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Bloque 1. Tema 4 CE: Del Poder Judicial (Título VI)

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Bloque 1. Tema 4 CE: Del Poder Judicial (Título VI)

Descripción:
Bloque 1. Tema 4 CE: Del Poder Judicial (Título VI) / Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ)

Fecha de Creación: 2026/03/29

Categoría: Otros

Número Preguntas: 64

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Según el artículo 117.1 de la Constitución, ¿en nombre de quién se administra la justicia?. Del pueblo español, de quien emana. Del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Del Rey. Del Estado, como titular de la soberanía.

Según el artículo 117.1 de la Constitución Española, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre de: El Estado. El pueblo español. El Rey. Los ciudadanos.

¿Cuál de las siguientes características NO define constitucionalmente a los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial?. Inamovibles. Responsables. Sometidos al criterio jerárquico del Tribunal Supremo. Independientes.

¿A qué principios están sometidos los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial según el texto constitucional?. Al principio de jerarquía y responsabilidad. Al Gobierno y al imperio de la ley. Únicamente a las directrices del Consejo General del Poder Judicial. Únicamente al imperio de la ley.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a: El Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional. Los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. El Consejo General del Poder Judicial.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional, según el artículo 117.3, consiste en: Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Aplicar la ley y proponer reformas legislativas. Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

Respecto a la inamovilidad judicial, los Jueces y Magistrados no podrán ser trasladados ni jubilados sino: Por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Por decisión discrecional del Ministerio de Justicia. Por orden directa del Presidente del Tribunal Supremo. En ningún caso, mientras dure su mandato.

El principio que constituye la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es el de: Exclusividad jurisdiccional. Independencia judicial. Jerarquía normativa. Unidad jurisdiccional.

¿Qué principio constituye la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales según el artículo 117.5?. El principio de pluralidad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional. El principio de autonomía judicial. El principio de descentralización de la justicia.

De acuerdo con el apartado 6 del artículo 117, ¿qué tipo de tribunales están prohibidos?. Los tribunales militares. Los tribunales consuetudinarios. Los tribunales de excepción. Los tribunales especiales.

Según el artículo 118 de la Constitución, es obligado cumplir: Todas las resoluciones de los Jueces y Tribunales, sean firmes o no. Únicamente las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales. Solo las sentencias, pero no el resto de resoluciones.

En relación con la gratuidad de la justicia (art. 119), esta se reconoce "en todo caso" a: Todos los ciudadanos españoles. Las personas físicas, pero no a las jurídicas. Quienes determine el Consejo General del Poder Judicial. Quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Sobre la publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120.1), la Constitución establece que: Serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Serán siempre públicas sin excepción alguna. Serán secretas, salvo que el Juez decida su publicidad. Serán públicas solo para las partes personadas en el proceso.

Según el artículo 120.2 de la Constitución, el procedimiento judicial será: Siempre oral en todas las materias. Escrito, con fases orales en materia criminal. Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Siempre escrito en materia civil y oral en materia penal.

Respecto a las sentencias, el artículo 120.3 dispone que: Podrán ser motivadas si así lo solicita alguna de las partes. Serán siempre motivadas, aunque su pronunciamiento sea privado. Se pronunciarán siempre de forma escrita. Serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Según el artículo 117 de la CE, los Jueces y Magistrados del poder judicial son: Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Independientes, libres, iguales y sometidos al estado de derecho. Libres, responsables, neutrales y sometidos al imperio de la ley. Responsables, profesionales, neutrales y sometidos al estado de derecho.

Según el artículo 120 de la CE, el procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia: Civil. Contencioso-administrativa. Criminal. Laboral.

Los daños causados por error judicial, conforme al artículo 121 de la Constitución, darán derecho a una indemnización a cargo de: El Consejo General del Poder Judicial. El Estado. El Ministerio de Justicia. El presupuesto propio de los Juzgados y Tribunales.

¿Qué norma determina el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia?. El Reglamento del Consejo General del Poder Judicial. Una Ley Ordinaria aprobada por mayoría simple. Un Real Decreto-Ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial se define constitucionalmente como: El órgano supremo del Poder Judicial. El órgano de control legislativo sobre los Jueces. El órgano de gobierno del mismo. La máxima instancia jurisdiccional de España.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por: Doce miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. Veinte miembros nombrados por el Gobierno por un periodo de cuatro años. Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. Quince miembros elegidos por las Cortes Generales.

De los veinte miembros del CGPJ, ¿cuántos deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?. Ocho. Cuatro. Doce. Diez.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el artículo 122 de la Constitución Española, es correcta?. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por dieciséis vocales nombrados por el Rey por un período de seis años. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años, de los cuales doce son jueces y magistrados y ocho juristas de reconocida competencia. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte vocales nombrados por el Rey por un período de cuatro años, de los cuales diez son jueces y magistrados y diez juristas de reconocida competencia. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veintidós vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años, elegidos todos por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos.

