Black Clover III

1. A tenor del art. 103 CE, en relación con los principios constitucionales de actuación de las Administraciones Públicas, ¿cómo deben servir estas los intereses generales?: a. Con eficacia, autonomía política y sometimiento exclusivo a sus reglamentos internos. b. Con objetividad y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c. Con independencia funcional y separación plena respecto del ordenamiento jurídico. d. Con jerarquía administrativa, pero sin sometimiento a control jurisdiccional.

2. De acuerdo con la Ley 40/2015, cuando se afirma que tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las Entidades Locales y determinados entes institucionales, ¿qué entes institucionales quedan comprendidos en tal consideración?: a. Todas las entidades de derecho privado vinculadas a una Administración. b. Los organismos públicos y entidades de derecho público. c. Las sociedades mercantiles estatales en todo caso. d. Las fundaciones privadas que colaboren con fines públicos.

3. Conforme al art. 6 de la Ley 40/2015, sobre instrucciones y órdenes de servicio, ¿qué efecto produce ordinariamente el incumplimiento de una instrucción u orden de servicio sobre la validez de los actos administrativos dictados?: a. Determina siempre la nulidad de pleno derecho del acto. b. Determina siempre la anulabilidad del acto. c. No afecta necesariamente por sí solo a la validez de los actos administrativos. d. Convierte automáticamente el acto en una disposición de carácter general.

4. A tenor de los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, si una autoridad tiene amistad íntima con uno de los interesados en un procedimiento administrativo, ¿qué institución resulta aplicable inicialmente?: a. La avocación obligatoria del procedimiento por el superior jerárquico. b. La abstención de la autoridad y su comunicación al superior inmediato. c. La delegación de firma en un funcionario no afectado. d. La encomienda de gestión a otra Administración Pública.

5. A tenor del art. 24 de la Ley 40/2015, cuando un interesado promueve recusación contra una autoridad o empleado público, ¿en qué momento puede hacerlo?: a. Solo antes de la iniciación formal del procedimiento. b. Solo durante el trámite de audiencia. c. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. d. Exclusivamente después de dictarse resolución definitiva.

6. Con arreglo al art. 9 de la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes materias no puede ser objeto de delegación de competencias?: a. La firma de comunicaciones administrativas no resolutorias. b. La tramitación material de un expediente ordinario. c. La gestión técnica de una actividad administrativa. d. La adopción de disposiciones de carácter general.

7. Conforme al art. 10 de la Ley 40/2015, si la competencia fue delegada en un órgano que no depende jerárquicamente del delegante, ¿quién puede ejercer la avocación?: a. Cualquier órgano superior de la Administración competente por razón de materia. b. El órgano delegante. c. El órgano que esté conociendo materialmente del asunto. d. El superior jerárquico común de los interesados.

8. Conforme al art. 17 de la Ley 40/2015, cuando un asunto no figura incluido en el orden del día de un órgano colegiado, ¿en qué supuesto puede ser objeto de deliberación o acuerdo?: a. Cuando asistan todos los miembros y se declare la urgencia por el voto favorable de la mayoría. b. Cuando lo proponga el Presidente antes de iniciar la sesión. c. Cuando lo solicite cualquiera de los miembros asistentes. d. Cuando el Secretario certifique que el asunto guarda relación con otro punto del orden del día.

9. Conforme al régimen estatutario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿qué consecuencia se establece respecto de las acciones posesorias de tutela sumarias contra actuaciones de la Comunidad en materias de su competencia?: a. Se admitirán siempre que exista autorización judicial previa. b. Se admitirán únicamente frente a actos no firmes. c. Se admitirán cuando afecten a bienes patrimoniales. d. No se admitirán.

10. Con arreglo al art. 27 de la Ley 14/1990, en la redacción dada por la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, ¿cómo se organiza la Administración pública de la Comunidad Autónoma bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno de Canarias?: a. En Consejerías. b. En Viceconsejerías, Direcciones Generales y Cabildos Insulares. c. En áreas insulares de gestión directa. d. Ninguna es correcta.

11. A tenor del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, ¿cómo son nombrados y cesados los Viceconsejeros?: a. Por orden del Consejero competente, previa autorización parlamentaria. b. Por resolución de la Secretaría General Técnica correspondiente. c. Por Decreto del Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente. d. Por concurso de méritos entre funcionarios de carrera.

