Black Clover I

1. Con arreglo al art. 17 CE, ¿cuál es el plazo máximo de la detención preventiva antes de poner al detenido en libertad o a disposición judicial?: a. 24 horas. b. 48 horas. c. 72 horas. d. 96 horas.

2. Conforme al Título IX CE y a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cómo se compone el Tribunal Constitucional?: a. 12 miembros nombrados por el Rey. b. 12 miembros nombrados por las Cortes. c. 12 miembros nombrados por el Congreso. d. 12 miembros nombrados por el Gobierno.

3. A tenor del art. 54 CE y de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de agosto, del Defensor del Pueblo, ¿cuál es la naturaleza constitucional del Defensor del Pueblo?: a. Un órgano jurisdiccional especializado en la defensa de los derechos fundamentales. b. Un alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. c. Un órgano dependiente del Gobierno encargado de supervisar la Administración General del Estado. d. Una institución autonómica de coordinación de las defensorías regionales.

4. Con arreglo a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, qué derechos y libertades son susceptibles de recurso de amparo constitucional?: a. Todos los derechos del Título I de la Constitución. b. Solo los derechos de los arts. 15 a 24 CE. c. Los principios rectores de la política social y económica. d. Ninguna es correcta.

5. Con arreglo al art. 102 CE, relativo a la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, ¿qué órgano es competente para juzgar dicha responsabilidad penal?: a. El Tribunal Constitucional. b. La Audiencia Nacional. c. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d. El Congreso de los Diputados constituido en comisión jurisdiccional.

6. A tenor del art. 21 CE, relativo al derecho de reunión, ¿qué exige la Constitución para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones?: a. Autorización previa de la autoridad gubernativa. b. Autorización judicial previa. c. Comunicación previa a la autoridad. d. Inscripción previa de los organizadores en un registro especial.

7. Con arreglo a los arts. 55 y 116 CE y a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estado de excepción es correcta?: a. Es declarado por el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. b. Es decretado por el Gobierno previa autorización del Congreso, determinándose sus efectos, ámbito territorial y duración. c. Puede exceder inicialmente de 60 días sin prórroga. d. La Constitución permite suspender todos los derechos fundamentales durante su vigencia.

8. ¿Qué tipo de decisiones de una Conferencia Sectorial son de obligado cumplimiento?. a. Recomendaciones. b. Informes. c. Acuerdos. d. Reglamentos.

9. No precisa de publicación de Boletín Oficial correspondiente: a. La delegación de firma. b. La delegación de competencias. c. La encomienda de gestión. d. Todas son correctas.

10. Conforme a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, respecto de la posibilidad de mancomunarse o federarse para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos, ¿qué regla se establece para los cabildos insulares?: a. Podrán mancomunarse libremente entre sí para prestar servicios propios. b. Podrán federarse si lo autoriza previamente el Parlamento de Canarias. c. No podrán mancomunarse o federarse para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos. d. Podrán federarse únicamente para el ejercicio de competencias autonómicas transferidas.

11. Con arreglo a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, ¿quién integra el Pleno del cabildo insular?: a. Los portavoces de los grupos políticos constituidos en el cabildo. b. Podrán federarse si lo autoriza previamente el Parlamento de Canarias b. Los consejeros insulares titulares de áreas y los directores insulares. c. El Presidente, los Vicepresidentes y los miembros no electos del Consejo de Gobierno Insular. d. Todos los consejeros insulares electos.

12. Conforme a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, cuando el Reglamento Orgánico lo prevea, ¿qué límite se establece para la presencia de personas no electas en el Consejo de Gobierno Insular?: a. No podrán superar una cuarta parte del Consejo. b. No podrán superar un tercio del Consejo. c. No podrán superar dos tercios del Consejo. d. No podrán superar la mitad del Consejo.

13. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 12/2014, de Canarias?: a. La regulación de los procedimientos electorales. b. La regulación de la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso a la información pública. c. La regulación del acceso a los registros civiles. d. La regulación de la actividad parlamentaria.

14. Conforme a dicha norma, ¿qué plazo tienen las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos para entregar información requerida por la administración?: a. 5 días hábiles. b. 10 días. c. 15 días. d. 20 días.

15. La Orden de 10 de junio de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se determina el contenido del informe sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, establece que los informes del grado de aplicación de la ley deberán elaborarse: a. Dentro del primer mes del año natural siguiente. b. Antes del 31 de marzo del año natural siguiente. c. En diciembre del año natural. d. Ninguna es cierta.

16. ¿En cuánto tiempo debe comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos el nombramiento de un delegado de protección de datos?: a. 7 días hábiles. b. 15 días. c. 1 mes. d. Ninguna es correcta.

17. ¿Cuál es el fundamento del derecho al olvido?: a. Derecho de limitación. b. Derecho de acceso. c. Derecho de oposición. d. Derecho de supresión.

18. A tenor del Título IV de la Ley5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana, en relación con los efectos del resultado obtenido mediante los instrumentos de participación ciudadana, ¿qué regla general se establece respecto de su naturaleza vinculante para las Administraciones públicas?: a. No tendrá, con carácter general, naturaleza vinculante para las Administraciones públicas. b. Tendrá siempre carácter vinculante cuando participe una mayoría de ciudadanos inscritos. c. Tendrá carácter vinculante únicamente cuando se formule mediante encuestas públicas. d. Tendrá carácter vinculante en todos los procedimientos de elaboración normativa.

19. Con arreglo al Título IV de la Ley, ¿cuándo puede constituirse un jurado ciudadano por la Consejería u órgano concernido?: a. Cuando sea obligatorio sustituir la decisión administrativa por una votación ciudadana. b. Cuando el Parlamento lo acuerde en todos los procedimientos normativos. c. Cuando quiera conocer y valorar la eficacia de una actividad pública realizada. d. Cuando una asociación solicite la revisión de oficio de un acto administrativo.

20. A tenor del modelo clásico de organización administrativa denominado burocrático-centralizado, ¿cuál de los siguientes principios forma parte de dicho modelo?: a. Ausencia de jerarquía y reparto informal de tareas. b. División del trabajo con asignación de competencias concretas para cada unidad orgánica. c. Elección política directa de todo el personal administrativo. d. Prestación exclusiva de servicios mediante entidades privadas.

21. Conforme al art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué regla se establece para las personas físicas en sus comunicaciones con las Administraciones Públicas?: a. Están obligadas siempre a comunicarse exclusivamente por medios electrónicos. b. No pueden utilizar medios electrónicos salvo autorización expresa. c. Pueden elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello. d. Deben utilizar medios electrónicos únicamente cuando actúen como empleados públicos.

22. A tenor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en dicha Ley, ¿qué sucede con su identidad?: a. Debe acreditarse nuevamente mediante comparecencia presencial. b. Solo se entiende acreditada si la Administración lo autoriza expresamente. c. Se entiende ya acreditada mediante el propio acto de la firma. d. Debe comprobarse mediante informe del órgano instructor.

23. A tenor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, fuera de los supuestos de actuación administrativa automatizada, ¿cómo se realizará la actuación electrónica de una Administración?: a. Mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. b. Mediante sello electrónico anónimo en todos los casos. c. Mediante autorización verbal del titular del órgano. d. Mediante simple anotación en el registro interno.

24. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios electrónicos?: a. En el momento en que se envía el aviso al correo electrónico. b. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. c. En el momento en que se dicta el acto administrativo. d. En el momento en que se firma la resolución por el órgano competente.

25. Con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, ¿cuándo se entenderá rechazada si no se accede a su contenido?: a. A los 3 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación. b. A los 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación. c. A los 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación. d. Una vez publicado en el boletín oficial correspondiente.

26. Conforme al Decreto 19/2011, de 10 de febrero, ¿qué exige la aplicación de medios electrónicos en la gestión de servicios y procedimientos administrativos respecto de los programas y aplicaciones que se utilicen?: a. Que sean aprobados previamente. b. Que garanticen control de tiempos y plazos. c. Que identificación de órganos responsables. d. Todas son correctas.

27. El Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece como derechos: a. La igualdad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, confidencialidad y conservación de la información y de los documentos electrónicos, así como la protección de datos de carácter personal. b. La igualdad, autenticidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, y conservación de la información y de los documentos electrónicos, así como la protección de datos de carácter personal. c. La igualdad, autenticidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, confidencialidad y conservación de la información y de los documentos electrónicos, así como la protección de datos de carácter personal. d. La autenticidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad, confidencialidad y conservación de la información y de los documentos electrónicos, así como la protección de datos de carácter personal.

28. Conforme a la Ley 39/2015, las medidas provisionales adoptadas antes del inicio del procedimiento deberán ser ratificadas, modificadas o suspendidas en qué plazo?: a. 5 días. b. 10 días. c. 15 días. d. 30 días.

29. Conforme a la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene la presentación de una denuncia respecto de la condición de interesado?: a. La denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. b. El denunciante adquiere siempre la condición de interesado. c. El denunciante se convierte automáticamente en instructor. d. La denuncia impide la iniciación de oficio.

30. Conforme a la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, ¿qué carácter tienen los informes solicitados durante la instrucción?: a. Preceptivos y vinculantes. b. Preceptivos y no vinculantes. c. Facultativos y vinculantes. d. Facultativos y no vinculantes.

31. Conforme a la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a instancia de parte paralizados por causa imputable al interesado, ¿cuándo se advertirá la caducidad?: a. Transcurrido 1 mes. b. Transcurridos 2 meses. c. Transcurridos 3 meses. d. Transcurridos 6 meses.

32. Conforme al art. 107 de la Ley 39/2015, ¿puede iniciarse la revisión de oficio por anulabilidad a instancia de los interesados?: a. No. b. Sí, siempre. c. Sí, cuando el acto sea firme. d. Sí, cuando haya informe facultativo.

33. La definición de acuerdo con efectos jurídicos adoptado por Administraciones Públicas, organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes o Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común, se corresponde con: a. Contrato. b. Protocolo General de Actuación. c. Convenio. d. Reglamento.

34. A tenor del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, si un convenio tiene por objeto prestaciones propias de los contratos, ¿qué consecuencia jurídica se produce?: a. Mantiene siempre su naturaleza de convenio administrativo. b. Su naturaleza y régimen jurídico se ajustarán a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. c. Se convierte automáticamente en protocolo general de actuación. d. Queda sometido exclusivamente al derecho privado.

35. A tenor del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿qué debe indicarse en el convenio respecto de la actuación de la Administración Pública, de sus organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes o Universidades públicas?: a. La oportunidad política de la actuación sin referencia competencial. b. La voluntad unilateral de una sola de las partes. c. La competencia en la que se fundamenta la actuación. d. La autorización de todos los ciudadanos afectados.

36. Conforme al Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta de regulación expresa sobre el régimen de modificación del convenio, ¿qué se exige para modificar su contenido?: a. Autorización judicial previa. b. Resolución unilateral de la Administración de mayor ámbito territorial. c. Acuerdo de la mayoría simple de los firmantes. d. Acuerdo unánime de los firmantes.

37. A tenor del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿qué duración máxima ordinaria pueden tener los convenios, salvo que normativamente se prevea un plazo superior?: a. Un año. b. Dos años. c. Cuatro años. d. Diez años.

38. Con arreglo al Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, antes de finalizar el plazo de vigencia del convenio, ¿qué pueden acordar unánimemente sus firmantes respecto de la prórroga?: a. Una prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. b. Una prórroga indefinida sin límite temporal. c. Una prórroga automática de diez años. d. La conversión del convenio en contrato menor.

39. ¿Qué tipo de convenios pueden celebrarse entre organismos de una misma Administración?: a. No tienen condición de convenios, sino de Protocolos Generales de Actuación. b. Convenios interadministrativos. c. Convenios de cooperación. d. Ninguna es correcta.

40. ¿Cuál es el plazo para remitir un convenio al Tribunal de Cuentas si supera los 600.000 euros?: a. 1 mes. b. 3 meses. c. 6 meses. d. 1 año.