Bloque A

Según el artículo 20 de la Constitución Española, ¿podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información?. No. Sí, en virtud de una orden del Ministerio del Interior. Solo en virtud de una resolución judicial. Sí, en virtud de un acuerdo del Gobierno.

Según el artículo 29 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes no es un derecho fundamental?. El derecho al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. El derecho de asociación. El derecho a sindicarse libremente. El derecho de petición de los Institutos armados.

Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses podrá ser suspendido: Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Cuando los trabajadores no garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad. Cuando la autoridad correspondiente no autorice una huelga. No puede ser suspendido nunca por ser un derecho fundamental.

El Defensor del Pueblo, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española, podrá supervisar la actividad: De las Cortes Generales. De todos los ciudadanos. De la Administración. Del Gobierno.

¿La Constitución Española indica que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos?. Sí, lo recoge en el artículo 18.4. No, en el momento de su redacción no se hizo esta previsión. No, ya que los avances técnicos harán innecesaria esta limitación. Sí, pero solo en el caso de colectivos vulnerables.

Conforme a la Constitución Española, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción: Es un derecho fundamental. Puede restringirse mediante sistemas de censura previa. Puede ejercerse sin ningún tipo de restricción o límite. Implica la prohibición del secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, en cualquier caso.

¿Cuál de los siguientes no es un deber de los empleados públicos recogido en la Ley de Empleo Público de Galicia?. Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Galicia y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo, sin causa justa, cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Abstenerse en aquellos asuntos en que tengan un interés personal. Basar su conducta en el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

En la Constitución Española se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto: Sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Sin limitaciones, dado que se trata de derechos fundamentales. Con limitaciones, que deberán regularse en función del avance de la sociedad. Con limitaciones, que serán regulados por leyes orgánicas.

La Constitución Española regula los derechos y deberes fundamentales: En el Preámbulo. En el Título II. En los Títulos V y VI. En el Título I.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el proceso de representación de los interesados no es correcta?. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo la manifestación expresa en contra del interesado. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que eso esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Para los actos y gestiones de mero trámite, deberá acreditarse la representación.

¿La Constitución Española reconoce expresamente el derecho "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica"?. Sí; figura así recogido en su artículo 20. No es objeto de regulación en la Constitución Española. No figura recogido expresamente, aunque sí indirectamente dentro del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Sí; figura en una disposición adicional.

La Constitución Española permite la suspensión de determinados derechos: Sólo cuando se declare el estado de excepción. Cuando se declaren el estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. En ningún caso. Para casos individuales, siempre de acuerdo con la regulación de una ley ordinaria y con la necesaria intervención judicial.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Las universidades públicas elaborarán conjuntamente una normativa específica, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Universidades. Las universidades públicas no forman parte del sector público institucional, por lo que no están afectadas por esta Ley. Las universidades públicas se regirán exclusivamente por esta Ley.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos no corresponde a la figura del interesado en un procedimiento administrativo: Los que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en ellos se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Cualquier ciudadano que se persone en el procedimiento administrativo.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas: Cuando se establezca reglamentariamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Cuando se establezca reglamentariamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cada Administración dispondrá de un: Registro electrónico único. Registro telemático único. Registro electrónico general. Registro telemático general.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando los plazos se señalen en días: Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos. Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que son siempre naturales. Si expresamente no se indica, siempre se entienden por días naturales.

Señale la respuesta correcta en relación con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Las universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 39/2015. Las universidades públicas se regirán por las previsiones de la Ley 39/2015 y supletoriamente por su normativa específica. Las universidades públicas se regirán exclusivamente por su normativa específica. Las universidades públicas se regirán exclusivamente por las previsiones de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuáles de los siguientes sujetos no se consideran interesados en el procedimiento administrativo?. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, aun cuando no se personen en el procedimiento. Todos los sujetos referidos en los apartados anteriores son considerados interesados en el procedimiento administrativo.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál será el plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento administrativo?. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses en ningún caso. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses en ningún caso. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Conforme al artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las universidades públicas están incluidas dentro de: La Administración General del Estado. El sector público institucional. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las entidades que integran la Administración Local.

Conforme al artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de los siguientes no es un principio general de actuación de las Administraciones Públicas: El servicio efectivo a los ciudadanos. La planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. La cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. El intercambio de medios humanos y materiales para una mejor gestión de los recursos públicos.

Conforme al artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación a las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia no es correcta?. Debe asegurarse por medios electrónicos la identidad de los miembros o las personas que los suplan. Las videoconferencias son medios electrónicos válidos para su celebración. El presidente y el secretario deben poder ver en todo momento al resto de participantes. Debe asegurarse la interactividad y la intercomunicación entre los miembros.

¿Es de aplicación, y en qué términos, a la Universidad de Santiago de Compostela la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, atendiendo a la redacción de su artículo 2?. Sí es de aplicación, teniendo en cuenta que las universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015. No es de aplicación, teniendo en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela forma parte del sector público institucional. Sí es de aplicación, teniendo en cuenta que las universidades públicas se regirán por las previsiones de la Ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica. No es de aplicación, teniendo en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela se regirá por la Ley 6/2013, de 13 de junio, del sistema universitario de Galicia.

El artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de una serie de requisitos. ¿Cuál de ellos, de entre los que se indican a continuación, no está incluido en dicha relación?. Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Publicación en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relaciona los principios de acuerdo a los cuales las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas. ¿Cuál de ellos, de entre los que se indican a continuación, no está incluido en dicha relación?. Lealtad institucional. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. Transparencia y buen gobierno en la gestión pública.

Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, ¿podrá ser objeto de deliberación en un órgano colegiado un asunto que no figure incluido en el orden del día?. No, nunca. Sí, siempre. No, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. No, salvo que asistan la mayoría de los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el presidente.

Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, ¿cómo se adoptan los acuerdos de un órgano colegiado?. Por mayoría de votos. Por unanimidad. Siempre por mayoría absoluta. Siempre por mayoría simple de votos.

De acuerdo con el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es el listado completo de principios en los que basarán las Administraciones Públicas los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo?. Igualdad y mérito. Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia competitiva.

¿Es de aplicación, y en qué términos, a la Universidad de Santiago de Compostela la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, atendiendo a la redacción de su artículo 2?. Sí es de aplicación, teniendo en cuenta que las universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015. No es de aplicación, teniendo en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela forma parte del sector público institucional. Sí es de aplicación, teniendo en cuenta que las universidades públicas se regirán por las previsiones de la Ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica. No es de aplicación, teniendo en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela se regirá por la Ley 6/2013, de 13 de junio, del sistema universitario de Galicia.

El artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de una serie de requisitos. ¿Cuál de ellos, de entre los que se indican a continuación, no está incluido en dicha relación?. Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Publicación en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Delimitación de sus funciones y competencias. d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relaciona los principios de acuerdo a los cuales las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas. ¿Cuál de ellos, de entre los que se indican a continuación, no está incluido en dicha relación?. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. Lealtad institucional. Transparencia y buen gobierno en la gestión pública.

Según el artículo 20 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, los empleados públicos se clasifican en: Personal funcionario de carrera, personal laboral, personal estatutario y personal eventual. Personal funcionario de carrera, personal laboral, personal interino y personal directivo. Personal funcionario de carrera, personal laboral, personal funcionario interino y personal eventual. Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal eventual.

Según los artículos 22 y 26 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuáles de estos puestos no podrían ser desempeñados por personal laboral?. Los puestos de naturaleza no permanente. Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios. Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal.

Según el artículo 71 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál de los siguientes no es un derecho individual de los empleados públicos?. La inamovilidad en la condición de personal funcionario de carrera. El derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio. El derecho a la libre asociación profesional. El derecho a una licencia retribuida por cada diez años de trabajo.

Según el artículo 75 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario de carrera hará efectivo su derecho a la promoción profesional a través de las siguientes modalidades de carrera profesional: Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal. Carrera horizontal y carrera vertical. Promoción interna vertical y promoción interna horizontal. Sólo mediante carrera vertical.

Atendiendo al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento del tratamiento de datos que le conciernen, por parte de la persona afectada, deberá realizarse manifestando su voluntad de que así sea. ¿Mediante qué medios puede llevarse a cabo dicha manifestación?. Únicamente mediante una declaración responsable. Únicamente mediante una autorización expresa. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Mediante la inacción en sentido contrario al tratamiento.

¿Cuál de los siguientes no es un derecho de las personas recogido en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?. Derecho de acceso. Derecho de transparencia. Derecho a la portabilidad. Derecho de oposición.

¿Cuál es la relación completa de las personas que están sujetas al deber de confidencialidad referido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?. Las personas responsables del tratamiento de datos. Las personas encargadas del tratamiento de datos. Las personas responsables del tratamiento de datos y las personas encargadas del tratamiento de datos. Las personas responsables del tratamiento de datos, las personas encargadas del tratamiento de datos, y todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento.