BLOQUE III PARTE 2
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![]() BLOQUE III PARTE 2 Descripción: Especif A1 |



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prueba. bien. mal. 1336. Los principios que deben regir las actuaciones sancionadoras de la Administración Tributaria: A) Parten de que las actuaciones sancionadoras se ejercerán exclusivamente de acuerdo con los principios reguladores de las mismas en materia administrativa. B) Se identifican con los principios que rigen el Derecho Penal, puesto que concretan el ius puniendi del Estado. C) Están inspirados en los principios que rigen el Derecho Penal en la medida en que son una manifestación del ius puniendi del Estado. D) Trasladan al ámbito administrativo y tributario las potestades sancionadoras del orden penal. 1337. Según el artículo 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la potestad sancionadora en materia tributaria serán aplicables: A) Los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, irretroactividad y no concurrencia. B) Los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. C) Los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. D) Los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, capacidad, proporcionalidad y no concurrencia. 1338. La imposición de sanciones tributarias se ha de llevar a cabo mediante la tramitación del procedente procedimiento sancionador tributario que se regula en: A) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en sus artículos 207 a 212. B) Los artículos 20 a 33 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. C) El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1339. El ejercicio de la potestad sancionadora y la iniciación del expediente sancionador: A) Es discrecional. B) Tiene un carácter reglado. C) Es potestativa. D) Las dos últimas opciones son correctas. 1340. Según el artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determinadas acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria. Entre ellos no se encuentra referido expresamente: A) El caso de que se deriven de una decisión colectiva. B) Que se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. C) El caso de fuerza mayor. D) Si se ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 1341. Según el artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias: A) Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria. B) Los obligados tributarios que voluntariamente subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta. C) Los obligados tributarios que voluntariamente pongan en conocimiento de la Administración Tributaria infracciones cometidas por terceros. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1342. El artículo 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no menciona entre los posibles sujetos infractores: A) Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales. B) El albacea testamentario. C) Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta. D) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal. 1343. Según el artículo 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará: A) Que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. B) Que queden subsidiariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. C) Que queden mancomunadamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. D) Que queden colectiva y objetivamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. 1344. Según el artículo 182 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias: A) Los causantes o colaboradores activos en la comisión de una infracción tributaria. B) Los obligados tributarios que tengan el control efectivo, total o parcial, de entidades creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal. C) Los obligados tributarios que siendo administradores de hecho o de derecho de sociedades o personas jurídicas no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. D) Los sucesores de personas físicas. 1345. Según el artículo 182 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias: A) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquellos. B) Los administradores de hecho o de derecho de sociedades o personas jurídicas que no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. C) Los sucesores a título mortis causae de las personas físicas. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1346. En relación con las infracciones tributarias, podemos afirmar que: A) No tiene cabida la responsabilidad objetiva. B) El principio de culpabilidad no es imprescindible en el concepto. C) La infracción puede cometerse por acción dolosa, no como acción culposa. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1347. El principio de irretroactividad se aplicará en el procedimiento sancionador tributario: A) Con carácter general. B) En ningún caso. C) Siempre que la administración lo considere conveniente. D) Solo cuando quien esté siendo objeto de un procedimiento sancionador lo solicite. 1348. Las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias tendrán efectos retroactivos;. A) En ningún caso. B) Respecto de los actos que no sean firmes, cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado. C) Cuando el interesado solicite su aplicación. D) Siempre y cuando de su aplicación resulte una sanción de mayor cuantía económica. 1349. Conforme al artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considera que se ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias: A) Cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la. B) Cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritaas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. C) Cuando el obligado tributario haya aportado toda la documentación que se le haya requerido durante el procedimiento inspector. D) Son correctas las opciones a y b. 1350. Conforme al artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considera que se ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias: A) En todo caso se considera que ha existido falta de diligencia. B) Si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados. C) Si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y aunque éstos se hayan modificado. D) Las dos últimas opciones son correctas. 1351. Según el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 191 de esta Ley será compatible con: A) Con la que proceda, en su caso, por la aplicación del artículo 192 de esta Ley. B) Con la que proceda, en su caso, por la aplicación del artículo 193 de esta Ley. C) Con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 194 y 195 de esta Ley. D) Con la que proceda, en su caso, por aplicación del artículo 199 de esta Ley. 1352. Según el artículo 2 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, se entenderá por regularización voluntaria: A) La efectuada antes de la notificación de un requerimiento para el cumplimiento de la obligación tributaria. B) La efectuada antes de la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación o investigación. C) La efectuada entes de la notificación de un procedimiento sancionador. D) Todas las opciones son correctas. 1353. Las sanciones tributarias se transmitirán a los herederos y legatarios: A) Sí, por procedimiento de responsabilidad solidaria. B) No se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras. C) Sí, por procedimiento de responsabilidad subsidiaria. D) Al aceptar la herencia. 1354. A los efectos del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el sujeto infractor tendrá la consideración de: A) Deudor principal. B) Sustituto del deudor principal. C) Responsable solidario. D) Responsable subsidiario. 1355. El procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria para el pago de las sanciones tributarias, se regula: A) En el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. B) En el artículo 176 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. C) En el artículo 177 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1356. De conformidad con el artículo 182 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones tributarias por infracciones cometidas por sociedades y entidades disueltas: A) No serán exigibles a los sucesores de las mismas. B) Solo serán exigibles cuando la sociedad o entidad disuelta y liquidada no limitara la responsabilidad patrimonial de sus socios, partícipes o cotitulares. C) Solo serán exigibles cuando la sociedad o entidad disuelta y liquidada limitara la responsabilidad patrimonial de sus socios, partícipes o cotitulares. D) Serán exigibles a los sucesores de las mismas. 1357. En caso de que la entidad disuelta sea una de las referidas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones tributarias por las infracciones que hubieran cometido: A) Las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria no pueden ser sancionadas. B) Se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones. C) Se transmitirán a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. D) Son correctas las opciones b y c. 1358. Según el artículo 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serán sujetos infractores, las personas físicas o jurídicas , y las entidades del artículo 35.4 de dicha ley, que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes: A) Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes. B) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. C) Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua. D) Todas las opciones son correctas. 1359. Conforme al artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando un obligado tributario subsane una autoliquidación presentada con anterioridad de forma incorrecta: A) Incurrirá en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquélla. B) Podrá incurrir en responsabilidad si comete infracción en caso de presentar de forma incorrecta la nueva autoliquidación. C) No incurrirá en responsabilidad por presentar de forma incorrecta la nueva autoliquidación, por tratarse de una subsanación de la que se presentó con anterioridad. D) Incurre en responsabilidad tanto por la primera autoliquidación presentada erróneamente, como por la segunda autoliquidación presentada correctamente. 1360. Según el artículo 203.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el incumplimiento lo realiza una persona o entidad que desarrolla actividades económicas, y consiste en la falta de aportación de documentos concretos tras el primer requerimiento notificado al efecto: A) La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros. B) La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 10.000 euros. C) La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 3.000 euros. D) La sanción consistirá en multa pecuniaria variable. 1362. Según el artículo 183 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son infracciones tributarias: A) Las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas legalmente como tales. B) Las acciones u omisiones dolosas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas como tales en dicha Ley. C) Las acciones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia jurídicamente tipificadas como tales. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1363. Según el artículo 183 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las infracciones tributarias se clasifican en: A) Infracciones que causen perjuicio económico e infracciones contables o formales. B) Formales, graves y muy graves. C) Leves y graves. D) Leves, graves y muy graves. 1364. Los criterios que determinan la mayor o menor gravedad de la infracción son: A) El perjuicio económico causado y el riesgo implícito en la conducta del infractor. B) La mayor o menor intencionalidad del autor, manifestada en la naturaleza de los medios utilizados en la comisión de la infracción. C) La alarma social generada por la infracción. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1365. En relación a las sanciones, el artículo 185 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,General Tributaria, establece que las infracciones tributarias se sancionarán: A) Mediante la imposición de sanciones pecuniarias consistentes en multas fijas o proporcionales. B) Mediante la imposición de sanciones pecuniarias fijas. C) Mediante la imposición de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1366. Según el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no podrá ser sancionada como infracción independiente: A) Una acción que deba aplicarse como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy grave. B) Una acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción. C) Una omisión que deba aplicarse como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave. D) Una omisión que deba aplicarse como circunstancia que determine la calificación de una infracción como muy grave. 1367. Según el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la sanción por dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria es compatible con la sanción: A) Por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. B) Por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública. C) Por presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1368. Según el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias: A) Resultan compatibles con la exigencia del interés de demora. B) Resultan incompatibles con la exigencia del interés de demora. C) Resultan compatibles con la exigencia de los recargos del período ejecutivo. D) Resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo. 1369. Según el artículo 186 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrán imponer sanciones accesorias: A) Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 30.000 euros. B) Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 50.000 euros. C) Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 70.000 euros. D) Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o superior a 70.000 euros y se demuestre la reiteración de infracciones por el obligado tributario. 