Bati PA 09

A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, los actos administrativos se producirán: Por cualquier medio válido en derecho. Por escrito y en soporte papel. Por cualquier medio válido que asegure su constancia. Por escrito a través de medios electrónicos.

Los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por los interesados. Únicamente cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de los procedimientos. Ninguna es correcta.

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, se sucederá en tal condición: Cuando pueda resultar afectado. Cualquiera que sea el estado del procedimiento. Cuando tenga derechos que puedan resultar afectados.

Es un motivo de abstención en un procedimiento según lo dispuesto en la Ley 39/2015: Tener parentesco de afinidad, dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. Tener parentesco de afinidad o consanguinidad dentro del segundo grado con cualquiera de los interesados.

Contra las resoluciones de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma que no pongan fin a la vía administrativa y a los actos de trámite podrá interponerse ante el superior jerárquico del órgano que las dictó: Un recurso contencioso-administrativo. Un recurso de alzada. Un recurso de inconstitucionalidad.

Cuando una persona física represente a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración: Podrá relacionarse de forma presencial. Podrá optar entre relacionarse a través de medios electrónicos o de forma presencial. Deberá relacionarse a través de medios electrónicos.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de: 20 días a contar desde el siguiente a la solicitud. 20 días a contar desde su solicitud. 10 días a contar desde su solicitud.

Cuando el representante de un interesado rechace la notificación de una actuación administrativa: Continuará el procedimiento. Se repetirá el intento una sola vez. El acto será objeto de publicación.

Son interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses que sean colectivos, exclusivamente. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen una vez haya recaído resolución definitiva.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las AAPP no podrán presentarse: En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se determine. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares del extranjero en España.

No será necesario dictar resolución expresa de finalización del procedimiento: En caso de prescripción. En caso de desistimiento de la solicitud. En caso de terminación por pacto o convenio.

Indique cuál de los siguientes no es una forma de iniciación del procedimiento administrativo: La solicitud de persona interesada. De oficio por acuerdo del órgano competente por orden de otro órgano. De oficio por acuerdo del órgano competente como consecuencia de orden superior. De oficio por acuerdo del órgano competente como consecuencia de denuncia.

El procedimiento administrativo: Se impulsará de oficio o a instancia de parte. Se impulsará de oficio o como consecuencia de orden superior. Se impulsará de oficio por el órgano competente o por petición razonada de otro órgano. Se impulsará de oficio en todos sus trámites y sometido al criterio de celeridad.

¿Tendrán derecho a conocer el estado de tramitación los interesados en un procedimiento administrativo?. No, en ningún caso. Sí, antes del trámite de audiencia del interesado. Sí, en cualquier momento. Sí, mediante solicitud cursada al órgano que tramita el procedimiento.

La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será: Siempre el castellano y la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en la que se tramita el expediente. El castellano. La lengua oficial de la Comunidad Autónoma en la que se tramita el expediente. El castellano o la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que se tramita el expediente si la eligiese el interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿quién tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de un procedimiento?. Los que promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que tengan algún interés legítimo en el asunto. Todos aquellos ciudadanos que lo pidan individualmente y detallando qué parte del procedimiento desean conocer. Todas son correctas.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: Se harán tres intentos más de notificación. Si ambos son fallidos se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. Se hará saber al interesado o su representante el coste económico que ha supuesto el rechazo de la notificación. Se hará un intento más de notificación y si sigue siendo rechazada podrá imitarse la firma del interesado y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

Si un ciudadano es conminado por una autoridad administrativa para que presente un documento que ya presentó anteriormente, con la excusa de que tal documento se ha extraviado: Este tendrá que volver a presentarlo. Este tendrá que volver a presentarlo, pero tendrá derecho a una indemnización por los gastos causados. No tendrá que presentarlo porque no está obligado a presentar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante. Tendrá que presentarlo si así lo establece una norma.

¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia a un procedimiento?. Recurso de alzada. Ninguno. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

¿Qué consecuencias tiene, para el cómputo de plazos de un procedimiento, que el último día del plazo concedido al interesado sea inhábil en el municipio de su residencia?. No tiene ninguna consecuencia. Se prorroga el plazo al primer día hábil siguiente si dicho día también es inhábil en el municipio donde tiene su sede el órgano administrativo competente. Se prorroga el plazo al primer día hábil siguiente. Se prorroga el plazo durante un número de días igual a la mitad del plazo concedido para dicho procedimiento.

El certificado de silencio administrativo solicitado por el interesado ante el órgano competente para resolver, debe emitirse en un plazo máximo de: Diez días. Veinte días. Un mes. Quince días.

Según la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo del trámite de audiencia?. No inferior a 10 días ni superior a 15. No superior a 10 días ni inferior a 15. El que se deduzca del procedimiento. 15 días.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, el sector público institucional se integra por (señala la incorrecta): Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AAPP. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AAPP. Las Universidades.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, a los efectos de esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las AAPP: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses. Cuando la norma de rango legal o reglamentario así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones o entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según el artículo 9 de la Ley 39/2015, son sistemas de identificación electrónica los sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las AAPP consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad: Previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública. Previo informe preceptivo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. Autorización que habrá de ser emitida en el plazo máximo de 6 meses. Sin perjuicio de la obligación de la AGE de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.

Según el artículo 66.2 de la Ley 39/2015, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar: Podrán ser formuladas en una única solicitud cuando las normas reguladoras de los procedimientos específicos así lo dispongan. Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Ninguna es correcta.

Según el artículo 43.4 de la Ley 39/2015, los interesados podrán acceder a las notificaciones desde (....) que funcionará como un portal de acceso: La Plataforma de Acceso General Electrónica de la Administración. El Portal de Acceso General Electrónico de la Administración. El Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.

Según el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, , salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y no vinculantes.

Según el artículo 88.1 de la Ley 39/2015, la resolución que pongan fin al procedimiento: Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y, además, aquellas otras cuestiones derivadas del mismo. Ninguna opción es correcta.

En materia de términos y plazos, la Ley 39/2015, establece (señale la incorrecta): Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel que tengan lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. El plazo fijado en meses o años concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente o aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día hábil siguiente.

Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, en cuanto al cómputo de plazos en los registros, señala la opción correcta: El funcionamiento del registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las 24 horas. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las AAPP vendrá determinado por la fecha y hora de entrada en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.

Señala cuál de los siguientes no es un requisito de la ampliación de plazos regulada en el artículo 32 de la Ley 39/2015: Que no haya un precepto que prohíba la ampliación. Que no exceda de la duración inicial de los mismos. Que se acuerde antes del vencimiento del plazo de que se trate.

Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, señala la respuesta incorrecta: La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso, sin perjuicio de interponer en su caso el procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Serán motivados, según el artículo 35 de la Ley 39/2015, señale la falsa: Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Las propuestas de resolución. Los que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial.