c) El período de alegaciones d) Una ronda de contactos. 268.La solicitud de iniciación de un procedimiento puede
contener la firma del solicitante o:
a) La firma del órgano competente b) La firma del órgano superior jerárquico c) La acreditación de la autenticidad de la voluntad del
solicitante expresada por cualquier medio d) La firma del denunciante. 269.Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad
de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o
sustancialmente similar:
a) Podrán ser formuladas en una única solicitud, a discreción de
las personas interesadas b) Podrán ser formuladas en una única solicitud, únicamente si
las normas reguladoras de los procedimientos específicos lo
disponen así c) Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las
normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan
otra cosa d) Nunca podrán ser formuladas en una única solicitud. 270.Las personas interesadas pueden exigir el recibo que
acredite la fecha de presentación de su solicitud,
comunicación o escrito:
a) Se admite como tal una copia en la que figure la fecha de
presentación anotada por la oficina b) Se admite como tal una copia, en la que figure la fecha de
presentación anotada por la persona interesada c) Se admite como tal una copia, en la que figure la fecha de
presentación manuscrita por la persona interesada d) En ningún caso se admite como tal una copia de la solicitud,
comunicación o escrito presentado. 271.Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos
exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos:
a) En un plazo de 5 días b) En un plazo de 10 días c) En un plazo de 15 días d) En un plazo de 20 días. 272.Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación
del procedimiento:
a) Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en un
plazo de 15 días siguientes a su adopción b) Quedarán confirmadas si no se inicia el procedimiento en un
plazo de 15 días siguientes a su adopción c) Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en un
plazo de 30 días siguientes a su adopción d) Quedarán confirmadas si no se inicia el procedimiento en un
plazo de 30 días siguientes a su adopción. 273. Las medidas provisionales adoptadas una vez iniciado el
procedimiento:
a) No podrán ser alzadas hasta la adopción de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento b) No podrán ser modificadas hasta la adopción de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento c) No podrán ser mantenidas una vez que adquiera eficacia la
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento d) En todo caso, se mantendrán tras la adopción de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento. 274.Cuando un órgano dispone la acumulación de un
procedimiento a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión:
a) Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso de
reposición b) Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso de alzada c) Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso contenciosoadministrativo d) No procederá recurso alguno contra tal acuerdo. 275.En asuntos de naturaleza homogénea, el despacho de los
expedientes guardará el orden riguroso de incoación:
a) Sin ningún tipo de excepción b) Salvo que el titular de la unidad administrativa dé orden
motivada en contrario, de la que quede constancia c) Salvo que el titular de la unidad administrativa ordene lo
contrario, sin necesidad de motivarlo d) Salvo que el titular de la unidad administrativa tenga
constancia de lo contrario. 276. Al solicitar los trámites que han de ser cumplidos por
otros órganos:
a) Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal
establecido al efecto b) Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el
órgano competente haya establecido al efecto c) Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el
órgano superior jerárquico haya establecido al efecto d) No será necesario consignar en la comunicación cursada ninguna
referencia al plazo establecido al efecto. 277.Las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento:
a) Incluso las referidas a la nulidad de actuaciones, suspenden
la tramitación del mismo b) Suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación c) No suspenden la tramitación del mismo, salvo las referidas a
la nulidad de actuaciones d) No suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación. 278.Los actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución:
a) En principio, se realizarán de oficio por el órgano que
tramite el procedimiento b) Se realizarán siempre a instancia de parte, salvo que se
trate de trámites legal o reglamentariamente establecidos c) Se realizarán siempre a instancia de parte, incluso cuando se
trate de trámites legal o reglamentariamente establecidos d) Se realizarán siempre a instancia de parte, si se trata de
trámites legal o reglamentariamente establecidos. 279. El instructor del procedimiento acordará la apertura de
un periodo de prueba:
a) Por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, cuando la
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por
los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija b) Por un plazo no superior a 20 días ni inferior a 10, cuando
la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por
los interesados c) Por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 20, cuando
la naturaleza del procedimiento lo exija d) Por un plazo no superior a 45 días ni inferior a 20, en todos
los casos. 280. A efectos de la resolución del procedimiento:
a) Se solicitarán únicamente los informes que se juzguen
necesarios, fundamentando la conveniencia de reclamarlos b) Se solicitarán únicamente los informes que sean preceptivos
por disposiciones legales, citándose el precepto que los exija c) Se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por
disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para
resolver d) Además de los anteriores, se solicitarán los propuestos por
las personas interesadas. 281.Salvo disposición expresa en contrario, los informes:
a) Serán preceptivos y vinculantes b) Serán facultativos y vinculantes c) Serán preceptivos y no vinculantes d) Serán facultativos y no vinculantes. 282.Los informes habrán de ser evacuados, con carácter
general:
a) En el plazo de 10 días b) En el plazo de 20 días c) En el plazo de 30 días d) En el plazo de un mes. 283. De no emitirse un informe en plazo:
a) Se interrumpirá, en todo caso, el plazo de los trámites
sucesivos b) Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos si se
trata de informes preceptivos c) Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos, si se
trata de informes preceptivos que sean determinantes para la
resolución del procedimiento d) Se podrán proseguir las actuaciones en todo caso. 284.Si transcurre el plazo sin que se haya evacuado un informe
que haya de ser emitido por una Administración distinta de
la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el
punto de vista correspondiente a sus competencias
respectivas,
a) Se interrumpirá, en todo caso, el plazo de los trámites
sucesivos b) Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos si se
trata de informes preceptivos c) Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos, si se
trata de informes preceptivos que sean determinantes para la
resolución del procedimiento d) Se podrán proseguir las actuaciones. 285.Los acuerdos que celebren las Administraciones Públicas y
que tengan la consideración de finalizadores del
procedimiento administrativo:
a) Podrán alterar las competencias atribuidas a los órganos
administrativos b) Deberán publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuviesen destinados c) Pueden versar también sobre materias no susceptibles de
transacción d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 286.Si la resolución que pone fin al procedimiento se
pronuncia sobre cuestiones conexas no planteadas por los
interesados:
a) Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo
no inferior a 15 días b) Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo
no inferior a 10 días c) Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo
no superior a 10 días d) Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo
no superior a 15 días. 287. En caso de desistimiento, la Administración debe declarar
concluso el procedimiento:
a) En el plazo de diez días desde que le fuera notificado dicho
desistimiento b) Salvo que, habiéndose personado terceros interesados, éstos
instasen su continuación en el plazo de diez días desde que
hayan sido notificados de dicho desistimiento c) En el plazo de quince días desde que le fuera notificado
dicho desistimiento d) Salvo que, habiéndose personado terceros interesados, éstos
instasen su continuación en el plazo de quince días desde que
hayan sido notificados de dicho desistimiento. 288.Cuando, en un procedimiento iniciado a solicitud del
interesado, se produzca su paralización por causa imputable
al mismo:
a) La Administración le advertirá que, trascurridos 15 días, se
producirá la caducidad del procedimiento b) La Administración le advertirá que, trascurrido un mes, se
producirá la caducidad del procedimiento c) La Administración le advertirá que, trascurridos dos meses,
se producirá la caducidad del procedimiento d) La Administración le advertirá que, trascurridos tres meses,
se producirá la caducidad del procedimiento. 289. Para que pueda acordarse la caducidad en caso de
paralización imputable a la persona interesada:
a) Basta la simple inactividad del interesado b) Basta la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, sean o no indispensables para
dictar resolución c) Se requiere la inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites indispensables para dictar
resolución d) Es necesario que la cuestión suscitada afecte al interés
general. 290. En los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado resolución expresa:
a) Legitima, en todo caso, a la persona interesada que ha
deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio
administrativo b) Legitima, en todo caso, a la persona interesada que ha
deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio
administrativo c) Legitima a la persona interesada que ha deducido la solicitud
para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo en
los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de
Derecho comunitario establezcan lo contrario d) Legitima a la persona interesada que ha deducido la solicitud
para entenderla desestimada por silencio administrativo, salvo
en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma
de Derecho comunitario establezcan lo contrario. 291.El silencio administrativo tendrá efecto estimatorio:
a) En todos los procedimientos relativos al ejercicio del
derecho de petición b) En todos los procedimientos relativos a la adquisición de
facultades relativas al dominio público o al servicio público c) En todos los recursos interpuestos contra la desestimación por
silencio administrativo de una solicitud por transcurso de
plazo d) En ninguno de los tres casos anteriores. 292. En cuanto a los efectos del silencio administrativo
desestimatorio:
a
) Tiene a todos los efectos la consideración de acto
administrativo finalizador del procedimiento b) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la
interposición de recursos c) La resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser
confirmatoria del mismo d) Su característica principal es que no tiene ningún tipo de
efecto. 293. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa:
a) Ello no exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver b) Se podrán entender estimadas las pretensiones de los
interesados que hubieren comparecido en los procedimientos en
que pudiese derivarse la constitución de derechos c) Se podrán entender estimadas las pretensiones de los
interesados que hubieren comparecido en los procedimientos de
ejercicio de la potestad sancionadora d) Se podrán entender estimadas las pretensiones de los
interesados que hubieren comparecido en los procedimientos
susceptibles de producir efectos desfavorables. 294.En los supuestos en que el procedimiento se haya
paralizado por causa imputable a la persona interesada:
a) Provoca el silencio administrativo estimatorio de sus
pretensiones b) Provoca el silencio administrativo desestimatorio de sus
pretensiones c) Provoca la caducidad del procedimiento d) Interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la
resolución. 295.¿Tienen derecho los ciudadanos a conocer el estado de la
tramitación de un procedimiento administrativo concreto?
a) sí, en todo momento, aunque no tengan la condición de
personas interesadas en el mismo b) sí, en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aunque no tengan la condición de personas
interesadas en el procedimiento ) sí, en todo momento, si tienen la condición de personas
interesadas en el procedimiento d) sí, sólo en las fases anteriores al trámite de audiencia, si
tienen la condición de personas interesadas en dicho
procedimiento. 296. Los ciudadanos también tienen derecho a:
a) obtener copia de los documentos que presenten, quedando, en
todo caso, los originales en el procedimiento de que se trate b) obtener copia sellada de los documentos que presenten,
quedando, en todo caso, los originales en el procedimiento de
que se trate c) obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el
procedimiento d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 297. En cuanto a la formulación de alegaciones y la aportación
de documentos:
a) las personas interesadas tienen la facultad de hacerlo en
cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de
audiencia b) las personas interesadas tienen la obligación de hacerlo en
cualquier fase del procedimiento c) las personas interesadas tienen la obligación de hacerlo en
el momento de presentación de la solicitud d) las personas interesadas tienen derecho a hacerlo en
cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de
audiencia. 298. Los ciudadanos también tienen derecho a:
a) identificar a las autoridades y al personal al servicio de las
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se
tramiten los procedimientos b) no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables
al procedimiento de que se trate c) ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y
funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones d) todas las respuestas anteriores son correctas. 299.Cuando las personas interesadas se dirijan a los órganos
de la Administración General del Estado con sede en el
territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial,
el procedimiento se tramitará:
a) el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la
Administración b) el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la
persona interesada; de concurrir varias personas interesadas,
y existiera discrepancia en torno a la lengua, se tramitará en
la lengua que prefiera la mayoría c) el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la
persona interesada; de concurrir varias personas interesadas,
y existiera discrepancia en torno a la lengua, se tramitará en
la lengua que decida la Administración d) en la lengua elegida por la persona interesada; de concurrir
varias personas interesadas, y existiera discrepancia en torno
a la lengua, se tramitará en castellano. 300.Cuando los documentos, expedientes o partes de los mismos
redactados en lengua cooficial distinta al castellano, deban
surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma,
la Administración Pública instructora:
a) deberá traducirlos en todo caso al castellano b) no será precisa su traducción si deben surtir efectos en el
territorio de una Comunidad Autónoma donde haya también otra
lengua cooficial c) no será precisa su traducción si deben surtir efectos en el
territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa
misma lengua distinta del castellano d) en ningún caso será precisa su traducción, por tratarse de
una lengua cooficial. 249.La Administración dispone desde la iniciación del
procedimiento de declaración de lesividad de un plazo de:
a) Seis meses, cuyo transcurso sin haberse declarado la
lesividad dará lugar al silencio administrativo negativo b) Seis meses, cuyo transcurso sin haberse declarado la
lesividad dará lugar la caducidad del mismo c) Un año, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad
dará lugar al silencio administrativo negativo d) Un año, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad
dará lugar a la caducidad del mismo. 301.La inscripción de documentos en los registros públicos del
Gobierno Vasco, de sus entes autónomos, de las
Administraciones Forales o de la Administración Local de la
Comunidad Autónoma del País Vasco:
a) se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos b) se hará en castellano c) se hará en euskera d) se hará en la lengua que elija la persona que aporta el
documento al Registro. 302.Las notificaciones y comunicaciones administrativas de las
Administraciones sitas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco deben ir redactadas:
a) en euskera, salvo que las personas interesadas elijan
expresamente la utilización del castellano b) en forma bilingüe, salvo que las personas interesadas elijan
expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de
la Comunidad Autónoma c) en castellano, salvo que las personas interesadas elijan
expresamente la utilización del euskera d) la Ley de Normalización del Uso del Euskera no establece
ningún precepto al respecto. 303.Los impresos o modelos oficiales que hayan de utilizarse
por los poderes públicos en la Comunidad Autónoma del País
Vasco:
a) deberán estar redactados en forma bilingüe b) deberán estar redactados, al menos, en euskera c) deberán estar redactados, al menos, en castellano d) la Ley de Normalización del Uso del Euskera no establece
ningún precepto al respecto. 304.En relación con el derecho de acceso a la información
pública que obre en poder de las Administraciones Públicas,
se entiende por “información pública”, de acuerdo con la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno:
a) los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o
soporte, que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones b) los contenidos o documentos, siempre en formato papel o
digital, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus
funciones c) los contenidos o documentos, siempre en formato papel,
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones d) sólo se refiere a la información contenida en formato papel,
cualquiera que sea el origen de la misma. 305.El derecho de acceso a la información pública, podrá ser
limitado, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno:
a) cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el
interés del menor b) cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la
igualdad de hombres y mujeres c) cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la
protección del medio ambiente d) todas las respuestas anteriores son correctas. 306.De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno , cuando la información solicitada en ejercicio del
derecho de acceso contenga datos relativos a la ideología,
afiliación sindical, religión o creencias de otra(s)
persona(s):
a) no se podrá autorizar el acceso en ningún caso b) no se podrá autorizar el acceso sin el consentimiento expreso
y verbal del afectado c) se podrá autorizar aunque no haya consentimiento expreso del
afectado, según ponderación realizada por el órgano consultado d) se podrá autorizar sin consentimiento expreso y por escrito
del afectado cuando éste hubiese hecho manifiestamente
públicos los datos antes de la solicitud de acceso. 307.De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, quien presenta la solicitud para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública ha de tener en
cuenta que:
a) está obligado a motivar su solicitud, pues tal motivación
deberá ser tenida en cuenta cuando se dicte la resolución b) cuando la solicitud se refiera a información que no obre en
poder del sujeto al que se dirige, éste no tiene obligación de
remitírsela al competente, aunque lo conozca c) cuando la solicitud no identifique suficientemente la
información, se le pedirá que la concrete en un plazo de 5
días, y que si no lo hace se le tendrá por desistido d) si la información solicitada pudiera afectar a derechos o
intereses de terceros, debidamente identificados, se les
concederá un plazo de 15 días para que aleguen lo que estimen
oportuno. 308. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
relativa al acceso a la información pública es de:
a) un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de
que el volumen o complejidad de la información solicitada lo
haga necesario b) dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de
que el volumen o complejidad de la información solicitada lo
haga necesario c) dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver, ampliable por otros dos meses en
caso de que el volumen o complejidad de la información
solicitada lo haga necesario d) tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de
que el volumen o complejidad de la información solicitada lo
haga necesario. 309. Contra la resolución expresa o presunta adoptada por un
órgano administrativo en materia de acceso a la información
pública:
a) podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano
en el plazo de un mes, previo a su impugnación en vía
contencioso- administrativa b) podrá interponerse recurso de alzada, ante el órgano superior
jerárquico, en el plazo de un mes, previo a su impugnación en
vía contencioso- administrativa c) podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes, previo a
su impugnación en vía contencioso- administrativa d) se podrá interponer únicamente el recurso contenciosoadministrativo
en el plazo de dos meses. 310.Los registros electrónicos deben permitir la presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones:
a) todos los días hábiles, en las horas de apertura al público
de la Administración Pública correspondiente b) todos los días hábiles, de 8.00 a 20.00 horas c) todos los días del año, de 8.00 a 20.00 horas d) todos los días del año, durante las veinticuatro horas. 311. En los casos en que se sustituya la remisión de
expedientes por la puesta a disposición del expediente
electrónico:
a) la persona interesada tendrá derecho a obtener copia del
mismo b) la persona interesada no tendrá derecho a obtener una copia
del expediente en su totalidad, sino de aquellas actuaciones
que previamente determine la Administración c) la persona interesada tendrá derecho a obtener copia del
mismo, salvo que reglamentariamente se establezca lo contrario d) queda en manos de la Administración la posibilidad de
facilitar a la persona interesada una copia del mismo. 312.¿Están los ciudadanos obligados a facilitar a la
Administración informes, inspecciones y otros actos de
investigación?
a) en absoluto b) sólo en los casos en que así lo decida la propia
Administración c) sólo en los casos previstos por la Ley d) en todos los casos. 313.Las personas interesadas en un procedimiento que conozcan
datos que permitan identificar a otras personas interesadas
que no hayan comparecido:
a) tienen derecho a ocultarlo ante la Administración, en caso de
resultar perjudicial para sí mismos b) deben obtener la autorización de esas otras personas
interesadas antes de comunicárselo a la Administración
actuante c) deben comunicárselo sin tardanza a esas otras personas
interesadas, para que ellas mismas se pongan en contacto con
la Administración actuante d) tienen el deber de proporcionárselos a la Administración
actuante. 314. El Pleno celebra sesión ordinaria, como mínimo, cada mes:
a) en los Ayuntamientos de todos los municipios b) en los Ayuntamientos de los municipios de hasta 5.000
habitantes c) en los Ayuntamientos de los municipios de entre 5.001 y 20.000
habitantes d) en los Ayuntamientos de los municipios de más de 20.000
habitantes. 315. El Pleno celebra sesión extraordinaria:
a) cuando lo decida el Alcalde o lo soliciten, al menos, tres de
los concejales b) cuando lo decida el Alcalde o lo solicite la cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que
ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente c) cuando lo decida el Alcalde o lo solicite la tercera parte, al
menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que
ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente d) únicamente cuando lo solicite la tercera parte, al menos, del
número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún
concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente. 316.Solicitada la celebración de una sesión extraordinaria del
Pleno, no podrá demorarse:
a) por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada b) por más de 15 días naturales desde que fuera solicitada
c) por más de 30 días naturales desde que fuera solicitada d) por más de 30 días hábiles desde que fuera solicitada. 317.Si el Alcalde no convoca, dentro del plazo señalado por la
LBRL al efecto, el Pleno extraordinario solicitado por los
concejales:
a) quedará automáticamente convocado para el quinto día hábil
siguiente al de finalización de dicho plazo b) quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil
siguiente al de finalización de dicho plazo c) quedará automáticamente convocado para el decimoquinto día
hábil siguiente al de finalización de dicho plazo d) quedará automáticamente convocado para el vigésimo día hábil
siguiente al de finalización de dicho plazo. 318. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos:
a) con dos días naturales de antelación, salvo las
extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente b) con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias
que lo hayan sido con carácter urgente c) con tres días naturales de antelación, salvo las
extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente d) con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias
que lo hayan sido con carácter urgente. 319. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de:
a) un cuarto del número legal de miembros del mismo, que nunca
podrá ser inferior a tres b) un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca
podrá ser inferior a cuatro c) un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca
podrá ser inferior a tres d) un cuarto del numero legal de miembros del mismo, que nunca
podrá ser inferior a cuatro. 320.La ausencia de uno o varios concejales una vez iniciada la
deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la
correspondiente votación:
a) al voto negativo b) al voto afirmativo c) a la abstención d) al voto nulo. 321.Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como
regla general:
a) por mayoría simple de los miembros presentes b) por mayoría simple del número legal de miembros c) por mayoría absoluta del número legal de miembros d) por mayoría absoluta de los miembros presentes. 322.Para la adopción de acuerdos en materia de alteración del
nombre del municipio se requiere:
a) mayoría simple de los miembros presentes b) mayoría absoluta de los miembros presentes c) mayoría absoluta del número legal de miembros d) mayoría simple del número legal de miembros. 323. Las resoluciones del Alcalde:
a) ponen fin a la vía administrativa y contra ellas es posible el
recurso de reposición ante el Pleno b) ponen fin a la vía administrativa y contra ellas es posible el
recurso de reposición ante el propio Alcalde c) no ponen fin a la vía administrativa y contra ellas es posible
el recurso de alzada ante el Pleno d) no ponen fin a la vía administrativa y contra ellas es posible
el recurso contencioso- administrativo. 324.El Libro de Actas tiene la consideración de instrumento
público solemne y deberá llevar en todas sus hojas,
debidamente foliadas:
a) las rúbricas del Alcalde y del/a Secretario/a b) la rúbrica del/a Secretario/a y el sello de la Corporación c) la rúbrica del Alcalde y el sello de la Corporación d) los sellos del Alcalde y del/a Secretario/a. 325.Los acuerdos del Pleno no reflejados en el correspondiente
Libro de Actas que reúna los requisitos legalmente
establecidos:
a) no serán válidos b) serán válidos, pero no producirán efectos bajo ningún
concepto c) serán válidos, pero no producirán efectos hasta que no sean
convalidados por el Alcalde d) serán válidos, pero no tienen por qué ser ejecutados por el
Alcalde. 326.Para la adopción de acuerdos por el Pleno en materias para
las que se exija una mayoría especial:
a) será necesario el informe previo del Consejo de Estado y, en
su caso, del Tribunal de Cuentas b) será necesario el informe previo de la Comisión Jurídica
Asesora y, en su caso, del Tribunal Vasco de Cuentas c) será necesario el informe del/a Secretario/a y, en su caso,
del/a Interventor/a d) será necesario el informe de la Asesoría Jurídica y, en su
caso, de un Letrado. 327.Si, además de los informes preceptivos, el Alcalde
solicita otros informes o dictámenes adicionales a
funcionarios de la entidad local:
a) los funcionarios podrán formular minuta por la emisión del
informe o dictamen b) los funcionarios podrán percibir una retribución específica
al margen de las retribuciones aplicables a los funcionarios
públicos c) deberán elegir entre formular minuta o percibir una
retribución específica adicional d) no podrán formular minuta ni percibir ninguna retribución
específica adicional. 328.Las actas de las sesiones resolutivas de la Junta de
Gobierno local se transcribirán y conservarán:
a) en el Libro de Resoluciones del Alcalde b) en el Libro de Actas del Pleno, en un apartado específico de
mismo c) en el Libro de Actas del Pleno, intercaladas con las actas de
éste último d) todas las respuestas anteriores son erróneas. 329.La responsabilidad de la custodia de los Libros de Actas
corresponde:
a) al Alcalde b) al Secretario c) al Teniente de Alcalde d) al Jefe de la Unidad respectiva. 330.Las certificaciones de actos, resoluciones y acuerdos de
los órganos de gobierno de la entidad local, así como las
copias y certificados de los libros y documentos que existan
en las distintas dependencias:
a) se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto
expreso que disponga otra cosa b) se expedirán por cualquier funcionario/a, salvo precepto
expreso que disponga otra cosa c) se expedirán por el Jefe de la Unidad respectiva, salvo
precepto expreso que disponga otra cosa d) el Reglamento de Organización y Funcionamiento no concreta
este aspecto, sino que se remite expresamente al Reglamento
Orgánico municipal. 331. Las certificaciones se expiden:
a) por orden del Alcalde y con su “visto bueno”, para significar
que quien las expide está en el ejercicio del cargo y que su
firma es auténtica b) por orden del/a Secretario/a y con su “visto bueno”, para
significar que quien las expide está en el ejercicio del cargo
y que su firma es auténtica c) por orden del Alcalde y con su “visto bueno”, para significar
la corrección del extremo certificado d) por orden del/a Secretario/a y con su “visto bueno”, para
significar la corrección del extremo certificado. 332.En cuanto a la posibilidad de expedición de
certificaciones de resoluciones y acuerdos de los órganos de
gobierno y administración de las entidades locales antes de
la aprobación de las actas que los contengan:
a) El ROF prohíbe absolutamente tal posibilidad y prevé la
nulidad absoluta de la certificación emitida b) El ROF prohíbe absolutamente tal posibilidad y prevé la
nulidad de la certificación emitida, aunque podría ser
convalidada c) tales certificaciones podrán expedirse, siempre que se
advierta de tal circunstancia y a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta correspondiente d) tales certificaciones podrán expedirse, siempre que se
advierta de tal circunstancia y el acta correspondiente se
apruebe en el plazo de 15 días desde su emisión. 333.Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a
una Administración Pública por una relación estatutaria
regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente:
a) es funcionario de carrera b) es funcionario fijo c) es personal laboral fijo d) es funcionario indefinido. 334.Una circunstancia que justifica el nombramiento de un
funcionario interino, por razones de necesidad y urgencia,
es:
a) la sustitución transitoria del funcionario titular b) la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán
tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce
meses más c) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de ocho
meses, dentro de un periodo de doce meses d) todas las respuestas anteriores son correctas. 335. Es personal laboral el que presta servicios retribuidos
por las Administraciones Públicas:
a) en virtud de nombramiento legal, en cualquiera de las
modalidades previstas en el Estatuto Básico del Empleado
Público b) en virtud de contrato de trabajo acordado verbalmente, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal
previstas en la legislación laboral c) en virtud de contrato de trabajo acordado verbalmente o
formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de
contratación de personal previstas en el Estatuto Básico el
Empleado Público d) en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal
previstas en la legislación laboral. 336.Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea
adecuado a la naturaleza de su condición:
a) el régimen general de los funcionarios de carrera b) el régimen general de los funcionarios interinos c) el régimen general del personal laboral fijo d) el régimen general del personal laboral temporal. 337.Estará sometido a la relación laboral especial de alta
dirección:
a) el personal directivo que reúna la condición de funcionario
de carrera b) el personal directivo que reúna la condición de funcionario
interino c) el personal directivo que reúna la condición de personal
laboral d) el personal directivo que reúna la condición de personal
eventual. 338.La progresión de grado, categoría, escalón o concepto
análogo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, se
denomina:
a) carrera horizontal b) carrera vertical c) promoción interna vertical d) promoción interna horizontal. 339.El ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante
los procedimientos de provisión se denomina:
a) promoción interna horizontal b) promoción interna vertical c) carrera vertical d) carrera horizontal. 340.El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o
Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que
éste no tenga Subgrupo, a otro superior se denomina:
a) carrera horizontal b) promoción interna horizontal c) carrera vertical d) promoción interna vertical. 341.El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo
profesional se denomina:
a) carrera vertical b) promoción interna vertical c) carrera horizontal d) promoción interna horizonta. 342. Para la promoción interna, además de poseer los
requisitos exigidos para el ingreso, los funcionarios
deberán:
a) tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo
en el inferior Subgrupo (o Grupo de clasificación profesional,
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo) y superar las
correspondientes pruebas selectivas b) tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio
activo en el inferior Subgrupo (o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo) sin
necesidad de superar ninguna prueba selectiva c) tener una antigüedad de, al menos, tres años de servicio
activo en el inferior Subgrupo (o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo) y
superar las correspondientes pruebas selectivas d) tener una antigüedad de, al menos, tres años de servicio
activo en el inferior Subgrupo (o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo) sin
necesidad de superar ninguna prueba selectiva. 343.El procedimiento mediante el cual se mide y valora la
conducta profesional y el rendimiento o el logro de
resultados se denomina:
a) valoración profesional b) evaluación del desempeño c) estimación profesional d) apreciación profesional. 344.Según la Ley de Función Pública Vasca (6/89 de 6 de
julio), las retribuciones básicas de los funcionarios
estarán integradas única y exclusivamente por:
a) el sueldo b) el sueldo y los trienios c) el sueldo y las pagas extraordinarias en su totalidad d) el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 345. Los trienios se devengarán y harán efectivos:
a) Con el valor correspondiente al subgrupo o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga
subgrupo del cuerpo o escala al que al que el funcionario haya
estado adscrito en la mayor parte del periodo del trienio b) Con el valor correspondiente al subgrupo o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga
subgrupo del cuerpo o escala al que el funcionario pertenezca
en el momento de su perfeccionamiento c) Con el valor correspondiente al subgrupo o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga
subgrupo del cuerpo o escala al que el funcionario pertenezca
en el momento del inicio de su computo d) Se prorrateará el valor en función de los periodos de tiempo
en que el funcionario haya estado adscrito a cada subgrupo o
grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este
no tenga subgrupo. 346.Las retribuciones del personal eventual se determinarán
por:
a) Convenio colectivo b) Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma c) La ley de presupuestos generales del Estado d) el Pleno de cada Corporación , al comienzo de su mandato. 347. La parte de jornada no realizada dará lugar a:
a) la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter
sancionador b) la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter
sancionador c) en su caso, a la sanción disciplinaria que pueda corresponder d) las respuestas (a) y (c) son correctas. 348. A efectos del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, se entiende por representación:
a) el derecho a negociar la determinación de condiciones de
trabajo de los empleados de la Administración Pública b) la facultad de elegir representantes y constituir órganos
unitarios a través de los cuales se instrumente la
interlocución entre las Administraciones Públicas y sus
empleados c) el derecho a participar, a través de las organizaciones
sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las
entidades u organismos que legalmente se determine d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 349. Queda(n) excluido(s) de la obligatoriedad de la
negociación colectiva:
a) la determinación y aplicación de las retribuciones
complementarias de los funcionarios b) los planes de previsión social complementaria c) los criterios generales sobre ofertas de empleo público d) la determinación de condiciones de trabajo del personal
directivo. 350.El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de
los Delegados de Personal, en su caso, será:
a) de dos años, pudiendo ser reelegidos b) de dos años, sin que puedan ser reelegidos c) de cuatro años, pudiendo ser reelegidos d) de cuatro años, sin que puedan ser reelegidos. 351.Por asuntos particulares, los funcionarios públicos tienen
de permiso:
a) tres días al año b) cuatro días al año c) cinco días al año d) seis días al año. 352. El permiso por parto tendrá, en principio, una duración
de:
a) doce semanas ininterrumpidas, al igual que el permiso por
adopción b) catorce semanas ininterrumpidas, al igual que el permiso por
guarda con fines de adopción c) dieciséis semanas ininterrumpidas, al igual que el permiso
por acogimiento temporal d) veinte semanas ininterrumpidas, al igual que el permiso por
acogimiento permanente. 353.Los funcionarios públicos tienen derecho a disfrutar,
durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de:
a) veinte días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue
menor b) veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue
menor c) treinta días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue
menor d) un mes, o de los días que correspondan proporcionalmente si
el tiempo de servicio durante el año fue menor. 354.Los empleados públicos deben actuar con arreglo, entre
otros, al siguiente principio, que inspira su Código de
Conducta:
a) integridad b) austeridad c) honradez d) las tres respuestas son correctas. 355. Las personas extranjeras con residencia legal en España:
a) en ningún caso pueden acceder a las Administraciones Públicas
en igualdad de condiciones que las españolas b) pueden acceder, en todo caso, a las Administraciones Públicas
como personal funcionario en igualdad de condiciones que las
españolas c) pueden acceder a las Administraciones Públicas como personal
laboral en igualdad de condiciones que las españolas d) pueden acceder, en todo caso, a las Administraciones Públicas
como funcionarios de carrera en igualdad de condiciones que
las españolas. 356.En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad:
a) no inferior al cinco por ciento b) no inferior al siete por ciento c) no superior al siete por ciento d) no superior al cinco por ciento. 357.No podrán formar parte de los órganos de selección:
a) el personal de elección o de designación política b) los funcionarios interinos c) el personal eventual d) ninguno de los anteriores. 358. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán:
a) los de oposición y concurso; sólo en virtud de ley podrá
aplicarse el sistema de concurso- oposición b) los de concurso y concurso-oposición; sólo en virtud de ley
podrá aplicarse el sistema de oposición c) los de oposición y concurso-oposición; sólo en virtud de ley
podrá aplicarse el sistema de concurso de valoración de
méritos d) el de oposición; sólo en virtud de ley podrán aplicarse los
sistemas de concurso y concurso- oposición. 359. Además de la superación del proceso selectivo, la
condición de funcionario de carrera se adquiere por el
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
a) nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado
en el Diario Oficial correspondiente; y acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado
en el Diario Oficial correspondiente; y toma de posesión
dentro del plazo que se establezca c) nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado
en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y toma
de posesión dentro del plazo que se establezca d) nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado
en el Diario Oficial correspondiente; toma de posesión dentro
del plazo que se establezca; y acto de acatamiento de la
Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. 360. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario:
a) ha de ser aceptada expresa y automáticamente por la
Administración, en todo caso b) no podrá ser aceptada por la Administración cuando el
funcionario esté sujeto a expediente disciplinario c) inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración
Pública d) son ciertas las respuestas (a) y (c). 361. Produce la pérdida de la condición de funcionario
respecto de todos los empleos o cargos que tuviere:
a) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta,
cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga b) la pena principal de inhabilitación especial, aun cuando no
hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga c) la pena accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere
adquirido firmeza la sentencia que la imponga d) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, aun
cuando no hubiere adquirido firmeza la sentencia que la
imponga. 362.Existe posibilidad de solicitar la rehabilitación de la
condición de funcionario:
a) en caso de extinción de la relación de servicios por renuncia
a tal condición o por pérdida de la nacionalidad b) en caso de extinción de la relación de servicios por renuncia
a tal condición o jubilación por incapacidad permanente para
el servicio c) en caso de extinción de la relación de servicios por renuncia
a tal condición o por condena a la pena principal o accesoria
de inhabilitación d) en caso de extinción de la relación de servicios por pérdida
de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente y
por condena a la pena de inhabilitación. 363. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o
personal laboral
a) que encubrieren las faltas consumadas graves o leves b) que encubrieren las faltas consumadas muy graves, graves o
leves c) que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves,
cuando de dichos actos se derive daño grave para la
Administración o los ciudadanos d) que indujeren a otros a la realización de actos o conductas
constitutivos de falta disciplinaria o encubrieren las faltas
consumadas leves. 364.Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario
resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad:
a) se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin
suspenderse su tramitación b) se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal,
suspendiéndose su tramitación c) se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, tras la
finalización de la tramitación del procedimiento d) se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, una vez
firme la resolución del procedimiento disciplinario. 365.El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público tipifica únicamente infracciones:
a) muy graves b) muy graves y graves c) graves y leves d) leves. 366.Las infracciones muy graves, graves y leves prescriben,
respectivamente:
a) a los cuatro, tres y dos años b) a los cuatro, tres y un año c) a los tres, dos y un año d) a los tres años, dos años y seis meses. 367.Las sanciones impuestas por faltas muy graves, graves y
leves prescriben, respectivamente:
a) a los cuatro, tres y dos años b) a los cuatro, tres y un año c) a los tres, dos y un año d) a los tres años, dos años y seis meses. 368.Para el desempeño por parte del personal al servicio de
las Administraciones Públicas de un segundo puesto de
trabajo o actividad en el sector público:
a) no se requiere requisito alguno b) será conveniente la previa autorización de compatibilidad c) será indispensable la previa y expresa autorización de
compatibilidad d) en ningún caso es posible tal compatibilidad. 369.El personal al servicio de las Administraciones Públicas
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los
cargos electivos siguientes:
a) Miembros de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma,
en todo caso b) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen
en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación
exclusiva c) en los supuestos (a) y (b) d) en ninguno de ellos. 370.El ejercicio por parte del personal al servicio de las
Administraciones Públicas de actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de las mismas:
a) no se supedita a requisito alguno b) requiere la previa autorización de compatibilidad, que podrá
ser tácita c) requiere el previo reconocimiento de compatibilidad, que
podrá ser tácito d) requiere el previo y expreso reconocimiento de compatibilidad. 371.Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un
segundo puesto o actividad públicos y deseen ejercer
actividades profesionales privadas:
a) no podrán hacerlo bajo ningún concepto b) habrán de renunciar al segundo puesto o actividad público e
instar la autorización de compatibilidad c) habrán de renunciar al segundo puesto o actividad público e
instar el reconocimiento de compatibilidad d) habrán de instar el reconocimiento de compatibilidad con
ambos. 372. La Norma Foral 9/2005, de Haciendas Locales de Bizkaia se
aplica:
a) únicamente a los Municipios del Territorio Histórico de
Bizkaia b) únicamente a los Municipios y Entidades Supramunicipales del
Territorio Histórico de Bizkaia c) únicamente a los Municipios y entidades de ámbito territorial
inferior al municipio del Territorio Histórico de Bizkaia d) a los Municipios, Entidades Supramunicipales y entidades de
ámbito territorial inferior al municipio del Territorio
Histórico de Bizkaia. 373. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus
competencias:
a) no se considera como recurso de la Hacienda de las entidades
locales en la Norma Foral 9/2005 b) se considera como recurso, así como el producto de las
operaciones de crédito c) ninguna de las dos anteriores es considerada como recurso de
la Hacienda de las entidades locales d) las respuestas (a) y (c) son correctas. 374. Constituyen ingresos de Derecho Privado de las entidades
locales del Territorio Histórico de Bizkaia
a) los rendimientos o productos de cualquier naturaleza
derivados de su patrimonio, incluido el dominio público b) además de los anteriores, las adquisiciones a título de
herencia, legado o donación c) además de los anteriores, el importe obtenido por la
enajenación de bienes como consecuencia de su desafectación
como bienes de dominio público y posterior venta d) en ningún caso tienen tal consideración los ingresos que
procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio
público. 375.Los ingresos procedentes de la enajenación y gravamen de
bienes o derechos patrimoniales en las entidades locales del
Territorio Histórico de Bizkaia:
a) no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes
en ningún caso b) podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes si
se trata de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables c) no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes
si se trata de parcelas sobrantes de vías públicas no
edificables d) no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes
si se trata de efectos no utilizables en servicios municipales. 376. Uno de los principios que deben respetar los tributos
que, de acuerdo con la Norma Foral 9/2005, de Haciendas
Locales de Bizkaia, establezcan las entidades locales es:
a) no someter a gravamen bienes situados, actividades
desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados
fuera del territorio de la respectiva entidad b) someter a gravamen bienes situados, actividades
desarrolladas, rendimientos originados y gastos realizados
fuera del territorio de la respectiva entidad, si las personas
titulares estén empadronadas en la entidad local c) someter a gravamen bienes situados, actividades
desarrolladas, rendimientos originados y gastos realizados
fuera del territorio de la respectiva entidad, si las personas
titulares son nacidas en la entidad local d) someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas,
rendimientos originados y gastos realizados fuera del
territorio de la respectiva entidad, cuando las personas
titulares hayan estado empadronadas alguna vez en la entidad
local. 377.De acuerdo con la Norma Foral 9/2005, de Haciendas Locales
de Bizkaia, las entidades locales pueden conceder beneficios
fiscales en materia de sus propios tributos:
a) en el marco de las Normas Forales aplicables y asumiéndolos
con cargo a sus presupuestos b) en el marco de las Normas Forales aplicables y con cargo a
los presupuestos forales c) no pueden conceder beneficios fiscales: la competencia para
ello está atribuida a la Diputación Foral quien, en el marco
de las Normas Forales, los asume con cargo a sus presupuesto d) no se prevé la posibilidad de que se pueda conceder
beneficios fiscales en materia de tributos locales. 378. En relación con los plazos para el pago de las deudas
tributarias:
a) las ordenanzas fiscales no pueden establecer plazos distintos
de los recogidos en la Norma Foral General Tributaria b) las ordenanzas fiscales no pueden establecer plazos distintos
de los recogidos en la Norma Foral de Haciendas Locales c) las ordenanzas fiscales pueden establecer plazos distintos de
los recogidos en la Norma Foral General Tributaria d) las ordenanzas fiscales pueden establecer plazos distintos de
los recogidos en la Norma Foral de Haciendas Locales. 379.Revisión en vía administrativa de actos de aplicación de
tributos y los de imposición de sanciones tributarias:
a) serán revisables en todo caso b) serán revisables, incluso los confirmados por sentencia
judicial firme c) no serán revisables los actos confirmados por sentencia
judicial firme d) no serán revisables, a excepción de los actos confirmados por
sentencia judicial firme, que sí lo serán. 380.La devolución de ingresos indebidos es contemplada en el
art. 12 de la Norma Foral de Haciendas Locales de Bizkaia
como:
a) un procedimiento especial de revisión b) la consecuencia de la revisión de actos nulos de pleno
Derecho c) la consecuencia de la declaración de lesividad de actos
anulables d) la consecuencia de la revocación. 381.En la la Norma Foral de Haciendas Locales de Bizkaia el
recurso de reposición frente a actos de aplicación de
tributos y de imposición de sanciones, entre otros:
a) es potestativo en todo caso b) es obligatorio en todo caso c) es potestativo cuando la entidad local dispone de un órgano
para la resolución de reclamaciones económico- administrativas d) es obligatorio incluso cuando la entidad local dispone de un
órgano para la resolución de reclamaciones económicoadministrativas. 382.En la la Norma Foral de Haciendas Locales de Bizkaia el
recurso de reposición frente a actos de aplicación de
tributos ha de ser resuelto y notificado:
a) en el plazo de un mes, y se entenderá estimado cuando no haya
recaído resolución en plazo b) en el plazo de un mes, y se entenderá desestimado cuando no
haya recaído resolución en plazo c) en el plazo de tres meses, y se entenderá estimado cuando no
haya recaído resolución en plazo d) en el plazo de tres meses, y se entenderá desestimado cuando
no haya recaído resolución en plazo. 383. Sobre el contenido de las ordenanzas fiscales sobre
tributos locales, la Norma Foral de Haciendas Locales de
Bizkaia:
a) deja a los municipios total autonomía, sin establecer
siquiera un contenido mínimo b) establece su contenido mínimo, que integra, entre otros, las
fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación c) establece su contenido mínimo, que integra, entre otros, las
normas de adaptación de la Norma Foral General Tributaria al
régimen de organización y funcionamiento interno propio de la
entidad local concernida d) establece su contenido mínimo, que integra, únicamente, las
normas de adaptación de la Norma Foral General Tributaria al
régimen de organización y funcionamiento interno propio de la
entidad local concernida. 384. Las aprobaciones y modificaciones de las ordenanzas
fiscales por parte de las entidades locales de Bizkaia:
a) se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante
treinta días, dentro de los cuales las personas interesadas
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas b) se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante
un mes, dentro del cual las personas interesadas podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas c) se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante
sesenta días, dentro de los cuales las personas interesadas
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas d) se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante
dos meses, dentro de los cuales las personas interesadas
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 385.El texto íntegro de las de las ordenanzas fiscales o sus
modificaciones en las entidades locales de Bizkaia deben ser
publicados en:
a) es suficiente su publicación en el tablón de anuncios de la
entidad correspondiente b) es suficiente su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia c) debe publicarse en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el del
País Vasco d) la Norma Foral 9/2005 prevé, para algunos casos, la
publicación en el BOE. 386. Contra las ordenanzas fiscales de las entidades locales
de Bizkaia
a) cabe recurso de alzada ante la Diputación Foral b) cabe recurso de reposición ante el Pleno de la propia entidad
local c) cabe reclamación económico - administrativa d) cabe la interposición de un recurso contenciosoadministrativo. 387.Las entidades locales de Bizkaia deben exigir, de
conformidad con las normas y disposiciones que los regulen:
a) el Impuesto sobre Bienes Inmuebles b) el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras c) el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana d) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 388.Las entidades locales de Bizkaia podrán establecer tasas
por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local en los siguientes casos:
a) alumbrado de vías públicas b) portadas, escaparates y vitrinas c) vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten d) autorización para utilizar en placas, patentes y otros
distintivos análogos el escudo de la entidad local. 389.Las entidades locales de Bizkaia podrán establecer tasas
por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local en los siguientes
casos:
a) vigilancia pública en general b) protección civil c) otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de
autotaxis y demás vehículos de alquiler d) instalación de quiosco en la vía pública por un particular. 390.Las entidades locales de Bizkaia no podrán exigir tasas
por los servicios siguientes:
a) limpieza de la vía pública b) servicios de alcantarillado c) visitas a museos d) servicios de prevención y extinción de incendios. 391.El importe de las tasas de las entidades locales de
Bizkaia por prestación de un servicio o por la realización
de una actividad no podrá exceder, en su conjunto:
a) de la cuarta parte del coste real previsible del servicio o
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida b) de la mitad del coste real previsible del servicio o
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida c) de las tres cuartas partes del coste real previsible del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida d) del coste real previsible del servicio o actividad de que se
trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 392. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del
dominio público local:
a) en lugar de estar obligado al pago de una tasa, el
beneficiario estará obligado al reintegro del coste total de
los gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo
de su importe b) sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, el
beneficiario está obligado al reintegro del coste total de los
gastos de reconstrucción o reparación, sin que quepa exigirle c) sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, el
beneficiario está obligado al reintegro del coste total de los
gastos de reconstrucción o reparación, y al depósito previo de
su import d) en ningún caso podrá ser realizada una utilización privativa
o aprovechamiento de ese tipo. 393. Las entidades locales de Bizkaia pueden establecer
contribuciones especiales:
a) por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local b) por la realización de obras o por el establecimiento o
ampliación de servicios municipales que generen en el obligado
tributario un beneficio o aumento del valor de sus bienes c) por la prestación de servicios o realización de actividades en
régimen de Derecho Público, cuando los servicios o actividades
no sean de solicitud o recepción voluntaria d) por la prestación de servicios o realización de actividades
en régimen de Derecho Público, cuando no se presten o realicen
por el sector privado. 394. Se consideran “obras y servicios locales” a efectos de
las contribuciones especiales reguladas por la Norma Foral
9/2005 de Haciendas Locales de Bizkaia:
a) los que realicen las entidades locales en el ámbito de sus
competencias, incluso de aquellos que ejecuten a título de
dueños de sus bienes patrimoniales b) los que realicen las entidades locales por haberles sido
atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos
cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la legislación c) los que realice la Diputación Foral, o sus concesionarios,
con aportaciones económicas de la propias entidad foral d) los que realicen los organismos autónomos o sociedades
mercantiles forales en el ámbito de competencias de una
entidad local. 395.Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales de
las entidades locales de Bizkaia:
a) se habrán de destinar en un mínimo del 25% a sufragar gastos
de la obra o del servicio por cuya razón se hubieren exigido b) se habrán de destinar en un mínimo del 50% a sufragar gastos
de la obra o del servicio por cuya razón se hubieren exigido c) se habrán de destinar en un mínimo del 75% a sufragar gastos
de la obra o del servicio por cuya razón se hubieren exigido d) sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del
servicio por cuya razón se hubieren exigido. 396.En el caso de las contribuciones especiales, una vez
determinada la cuota a satisfacer por la persona obligada
tributaria, la corporación local puede conceder:
a) de oficio, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por
un plazo máximo de 10 años b) a solicitud del obligado tributario, el fraccionamiento o
aplazamiento de aquella por un plazo máximo de 10 años c) a solicitud del obligado tributario, el fraccionamiento o
aplazamiento de aquella por un plazo máximo de 5 años d) de oficio, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por
un plazo máximo de 5 años. 397.Para la constitución de asociaciones administrativas de
contribuyentes en relación con las contribuciones especiales
reguladas por la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales de
Bizkaia:
a) el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría simple de los
afectados, siempre que representen, al menos dos quintos de
las cuotas que deban satisfacerse b) el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los
afectados, siempre que representen, al menos dos tercios de
las cuotas que deban satisfacerse c) el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los
afectados, siempre que representen, al menos dos quintos de
las cuotas que deban satisfacerse d) el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría simple de los
afectados, siempre que representen, al menos dos tercios de
las cuotas que deban satisfacerse. 398.Las entidades locales de Bizkaia podrán exigirse precios
públicos por los servicios y actividades siguientes:
a) abastecimiento de aguas en fuentes públicas b) alumbrado de vías públicas c) limpieza de la vía pública d) por ninguno de los tres supuestos mencionados. 399.Salvo que haya razones sociales, benéficas, culturales o
de interés público que aconsejen lo contrario, el importe de
los precios públicos deberá cubrir:
a) como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada b) como mínimo, el 75% del coste del servicio prestado o de la
actividad realizada c) como mínimo, el 50% del coste del servicio prestado o de la
actividad realizada d) como mínimo, el 25% del coste del servicio prestado o de la
actividad realizada. 400. La obligación de pagar un precio público nace, de acuerdo
con la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales de Bizkaia:
a) desde que se inicia la prestación del servicio o la
realización de la actividad, si bien la entidad local puede
exigir el depósito previo de su importe total o parcial b) desde que finaliza la prestación del servicio o la realización
de la actividad, si bien la entidad local puede exigir el
depósito previo de su importe total o parcial c) desde que finaliza la prestación del servicio o la
realización de la actividad, si bien la entidad local puede
exigir el depósito previo de su importe total d) desde que finaliza la prestación del servicio o la
realización de la actividad, si bien la entidad local puede
exigir el depósito previo de su importe parcial. 401. El establecimiento o modificación de los precios públicos
corresponderá:
a) al Alcalde, sin perjuicio de sus facultades de delegación en
la Junta de Gobierno local b) al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de
delegación en la Junta de Gobierno Local c) al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades
de delegación en el Alcalde d) a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de sus facultades
de delegación en el Alcalde. 402. La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia
se aplicará:
a) A la entidades locales y a las entidades de ámbito inferior
al municipio b) A las entidades locales, y a sus organismos autónomos.
Asimismo, será de aplicación teniendo en cuenta sus
especificaciones a las entidades de ámbito inferior al
municipio c) A las entidades locales, y sus organismos autónomos y
entidades públicas empresariales y a las sociedades públicas
de aquellas dependientes. Asimismo, será de aplicación
teniendo en cuenta sus especificaciones a las entidades de
ámbito inferior al municipio d) A las entidades locales, sus organismos autónomos y entidades
públicas empresariales, así como a las entidades de ámbito
inferior al municipio. 403.En los municipios de gran población la aprobación del
presupuesto es competencia atribuida:
a) A la Junta de Gobierno Local b) Al alcalde c) A la comisión de gobierno d) Al pleno municipal. 404.Las entidades locales aprueban un Presupuesto único que
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de
los derechos que se prevean realizar. Dicho presupuesto
coincide con:
a) El año natural b) El año hábil c) El año natural, a partir de la fecha en que se aprueba d) El año hábil, a partir de la fecha en que se aprueba. 405. Los Presupuestos Generales de una entidad local en
Bizkaia constituyen:
a) El instrumento de recaudación de los ingresos de la entidad
local b) El instrumento de organización financiera y de reembolso
económico de la entidad local c) El instrumento de control de la correcta administración de los
recursos de la entidad local d) El instrumento económico de exacción y organización
administrativa de la entidad local.
406. Los Presupuestos Generales de una entidad local en
Bizkaia:
a) Son la expresión formal documental, en términos
exclusivamente contables, del conjunto integrado de decisiones
que constituyen el programa directivo de la actividad
económica a realizar por las Entidades locales b) Son la expresión formal documental, en términos financieros y
contables, del conjunto integrado de decisiones que
constituyen el programa directivo de la actividad económica a
realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico
y presupuestario c) Son la expresión formal documental del conjunto integrado de
decisiones que constituyen el programa directivo de la
actividad financiera a realizar por las Entidades locales d) Son la expresión formal documental, en términos financieros y
contables, de las decisiones de gastos y subvenciones, que
constituyen el programa directivo de la actividad económica a
realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico
y presupuestario. 407.En el procedimiento de elaboración y aprobación, el
presupuesto de la Administración de la Entidad local en
Bizkaia será formado:
a) Por la Comisión de Gobierno b) Por la Junta de Gobierno Local c) Por su Presidente d) Por el Plen. 408.Aprobado inicialmente el Presupuesto General de la entidad
local, se expondrá al público, previo anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia»:
a) Por quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno o la Junta
de Gobierno Local b) Por quince días naturales, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno o la
Junta de Gobierno Local c) Por un mes, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno o la Junta
de Gobierno Local d) Por un mes, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 409.Si en el plazo concedido tras la publicación en el BOB de
la aprobación inicial de los presupuestos no se hubiesen
presentado reclamaciones:
a) El Presupuesto debe ser sometido a la aprobación definitiva
del Pleno por mayoría simple b) El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado c) El Presupuesto debe ser sometido a la aprobación definitiva
de la Junta de Gobierno Local d) El Presupuesto debe ser sometido a la aprobación definitiva
del Pleno por mayoría absoluta. 410.Si en el plazo concedido tras la publicación en el Boletín
Oficial de Bizkaia de la aprobación inicial de los
presupuestos se hubiesen presentado reclamaciones:
a) El Pleno o la Junta de Gobierno Local en caso de haber sido
ésta la que adoptó el acuerdo de aprobación inicial dispondrán
de un plazo de un quince días naturales para resolverlas b) El Pleno o la Junta de Gobierno Local en caso de haber sido
ésta la que adoptó el acuerdo de aprobación inicial dispondrán
de un plazo de quince días hábiles para resolverlas c) En todo caso el pleno de la entidad local dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas d) El Pleno o la Junta de Gobierno Local en caso de haber sido
ésta la que adoptó el acuerdo de aprobación inicial dispondrán
de un plazo de un mes para resolverlas. 411. El principio presupuestario de universalidad significa:
a) Que los presupuestos de todos los municipios en Bizkaia
reciben de la Diputación Foral unas mismas subvenciones, según
sus necesidades y de conformidad con su población b) Que los presupuestos comprenderán todos los derechos y
obligaciones, sin excepción alguna, que en cada caso prevea
liquidar y sea necesario atender, respectivamente c) Que los presupuestos se gastarán en su totalidad, con todos
los derechos y obligaciones, sin excepción alguna, que en cada
caso prevea liquidar d) Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los
gastos. 412. El principio presupuestario de equilibrio financiero
significa:
a) Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los
gastos b) Que los recursos de las Entidades locales y de cada uno de
sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a
satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
en el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinados c) Que los presupuestos de todos los municipios en Bizkaia
reciben de la Diputación Foral unas mismas subvenciones, según
sus necesidades y de conformidad con su población d) Que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no
pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal
expresa. 413.El Presupuesto de cada uno de los organismos autónomos y
de los consorcios adscritos, en su caso, integrantes del
presupuesto general, será remitido al Presidente de la
Entidad local de la que dependan:
a) Antes del 15 de septiembre de cada año b) Antes del 30 de septiembre de cada año c) Antes del 15 de octubre de cada año d) Antes del 30 de octubre de cada año. 414. El principio presupuestario de integridad significa:
a) Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los
gastos b) Que los recursos de las Entidades locales y de cada uno de
sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a
satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
en el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinado c) Que los presupuestos de todos los municipios en Bizkaia
reciben de la Diputación Foral unas mismas subvenciones, según
sus necesidades y de conformidad con su población d) Que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no
pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal
expresa. 415. El principio presupuestario de no afectación significa:
a) Que los presupuestos comprenderán todos los derechos y
obligaciones, sin excepción alguna, que en cada caso prevea
liquidar y sea necesario atender, respectivamente b) Que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se
aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no
pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal
expresa c) Que los recursos de las Entidades locales y de cada uno de
sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a
satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
en el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinados d) Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los
gastos. 416.Los créditos presupuestarios tienen carácter:
a) Limitativo y vinculante b) ilimitado y no vinculante c) Preceptivo y no vinculante d) Potestativo y vinculante. 417. Los estados de ingresos de los Presupuestos de cada
entidad local recogerán:
a) Los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las
respectivas obligaciones, b) Los créditos de pago necesarios para atender los gastos
susceptibles de ser reconocidos con cargo al ejercicio
presupuestario c) Los créditos de compromiso destinados a hacer frente a las
obligaciones jurídico- económicas que hayan de contraerse para
la financiación de acciones cuya ejecución deba prolongarse a
ejercicios presupuestarios posteriores a aquél en que tales
créditos se aprueben d) El importe de los recursos financieros que, por todos los
conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario
de cada entidad local. 418. Los estados de gastos de los Presupuestos de cada entidad
local recogerán:
a) Las transferencias y subvenciones de capital que perciban las
entidades locales b) El importe de los recursos financieros que, por todos los
conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario
de cada entidad local c) Los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las
respectivas obligaciones, tanto de pago como de compromiso d) Los distintos derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio. 419. Los créditos presupuestarios se destinarán:
a) Exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan
sido autorizados en el Presupuesto General de la entidad loca b) Exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan
sido autorizados en el Presupuesto General de la entidad o por
sus modificaciones debidamente aprobadas c) A la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados
por el Pleno de la entidad local siempre y cuando se apruebe
la finalidad específica por mayoría absoluta d) A la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados
por el Pleno de la entidad local siempre y cuando se apruebe
la finalidad específica por mayoría simple. 420.Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de la
administración de la Entidad local, de sus organismos
autónomos o entidades públicas empresariales solamente serán
efectivas:
a) Cuando deriven en exclusiva de la ejecución de sus
presupuestos b) Cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos o de
sentencia judicial firme c) Cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos, de
sentencia judicial firme, y de operaciones
extrapresupuestarias d) Cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos y de
operaciones extrapresupuestarias. 421. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas:
a) No podrán despachar mandamientos de ejecución, ni dictar
providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y
bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y
cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de
bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público b) Podrán despachar mandamientos de ejecución o dictar
providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y
bienes de la Hacienda Local o exigir fianzas, depósitos y
cauciones a las Entidades Locales, por deudas declaradas
mediante sentencia judicial firme c) No podrán despachar mandamientos de ejecución, ni dictar
providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y
bienes de la Hacienda Local, cuando se trate de bienes
patrimoniales d) Podrán despachar mandamientos de ejecución o dictar
providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y
bienes de la Hacienda Local o exigir fianzas, depósitos y
cauciones a las Entidades Locales, siempre que se trate de
bienes de dominio público. 422. A los efectos de la Norma Foral presupuestaria de las
entidades locales de Bizkaia se entiende por transferencia
de crédito aquella modificación del presupuesto:
a) De ingresos que, sin alterar la cuantía total del mismo,
traslada el importe total o parcial de un crédito entre
aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes
niveles de vinculación jurídica b) De gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo,
traslada el importe total o parcial de un crédito entre
aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes
niveles de vinculación jurídica c) De gastos que implica las transferencias o la minoración de
créditos de pago correspondientes a créditos de compromiso d) De ingresos que, sin alterar la cuantía total del mismo,
implica las transferencias o la minoración de créditos de pago
correspondientes a créditos de compromiso. 423.En el caso de tener que realizarse algún gasto para el que
no exista crédito de pago consignado, o si existiendo éste
fuere insuficiente y no ampliable, y no fuese posible su
cobertura:
a) La entidad local deberá consignar el gasto en el presupuesto
del año siguiente b) Se recurrirá a la preceptiva baja por anulación de créditos
de pago previstos en el Presupuesto, acordado por el Pleno de
la Corporación c) Se recurrirá a la firma del preceptivo convenio con la
Diputación Foral, con el Gobierno Vasco o con la
Administración del Estado, para obtener un nuevo crédito d) Se recurrirá al trámite de concesión de crédito adicional. 424. La gestión del Presupuesto de gastos se realizará en las
siguientes fases:
a) Ingreso efectivo, autorización del gasto, obligación
reconocida, ordenación del pago, pago b) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto,
obligación reconocida, ordenación del pago, pago c) Autorización del gasto, obligación reconocida, ordenación de
pago, pago d) Ingreso efectivo, autorización del gasto, compromiso del
gasto, obligación reconocida, ordenación del pago, pago. 425.De conformidad con la Norma Foral presupuestaria de las
entidades locales de Bizkaia, la liquidación del presupuesto
del ejercicio de las entidades locales está integrada por:
a) Cuentas resumen, estado de ingresos del ejercicio corriente,
estado de gastos de créditos de pago y estado de gastos de
créditos de compromiso b) Estado de ingresos del ejercicio corriente, estado de gastos
de créditos de pago y estado de gastos de créditos de
compromiso c) Estado de ingresos del ejercicio corriente y estado de gastos
del ejercicio corriente d) Remanente de tesorería al cierre del ejercicio, estado de
ingresos del ejercicio corriente y estado de gastos. 426.Las Entidades locales elaborarán la documentación relativa
a la Liquidación de los Presupuestos Generales:
a) Con anterioridad al 1 de marzo del ejercicio siguiente b) Con anterioridad al 30 de abril del ejercicio siguiente c) Con anterioridad al 31 de marzo del ejercicio siguiente d) Con anterioridad al 1 de mayo del ejercicio siguiente. 427. El volumen de deuda pública de las entidades locales de
Bizkaia se determinará:
a) Por el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta los acuerdos que
adopte el Consejo Vasco de Finanzas Públicas a propuesta de la
Diputación Foral de Bizkaia b) Por la Administración General del Estado, teniendo en cuenta
los acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas
Públicas c) Por la Diputación Foral de Bizkaia, teniendo en cuenta los
acuerdos que se adopten en el Consejo de Gobierno Vasco d) Por la Diputación Foral de Bizkaia, teniendo en cuenta los
acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas
Públicas. 428. Se entenderá por sostenibilidad financiera de la
entidades locales de Bizkaia:
a) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit conforme a lo
establecido en la normativa en vigor
b) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la
normativa en vigor c) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública
conforme a lo establecido en la normativa en vigor d) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública,
morosidad de deuda comercial y demás gastos no recurrentes y
recurrentes de la entidades locales conforme a lo establecido
en la normativa en vigor. 429.Si el Presupuesto no fuera aprobado antes del primer día
del ejercicio económico correspondiente:
a) Quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior b) No podrán ejecutarse los gastos hasta que se declare la
prórroga del anterior c) El alcalde y la junta de gobierno local, de común acuerdo,
pueden autorizar la prórroga de la vigencia del anterior d) Quedará prorrogada la vigencia del anterior, hasta que se
apruebe definitivamente el presupuesto. 430.Todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo
de los servicios que prestan, partiendo de los datos
contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en
su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades
vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio
inmediato anterior:
a) Antes del día 15 de septiembre de cada año b) Antes del día 1 de octubre de cada año c) Antes del día 1 de noviembre de cada año d) Antes del día 15 de diciembre de cada año. 431. Las ordenanzas fiscales que sean necesarias para
establecer, regular y mantener los tributos locales en
Bizkaia contendrán, al menos:
a) La determinación del hecho imponible, obligado tributario,
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base
imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria,
período impositivo y devengo b) La determinación del hecho imponible, obligado tributario,
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base
imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria,
período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y
de ingreso, las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación c) La determinación del hecho imponible, obligado tributario,
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base
imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria,
período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y
de ingreso d) La determinación del hecho imponible, obligado tributario,
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base
imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria,
período impositivo y devengo, las fechas de su aprobación y
del comienzo de su aplicación. 432. El contrato de obras tiene por objeto:
a) La realización por el concesionario de una obra b) La realización de una obra c) La gestión de una obra d) La adquisición y el arrendamiento de una obra. 433.El contrato de concesión de obra pública tiene por objeto:
a) La adquisición de la concesión de una obra y su arrendamiento b) La colaboración entre el sector público y privado para la
concesión de una obra pública c) La reparación por parte del concesionario de construcciones
existentes d) La adquisición de la concesión de una construcción existente y
su gestión. 434.De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, en todo
caso se considerarán contratos de suministro los que tengan
por objeto:
a) Sólo la adquisición de sistemas de telecomunicaciones,
quedando excluido en todo caso su arrendamiento b) Sólo el arrendamiento de programas de ordenador desarrollados
a medida c) La adquisición y el arrendamiento de programas de ordenador
desarrollados a medida d) La adquisición y el arrendamiento de sistemas de
telecomunicaciones. 435. Son contratos de servicios los que tienen por objeto:
a) Prestaciones dirigidas a obtener un resultado similar al de
una obra o suministro b) Prestaciones dirigidas a obtener un resultado distinto de una
concesión o suministro c) La adquisición de programas de ordenador desarrollados a
medida d) La adquisición y el arrendamiento de sistemas de
telecomunicaciones. 436. Tienen carácter administrativo los siguientes contratos:
a) Los de concesión de obra pública y gestión de servicios
públicos b) Sólo los de concesión de obra pública y gestión de servicios
públicos ya que los de obra y servicios siempre tienen
carácter privado c) Los celebrados por una Administración Pública que tengan por
objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II
del Real Decreto Legislativo 3/2011 d) Los contratos de espectáculos (tales como servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos) comprendidos en la
categoría 26 del Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011. 437.Los contratos administrativos se regirán por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y sus disposiciones de desarrollo:
a) Sólo en cuanto a su preparación y extinción b) En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción c) Sólo en cuanto a su adjudicación y extinción d) Supletoriamente, cuando no les sean de aplicación las
restantes normas de derecho administrativo o las normas de
derecho privado. 438.El orden jurisdiccional contencioso- administrativo será
el competente para resolver las cuestiones litigiosas de los
contratos administrativos:
a) En cuanto a su preparación y adjudicación, porque el orden
jurisdiccional civil será el competente en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción b) Relativas únicamente a la adjudicación, efectos, cumplimiento
y extinción c) En cuanto a su preparación y extinción, porque el orden
jurisdiccional civil será el competente en cuanto a su
adjudicación, efectos y cumplimiento d) Relativas a la preparación, adjudicación, efectos,
cumplimiento y extinción. 439.Quienes presenten las ofertas económicamente más
ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas, deberán constituir a
disposición del órgano de contratación y excluido el IVA,
una garantía de:
a) Un %5 del importe de adjudicación del contrato y, en todo
caso, una garantía complementaria de hasta un %10 del valor
estimado del contrato b) Un %5 del importe de adjudicación del contrato c) Un 10% del importe de adjudicación del contrato d) Un %10 del importe de adjudicación del contrato y, en todo
caso, una garantía complementaria de hasta un %5 del valor
estimado del contrato. 440.En la concesión de obras públicas el importe de la
garantía definitiva se calculará aplicando:
a) El %3 sobre el valor estimado del contrato b) El %5 sobre el importe de adjudicación del contrato c) El %5 sobre el valor estimado del contrato d) El %3 sobre el importe de adjudicación del contrato. 441.Las garantías exigidas en los contratos celebrados con las
Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna de las
siguientes formas:
a) Sólo en efectivo y supletoriamente mediante aval bancario b) En efectivo o mediante aval bancario o contrato de seguro de
caución c) En efectivo, salvo que en los pliegos se ordene su prestación
mediante aval bancario d) En efectivo o mediante aval bancario, quedando excluida en
todo caso su prestación mediante contrato de seguro de caución. 442.En relación con la garantía global, Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, dispone que puede prestarse:
a) Sólo en efectivo y supletoriamente mediante aval bancario b) Mediante aval bancario, salvo que en los pliegos se ordene su
prestación mediante contrato de seguro de caución c) Mediante aval bancario o contrato de seguro de caución d) Sólo mediante aval bancario y supletoriamente en efectivo. 443.De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la garantía responderá:
a) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en
el contrato, así como de los daños y perjuicios ocasionados a
la Administración con motivo de la ejecución del contrato b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en
el contrato, quedando excluidos de los daños y perjuicios
ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del
contrato c) Sólo excepcionalmente de los gastos originados a la
Administración por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones d) Por incumplimiento del contrato, proceda o no su resolución. 444.El acuerdo de devolución de la garantía deberá adoptarse y
notificarse al interesado, desde la finalización del plazo
de garantía, en el plazo de:
a) Un mes b) Tres meses c) Seis meses d) Dos meses. 445.El importe de la garantía provisional, excluido el IVA, no
podrá ser:
a) Superior a un %3 del presupuesto del contrato b) Superior a un %3 del valor estimado del contrato c) Superior a un %3 del importe de adjudicación del contrato d) Superior a un %3 del importe de las garantías definitiva y
global del contrato. 446. En los contratos menores la tramitación del expediente de
contratación sólo exigirá:
a) La prestación de una garantía provisional por parte del
licitador b) La prestación de una garantía global por parte del licitador c) La aprobación definitiva y motivada por parte del órgano de
contratación y de la Administración competente, de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que hayan de regir el contrato d) La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente. 447.En los expedientes calificados de urgentes, el plazo de
inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a:
a) Quince días naturales, contados desde la formalización b) Diez días naturales, contados desde la formalización c) Quince días hábiles, contados desde la formalización d) Diez días hábiles, contados desde la formalización. 448.Las entidades que integran la Administración Local podrán
aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de
acuerdo con sus normas específicas:
a) Previo dictamen preceptivo de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la respectiva Comunidad
Autónoma b) Previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera c) Previo dictamen del órgano de contratación, confirmado por el
Consejo de Estado d) Previo dictamen motivado del órgano de contratación,
confirmado por el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
respectiva, si lo hubiera. 449. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares corresponderá:
a) Al órgano de contratación b) Al órgano de contratación y a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la respectiva Comunidad
Autónoma c) A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado d) A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
respectiva Comunidad Autónoma. 450.En los contratos que celebren las Administraciones
Públicas la adjudicación se realizará ordinariamente
utilizando:
a) El procedimiento negociado o el procedimiento restringido b) El procedimiento abierto o el procedimiento de diálogo
competitivo c) El procedimiento negociado o el procedimiento de diálogo
competitivo d) El procedimiento abierto o el procedimiento restringido. 451. Se consideran contratos menores, los contratos de
importe:
a) Inferior a 60.000 euros cuando se trate de contratos de obras b) Inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras c) Inferior a 50.000 euros y superior 18.000 euros, cuando se
trate de contratos de servicios d) Inferior a 50.000 euros y superior 18.000 euros, cuando se
trate de contratos de suministro. 452.En relación con los contratos menores el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público establece que:
a) Su adjudicación siempre se realizará mediante el
procedimiento restringido b) En atención a su escasa cuantía, bastará para su adjudicación
la negociación entre cualquier empresario solvente y la
Administración competente c) Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación d) Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad jurídica, aunque no se haya aprobado el gasto. 453. Cuando los contratos estén sujetos a regulación
armonizada la licitación se publicará
a) En el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín
Oficial del Estado, así como en los correspondientes diarios
autonómicos o provinciales b) Sólo en el Boletín Oficial del Estado c) En el Diario Oficial de la Unión Europea y en el de la
correspondiente provincia, no siendo obligatoria su
publicación en el Boletín Oficial del Estado d) Sólo en el perfil de contratante del órgano de contratación
competente. 454.En relación con los criterios de valoración de las
ofertas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público establece que, cuando
sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser
necesariamente:
a) El de la rentabilidad b) El del plazo de ejecución y entrega de la prestación c) El del valor técnico d) El del precio más bajo. 455.Los contratos que celebren las Administraciones Públicas
deberán formalizarse:
a) En documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación b) En documento privado que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación c) En todo caso en escritura pública otorgada ante notario d) En escritura pública y supletoriamente en documento
administrativo. 456. En el procedimiento abierto de contratación:
a) Todo empresario interesado podrá presentar una proposición b) Podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que sean
seleccionados por el órgano de contratación c) Se pueden negociar los términos del contrato con los
licitadores d) Podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que hayan
recibido una invitación por parte de mesa de contratación. 457. En el procedimiento restringido de contratación:
a) Todo empresario interesado podrá presentar una proposición b) Se pueden negociar los términos del contrato con los
licitadores c) Está prohibida toda negociación de los términos del contrato
con los solicitantes o candidatos d) El órgano de contratación señalará el número mínimo de
empresarios a los que invitará a participar en el
procedimiento, que no podrá ser inferior a tres. 458. En el procedimiento negociado de contratación:
a) En todo caso es necesario dar publicidad al procedimiento b) Se pueden negociar las condiciones del contrato con uno o
varios de los candidatos c) Está prohibida toda negociación de los términos del contrato
con los candidatos d) El órgano de contratación señalará el número mínimo de
empresarios a los que invitará a dialogar en el procedimiento,
que no podrá ser inferior a tres. 459.En el procedimiento negociado de contratación, siempre que
sea posible, será necesario solicitar ofertas:
a) Al menos, a cinco empresas capacitadas para la realización
del objeto del contrato b) Como máximo, a cinco empresas con solvencia económica c) Como máximo, a tres empresas con solvencia económica d) Al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del
objeto del contrato. 460.La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas se encuentra regulada en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
concretamente:
a) En el Título I (arts. 4-10) b) En el Título X (arts. 139-146) c) En el Título IX (arts. 127-138) d) En el Título IV (arts. 35- 50). 461.En materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, en todo caso, el daño alegado
habrá de ser:
a) Efectivo, concreto, directo, subjetivo y cuantificable
patrimonialmente b) Efectivo, concreto, directo, objetivo, evaluable
económicamente e individualizable sólo con relación a una
persona c) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas d) Efectivo, evaluable económicamente y podrá ser generalizado
con relación a una pluralidad indeterminada de personas. 462.Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por
las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos:
a) Salvo en los supuestos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos b) Salvo en los supuestos de caso fortuito, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos c) En todo caso, sin exclusión, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos d) Salvo en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos. 463. En materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, serán indemnizables:
s
s a) Sólo los daños que se deriven de hechos que no se hubiesen
podido prever según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción
de aquéllos b) Sólo los daños que se deriven de circunstancias que no se
hubiesen podido evitar según el estado de los conocimientos de
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllo c) Sólo las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley d) Todas aquellas lesiones producidas al particular tanto por
caso fortuito como por fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios público. 464. La indemnización por responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas se calculará:
a) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la
Ley 30/1992 y supletoriamente en la legislación fiscal b) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la
Ley 30/1992 y supletoriamente en la Ley de Expropiación
Forzosa c) Única y exclusivamente con arreglo a criterios de valoración
de carácter fiscal y ponderándose en todo caso las
valoraciones predominantes en el mercado d) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la
legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las
valoraciones predominantes en el mercado. 465. La cuantía de la indemnización por responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas se calculará
con referencia al día:
a) En que la lesión efectivamente se produjo, pero debe
actualizarse conforme al índice de precios al consumo y con
los intereses que procedan por demora b) En que se dicte la resolución administrativa que reconozca la
responsabilidad, pero debe actualizarse conforme al índice de
precios al consumo c) En que se dicte la resolución judicial que reconozca la
responsabilidad, pero debe actualizarse conforme al índice de
precios al consumo d) En que se produjo la lesión, sin que sea necesaria su
actualización. 466. La indemnización procedente por responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas:
a) Sólo podrá ser dineraria b) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser
abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado
para lograr la reparación debida y convenga al interés
público, siempre que exista acuerdo con el interesado c) Podrá sustituirse por una compensación en especie cuando
resulte más adecuado para lograr la reparación debida y
siempre que exista acuerdo con el interesado, pero no podrá
abonarse mediante pagos periódicos d) Podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más
adecuado para lograr la reparación debida y convenga al
interés público, siempre que así lo decida la Administración
pública sin que sea necesario previo acuerdo con el interesado. 467.El procedimiento administrativo de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas se inicia:
a) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, adoptado
por propia iniciativa b) Siempre mediante reclamación presentada por el particular c) De oficio o por reclamación de los interesados d) Mediante reclamación de los interesados y, en su defecto, de
oficio mediante denuncia. 468. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se
resolverán:
a) Por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley
así lo dispone o por los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la
Administración Local b) Siempre por el Consejo de Ministros y si una Ley así lo
dispone también por los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas c) Siempre por el Consejo de Ministros y si una Ley así lo
dispone también por los órganos correspondientes de las
Entidades que integran la Administración Local d) Por el Ministro o Consejero respectivo si una Ley así lo
dispone y, siempre y cuando las indemnizaciones reclamadas
sean de cuantía igual o superior a 50.000 €. 469. En el procedimiento general para la determinación de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas:
a) Será facultativo el dictamen del Consejo de Estado cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
50.000 € b) Será facultativo el dictamen del Consejo de Estado cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o inferior a
50.000 € c) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
100.000 € d) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente
legislación autonómica. 470. El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas:
a) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo b) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo c) Caduca a los seis meses de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo d) Prescribe a los seis meses de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 471.La resolución administrativa de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial:
a) Siempre y cuando la relación de que derive sea pública, pone
fin a la vía administrativa b) Siempre y cuando la relación de que derive sea privada, pone
fin a la vía administrativa c) Cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de
que derive, no pone fin a la vía administrativa d) Cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de
que derive, pone fin a la vía administrativa. 472.En el procedimiento abreviado para la determinación de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
el plazo máximo para resolver es de:
a) Treinta días y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender desestimada la reclamación b) Tres meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender desestimada la reclamación c) Tres meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender estimada la reclamación d) Treinta días y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender estimada la reclamación. 473.En el procedimiento general para la determinación de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
el plazo máximo para resolver es de:
a) Seis meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender estimada la reclamación b) Tres meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender estimada la reclamación c) Seis meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender desestimada la reclamación d) Tres meses y si la Administración no resuelve en plazo se