1370. Con carácter general, las infracciones leves se sancionan: A) Con multa proporcional del 50% de la cantidad no ingresada. B) Con multa proporcional del 33% de la cantidad no ingresada. C) Con multa proporcional del 60% de la cantidad no ingresada. D) Con multa proporcional del 40% de la cantidad no ingresada. 1371. Según el artículo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación será leve, grave o muy grave. La base de la sanción será: A) La cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción. B) La cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción más los intereses de demora que pudieran corresponderle. C) La cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción más los intereses de demora y recargos que pudieran corresponderle. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1372. Los criterios de graduación de las sanciones tributarias se pueden resumir en: A) La comisión repetida de infracciones, el perjuicio económico para la Hacienda Pública y el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. B) La comisión repetida de infracciones, el perjuicio económico para la Hacienda Pública, la alarma social que se hubiese generado y la utilización para su comisión de medios electrónicos. C) La comisión repetida de infracciones, el perjuicio económico para la Hacienda Pública y la alarma social que se hubiese generado. D) La cualificación profesional del infractor, la comisión reiterada de infracciones, el perjuicio económico producido y la alarma social generada. 1373. Según el artículo 190 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones tributarias se extinguen: A) Por el pago, compensación o cumplimiento. B) Por prescripción del derecho para exigir su pago. C) Por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas. D) Todas las opciones son correctas. 1374. Según el artículo 189 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá: A) Por el fallecimiento del sujeto o desaparición de la entidad que cometió la infracción. B) Por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones. C) Por la declaración de insolvencia del sujeto infractor. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1375. De conformidad con el artículo 184 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se consideran medios fraudulentos: A) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria. B) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción. C) La llevanza de contabilidades distintas referidas a distinta actividad y ejercicio económico. D) Son correctas las opciones a y b. 1376. De conformidad con el artículo 187 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando el perjuicio económico para la Hacienda Pública sea superior al 25 por ciento e inferior al 50 por ciento, la sanción mínima se incrementará en: A) En 10 puntos porcentuales. B) En 15 puntos porcentuales. C) En 20 puntos porcentuales. D) En 25 puntos porcentuales. 1377. Según el artículo 187 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los criterios de graduación de las sanciones tributarias son aplicables: A) Alternativamente. B) Si se aplica uno de ello, deben aplicarse los demás. C) Simultáneamente. D) No pueden simultanearse. 1378. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se reducirá en el caso de actas con acuerdo: A) En un 30 por ciento. B) En un 65 por ciento. C) En un 25 por ciento. D) En un 50 por ciento. 1379. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias. A) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria y que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción. B) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria y que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción. C) Aunque se interponga recurso contra la liquidación, que no se interponga contra la sanción. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1380. El plazo de prescripción para la imposición de sanciones tributarias se interrumpirá: A) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria. B) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos. C) Por las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado tributario respecto a las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización. D) Todas las opciones son correctas. 1381. Según el artículo 190 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la prescripción del derecho a exigir el pago de las sanciones tributarias se regulará por: A) Por las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. B) Por las normas establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. C) Por las normas establecidas en la sección tercera del capítulo IV, título II de la Ley General Tributaria, relativas a la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. D) Por su normativa específica regulada en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 1382. No es una sanción accesoria de las previstas en el artículo 186 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: A) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave. B) Pérdida del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave. C) Prohibición para contratar con cualquier Administración pública durante un plazo de dos años si la infracción cometida hubiera sido grave o de tres años si hubiera sido muy grave. D) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave. 1383. Según el artículo 4 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 184.2 de la Ley General Tributaria, aun cuando la Administración tributaria pudiera conocer la realidad de las operaciones o los datos omitidos: A) Por declaraciones de terceros. B) Por requerimientos de información o por el examen de la contabilidad, libros o registros y demás documentación del propio sujeto infractor. C) Son correctas las opciones a y b. D) Ninguna respuesta es correcta. 1384. Según el artículo 5 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, para la aplicación del criterio de graduación de comisión repetida de infracciones: A) Cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por varias infracciones de la misma naturaleza, en virtud de resolución que hubiese adquirido firmeza en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción, de todas ellas se computará como único antecedente la infracción cuya calificación haya resultado más leve. B) Cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por varias infracciones de la misma naturaleza, en virtud de resolución que hubiese adquirido firmeza en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción, de todas ellas se computará como único antecedente la infracción cuya calificación haya resultado más grave. C) Cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por varias infracciones de distinta naturaleza, en virtud de resolución que hubiese adquirido firmeza en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción, se computarán como antecedentes todas ellas. D) Cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por varias infracciones de la misma naturaleza, con independencia de que sean firmes o no, de todas ellas se computará como único antecedente la infracción cuya calificación haya resultado más grave. 1385. Según el artículo 192 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la base de la sanción sea superior a 3,000 euros y exista ocultación: A) La sanción será grave. B) La sanción será muy grave. B) La sanción será leve. D) La sanción será grave aunque no exista ocultación. 1386. Según el artículo 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la infracción tributaria, cualquiera que sea la base de la sanción, no será leve: A) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados, aunque ello no sea constitutivo de medio fraudulento. B) Cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción. C) Si la base de la sanción es inferior o igual a 3.000 euros, siempre será leve. D) Son correctas las opciones a y b. 1388. Según el artículo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará: A) De forma separada a los de aplicación de los tributos en todo caso. B) De forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente. C) De forma conjunta con los procedimientos de aplicación de los tributos. D) De forma simultánea a los de aplicación de los tributos. 1389. Según el artículo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento sancionador en materia tributaria: A) Se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente. B) Se podrá iniciar de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente. C) Se iniciará de oficio, a instancia de parte o por requerimiento del órgano superior. D) Se iniciará de oficio, a instancia de parte o por requerimiento del órgano judicial que haya resuelto el procedimiento penal, en su caso. 1390. Según el artículo 209 de la Ley 58/2003, los procedimientos sancionadores que seincoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento: A) Una vez transcurrido el plazo de treinta días desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. B) Una vez transcurrido el plazo de dos meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. C ) Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. D) Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. 1391. Según el artículo 210 de la Ley 58/2003, en el procedimiento sancionador, una vez incorporados formalmente los datos, pruebas o circunstancias y concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución que será notificada al interesado, concediéndole un plazo de alegaciones: A) De veinte días. B) De 15 días. C) De treinta días. D) De un mes. 1392. Según el artículo 210 de la Ley 58/2003, en la propuesta de resolución se concretarán: A) Los hechos, su calificación jurídica y la infracción, la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos. B) Los hechos, su calificación jurídica y la infracción, y los recursos que pudieran proceder. C) Los hechos y la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos. D) Los hechos, las pruebas y la sanción propuesta con referencia a los preceptos violados. 1393. Según el artículo 211 de la Ley 58/2003, cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta: A) Por el transcurso del plazo de dos meses a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó. B) Por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó. C) Por el transcurso del plazo de veinte días a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó. D) Por el transcurso del plazo de tres meses a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó. 1394. Según el artículo 211 de la Ley 58/2003, el procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir: A) En el plazo máximo de nueve meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. B) En el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. C) En el plazo máximo de tres meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. D) En el plazo máximo de cuatro meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. 1395. Según el artículo 211 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la caducidad del procedimiento sancionador en materia tributaria se producirá por: A) El vencimiento del plazo de seis meses, contados desde la notificación de la comunicaciónde inicio del procedimiento, sin que se haya notificado resolución expresa. B) El vencimiento del plazo de tres meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento, sin que se haya notificado resolución expresa. C) El vencimiento del plazo de seis meses, contados desde el inicio del procedimiento, sin que se haya notificado resolución expresa. D) El vencimiento del plazo de tres meses, contados desde el inicio del procedimiento, sin que se haya notificado resolución expresa. 1396. Según el artículo 211 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, respecto a la declaración de caducidad del procedimiento sancionador en materia tributaria podemos afirmar: A) Podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado. B) Ordenará el archivo de las actuaciones. C) Impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador. D) Todas las opciones son correctas. 1397. Según el artículo 25 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, para iniciar un procedimiento sancionador como consecuencia de un procedimiento de inspección: A) No será necesaria ninguna autorización previa. B) Será necesaria la autorización previa del Inspector-Jefe. C) Será necesaria la autorización del Jefe de equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación. D) Será necesaria la autorización del Tesorero del organismo. 1398. Según el artículo 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación contra una sanción tributaria, supondrá que: A) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. B) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. C) Se exigirán intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. D) Todas las opciones son correctas. 1399. Según el artículo 29 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, la suspensión de las sanciones como consecuencia de la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación: A) Se aplicará cuando lo solicite el interesado. B) Se aplicará automáticamente por los órganos competentes, sin necesidad de que el interesado lo solicite, tanto si se trata de sanciones pecuniarias como no pecuniarias. C) Se aplicará automáticamente por los órganos competentes, sin necesidad de que el interesado lo solicite, solo en caso de sanciones pecuniarias. D) Se aplicará automáticamente por los órganos competentes, sin necesidad de que el interesado lo solicite, solo en caso de sanciones no pecuniarias. 1400. Según el artículo 305.1 del Código Penal se considera delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local: A) El hecho de eludir el pago de tributos y de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener. B) El hecho de no declarar tributos. C) El hecho de obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales impropiamente. D) Todas las opciones son correctas. 1401. Según el artículo 305 del Código Penal, para que el fraude fiscal se considere delito, la cantidad defraudada: A) Debe exceder de 120.000 euros. B) Debe exceder de 100.000 euros. C) Debe exceder de 600.000 euros. D) Debe exceder de 200.000 euros. 1402. Según el artículo 305 del Código Penal, el fraude fiscal será castigado con: A) La pena de prisión de dos a cinco años. B) Multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. C) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de diez a doce años. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1403. Según el artículo 306 del Código Penal, se castigará la defraudación a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a: A) Cien mil euros. B) Cuarenta mil euros. C) Sesenta mil euros. D) Cincuenta mil euros. 1404. El artículo 305 del Código Penal contempla como salvedad a la imposición de las penas previstas para el delito fiscal: A) Que el obligado tributario hubiere regularizado su situación tributaria procediendo al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación. B) Que el obligado tributario hubiere regularizado su situación tributaria procediendo al completo reconocimiento de la deuda tributaria, antes de que por la Administración. C) Que el obligado tributario reconozca deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. D) Todas las opciones son correctas. 1405. Según el artículo 305 del Código Penal no excluye la defraudación: A) La mera presentación de declaraciones cuando la conducta punible se acredite por otros hechos. B) La mera presentación de autoliquidaciones cuando la conducta punible se acredite por otros hechos. C) La mera presentación de comunicaciones o liquidaciones cuando la conducta punible se acredite por otros hechos. D) La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones cuando la conducta punible se acredite por otros hechos. 1406. Además de las penas de prisión y multa, se impondrá al responsable del delito contra la Hacienda Pública la pérdida de la posibilidad: A) De obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. B) De obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. C) De obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales. D) De obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios de la Seguridad Social. 1407. Además de las penas de prisión y multa, se impondrá al responsable del delito contra la Hacienda Pública cuya cuantía exceda de ciento veinte mil euros, la pérdida de la posibilidad de obtener beneficios relacionados con fondos públicos: A) Durante el período de tres meses a seis años. B) Durante el período de seis meses a seis años. C) Durante el período de tres a seis años. D) Durante el período de cinco a seis años. 1408. Según el artículo 305 del Código Penal, a los efectos de determinar la cuantía de la defraudación si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica: A) Se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración. B) Si los periodos impositivos o de declaración son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. C) Se estará a lo defraudado en cada ejercicio fiscal y se entenderá referida al hecho imponible susceptible de liquidación. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1409. Según el artículo 305 del Código Penal, a los efectos de determinar la cuantía de la defraudación si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica: A) El delito será perseguible desde que se alcance la cantidad de ciento veinte mil euros si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal. B) El delito será perseguible desde que se alcance la cantidad de cien mil euros si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal. C) El delito será perseguible desde que se alcance la cantidad de cien mil euros si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal. D) El delito será perseguible desde que se alcance la cantidad de cincuenta mil euros si la defraudación se lleva a cabo por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva. 1410. Según el artículo 305 del Código Penal, quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar o disfrute de manera indebida de un beneficio obtenido legalmente, cuando los hechos se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, será castigado: A) Con la pena de prisión de dos a cinco años. B) Con la pena de prisión de tres a cinco años. C) Con la pena de prisión de uno a tres años. D) Con la pena de prisión de uno a cinco años. 1411. Según el artículo 260 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública: A) No continuará con la tramitación del procedimiento. B) Continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación. C) No continuará con la tramitación del procedimiento y pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente. D) No continuará con la tramitación del procedimiento y remitrá el expediente al Ministerio Fiscal. 1412. Según el artículo 253 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pasado el tanto de culpa o remitido el expediente, si se inadmite la denuncia o querella: A) Se retrotraerán las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel en que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito. B) Se iniciarán de nuevo las actuaciones inspectoras. C) No se continuará con el procedimiento de inspección. D) No será necesario, en ese caso, formalizar acta. 1413. El Catastro Inmobiliario es: A) Un organismo que ejerce las funciones que le son atribuidas directamente, a través de los Servicios Centrales y de las Gerencias ubicadas en las distintas provincias y ciudades autónomas, excepto País Vasco y Navarra. B) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos. C) Una entidad sin personalidad jurídica dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen y registran los bienes inmuebles de características especiales. D) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política Territorial en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales. 1414. La Dirección General del Catastro: A) Es el órgano directivo que tiene encomendada la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario. B) Es el órgano directivo que tiene encomendada la difusión de la información catastral. C) Se integra dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda. D) Las tres opciones son correctas. 1415. Las funciones de la Dirección General del Catastro: A) Las ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas. B) La Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través de los Servicios Centrales y los Servicios Periféricos constituidos por las Gerencias Provinciales y Municipales. C) Consisten en garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1416. Los puntos de información catastral son: A) Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en los distintos Ayuntamientos. B) Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en las distintas Diputaciones. C) Portales electrónicos donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral y obtener certificado acreditativo de la misma. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1417. Según el artículo 1 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, este se puede definir como: A) Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en dicho texto legal. B) Es un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. C) Es un sistema de gestión topográfico parcelario destinado a establecer, verificar y certificar los valores catastrales de los bienes inscritos. D) Es una fórmula de recopilación y gestión de datos relacionados con la titularidad y características de los bienes inmuebles. 1418. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los principios informadores del Catastro Inmobiliario se concretan en: A) Los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos. B) Los principios de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y a la productividad. C) Los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1419. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Catastro Inmobiliario: A) Estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que requieran información sobre inmuebles y justifiquen un interés legítimo. B) Colaborará con las Administraciones Públicas, los juzgados y tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. C) Certifica la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones y la representación gráfica de los inmuebles inscritos en él. D) Certifica el valor de referencia de mercado de los inmuebles inscritos en él, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. 1420. Según se desprende del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Catastro se constituye como: A) Un órgano de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva del Estado. B) Un registro administrativo de bienes inmuebles, a diferencia de la concepción del Registro de la Propiedad como registro de derechos. C) Un registro que es el único que tiene efectos de fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. D) Un sistema de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva de las Entidades Locales. 1421. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario: A) Es competencia exclusiva del Estado, así como la difusión de la información catastral. B) Es competencia transferida a las Comunidades Autónomas, así como la verificación de los valores catastrales. C) Es competencia de las Entidades Locales, así como la certificación de los valores catastrales. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1422. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, entre las funciones del Catastro Inmobiliario, se comprenden: A) La valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral. B) La fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. C) La coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1423. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, a los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble: A) La parcela enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. B) Las construcciones emplazadas en una parcela cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. C) La parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. D) Las dos últimas opciones son correctas. 1424. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá: A) De la naturaleza de su suelo. B) De la calificación otorgada por la Dirección General del Catastro. C) De la calificación otorgada por la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. D) De la calificación que conste en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito. 1425. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se entiende por suelo de naturaleza urbana: A) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizado. B) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente. C) El terreno que disponga de vías pavimentadas o encintado de aceras. D) El calificado como tal en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito. 1426. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrá la consideración de suelo de naturaleza urbana: A) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables. B) Los terrenos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado. C) Los terrenos sobre los que se ubiquen aeropuertos y puertos comerciales. D) Las dos primeras opciones son válidas. 1427. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán: A) En todo caso por la Dirección General del Catastro. B) En todo caso por el Estado. C) En todo caso por el Estado junto con las Comunidades Autónomas. D) Ninguna es correcta. 1428. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrá la consideración de suelo de naturaleza rústica: A) Aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. B) Aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y no esté integrado en un bien inmueble de características especiales. C) Las dos respuestas anteriores son correctas. D) Ninguna es correcta. 1429. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrá la consideración de construcciones: A) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que no se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados. B) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados. C) Los edificios, según los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados. D) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que no se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados . 1430. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrá la consideración de construcciones: A) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. B) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. C) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. D) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. 1431. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrá la consideración de construcciones: A) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. B) Las obras de urbanización, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. C) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. D) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. 1432. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, constituyen bienes inmuebles de características especiales: A) Un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. B) Un conjunto complejo de uso singularizado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. C) Un conjunto complejo de uso especializado, integrado por edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. D) Un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones, que por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. 1433. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos: A) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares. B) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego. C) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 1434. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, a efectos de la inscripción y de su valoración de los bienes inmuebles de características especiales: A) No se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas. B) Sí se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, así como aquélla que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas. C) Ninguna respuesta es correcta. D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 1435. Según el artículo 1 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, esta Ley será de aplicación a: A) Todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo previsto en los regímenes forales especiales vigentes en el País Vasco y Navarra. B) Todo el territorio nacional, especialmente en el País Vasco y Navarra. C) Todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo previsto en los regímenes forales especiales no vigentes en el País Vasco y Navarra. D) Ninguna respuesta es correcta. 1436. Según se desprende del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario: A) Los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen siempre ciertos. B) Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos no prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos. C) Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen inciertos. D) Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos. 1437. Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario: A) En cada municipio podrá constituirse una junta pericial para intervenir, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles urbanos. B) En cada municipio podrá constituirse una junta pericial para intervenir, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles de características especiales. C) En cada municipio podrá constituirse una junta pericial para intervenir, como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles rústicos. D) Ninguna de las anteriores es correcta. 1438. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario son titulares catastrales: A) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. B) Las personas naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. C) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar la titularidad de determinados derechos sobre la totalidad de un bien inmueble. D) Las dos últimas opciones son correctas. 1439. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el titular catastral debe su condición a ser titular de alguno de los siguientes derechos: A) Derecho de propiedad plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto y usufructo. B) Derecho de propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o derecho real de usufructo. C) Derecho real de superficie, derecho real de usufructo y concesión administrativa sobre el bien inmueble. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1440. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en caso de discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro de la Propiedad: A) En el caso de fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en el Registro de la Propiedad, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte de aquél. B) En el caso de que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad se tomará en cuenta la titularidad que conste en el primero. C) En cualquier caso, prevalecerá la titularidad que conste en el Registro de la Propiedad, puesto que tiene el beneficio de la fe pública. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1441. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales: A) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en dicha norma. B) Ostentan los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. C) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. D) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 40/2015. 1442. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario es obligatoria: A) La incorporación de los bienes inmuebles, las alteraciones de sus características y la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. B) La incorporación de los bienes inmuebles, así como de las alteraciones de sus características que impliquen modificaciones en el valor catastral ya asignado a bienes a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C) La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la asignación de valor catastral, para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. D) La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la realización del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 1443. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la incorporación de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos: A) Valoraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación e inspección. B) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. C) Declaraciones, comprobaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. D) Inspección tributaria, valoración y rectificación, comprobación de datos y liquidación. 1444. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos resultantes de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario: A) Serán motivados excepto cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral. B) Se notificarán individualmente, siendo suficiente la notificación de la valoración catastral resultante. C) Serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. D) Ha de ser notificada en tiempo y forma al sujeto pasivo la valoración catastral de un inmueble. 1445. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, son declaraciones: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) Los documentos con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente. C) La información relativa a los actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. D) La información referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados. 1446. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones son: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir referida a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa. C) La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación a sus características y a sus alteraciones. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1447. Según los artículos 13 y 16 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, no es obligatorio formalizar una declaración catastral en el supuesto de: A) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. B) El fallecimiento de los titulares registrales o catastrales de los bienes inscritos en el Catastro Inmobiliario. C) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. D) La constitución, modificación, adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie. 1448. El plazo para presentar una declaración catastral es de: A) Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. B) Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. C) Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. D) Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el Ayuntamiento les remita. 1449. Según el artículo 13 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, son declaraciones: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) Los documentos por los que se pone en conocimiento del Catastro que se ha producido una modificación en el inmueble que aumenta considerablemente su valor catastral. C) Los documentos por los que se incorpora al Catastro Inmobiliario un bien inmueble susceptible de producir o generar obligaciones tributarias. D) Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con anterioridad. 1450. En virtud de las estipulaciones del artículo 16 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se exime de la obligación de declarar: A) La adquisición o consolidación de la propiedad o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el Catastro. B) Cuando en el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, el transmitente del derecho haya presentado una solicitud de baja de titularidad catastral. C) Si el acto o negocio se formaliza en escritura pública o bien se ha solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad y se ha acreditado la referencia catastral del inmueble. D) En el caso que concurran todos los requisitos relacionados en las tres opciones anteriores. 1451. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales tienen el deber de: A) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo legalmente establecido. B) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien sea con carácter particular, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido. C) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido. D) Ninguna de las anteriores es correcta. 1452. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados podrán notificarse a los interesados: A) Sólo mediante notificación electrónica. B) Sólo mediante notificación personal y directa por medios no electrónicos. C) Sólo mediante comparecencia presencial. D) Ninguna de las anteriores es correcta. 1453. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados podrán notificarse a los interesados: A) Mediante notificación electrónica, por comparecencia presencial o por notificación personal y directa por medios no electrónicos. B) Sólo mediante notificación personal y directa por medios no electrónicos. C) Sólo mediante comparecencia presencial. D) Ninguna de las anteriores es correcta. 1454. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos: A) Personas jurídicas. B) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. C) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 1455. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos: A) Personas físicas. B) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. C) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. D) la respuesta b y c son correctas. 1456. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) Tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. B) Tendrá efectividad desde el día en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. C) Tendrá efectividad desde los 10 días siguientes a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. D) Ninguna es correcta. 1457. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) Deberá notificarse en 6 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. B) Deberá notificarse en 3 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. C) Deberá notificarse en 9 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. D) Ninguna es correcta. 1458. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones. B) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la prescripción del expediente y el archivo de todas las actuaciones. C) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente, sin el archivo de todas las actuaciones. D) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo sólo de las actuaciones que dieron inicio al expediente. 1459. El valor catastral es: A) Una ratio o porcentaje tributario fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la correspondiente Orden de la Consejería competente. B) Un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. C) Un índice fiscal fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración establecidos por el Ministerio de Hacienda recogidos en la pertinente Orden Ministerial. D) Un porcentaje establecido anualmente a efectos fiscales por la Ley de Presupuestos para el cálculo de los tributos relacionados con los derechos sobre bienes inmuebles. 1460. El Catastro Inmobiliario es: A) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. B) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos y urbanos. C) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales. D) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política Territorial en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales. 1461. La utilidad del Catastro Inmobiliario la relaciona con: A) Una gran infraestructura de información territorial, disponible para todas las Administraciones Públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general. B) Una gran infraestructura de información, cuyo principal uso en nuestro país es, sin duda alguna, el tributario. C) Una gran infraestructura para la gestión o el control de subvenciones nacionales o comunitarias. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1462. Según el Preámbulo del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la naturaleza del Catastro Inmobiliario es: A) