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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: BATERIA DE PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

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Título del Test: BATERIA DE PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS Descripción: Auxiliar Administrativo Autor: Eztizen OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 09/09/2024 Categoría: Oposiciones Número Preguntas: 90

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1. De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Española de 1978, sobre el derecho de reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones no se dará comunicación previa a la autoridad. Las manifestaciones podrán ser prohibidas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y con armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En base al artículo 27 de la Constitución Española, la educación tendrá por objeto: El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades culturales. El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos podrán garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación en los centros docentes, en los términos que la ley establezca. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Según lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Española, ¿Cuál de las siguientes cuestiones es fundamento del orden político y de la paz social?: La dignidad de la persona El libre desarrollo de la personalidad. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. Todas las respuestas anteriores son correctas. El derecho de reunión pacífica y sin armas reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española, señala que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: No podrá ser prohibido ni aun cuando haya peligro, debiendo, eso sí, ser dotado el acto de un intenso servicio de seguridad. No precisará ni autorización previa ni comunicación de la misma índole a la autoridad Se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Sólo podrá ser prohibido si su celebración implica un peligro únicamente para las personas. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de la Autonomía para el País Vasco, ¿cuál de las competencias indicadas es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco? Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Medio Ambiente y ecología. Ordenación del crédito, banca y seguros Ordenación del sector pesquero del País Vasco. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado, las siguientes materias: Espectáculos. Ordenación del sector pesquero del País Vasco. Turismo y deporte. Casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes: Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. Medio ambiente y ecología. Ordenación del crédito, banca y seguros. Propiedad intelectual e industrial. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de la Autonomía del País Vasco, es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en las siguientes materias: Legislación penitenciaria. Ferias internacionales celebradas en el País Vasco Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco. Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de sus competencias y sistema de responsabilidad de la Administración del País Vasco. 11. De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de la Autonomía del País Vasco, señale la respuesta CORRECTA respecto al Poder Judicial de la Administración de Justicia en el País Vasco: A instancias de la Comunidad Autónoma, el órgano competente deberá convocar únicamente oposiciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados/as, Jueces/zas y Secretarios/as en el Estado. Las plazas que quedasen vacantes en tales concursos y oposiciones serán cubiertas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aplicando las normas que para este supuesto se contengan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Corresponderá al Estado, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo en los sistemas de provisión del personal, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materias de: Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto. Normas procesales y de procedimientos administrativo y económico- administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco. Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a: 2.000 habitantes. 3.000 habitantes. 4.000 habitantes. 5.000 habitantes. En todos los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes, de acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Alumbrado público, protección civil, abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida de residuos. Alumbrado público, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, mercado, biblioteca pública y transporte colectivo urbano de viajeros. Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, alcantarillado y pavimentación de las vías públicas. Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, medio ambiente urbano y prevención y extinción de incendios. El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece como regla de la organización municipal que: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos que cuenten con una población mínima superior de 5.000 habitantes. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos que cuenten con población mínima superior a 6.000 habitantes. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ¿Cuál de los siguientes servicios NO corresponde prestar a un municipio que cuente con menos de 50.000 habitantes, de acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?: Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Prevención y extinción de incendios. Parque público Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. De acuerdo al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. La aprobación del reglamento orgánico de las ordenanzas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de los siguientes servicios deben prestar todos los municipios?: Parque público. Recogida de residuos. Tratamiento de residuos. Protección civil. En base al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. Protección de la salubridad pública. Todas las respuestas anteriores son correctas. De acuerdo al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones: Dirigir el gobierno y la administración municipal. Representar al ayuntamiento Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Ordenanzas locales, aprobadas inicialmente por el Pleno, requieren información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo: Mínimo de treinta días. Máximo de treinta días. Máximo de veinte días. Mínimo de diez días. Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, La aprobación del reglamento orgánico municipal en los municipios de régimen común corresponde: Al Secretario o a la Secretaria del ayuntamiento. Al alcalde o a la alcaldesa, en todo caso. Siempre a la Junta de Gobierno Local. Al Pleno, en todo caso. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el plazo para la presentación de reclamaciones y sugerencias de las personas interesadas después de la aprobación inicial de las Ordenanzas Locales por el Pleno será de: Por el plazo máximo de 10 días. No hay plazo para presentar las reclamaciones y sugerencias, salvo que en el Pleno se decida fijar un plazo concreto. Por el plazo mínimo de 30 días. Por el plazo mínimo de 60 días. De conformidad con el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las infracciones a las ordenanzas locales se clasificarán en muy graves, graves y leves. Serán muy graves las infracciones que supongan: La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades. Los actos de deterioro leve de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público y privado. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. De conformidad con el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las multas por infracción de Ordenanzas locales graves serán de: Hasta 3.000 euros. Hasta 1.500 euros. Hasta 750 euros. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos: Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Siempre se iniciarán a solicitud de la persona interesada. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud de cualquier persona, a pesar de no ser interesado. Nunca podrán iniciarse de oficio. Tal y como dispone el artículo 85.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores: Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción. Iniciado un procedimiento sancionador, este siempre será resuelto con la imposición de una sanción en todo caso. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se producirá la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo. Señale la respuesta CORRECTA de conformidad con el artículo 58 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por: Inicio del procedimiento a propia iniciativa. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. Inicio del procedimiento por denuncia. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA respecto a las solicitudes de iniciación: Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas, aunque tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, estos deberán ser formuladas en varias solicitudes distintas. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Los sistemas normalizados, una vez realizada la solicitud no podrán modificar la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al interesado para que, en un plazo de _______ días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Cinco. Diez. Veinte. Quince. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Administraciones Públicas tendrán esporádicamente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación. Será exigible, tanto una declaración responsable, como una comunicación, ambos, para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA respecto al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el mismo día a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo?: Un año. Tres meses. Diez meses. Seis meses. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Este plazo no podrá exceder de cinco meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la Constitución. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho Internacional aplicable en España. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Este plazo no podrá exceder de cinco meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho Administrativo Internacional. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál es el plazo de notificación de la resolución expresa, si el procedimiento tiene norma específica que lo regula, pero no fija el plazo?: En el plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. En el plazo de 3 meses. En el plazo de 6 meses. En el plazo de 1 año. Según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones de los recursos de alzada. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA respecto a la pluralidad de recursos administrativos: Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo deberá acordar la finalización del procedimiento. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda. De conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: Cabrá recurso de potestativo de reposición. Cabrá recurso de alzada. No cabrá recurso en vía administrativa. Cabrá recurso extraordinario de revisión. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: El día siguiente a la fecha en la que se dicten. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La fecha en la que se dicten, en cualquier caso. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos extraordinarios. Los que tengan un contenido posible. De conformidad con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará: La nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La inexistencia del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La convalidación del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará obligatoriamente por medio de un anuncio publicado en el: Medio de prensa con más tirada de la Provincia. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. Boletín Oficial del Estado. Diario Oficial de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son motivos de abstención los siguientes: Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener relación de servicio con persona física o jurídica interesada directa o indirectamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Con qué plazo deberán recibir los/as miembros del órgano colegiado la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?: Con una antelación mínima de dos días. Con una antelación mínima de 24 horas. Con una antelación mínima de 15 horas. Con la antelación suficiente, pero la presente ley no regula cuál es el plazo. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán indemnizables: Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar en el momento de producción de aquéllos. Los daños producidos en el plazo de los seis años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son motivos de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones: Tener relación de servicio con persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los cinco últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del sexto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas. Haber intervenido como perito/a o como testigo en el procedimiento de que se trate. Todas las respuestas anteriores son correctas. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece respecto a la indemnización que: Sólo serán indemnizables las lesiones producidas a la persona particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie. Señala la afirmación CORRECTA respecto a la responsabilidad del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Las personas particulares lesionadas exigirán en vía administrativa la responsabilidad del personal al servicio del Ayuntamiento en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves. Para la exigencia de la responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado del daño producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio del Ayuntamiento y su relación con la producción del resultado dañoso. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a las personas interesadas y que constará, entre otros, de los siguientes trámites: alegaciones durante un plazo de diez días, audiencia durante un plazo de quince días y resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Señale la respuesta correcta de conformidad con el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet. Todas las respuestas anteriores son correctas. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica es: Aquella dirección electrónica, disponible únicamente para al personal del sector público a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Autonómica, o bien a una o varios organismos públicos o privados en el ejercicio de sus competencias. Aquella dirección electrónica, disponible para las personas trabajadoras de la Administración Pública a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a la Administración Pública, organismos o un sujeto de Derecho Privado en el ejercicio de sus competencias. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA respecto a la actuación administrativa automatizada: Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier procedimiento realizado parcialmente a través de medios electrónicos por un Organismo Público en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de celebración de sesión. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. Las respuestas A y B son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. En todo caso los datos deberán conservarse en soportes no electrónicos para garantizar la protección de los datos que se transmitan. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA respecto al archivo electrónico de documentos: Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Internacional de Protección de Datos, que garanticen la igualdad, autenticidad, confidencialidad, eficacia, protección y control de los documentos almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de Protección de Datos, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Internacional de Seguridad, que garanticen la igualdad, integridad, calidad, protección y control de los documentos no almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la igualdad, confidencialidad, eficacia, control y conservación de los documentos no almacenados. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta respecto al personal eventual: Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, entre otros, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual, podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio NO tienen los empleados públicos: Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. A la libertad de expresión, sin ningún tipo de límites. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. De conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: A la libertad sindical. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta CORRECTA respecto a los deberes de los empleados públicos, Código de Conducta: Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses propios. Deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen de Seguridad Social de los empleados públicos. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta CORRECTA respecto a los principios éticos: Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, aunque no sea la lengua oficial del territorio. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, transparencia e igualdad, y vigilarán la consecución del interés propio y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta INCORRECTA respecto a los principios de conducta: Influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo, solamente, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, la lengua propia del País Vasco es: El euskera. El castellano. El euskera y el castellano. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma del País Vasco son: El castellano, que es la única lengua oficial. El euskera, que es la única lengua oficial. El euskera y el castellano. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 63. Se reconocen a los ciudadanos del País Vasco los siguientes derechos lingüísticos fundamentales (artículo 5 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera): Derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma. Derecho a recibir en euskera publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de otros medios de comunicación. Derecho a expresarse en euskera en cualquier reunión. Todas las respuestas anteriores son correctas. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al artículo 9 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: En sus relaciones con la Administración de Justicia, todo ciudadano podrá utilizar la lengua oficial de su elección, aunque en los casos convenientes previstos en la presente ley, se le podrá exigir traducción. Los escritos y documentos presentados en euskera, así como las actuaciones judiciales, serán totalmente válidas y eficaces. El Gobierno Vasco promoverá, de acuerdo con los órganos correspondientes, la normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia en el País Vasco. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, señale la respuesta CORRECTA: A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en el Artículo 6.º de la presente Ley, los poderes Públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los órganos políticos determinarán las plazas para las que es preceptivo o no el conocimiento del euskera. En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las demás plazas de la Administración en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se considerará, entre otros méritos, el nivel de conocimiento de la lengua propia, cuya ponderación la realizarán los órganos políticos para cada nivel profesional. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la adopción de medidas de extrema gravedad, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas en materia de transporte de mercancías peligrosas, así como en el impacto de los factores ambientales en el trabajo. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de actuación coordinada. Cualquier otra acción que pueda tener los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Señale la respuesta CORRECTA respecto a la escala de la designación de los Delegados de Prevención, teniendo en cuenta el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: De 101 a 500 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De 501 a 1.000 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta INCORRECTA respecto al Comité de Seguridad y Salud: El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número superior al de los Delegados de Prevención, de la otra. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 20 o menos personas trabajadoras. 40 o menos personas trabajadoras. 30 o menos personas trabajadoras. 50 o más personas trabajadoras. Señale la respuesta INCORRECTA en cuanto a estas afirmaciones sobre las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán estar previstos en la presente ley. El ejercicio del derecho podrá ser denegado por el motivo de optar el afectado por otro medio. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. De acuerdo con el título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál de los siguientes es un principio de protección de datos?: Exactitud de los datos. Deber de confidencialidad. Consentimiento de los menores de edad. Todas las respuestas anteriores son correctas. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en cuanto a los derechos de las personas, transparencia e información al afectado: Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/779 facilitando al afectado toda la información a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/779 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado toda la información a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta CORRECTA respecto a los datos de las personas fallecidas: Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. Todas las repuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta respecto al tratamiento basado en el consentimiento del afectado: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades no será preciso su consentimiento. Podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta CORRECTA respecto al consentimiento de los menores de edad: El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente será fundado con el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, hasta cumplir la mayoría de edad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta CORRECTA respecto a las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos: El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La protección de datos de carácter individual. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. La protección de datos carácter general. Las respuestas b) y c), ambas, son correctas. En base al artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso es CORRECTA?: La solicitud únicamente podrá presentarse por escrito y de forma exclusiva en papel. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De acuerdo al artículo 14 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional. La defensa. Las relaciones exteriores. Todas las respuestas anteriores son correctas. De acuerdo al artículo 18 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Que se refieran a información que este en curso de elaboración o de publicación general. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la respuesta CORRECTA respecto a la tramitación: Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de cuarenta y ocho horas, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo máximo de diez días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad al artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, señale la respuesta CORRECTA: Por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al 40 %. Por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al 30 %. Por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al 25 %. Por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al 20 %. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, ¿a qué principio hace referencia la siguiente definición?: “Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida”: Prevención, atención y erradicación de la violencia machista contra las mujeres. Respeto a la diversidad y a la diferencia Integración de la perspectiva de género. Acción positiva. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, existirá discriminación directa cuando: Se plantee la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos. Un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria, y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo. Una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, ¿Cuándo existirá discriminación directa?: Cuando se constituyan medidas que planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, aunque tengan una justificación objetiva y razonable. Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo. Cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo. Cuando se toman medidas para la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico. Señale cuál de los siguientes NO es un principio general que los poderes públicos vacos deben regir y orientar en materia de igualdad de mujeres y hombres, según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres: La representación desigual La prevención y erradicación de la violencia machista contra las mujeres. La eliminación de roles y estereotipos en función del género. La implicación de los hombres. Conforme al artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales: Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante veinte días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como máximo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante veinte días, como máximo, dentro de las cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales de los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 de esta misma ley, contendrán al menos: La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. Los regímenes de declaración y de ingreso. Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. Todas las respuestas anteriores son correctas. De acuerdo con las Ordenanzas Fiscales que aprueba cada Entidad Local, el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales dispone que: Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a _______ habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. 1.000. 5.000. 10.000. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

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