podrá entender desestimada la reclamación. 474. La responsabilidad patrimonial del Estado por el
funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá:
a) Por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común b) Por la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial c) Por la Ley 50/1997, del Gobierno d) Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. 475.Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones
de derecho privado:
a) Responderán directamente de los daños y perjuicios causados
por el personal que se encuentre a su servicio b) La responsabilidad patrimonial se exigirá de conformidad con
el Código Civil c) Responderán subsidiariamente de los daños y perjuicios
causados por el personal que se encuentre a su servicio d) La responsabilidad se exigirá de conformidad con el Código
Civil y en su defecto de acuerdo con la Ley 30/1992. 476.El órgano competente podrá acordar la sustanciación del
procedimiento abreviado para la determinación de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, cuando:
a) El interesado tenga extrema urgencia b) El interesado lo solicite de forma razonada c) Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento
general, entienda que es inequívoca la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión d) Iniciado el procedimiento general, sean inequívocos la
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión, así como la valoración del daño y el
cálculo de la cuantía de la indemnización. 477. Cuando el daño haya sido causado por el personal al
servicio de las Administraciones Públicas:
a) Los interesados habrán de demandar directamente al empleado
público causante del daño b) Los interesados podrán elegir entre demandar a la
Administración o al empleado público causante del daño c) Los interesados exigirán directamente a la Administración
pública correspondiente la indemnización por el daño causado
por el personal a su servicio d) Los interesados habrán de acudir directamente a la
jurisdicción contencioso administrativa a reclamar la
indemnización. 478.Cuando la Administración pública haya indemnizado a los
lesionados por daños imputables a la acción dolosa o
gravemente culposa o negligente de un empleado público:
a) La Administración podrá exigirle de oficio que responda de
los daños causados b) La Administración le exigirá de oficio que responda de los
daños causados c) La Administración bien podrá exigirle de oficio que responda
de los daños causados o bien podrá sancionarlo
disciplinariamente d) En ningún caso podrá ejercer la Administración la acción de
regreso. 479. La exigencia de responsabilidad penal del personal al
servicio de las Administraciones públicas:
a) En todo caso suspenderá los procedimientos de reconocimiento
de responsabilidad patrimonial que se estén instruyendo hasta
que la jurisdicción penal se pronuncie b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la
determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal
sea necesaria para la fijación de la responsabilidad
patrimonial c) En ningún caso suspenderá los procedimientos de
reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan d) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que las
indemnizaciones reclamadas a la Administración sean de cuantía
igual o superior a 50.000 €. 480.En desarrollo de los artículos 140, 142, 143, 144 y 145 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Reglamento de los procedimientos de
las Administraciones públicas en materia de responsabilidad
patrimonial se aprueba mediante:
a) Real Decreto 1398/1993 b) Real Decreto 1778/1994 c) Real Decreto 772/1999 d) Real Decreto 429/1993. 481.El acuerdo de iniciación del procedimiento general de
responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares
presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo para que
formulen alegaciones; dicho plazo será de:
a) Siete días b) Diez días c) Quince días d) Veinte días. 482.El órgano competente, a propuesta del instructor, podrá
acordar con el interesado la terminación convencional del
procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio:
a) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite
de audiencia b) En el plazo de veinte días desde la recepción del dictamen
del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma correspondiente c) En el plazo de diez días desde la recepción del dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma correspondiente d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia. 483.El instructor de un expediente de responsabilidad
patrimonial podrá decidir la apertura de un período
extraordinario de prueba:
a) En todo caso b) Cuando sea necesario, a petición de los interesados c) De acuerdo con la Ley 30/1992, cuando así lo prevea la
normativa reguladora de cada procedimiento d) Cuando lo estime oportuno, previo informe preceptivo del
servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable. 484.En el procedimiento general de responsabilidad patrimonial
el plazo general establecido para practicar cuantas pruebas
hubieran sido declaradas pertinentes es de:
a) Quince días b) Veinte días naturales c) Treinta días d) Veinte días hábiles. 485. En el procedimiento general de responsabilidad
patrimonial el órgano instructor solicitará en todo caso:
a) El informe del Consejo de Estado b) Los informes del Consejo de Estado y del órgano consultivo de
la correspondiente Comunidad Autónoma c) Los informes del Consejo de Estado y del servicio cuyo
funcionamiento normal o anormal haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable d) El informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado
la presunta lesión indemnizable. 486.En el trámite de audiencia del procedimiento general de
responsabilidad patrimonial, a los interesados se les
concede un plazo:
a) No inferior a quince días ni superior a veinte b) No inferior a diez días ni superior a quince c) De cinco días hábiles, en todo caso d) De cinco días naturales, en todo caso. 487. En el procedimiento general de responsabilidad
patrimonial, el Dictamen:
a) Del Consejo Estado se emitirá en un plazo máximo de un mes b) Del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable se emitirá en un plazo máximo de un mes c) Del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma. Se emitirá en un plazo máximo de dos
meses d) Del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable se emitirá en un plazo máximo de dos meses. 488. Sólo podrá iniciarse el procedimiento abreviado de
responsabilidad patrimonial:
a) Antes del trámite de audiencia b) En el plazo de veinte días desde la recepción del dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma correspondiente c) En el plazo de diez días desde la recepción del dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma correspondiente d) Después del trámite de audiencia. 489. En el procedimiento abreviado de responsabilidad
patrimonial, el Dictamen:
a) Del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable deberá ser emitido en un plazo de diez
días b) Del Consejo de Estado deberá ser emitido en el plazo de diez
días c) Del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma y deberá ser emitido en el plazo de
cinco días d) Del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable deberá ser emitido en un plazo de cinco
días. 490. Todos los municipios deberán prestar los siguientes
servicios:
a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, control
de alimentos y bebidas, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población, parque público y pavimentación de las
vías públicas b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, control
de alimentos y bebidas, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías públicas d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y tratamiento de residuos. 491. En los municipios con población superior a 5.000
habitantes, además de los servicios obligatorios deberán
prestarse:
a) Alcantarillado, trasporte discrecional de viajeros, parque
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos b) Alcantarillado, control de alimentos y bebidas, tratamiento de
aguas residuales, parque público, biblioteca pública,
tratamiento de residuos, e instalaciones deportivas de uso
público c) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos d) Alcantarillado, trasporte discrecional de viajeros, mercados,
medio ambiente urbano, parque público, biblioteca pública. 492. En los municipios con población superior a 20.000
habitantes, además de los servicios obligatorios en
municipios con población inferior, deberán prestarse:
a) Protección civil, evaluación e información de situaciones de
necesidad social, la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción
de incendios e instalaciones deportivas de uso público b) Protección civil, prestación de servicios sociales e
instalaciones deportivas de uso público c) Protección civil, prestación de servicios sociales, medio
ambiente urbano e instalaciones deportivas de uso público d) Evaluación e información de situaciones de necesidad social,
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social, prevención y extinción de incendios y medio
ambiente urbano. 493.En los municipios con población superior a 50.000
habitantes, además de los servicios obligatorios en
municipios con población inferior, deberán prestarse:
a) Protección civil, mantenimiento de centros sanitarios
asistenciales, transporte colectivo urbano de viajeros y medio
ambiente urbano b) Protección civil, transporte colectivo urbano de viajeros y
medio ambiente urbano c) Transporte discrecional de viajeros, instalaciones deportivas
de uso público y vigilancia y control de la contaminación
ambiental d) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente
urbano. 494.Son servicios públicos locales:
a) Los que se prestan en todos los municipios con carácter
potestativo b) Los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias c) Los que se prestan con carácter obligatorio por las
Diputaciones o Comunidades Autónomas en municipios que carecen
de medios económicos para disfrutarlos d) Los que materialmente disfrutan los vecinos con independencia
de lo que proclamen las leyes. 495.Los servicios públicos de competencia local habrán de
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente:
a) Bien por gestión directa, indirecta, o mediante organismo
autónomo local b) Bien por gestión directa, indirecta, o mediante sociedad
mercantil local c) Bien por gestión directa, indirecta, o mediante entidad
pública empresarial d) Bien por gestión directa o indirecta. 496. La gestión de un servicio público local mediante sociedad
mercantil local:
a) Es una gestión autónoma que no está integrada ni en la
gestión directa ni indirecta de los servicios locales b) Es una gestión indirecta del servicio público local, siempre
que el capital social sea de titularidad pública c) Es una gestión directa del servicio público local, siempre
que el capital social sea de titularidad pública d) Es una gestión propia del ente local, cuando se trate de la
propietaria de por lo menos un cincuenta por ciento de su
capital social. 497.La gestión de un servicio público local mediante una
entidad pública empresarial local:
a) Es una gestión directa del servicio público local b) Es una gestión autónoma que no está integrada ni en la
gestión directa ni indirecta de los servicios locales c) Es una gestión propia del ente local, cuando se trate de la
propietaria de por lo menos un cincuenta por ciento de su
capital social d) Es una gestión indirecta del servicio público local, siempre
que el capital social sea de titularidad pública. 498. La gestión de un servicio público local mediante un
organismo autónomo local:
a) Es una gestión propia del ente local, cuando se trate de la
propietaria de por lo menos un cincuenta por ciento de su
capital social b) Es una gestión directa del servicio público local c) Es una gestión indirecta del servicio público local, siempre
que el capital social sea de titularidad pública d) Es una gestión autónoma que no está integrada ni en la
gestión directa ni indirecta de los servicios locales. 499. La gestión de un servicio público local mediante gestión
por la propia Entidad Local:
a) Es el único sistema de gestión directa de un servicio público
local b) Es un sistema indirecto de gestión de un servicio público
local c) Es un sistema más de gestión directa de un servicio público
local d) Es una gestión autónoma que no está integrada ni en la gestión
directa ni indirecta de los servicios locales. 500. La gestión indirecta de un servicio público local se
lleva a cabo:
a) Mediante entidades públicas empresariales locales b) Mediante sociedades mercantiles locales c) Mediante organismos autónomos locales d) Mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. 501.La creación de organismos autónomos locales para la
gestión de servicios publico locales:
a) Corresponderá a la Comisión de Gobierno de la entidad local b) Corresponderá al Pleno de la entidad local c) Corresponderá al Presidente de la entidad local d) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local de la entidad
local. 502.La creación de entidades públicas empresariales para la
gestión de servicios publico locales:
a) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local de la entidad
local b) Corresponderá al Presidente de la entidad local c) Corresponderá al Pleno de la entidad local d) Corresponderá a la Comisión de Gobierno de la entidad local. 503. En los organismos autónomos locales para la gestión de
servicios públicos:
a) Deberá integrarse el alcalde como Presidente, lo que se
determinará en sus estatutos b) Deberá integrarse un concejal como Presidente, lo que se
determinará en sus estatutos c) Deberá existir un consejo de administración, cuya composición
se determinará en sus estatutos d) Deberá existir un consejo rector, cuya composición se
determinará en sus estatutos. 504. En las entidades públicas empresariales locales para la
gestión de servicios públicos:
a) Deberá existir un consejo de administración, cuya composición
se determinará en sus estatutos b) Deberá existir un consejo rector, cuya composición se
determinará en sus estatutos c) Deberá integrarse un concejal como titular del máximo órgano
de dirección, lo que se determinará en sus estatutos d) Deberá integrarse el alcalde como titular del máximo órgano
de dirección, lo que se determinará en sus estatutos. 505. En las entidades públicas empresariales el titular del
máximo órgano de dirección:
a) Será el alcalde b) Será un concejal c) Será un funcionario de carrera o laboral de las
Administraciones públicas o un profesional del sector privado,
titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años
de ejercicio profesional en el segundo d) Será un profesional del sector privado, titulado superior, y
con más de diez años de ejercicio profesional en el servicio
que se gestione por la entidad público empresarial. 506. En las entidades públicas empresariales locales el
secretario:
a) Del Consejo de Administración, debe ser un funcionario público
al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá
las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los
órganos unipersonales y colegiados de estas entidades b) Del Consejo rector, debe ser un funcionario público al que se
exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las
funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos
unipersonales y colegiados de estas entidades c) De la Junta General, debe ser un funcionario público al que
se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las
funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos
unipersonales y colegiados de estas entidades d) Será el secretario municipal del Ayuntamiento, que ejercerá
las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los
órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. 507. A las entidades de derecho público destinadas a la
gestión de servicios públicos locales:
a) Les es de aplicación el contrato de servicios regulado en el
art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público b) Les es de aplicación con carácter general el contrato de
gestión de servicio público regulado en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público c) No les es de aplicación el contrato de gestión de servicio
público regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público d) Les son de aplicación el contrato de gestión de servicio
público y el contrato de servicios regulados ambos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 508.La gestión indirecta de servicios públicos locales se
encomienda a:
a) Personas naturales o jurídicas b) Sociedades mercantiles locales c) Organismos autónomos locales d) Entidades públicas empresariales. 509.La contratación de servicios de alcantarillado y
eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y
servicios similares se rige, según el Anexo II del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
a) Por el contrato de gestión de servicios públicos b) Por el contrato de obra c) Por el contrato de concesión de obras públicas d) Por el contrato de servicios. 510. Los estatutos de las sociedades mercantiles locales
determinarán:
a) La forma de designación y el funcionamiento de la Junta
General y del Consejo de Administración, cuya presidencia
siempre debe recaer en el alcalde b) La forma de designación y el funcionamiento de la Junta
General y del Consejo de Administración, cuya presidencia
siempre debe recaer en un concejal o en el alcalde c) La forma de designación del Consejo de Administración, así
como los máximos órganos de dirección de las mismas, con la
inclusión de funcionarios de habilitación nacional d) La forma de designación y el funcionamiento de la Junta
General y del Consejo de Administración, así como los máximos
órganos de dirección de las mismas. 511.Las sociedades mercantiles locales cuando gestionen un
servicio público se regirán, cualquiera que sea su forma
jurídica, en materia presupuestaria y contable:
a) Por el ordenamiento jurídico privado civil b) Por el ordenamiento jurídico administrativo c) Según las circunstancias de hecho por el ordenamiento privado
o por el ordenamiento administrativo d) Por la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 512.Las sociedades mercantiles locales cuando gestionen un
servicio público se regirán, cualquiera que sea su forma
jurídica, en materia de control financiero:
a) Por el ordenamiento jurídico administrativo b) Por el ordenamiento jurídico privado civil c) Por la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio d) Según las circunstancias de hecho por el ordenamiento privado
o por el ordenamiento administrativo. 513.Las sociedades mercantiles locales cuando gestionen un
servicio público se regirán, cualquiera que sea su forma
jurídica, en materia de contratación:
a) Según las circunstancias de hecho por el ordenamiento privado
o por el ordenamiento administrativo b) Por la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio c) Por el ordenamiento jurídico privado civil d) Por el ordenamiento jurídico administrativo. 514.La reserva en favor de una Entidad Local del servicio de
recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos en
régimen de monopolio corresponde:
a) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación del correspondiente acuerdo por mayoría absoluta b) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma c) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación del correspondiente acuerdo por mayoría simple d) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación por el órgano competente de la Diputación. 515.La reserva en favor de una Entidad Local del servicio de
abastecimiento domiciliario y depuración de aguas en régimen
de monopolio corresponde:
a) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación del correspondiente acuerdo por mayoría simple b) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación por el órgano competente de la Diputación c) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma d) Al pleno de la correspondiente Corporación local, con la
aprobación del correspondiente acuerdo por mayoría absoluta. 516.En las Entidades Locales la decisión de ejercer la
iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas:
a) Corresponderá al pleno de la respectiva Corporación local,
que determinará la forma concreta de gestión del servicio b) Corresponderá al alcalde de la respectiva Corporación local,
que determinará la forma concreta de gestión del servicio c) Corresponderá a la Comisión de Gobierno de la respectiva
Corporación local, que determinará la forma concreta de
gestión del servicio d) Corresponderá a la Junta de Gobierno de la respectiva
Corporación local, que determinará la forma concreta de
gestión del servicio. 517. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa
pública para el desarrollo de actividades económicas:
a) Siempre que esté garantizado que no compiten con la
iniciativa privada en el desarrollo de idénticas actividades
económicas b) Siempre que esté garantizado que desarrollen las actividades
económicas en el ejercicio de sus propias competencias c) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera
del ejercicio de sus competencias d) Siempre que esté garantizado que en el futuro no resulte
económicamente rentable el ejercicio de esas actividades
económicas a la iniciativa privada. 518. Los consorcios, ¿podrán utilizarse para la gestión de
servicios públicos locales?:
a) No en ningún caso b) Solo en el marco de los convenios de cooperación
transfronteriza en que participen las entidades locales
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios
internacionales ratificados por España en la materia c) Exclusivamente en el supuesto que la gestión del servicio
público local deba prestarse en coordinación entre municipios
limítrofes de distintas provincias en el seno de una misma
Comunidad Autónoma d) Exclusivamente en el supuesto que la gestión del servicio
público local deba prestarse en coordinación entre municipios
limítrofes de distintas Comunidades Autónomas. 519.Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y
proteger, en lo concerniente al tratamiento de datos
personales:
a) Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas jurídicas, y especialmente de su privacidad y
libertad ideológica b) Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas y jurídicas, y especialmente de su intimidad
e imagen c) Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar d) Las libertades fundamentales y los derechos públicos de las
personas físicas, y especialmente de su privacidad y libertad
ideológica. 520.Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal será de aplicación a los datos de
carácter:
a) Personal registrados en soporte físico, que los haga
susceptibles de tratamiento b) Personal y colectivo registrados en soporte físico, que los
haga susceptibles de tratamiento c) Personal registrados en soporte físico, y a los colectivos
susceptibles de tratamiento d) Personal susceptibles de tratamiento, y a los colectivos
registrados en soporte físico. 521.Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal protege cualquier información
concerniente a:
a) Personas físicas y jurídicas identificadas o identificables b) Personas físicas identificadas o identificables c) Personas jurídicas totalmente identificadas d) Personas físicas, aunque no estén identificadas o no sean
identificables. 522.Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal será de aplicación a toda
modalidad de uso posterior:
a) Por parte de los sectores público y privado, de datos de
carácter personal susceptibles de tratamiento físico b) Por parte del sector público, de datos de carácter personal y
colectivo susceptibles de tratamiento registral c) Por parte del sector privado, de datos de carácter personal y
colectivo registrados en soporte físico d) Por parte de los sectores público y privado, de datos de
carácter personal registrados en soporte físico. 523.Se regirá por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal todo tratamiento de
datos de carácter personal:
a) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando
dicho tratamiento sea efectuado en territorio español b) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo,
cualquiera que sea el territorio donde se efectúe dicho
tratamiento c) Cuando dicho tratamiento sea efectuado en territorio español d) Cualquiera que sea el territorio donde se efectúe dicho
tratamiento. 524. Se regirá por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal todo tratamiento
de datos de carácter personal:
a) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando
al responsable del tratamiento no establecido en territorio
español, le sea de aplicación la legislación española en
aplicación de normas de Derecho Administrativo b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en
territorio español, le sea de aplicación la legislación
española en aplicación de normas de Derecho internacional
público c) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando
al responsable del tratamiento establecido en territorio
español, le sea también de aplicación la legislación de la
Unión Europea d) Cuando al responsable del tratamiento establecido en
territorio español, le sean de aplicación las normas de
Derecho internacional público. 525. Se regirá por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, todo
tratamiento de datos de carácter personal:
a) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en
territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de
datos medios situados en territorio español b) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando
el responsable del tratamiento esté establecido en territorio
de la Unión Europea y no utilice en el tratamiento de datos
medios situados en territorio español c) Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando
el responsable del tratamiento esté establecido en territorio
de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos
medios situados en territorio español d) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en
territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de
datos medios situados en territorio extranjero. 526. A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección
de materias clasificadas:
a) Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
colectivo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 b) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999 c) Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
colectivo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley
de Secretos Oficiales d) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999
porque la Constitución lo prohíbe expresamente. 527. A los ficheros establecidos para la investigación del
terrorismo:
a
) Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
colectivo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, salvo que se
trate de ficheros derivados del Registro Central de Penados b) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter colectivo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
salvo que el Código Penal disponga lo contrario c) Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y en el Código
Penal d) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999. 528. A los ficheros mantenidos por personas físicas en el
ejercicio de actividades exclusivamente personales:
a) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999 b) No se les aplicará el régimen de protección de datos de
carácter personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
porque la Ley Orgánica 1/1982, reguladora del derecho a la
intimidad personal lo prohíbe expresamente c) Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
colectivo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, salvo que se
trate de ficheros derivados del Registro Civil Se les aplicará el régimen de protección de datos de carácter
personal establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley Orgánica
1/1982, reguladora del derecho a la intimidad personal. 529 Los ficheros regulados
por la legislación de
régimen electoral:
Se regirán por sus
disposiciones específicas
y por lo especialmente
previsto, en su caso, por
la Ley Orgánica 15/1999 Quedan excluidos
totalmente de la
aplicación del régimen
de protección de datos
establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 y en
la Ley de Gobierno Se regirán por la Ley de
Gobierno y, en su
defecto, por la Ley
Orgánica 15/1999 Se regirán única y
exclusivamente por la
Ley Orgánica 15/1999. 530 De acuerdo con el
principio de calidad de
datos:
. Los datos de carácter
personal siempre se
cancelarán a los seis
meses de haber sido
registrados Los datos de carácter
personal siempre se
cancelarán a los tres
meses de haber sido
registrados Se permite la recogida
de datos por medios
fraudulentos, siempre y
cuando no vulneren la
intimidad del afectado Los datos de carácter
personal se cancelarán
cuando hayan dejado de
ser necesarios para la
finalidad para la cual
hubieran sido
registrados. 531 Cuando los datos de
carácter personal no
hayan sido recabados
del interesado, éste
deberá ser informado
de forma expresa por
el responsable del
fichero, salvo que ya
hubiera sido informado
con anterioridad:
Dentro de los treinta días
siguientes al momento
del registro de los datos Dentro de los tres meses
siguientes al momento
del registro de los datos
Dentro de los seis meses
siguientes al momento
del registro de los datos Dentro de los quince
días siguientes al
momento del registro de
los datos. 532
De acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal, el
consentimiento del
afectado para el
tratamiento de datos de
carácter personal:
Será preciso cuando
tales datos se recojan
para el ejercicio de las
funciones propias de las
Administraciones
públicas en el ámbito de
sus competencias No se exigirá salvo que
la ley disponga otra cosa Deberá ser inequívoco
salvo que la ley
disponga otra cosa
De ninguna manera
podrá ser revocado. 533
Los interesados a los
que se soliciten datos
personales deberán ser
previamente
informados de modo
expreso, preciso e
inequívoco:
Del carácter siempre
obligatorio de su
respuesta a las preguntas
que les sean planteadas
Del carácter siempre
facultativo de su
respuesta a las preguntas
que les sean planteadas Del carácter obligatorio
o facultativo de su
respuesta a las preguntas
que les sean planteadas De la posibilidad de
ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, e
imposibilidad de
ejercitar los de
cancelación y oposición. 534
Los datos de carácter
personal que revelen la
ideología y religión del
afectado:
En todo caso, sin
excepción, podrán ser
objeto de tratamiento Podrán ser objeto de
tratamiento sólo con el
consentimiento expreso
y por escrito de los
correspondientes
partidos políticos y
confesiones religiosas
Habrán de ser objeto de
tratamiento sólo cuando
existan razones de
interés público y general Con excepción de los
ficheros mantenidos por
los partidos políticos y
confesiones religiosas,
podrán ser objeto de
tratamiento sólo con el
consentimiento expreso
y por escrito del
afectado. 535
En relación con los
datos especialmente
protegidos, la Ley
Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
dispone que:
Se pueden crear ficheros
con la finalidad
exclusiva de almacenar
datos de carácter
personal que revelen la
afiliación sindical Quedan prohibidos los
ficheros creados con la
finalidad exclusiva de
almacenar datos de
carácter personal que
revelen la vida sexual En todo caso, los datos
de carácter personal
relativos a la comisión
de delitos han de
incluirse en ficheros de
las Administraciones
públicas competentes En todo caso, los datos
de carácter personal
relativos a la comisión
de infracciones
administrativas han de
incluirse en ficheros de
las Administraciones
públicas competentes. 536
Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
establece con respecto
a los datos relativos a
la salud que, de
acuerdo con lo
dispuesto en la
legislación estatal o
autonómica sobre
sanidad:
Los centros sanitarios
públicos y privados
podrán proceder al
tratamiento de los datos
de carácter personal
relativos a la salud de las
personas que a ellos
acudan Los centros sanitarios
públicos no podrán
proceder al tratamiento
de los datos de carácter
personal relativos a la
salud de las personas
que a ellos acudan Los centros sanitarios
privados no podrán
proceder al tratamiento
de los datos de carácter
personal relativos a la
salud de las personas
que a ellos acudan Si bien los centros
sanitarios privados
podrán proceder al
tratamiento de los datos
de carácter personal
relativos a la salud de las
personas que a ellos
acudan, sus
correspondientes
profesionales no podrán
hacerlo. 537
El responsable del
fichero y quienes
intervengan en
cualquier fase del
tratamiento de los
datos de carácter
personal:
Si bien están obligados
al secreto profesional
respecto de los mismos,
no tienen el deber de
guardarlos Tienen el deber de
guardarlos, pero dicha
obligación no subsistirá
después de finalizar sus
relaciones con el titular
del fichero Están obligados al
secreto profesional
respecto de los mismos Están obligados al
secreto profesional
respecto de los mismos,
pero dicha obligación no
subsistirá después de
finalizar sus relaciones
con el titular del fichero
o el responsable del
mismo. 538
En relación con la
cesión de datos de
carácter personal
objeto de tratamiento,
la Ley Orgánica 15/199
Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
dispone que:
El consentimiento del
interesado será necesario
cuando la comunicación
que deba efectuarse
tenga por destinatario al
Ararteko Sólo podrán ser
comunicados a un
tercero para el
cumplimiento de fines
directamente
relacionados con las
funciones legítimas del
cedente y del cesionario
con el previo
consentimiento del
interesado
Sólo podrán ser
comunicados a un
tercero para el
cumplimiento de fines
directamente
relacionados con las
funciones legítimas del
cesionario con el previo
consentimiento del
titular del fichero y del
interesado El consentimiento del
interesado no será
preciso cuando la cesión
está autorizada en una
resolución judicial firme. 539
El consentimiento del
afectado para la
comunicación de datos
de carácter personal:
Es revocable e
inalienable Es inalienable e
imprescriptible Es irrevocable e
inalienable Es revocable. 540
La realización de
tratamientos por
cuenta de terceros:
Deberá estar regulada en
un contrato que deberá
constar por escrito o en
alguna otra forma que
permita acreditar su
celebración y contenido Deberá estar regulada en
una norma reglamentaria
que permita acreditar la
realización del
tratamiento Deberá estar regulada en
una norma reglamentaria
que desarrolle el
contenido de la Ley
Orgánica 15/1999 No exige regulación
contractual, ya que el
consentimiento del
afectado tiene fuerza de
ley. 541
En relación con el
acceso a los datos por
cuenta de terceros, la
Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
dispone que:
Una vez cumplida la
prestación contractual,
los datos de carácter
personal deberán ser
destruidos o devueltos al
responsable del
tratamiento
Una vez cumplida la
prestación contractual,
cualquier documento
donde conste algún dato
de carácter personal
objeto del tratamiento
deberá conservarse hasta
la realización de un
nuevo tratamiento Una vez aprobada la
norma reglamentaria que
permita acreditar la
realización del
tratamiento, los datos de
carácter personal
deberán ser devueltos al
interesado Una vez aprobada la
norma reglamentaria de
desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, los
datos de carácter
personal deberán
conservarse hasta la
realización de un nuevo
tratamiento y
posteriormente deberán
ser destruidos. 542
En relación con el
derecho a la
impugnación de las
valoraciones, Ley
Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
establece que el
afectado:
Podrá impugnar el valor
probatorio de la
valoración sobre su
comportamiento, basada
en un tratamiento de
datos de carácter
personal
Podrá impugnar los
actos administrativos
que impliquen una
valoración de su
comportamiento, cuyo
único fundamento sea un
tratamiento de datos de
carácter personal que
ofrezca una definición
de su personalidad
No podrá impugnar las
decisiones privadas que
impliquen una
valoración de su
comportamiento, cuyo
único fundamento sea un
tratamiento de datos de
carácter personal que
ofrezca una definición
de sus características
No podrá impugnar el
valor probatorio de la
valoración sobre su
comportamiento, basada
en un tratamiento de
datos de carácter
personal. 543
De acuerdo con el
derecho de consulta al
Registro General de
Protección de Datos:
El Registro General será
de consulta onerosa
El Registro General será
de consulta pública y, en
función de la tipología
del dato protegido,
gratuita u onerosa Sólo el afectado podrá
conocer la identidad del
responsable del
tratamiento, recabando
la información oportuna
del Registro General, de
forma gratuita u onerosa
en función de la
tipología del dato
protegido El Registro General será
de consulta pública. 544
El derecho de acceso
reconocido en Ley
Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal
sólo podrá ser
ejercitado a intervalos
no inferiores a:
Seis meses, salvo que el
interesado acredite un
interés legítimo al
efecto, en cuyo caso
podrán ejercitarlo antes Treinta días, salvo que
mediante regulación
contractual se establezca
un intervalo inferior
Doce meses, salvo que el
interesado acredite un
interés legítimo al
efecto, en cuyo caso
podrán ejercitarlo antes Tres meses, salvo que
mediante regulación
contractual se establezca
un intervalo inferior. 545
El responsable del
tratamiento tendrá la
obligación de hacer
efectivo el derecho de
rectificación o
cancelación del
interesado en el plazo
de:
Diez días Un mes Quince días Tres meses. 546
En relación con el
ejercicio del derecho de
oposición:
En todo caso se exigirá
contraprestación No se exigirá
contraprestación alguna No se exigirá
contraprestación si se
ejerce en un plazo
inferior a los quince días Se exigirá
contraprestación si se
ejerce en un plazo
superior a los diez días. 547
El plazo máximo en
que debe dictarse la
resolución expresa de
tutela de derechos será:
De tres meses De seis meses De doce meses De un mes. 548
La acción de
responsabilidad
patrimonial de las
Administraciones
Públicas:
Se ejercerá ante los
órganos de la
jurisdicción ordinaria
cuando se trate de
ficheros de titularidad
pública
No podrá ejercerse
porque todos los ficheros
regulados en la Ley
Orgánica 15/1999 son de
titularidad privada
No podrá ejercerse
porque los ficheros de
titularidad pública
quedan excluidos del
régimen de
responsabilidad regulado
en la Ley 30/1992 Se ejercerá de acuerdo
con la Ley 30/1992,
cuando se trata de
ficheros de titularidad
pública. 549
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, el
principio de igualdad
de trato entre mujeres
y hombres supone:
Única y exclusivamente,
la ausencia de toda
discriminación directa
derivada del estado civil
de las mujeres La ausencia de toda
discriminación, directa e
indirecta por razón de
sexo, con exclusión de la
discriminación derivada
de la maternidad La ausencia de toda
discriminación, directa o
indirecta, por razón de
sexo Única y exclusivamente,
la ausencia de toda
discriminación directa
derivada del estado civil
de los hombres. 550
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, la
asunción de
obligaciones familiares
supone:
La ausencia de toda
discriminación La posibilidad de llevar
a cabo discriminaciones
derivadas del estado
civil Únicamente la ausencia
de discriminación, en
función de las cargas
familiares asumidas La posibilidad de llevar
a cabo discriminaciones
por razón de origen y
tendencia sexual. 551
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, la
igualdad de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres es
un principio
informador del
ordenamiento
jurídico:
Y como tal, se integrará
en la aplicación de las
normas jurídicas, pero
no tiene por qué
observarse en la
interpretación de
aquéllas
Y como tal, se integrará
y observará en la
interpretación y
aplicación de las normas
jurídicas. Así como de la
jurisprudencia del
Tribunal Constitucional
Así como de la
jurisprudencia
contenciosoadministrativa. 552
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, el
principio de igualdad
de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres:
Sólo es aplicable en el
ámbito de la función
pública Sólo es aplicable en el
ámbito de la empresa
privada No es aplicable en el
ámbito del empleo
privado Es aplicable en el ámbito
del empleo privado y
público. 553
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, el
principio de igualdad
de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres se
garantizará:
En el acceso al empleo,
en los términos previstos
en la normativa
aplicable; pero no se
garantizará en la
formación profesional
En el acceso al empleo,
en los términos previstos
en la normativa aplicable
En la promoción
profesional, sólo en los
términos previstos en la
normativa europea Siempre en las
condiciones de trabajo
de carácter retributivo;
pero no se garantizará en
las de despido. 554
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, una
diferencia de trato
basada en una
característica
relacionada con el
sexo:
En todo caso constituirá
discriminación en el
acceso al empleo,
aunque la Ley Orgánica
3/2007 lo permita
cuando el objetivo sea
legítimo Sólo constituirá
discriminación en el
acceso al empleo cuando
esté motivada única y
exclusivamente en
circunstancias derivadas
de la maternidad No constituirá
discriminación en el
acceso al empleo
cuando, debido a la
naturaleza de las
actividades profesionales
concretas, dicha
característica constituya
un requisito profesional
esencial y determinante,
siempre y cuando el
objetivo sea legítimo y
el requisito
proporcionado En todo caso constituirá
discriminación en el
acceso al empleo,
aunque la Ley Orgánica
3/2007 lo permita
cuando dicha
característica constituya
un requisito profesional
esencial y determinante. 555
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, se
considera
discriminación directa
por razón de sexo:
La situación en que una
práctica aparentemente
neutra pone a personas
de un sexo en desventaja
particular con respecto a
personas
del otro sexo
La situación en que se
encuentra una persona
que sea tratada, en
atención a su sexo, de
manera menos favorable
que otra en situación
comparable Sólo la motivada en
circunstancias derivadas
de la maternidad y se
ejerce directamente en el
ámbito del empleo
público Sólo la motivada en
circunstancias derivadas
de la maternidad y se
ejerce directamente en el
ámbito del empleo
privado. 556
A los efectos de la Ley
Orgánica 3/2007
constituye acoso
sexual:
Sin perjuicio de lo
establecido en el Código
Penal, cualquier
comportamiento, verbal
o físico, de naturaleza
sexual que produzca el
efecto de
atentar contra la
dignidad de una persona Sólo y exclusivamente el
comportamiento
tipificado como tal en el
Código Penal El comportamiento
verbal de naturaleza
sexual que atente contra
la intimidad de una
persona, quedando
excluido el
comportamiento físico
de naturaleza sexual
El comportamiento
físico de naturaleza
sexual que atente contra
la intimidad de una
persona, quedando
excluido el
comportamiento verbal
de naturaleza sexual. 557
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, el
acoso sexual y el acoso
por razón de sexo:
Se considerarán
discriminatorios sólo
cuando se ejerzan
verbalmente Se considerarán
discriminatorios sólo
cuando se ejerzan
físicamente Se considerarán
discriminatorios sólo
cuando se ejerzan en el
ámbito laboral Se considerarán en todo
caso discriminatorios. 558
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007
constituye
discriminación directa
por razón de sexo:
Todo trato desfavorable
a las mujeres
relacionado con el
embarazo
Sólo la motivada en
circunstancias derivadas
del embarazo y se ejerce
directamente en el
ámbito del empleo
público Sólo la motivada en
circunstancias derivadas
del embarazo y se ejerce
directamente en el
ámbito del empleo
privado Todo trato desfavorable
a las mujeres
relacionado con la
maternidad, pero no con
el embarazo. 559
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, la
indemnidad frente a
represalias supone que:
Se considerará
discriminación por razón
de sexo, cualquier trato
adverso que se produzca
exclusivamente en una
mujer, como
consecuencia de haber
presentado queja
destinada a exigir el
cumplimiento efectivo
del principio de
igualdad de trato entre
mujeres y hombres en
cuanto a las condiciones
de trabajo de carácter
retributivo
Se considerará
discriminación por razón
de sexo, cualquier trato
adverso que se produzca
en una persona, como
consecuencia de la
presentación por su parte
de denuncia, destinada a
impedir su
discriminación y a exigir
el cumplimiento efectivo
del principio de
igualdad de trato entre
mujeres y hombres Toda persona podrá
presentar reclamación
frente a represalias
discriminatorias por
razón de sexo no
reguladas en la Ley
Orgánica 3/2007 Toda persona podrá
presentar reclamación
frente a represalias
discriminatorias por
razón de sexo no
reguladas en el Código
Penal y en la Ley
Orgánica 3/2007. 560
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, los
actos y las cláusulas de
los negocios jurídicos
que constituyan
discriminación por
razón de sexo
se considerarán:
Siempre anulables
Irregularidades no
invalidantes Siempre convalidables Nulos y sin efecto. 561
Con el fin de hacer
efectivo el derecho
constitucional de la
igualdad, de acuerdo
con la Ley Orgánica
3/2007:
El Gobierno ha de
desarrollar
reglamentariamente la
Ley Orgánica 3/2007
Corresponde a las
personas jurídicas en
exclusiva la adopción de
medidas en favor de las
mujeres Los Poderes Públicos
adoptarán medidas
específicas en favor de
las mujeres para corregir
situaciones patentes de
desigualdad de hecho
respecto de los hombres
Corresponde a la
Administración
competente el desarrollo
normativo de la Ley
Orgánica 3/2007. 562
En relación con el
derecho de tutela
judicial efectiva, la Ley
Orgánica 3/2007
establece que:
Cualquier persona, física
o jurídica, estará
legitimada en los litigios
sobre acoso sexual Cualquier persona, física
o jurídica, estará
legitimada en los litigios
sobre acoso por razón de
sexo
Cualquier persona podrá
recabar de los tribunales
la tutela del derecho a la
igualdad entre mujeres y
hombres, incluso tras la
terminación de la
relación en la que
supuestamente se ha
producido la
discriminación No podrá ejercerse tal
derecho hasta que la Ley
Orgánica 3/2007 sea
objeto de desarrollo
reglamentario. 563
De acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2007, en
aquellos
procedimientos en los
que las alegaciones de
la parte actora se
fundamenten en
actuaciones
discriminatorias por
razón de sexo:
Corresponderá a la
persona demandada
probar la ausencia de
discriminación en las
medidas adoptadas Corresponderá a la
persona demandante
probar la ausencia de
discriminación en las
medidas adoptadas La carga de la prueba
recaerá tanto en la
persona demandada
como en la demandante El órgano judicial ha de
solicitar informe o
dictamen de los
organismos públicos
competentes. 564
El Gobierno Vasco ha
de aprobar un plan
general que recoja de
forma coordinada y
global las líneas de
intervención y
directrices que deben
orientar la actividad
de los poderes públicos
vascos en materia de
igualdad de mujeres y
hombres; debe hacerlo
cada legislatura, en el
siguiente plazo:
En un plazo de tres
meses desde su inicio En un plazo de nueve
meses desde su inicio En un plazo de un año
desde su inicio En un plazo de seis
meses desde su inicio. 565
Los planes o
programas para la
igualdad que
aprobarán los
Ayuntamientos, antes
de su aprobación, y en
lo relativo a la
adecuación de sus
contendidos a las
directrices previstas en
el plan general que el
Gobierno Vasco ha de
aprobar:
Deben ser informados
por la respectiva
Diputación Foral
Deben ser
informados por
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer Deben ser informados
por el Ararteko Deben ser informados
por la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi y la
respectiva Diputación
Foral. 566
De acuerdo con la Ley
4/2005, los poderes
públicos vascos en la
elaboración de sus
estudios y estadísticas:
Aunque incluyan
sistemáticamente la
variable de sexo en las
estadísticas que lleven a
cabo, no pueden
establecer nuevos
indicadores
Deben incorporar un
informe motivado y
aprobado por el órgano
competente, que incluya
la variable de sexo
Deben incorporar un
informe preceptivo y
aprobado por
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, que
incluya la variable de
sexo Deben incluir
sistemáticamente la
variable de sexo en las
encuestas que lleven a
cabo. 567
De acuerdo con la Ley
4/2005, los poderes
públicos vascos en la
elaboración de sus
estudios y estadísticas:
Deben incorporar un
informe preceptivo y
aprobado por
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, que
incluya la variable de
sexo, para contribuir al
reconocimiento y
valoración del trabajo de
las mujeres Deben incorporar un
informe motivado y
aprobado por el órgano
competente, que incluya
la variable de sexo, para
contribuir al
reconocimiento y
valoración del trabajo de
las mujeres
Deben revisar y, en su
caso, adecuar las
definiciones estadísticas
existentes, para
contribuir al
reconocimiento y
valoración del trabajo de
las mujeres En todo caso deben
adecuar las definiciones
estadísticas existentes,
para evitar la
estereotipación negativa
de determinados
colectivos de mujeres. 568
En relación con la
capacitación del
personal al servicio de
las administraciones
públicas vascas, la Ley
4/2005 dispone que:
Los temarios de los
procesos de selección
para el acceso al empleo
público han de ser
aprobados por
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, con
el fin de garantizar la
igualdad efectiva de
mujeres y hombres
En los temarios de los
procesos de selección
para el acceso al empleo
público, las
administraciones
públicas vascas han de
incluir contenidos
relativos al principio de
igualdad de mujeres y
hombres Los temarios de los
procesos de selección
para el acceso al empleo
público han de ser
informados previamente
y de forma preceptiva
por Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, con
el fin de garantizar la
igualdad efectiva de
mujeres y hombres
Las Diputaciones
Forales y los
Ayuntamientos
han de encomendar a
Emakunde- Instituto
Vasco de la Mujer la
elaboración planes de
formación en materia de
igualdad de mujeres y
hombres para el personal
a su servicio. 569
Los poderes públicos
vascos deben hacer un
uso no sexista de todo
tipo de lenguaje:
En los documentos
producidos directamente
o a través de terceras
personas o entidades Únicamente en los
documentos producidos
directamente .
Sólo en los soportes
producidos a través de
terceras personas o
entidades En los documentos
producidos a través de
empresas privadas, en
los términos establecidos
contractualmente y
revisados por
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer. 570
El Gobierno Vasco ha
de aprobar, normas o
directrices en las que se
indiquen las pautas
que se deberán seguir
para la realización de
la evaluación previa
del impacto en función
del género:
A propuesta de
Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer A propuestas de las
Diputaciones Forales A propuesta de las
Diputaciones Forales y
Ayuntamientos
A propuesta de los
Ayuntamientos. 571
De acuerdo con la Ley
4/2005, las normas que
regulen los procesos
selectivos de acceso en
el empleo público,
deben incluir una
cláusula por la que, en
caso de existir igualdad
de capacitación, se dé
prioridad a las mujeres
en aquellos cuerpos y
escalas de la
Administración donde
la representación de
aquéllas sea:
Superior al 40% Superior al 50%
Inferior al 50% y
superior al 40% Inferior al 40%. 572
De acuerdo con la Ley
4/2005, se considera
que existe una
representación
equilibrada, cuando en
los tribunales o
jurados de más de
cuatro miembros, cada
sexo está representado
al menos:
Al 55% Al 45% Al 50% Al 40%. 573
De acuerdo con la Ley
4/2005, la no inclusión
en las normas que
regulen los procesos
selectivos de provisión
y promoción en el
empleo público de una
cláusula por la que se
garantice en los
tribunales de selección
una representación
equilibrada de
mujeres y hombres con
capacitación,
competencia y
preparación adecuada:
En todo caso está
justificada, al tratarse de
una excepción prevista
en la Ley 4/2005 Sólo puede justificarse
excepcionalmente y
mediante informe
motivado y aprobado por
el órgano competente Sólo puede justificarse
mediante informe
preceptivo emitido por el
correspondiente tribunal
de selección En todo caso está
justificada, al tratarse de
una excepción prevista
en el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto
del Empleado Público. 574
Los proyectos de
normas que se elaboren
en el ámbito de la
Administración de la
Comunidad Autónoma,
han de ser informados
a efectos de verificar la
correcta aplicación de
lo dispuesto en la Ley
4/2005:
Por la Comisión Jurídica
Asesora Por los órganos
consultivos de las
Diputaciones Forales
afectadas
Por Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer Por los Ayuntamientos
afectados. 575
Los poderes públicos
vascos han de tener en
cuenta de manera
activa el objetivo de la
igualdad de mujeres y
hombres:
En la elaboración de las
normas, pero no es
necesario en la
aplicación de los actos
administrativos En la elaboración y
aplicación de las normas
Única y exclusivamente
en la aplicación de actos
administrativos
En la elaboración de
planes y programas, pero
no es necesario en la
elaboración de los actos
administrativos. 576
De acuerdo con la Ley
4/2005 y con sujeción a
la legislación de
contratos, se
contemplará
como condición de
ejecución del contrato,
la obligación del
adjudicatario:
De aplicar, al realizar la
prestación, medidas
tendentes a promover la
igualdad de hombres y
mujeres
De establecer
previamente indicadores
para valorar el nivel de
cumplimiento del
requisito de eliminar
desigualdades y
promover la igualdad De elaborar y ejecutar
planes de formación para
sus empleados en
materia de igualdad de
mujeres y hombres De acreditar su
trayectoria previa en el
desarrollo de políticas o
actuaciones dirigidas a la
igualdad de mujeres y
hombres. 577
El diseño y ejecución
de medidas de acción
positiva que tengan
que ser realizados con
carácter unitario para
toda la Comunidad
Autónoma de Euskadi,
corresponde a:
A la Administración
autonómica y a las
Administraciones forales
A la Administración
autonómica y a las
Administraciones
municipales A la Administración de
la Comunidad
Autónoma A la Administración
autonómica, así como a
las Administraciones
forales y municipales. 578
De acuerdo con la Ley
4/2005, el
establecimiento de
medidas de fomento a
fin de dotar a los
ayuntamientos y demás
entidades locales de
recursos económicos y
personales para el
desarrollo de
actividades dirigidas a
la consecución de la
igualdad de mujeres y
hombres, corresponde
a:
A la Administración de
la Comunidad
Autónoma A las Administraciones
municipales A los municipios y
entidades locales
menores
En el ámbito de sus
respectivos territorios
históricos, a las
Administraciones forales.