12. Con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué caracteriza a los organismos públicos frente a los órganos administrativos?: a. Carecen de personalidad jurídica y actúan siempre en nombre del Ministerio. b. Disfrutan de personalidad jurídica propia para la realización de sus atribuciones. c. Solo pueden ejercer funciones consultivas sin potestades administrativas. d. Se crean siempre por orden ministerial sin norma con rango legal.

13. Con arreglo a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, ¿sobre qué sujetos se ejerce la función interventora?: a. Sobre todos los sujetos del sector público autonómico sin distinción presupuestaria. b. Sobre las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público autonómico. c. Sobre los actos realizados por los sujetos del sector público con presupuesto limitativo. d. Solo sobre los consorcios participados por entidades privadas.

14. A tenor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dentro de la Administración General del Estado, ¿qué órganos se clasifican como superiores por estar encargados de establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad?: a. Subsecretarios y Directores Generales. b. Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno. c. Secretarios Generales Técnicos y Subdirectores Generales. d. Ministros y Secretarios de Estado.

15. A tenor de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y de la clasificación orgánica de la Ley 40/2015, ¿qué órganos superiores o directivos quedan exceptuados de la condición de alto cargo?: a. Los Ministros y Secretarios de Estado. b. Los Subsecretarios y Secretarios Generales. c. Los Subdirectores Generales y los Subdelegados del Gobierno. d. Los Delegados del Gobierno y los Directores Generales.

16. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el principio de profesionalización de las Administraciones Públicas, ¿qué titulares de órganos directivos no deben necesariamente ser nombrados entre funcionarios de carrera?: a. Los Subsecretarios. b. Los Secretarios Generales. c. Los Directores Generales. d. Los Secretarios Generales Técnicos.

17. Con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, salvo las competencias atribuidas directamente al Consejo de Ministros, ¿qué efecto tienen normalmente las competencias ejercidas por los Ministros en vía administrativa?: a. Ponen fin a la vía administrativa. b. Son siempre recurribles en alzada ante el Presidente del Gobierno. c. No producen efectos hasta su confirmación por el Consejo de Ministros. d. Deben ser revisadas obligatoriamente por el Subsecretario del Departamento.

18. Con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué órganos son considerados básicos de la gestión administrativa ordinaria dentro de la Administración General del Estado?: a. Los Ministros. b. Los Directores Generales. c. Los Secretarios de Estado. d. Los Gabinetes.

19. A tenor del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno, ¿cuál de los siguientes servicios aparece como no integrado en las Delegaciones del Gobierno?: a. Área de Fomento. b. Área de Industria y Energía. c. Agencia Tributaria. d. Área de Alta Inspección de Educación.

20. Conforme al Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, por el que se regula la figura del Subdelegado del Gobierno y también la del Director Insular, ¿qué rango tiene el Subdelegado del Gobierno y quién lo nombra?: a. Rango de Subdirector General y nombramiento por el Delegado del Gobierno. b. Rango de Director General y nombramiento por Real Decreto del Gobierno. c. Rango de Secretario General Técnico y nombramiento por el Ministro del Interior. d. Rango de Alto Comisionado y nombramiento por el Presidente de la Comunidad Autónoma.

21. Con arreglo al art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en materia de representación ante las Administraciones Públicas, ¿para qué actuaciones deberá acreditarse la representación?: a. Para formular solicitudes. b. Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c. Para interponer recursos. d. Todas son correctas.

22. Conforme al art. 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando en una solicitud figuren varios interesados y no se indique expresamente otra cosa, ¿con quién se entenderán las actuaciones administrativas?: a. Con todos los interesados de manera simultánea. b. Con el interesado que tenga mayor edad. c. Con el interesado que figure en primer término. d. Con el representante que designe de oficio la Administración.

23. Qué distingue a la capacidad de obrar de la capacidad jurídica?: a. La capacidad de obrar implica el ejercicio efectivo de derechos y deberes. b. La capacidad de obrar es previa. c. Ambas son idénticas en la ley. d. La capacidad jurídica solo aplica a personas jurídicas.