Según el artículo 122.3 CE, ¿quién nombra a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial?. El Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos. El Senado por mayoría absoluta. El Rey, a propuesta del Gobierno. El Rey, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica.

¿Qué mayoría se exige en Congreso y Senado para elegir a los juristas que formarán parte del CGPJ?. Mayoría absoluta. Mayoría simple. Mayoría de dos tercios. Mayoría de tres quintos.

¿Cuál de los siguientes requisitos deben cumplir los juristas propuestos por Congreso y Senado para integrar el CGPJ?. Ser funcionarios del subgrupo A1. Tener más de diez años de ejercicio profesional. Ser abogados o juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. Haber desempeñado cargos públicos durante al menos cinco años.

¿Cómo se distribuyen los ocho vocales juristas del CGPJ según el artículo 122.3 CE?. Cuatro elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. Ocho elegidos conjuntamente por las Cortes Generales. Seis elegidos por el Congreso y dos por el Senado. Todos elegidos por el Senado por mayoría de tres quintos.

Según el artículo 123.1, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, con la excepción de: La jurisdicción militar. Los conflictos de competencia entre Comunidades Autónomas. Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Los tratados internacionales suscritos por España.

Según el artículo 123 CE, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción…. Solo en materia penal. En toda España, salvo en materia de garantías constitucionales. En toda España, sin excepción. Únicamente en los órdenes civil y penal.

¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo según la Constitución?. El Congreso por mayoría de tres quintos. El Rey, a propuesta del Gobierno. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ por mayoría absoluta.

¿Cuál de las siguientes NO es una misión constitucional del Ministerio Fiscal según el artículo 124.1?. Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Velar por la independencia de los Tribunales. Ejercer la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social.

¿Qué órgano propone al Presidente del Tribunal Supremo?. El Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial. El Senado. El Tribunal Constitucional.

El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de…. Independencia y autonomía funcional. Jerarquía y discrecionalidad. Unidad de actuación y dependencia jerárquica. Autonomía y colegialidad.

¿Qué principios rigen SIEMPRE la actuación del Ministerio Fiscal según la CE?. Legalidad e imparcialidad. Jerarquía y eficacia. Autonomía y neutralidad. Independencia y objetividad.

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta de: El Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno. El Congreso de los Diputados. El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El Ministro de Justicia, previa terna del Tribunal Supremo.

Según el artículo 125, los ciudadanos pueden participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado en los procesos que la ley determine, siempre que sean: Procesos civiles y mercantiles. Procesos contencioso-administrativos de especial relevancia. Procesos penales. Cualquier tipo de proceso judicial.

Según el artículo 125 CE, los ciudadanos pueden participar en la Administración de Justicia mediante…. La acción popular, el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. La acción popular y la elección directa de jueces. El Jurado en todo tipo de procesos. La acción popular únicamente en procesos civiles.

¿En qué tipo de procesos interviene el Jurado según la Constitución?. En todos los procesos penales y civiles. En los procesos penales que determine la ley. En los procesos administrativos sancionadores. En los procesos constitucionales.

Además del Jurado y la acción popular, ¿en qué otros órganos pueden participar los ciudadanos según el artículo 125?. En el Consejo General del Poder Judicial. En las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. En los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. En el Tribunal de Cuentas.

¿De quién depende la policía judicial en sus funciones de averiguación del delito?. Del Ministerio del Interior y de las Direcciones de la Policía y Guardia Civil. Exclusivamente del Gobierno de la Nación. De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal. Del Consejo General del Poder Judicial.

La dependencia de la policía judicial se refiere a sus funciones de…. Protección de víctimas y testigos. Averiguación del delito y aseguramiento del delincuente. Control del orden público. Vigilancia penitenciaria.

Mientras se hallen en activo, los Jueces, Magistrados y Fiscales tienen prohibido: Escribir libros o realizar publicaciones científicas. Pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Formar asociaciones profesionales de carácter judicial. Ejercer el derecho al voto en elecciones generales.

Según el artículo 124 de la Constitución Española de 1978, ¿quién nombra al Fiscal General del Estado?. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Señale la respuesta CORRECTA en relación al principio de jerarquía normativa: Las normas con rango de ley se encuentran en posición de subordinación jerárquica frente a la Constitución, pudiendo ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo las que de cualquier forma infrinjan sus preceptos. Las normas con rango de ley están jerarquizadas entre sí, de tal manera que una ley orgánica es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. Los reglamentos están jerarquizados entre sí, hallándose su rango en función del nivel del órgano del que emanan. Toda Ley del Estado, por emanar de las Cortes Generales, es jerárquicamente superior a una ley de una Comunidad Autónoma.

Según el artículo 1 de la LOPJ, ¿a qué están sometidos únicamente los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones?. A las directrices del Consejo General del Poder Judicial. Al criterio de legalidad y a las instrucciones del Ministerio de Justicia. Únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. A la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a las órdenes de sus superiores jerárquicos.

