Bloque I Tema 9

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la transformación de una entidad pública empresarial en agencia estatal deberá efectuarse: Mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. Por Orden Ministerial. Por Ley. Mediante Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta en relación con las Autoridades Administrativas Independientes de ámbito estatal: Carecen de personalidad jurídica propia aunque gozan de poderes especiales para la supervisión de carácter interno sobre sectores económicos. No tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad económica. Su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. Actuarán en el desarrollo de su actividad para el cumplimiento de sus fines con interés empresarial o comercial.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale qué entidades NO forman parte del sector público institucional estatal: Las fundaciones del sector público. Los consorcios. Las universidades públicas no transferidas. Las sociedades administrativas independientes.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es la definición de los organismos autónomos estatales?. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado y desarrollan actividades prestacionales. Son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Son entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas por requerir su desempeño de independencia funcional respecto de la Administración General del Estado.

Señale en base al artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de las siguientes opciones NO se considera integrante del Sector Público institucional estatal: Los consorcios. Las Universidades Privadas no transferidas. Las autoridades administrativas independientes. Las sociedades mercantiles estatales.

Según el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el sector público institucional estatal estará integrado, entre otras, por las siguientes entidades: Los fondos con personalidad jurídica. Las universidades públicas transferidas y no transferidas. Las fundaciones privadas. Las sociedades mercantiles estatales.

Dentro del sector público institucional estatal, los organismos publicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado se clasifican en: Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fondos sin personalidad jurídica. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y universidades públicas no transferidas. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones del sector público. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.

Según el artículo 89 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los Organismos Públicos pueden contar con las potestades que les sean precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, entre los cuales NUNCA podrá estar: La potestad expropiatoria. La potestad normativa. La potestad de autoorganización. La potestad de deslinde.

De acuerdo con la Ley 40/2015, en la creación de un consorcio en el que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes se requerirá: Convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes, exclusivamente. Únicamente autorización por Ley para su creación. Que su creación se autorice por ley, así como la autorización previa del Consejo de Ministros al convenio de creación. Únicamente requiere la autorización previa del Consejo de Ministros al convenio de creación.

En las Agencias Estatales, los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos respecto a la responsabilidad de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral, se incluyen en el: Contrato de gestión de la Agencia Estatal. Presupuesto anual de la Agencia Estatal. Plan anual de acción. Informe de actividad del ejercicio anterior.

Un Organismo público estatal que ha cumplido totalmente sus fines y, por ello, ya no se justifica su pervivencia, se disuelve mediante: Acuerdo del Consejo de Ministros. Ley que aprueba la disolución. Real Decreto que aprueba la disolución. Orden del Departamento ministerial del que dependa el Organismo, que aprueba la disolución.

De acuerdo con la Ley 40/2015, ¿qué es una autoridad administrativa independiente?. Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Son entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

Se rigen por el Derecho Privado, excepto en al formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos especificamente regulados para las mismas en la LRJSP, en sus estatutos, la LPACAP y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación: Los Organismos Públicos. Los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas Empresariales. Los Organismos Autónomos. Las Entidades Públicas Empresariales.

Señale la respuesta correcta en relación con la transformación de un organismo autónomo en entidad pública empresarial conforme a la Ley 40/2015: Se llevará a cabo mediante ley. La transformación conllevará la pérdida de su personalidad jurídica. Será necesaria una memoria que incluya el análisis de eficiencia. Se incluirá un informe facultativo de la IGAE.

Señale cuál de los siguientes NO es un recurso específico de los organismos autónomos estatales conforme al artículo 101 de la Ley 40/2015: Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. Los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. Transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.

De conformidad con lo que se establece en la Ley 40/2015, la creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada: Por Orden del Ministerio de la Presidencia, que establecerá los fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación. Mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes en la sociedad mercantil estatal, o su modificación. Mediante norma reglamentaria que deberá ser acompañada de una memoria y de un plan de actuación.

¿A qué principios de los establecidos en el artículo 3 de la LRJSP responde la creación de los Organismos Públicos?: Desconcentración funcional y territorial. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Coordinación. Descentralización funcional.

Según el artículo 82.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, y su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, y su integración, gestión y publicación dependen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es un registro administrativo interno, que recoge la clasificación de todas las entidades del sector público institucional y su gestión depende del Tribunal de Cuentas. Es un registro administrativo interno, que recoge la clasificación de todas las entidades del sector público institucional y su gestión depende de la Subdirección General de Datos del Empleo Público.