24. ¿Dónde pueden presentar los ciudadanos solicitudes dirigidas a una Administración Pública?: a. En cualquier registro electrónico u oficina de asistencia de las AAPP. b. Oficinas de Correos. c. Oficinas consulares. d. Todas son correctas.

25. A tenor del art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo para resolver, ¿cuál será dicho plazo?: a. Un mes. b. Dos meses. c. Tres meses. d. Seis meses.

26. Con arreglo al art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué límite general se establece para el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa?: a. No podrá exceder de tres meses salvo norma reglamentaria. b. No podrá exceder de cuatro meses salvo acuerdo del órgano competente. c. No podrá exceder de un año salvo que lo autorice el órgano superior jerárquico. d. Ninguna es correcta.

27. A tenor del art. 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, ¿qué efecto produce el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa?: a. La desestimación por silencio administrativo. b. La caducidad del procedimiento. c. La estimación automática de las pretensiones del interesado. d. La nulidad de pleno derecho de las actuaciones practicadas.

28. Conforme al art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el plazo se fija en meses o años y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, ¿cuándo expirará el plazo?: a. El primer día hábil del mes siguiente. b. El último día del mes. c. El día anterior al último día del mes. d. El mismo día del mes anterior.

29. A tenor del art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿desde cuándo producirán efectos los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo?: a. Desde que el interesado los reciba materialmente en todo caso. b. Desde que sean firmes en vía administrativa. c. Desde su publicación en el boletín oficial correspondiente en cualquier caso. d. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

30. Conforme al art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en qué plazo debe cursarse toda notificación desde que el acto haya sido dictado?: a. En el plazo de tres días. b. En el plazo de cinco días. c. En el plazo de diez días. d. En el plazo de un mes.

31. Conforme al art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el órgano competente acuerde un período de información pública, ¿qué plazo mínimo debe establecerse para formular alegaciones?: a. Cinco días. b. Diez días. c. Veinte días. d. Un mes.

32. Conforme al art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué plazo tiene la Administración para declarar lesivo para el interés público un acto favorable para los interesados que sea anulable?: a. Un año desde que se dictó el acto. b. Dos años desde que se notificó el acto. c. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. d. En cualquier momento, sin límite temporal.

33. Conforme al art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál es el plazo para interponer recurso de alzada si el acto es expreso?: a. Diez días. b. Quince días. c. Veinte días. d. Un mes.

34. Conforme al art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿contra qué actos cabe interponer recurso potestativo de reposición?: a. Contra actos que no pongan fin a la vía administrativa. b. Contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. c. Contra disposiciones administrativas de carácter general. d. Contra actos de trámite simples no cualificados.

35. A tenor del art. 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué plazo tiene el órgano competente para dictar y notificar la resolución del recurso extraordinario de revisión?: a. Un mes. b. Dos meses. c. Tres meses. d. Seis meses.

36. Con arreglo al art. 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo disposición expresa en contrario, ¿qué carácter tendrán los informes administrativos?: a. Preceptivos y vinculantes. b. Preceptivos y no vinculantes. c. Facultativos y vinculantes. d. Facultativos y no vinculantes.

37. Con arreglo al art. 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si no se emite el informe en el plazo señalado, sin perjuicio de la responsabilidad del responsable de la demora, ¿qué regla general se aplicará?: a. Se podrán proseguir las actuaciones. b. El procedimiento caducará automáticamente. c. El informe se entenderá emitido en sentido favorable. d. El órgano instructor deberá archivar el expediente.

38. Con arreglo al art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en qué plazo deberá emitirse el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?: a. Diez días. b. Quince días. c. Un mes. d. Dos meses.

39. A tenor de la clasificación documental asumida por los modelos del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿qué documentos administrativos contienen una declaración de voluntad de un órgano de la Administración?: a. Documentos de decisión. b. Documentos de transmisión. c. Documentos de constancia. d. Documentos de juicio.

40. Conforme a la clasificación documental asumida por los modelos del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿qué documento recoge las decisiones de un órgano de la Administración a lo largo de la tramitación de un procedimiento y siempre antes de su resolución?: a. Resolución. b. Notificación. c. Certificado. d. Acuerdo.