Según el artículo 2 LOPJ, la potestad jurisdiccional corresponde…. A jueces, juezas, tribunales determinados por la ley y al Ministerio Fiscal. A jueces, juezas y tribunales determinados por la ley exclusivamente. A jueces, tribunales y al CGPJ. A jueces, tribunales y al Tribunal Constitucional.

La jurisdicción en España, según el artículo 3 LOPJ, es…. Plural, con varios sistemas independientes. Única, sin perjuicio de potestades jurisdiccionales constitucionales de otros órganos. Delegada en las comunidades autónomas. Dependiente del Tribunal Supremo.

De acuerdo con el artículo 3.2, la jurisdicción militar se caracteriza por: Ser un poder independiente y ajeno al Poder Judicial del Estado. Administrar justicia en el ámbito civil y penal cuando afecte a militares. Ser integrante del Poder Judicial del Estado y basar su organización en el principio de unidad jurisdiccional. Ser competente para juzgar delitos de terrorismo durante el estado de sitio.

El principio que rige la organización y funcionamiento de la jurisdicción militar es…. La autonomía orgánica. La independencia funcional. La unidad jurisdiccional. La coordinación con el Ministerio de Defensa.

Según el artículo 4 LOPJ, la jurisdicción se extiende a…. Todas las personas y materias, pero solo al territorio peninsular. Todas las personas, todas las materias y todo el territorio español. Las personas españolas y las materias civiles. Las materias penales y administrativas exclusivamente.

Según el artículo 4 bis LOPJ, los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea…. Solo cuando no contradiga la Constitución. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Únicamente cuando exista norma interna de transposición. Previa autorización del Tribunal Supremo.

La cuestión prejudicial europea debe plantearse…. Mediante auto, previa audiencia de las partes. Mediante sentencia. Mediante providencia. Sin audiencia de las partes.

Un órgano judicial planteará cuestión de inconstitucionalidad cuando…. La norma contradiga un tratado internacional. La norma con rango de ley aplicable al caso pueda ser contraria a la Constitución. Exista duda sobre la constitucionalidad de un reglamento. El Tribunal Supremo así lo ordene.

Según el artículo 5.1, los Jueces y Tribunales interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos constitucionales, conforme a la interpretación que resulte de: La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. Las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Los dictámenes del Consejo de Estado.

Cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley aplicable al caso puede ser contraria a la Constitución, deberá: Anular la ley por ser la Constitución la norma suprema. Plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Solicitar un informe previo al Defensor del Pueblo. Dictar sentencia inaplicando la ley, pero sin anularla.

¿En qué supuesto procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad según el artículo 5.3?. Siempre que una de las partes en el proceso lo solicite formalmente. Cuando la norma sea un reglamento administrativo contrario a la ley. Cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. Cuando el juez tenga dudas razonables sobre la interpretación del Tribunal Supremo.

De acuerdo con el artículo 6 de la LOPJ, ¿qué deben hacer los Jueces y Tribunales ante un reglamento contrario a la Constitución o a la ley?. Plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Aplicarlo, pero haciendo constar su protesta en la sentencia. No aplicarlo. Solicitar su anulación inmediata al Consejo de Ministros.

Para que proceda el recurso de revisión tras una sentencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la violación debe cumplir los siguientes requisitos: Que sea una violación puramente formal y se pueda subsanar con una multa. Que por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de otro modo. Que haya sido denunciada previamente ante el Consejo de Europa. Que la resolución judicial firme tenga menos de un año de antigüedad.

El principio que obliga a los Jueces a no aplicar disposiciones contrarias a normas de rango superior se basa en: El principio de autonomía judicial. El principio de jerarquía normativa. El principio de unidad jurisdiccional. El principio de seguridad jurídica.

Según el artículo 7.1 (LOPJ), los derechos y libertades que vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales son los reconocidos en: El Título Preliminar de la Constitución. El Capítulo Segundo del Título I de la Constitución. La sección segunda del Capítulo Tercero del Título I. Exclusivamente los derechos fundamentales del artículo 14 al 29.

Respecto a los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución, el artículo 7.2 de la LOPJ establece que: Pueden ser restringidos por resoluciones judiciales motivadas en estado de sitio. Los jueces podrán inaplicarlos si consideran que existe un interés general superior. Se reconocerán de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. Su protección queda reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional.

En la protección de los derechos e intereses legítimos, el artículo 7.3 prohíbe que en ningún caso pueda producirse: Dilaciones indebidas. Falta de jurisdicción. Indefensión. Error judicial.

¿Qué orden jurisdiccional posee una naturaleza "vis atractiva" o residual, conociendo de todas las materias no atribuidas a otro orden?. El orden civil. El orden contencioso-administrativo. El orden penal. El orden social.

Según el artículo 9.4, el orden contencioso-administrativo conocerá de las pretensiones en relación con: La responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Los conflictos colectivos dentro de la rama social del derecho. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad. Las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos.

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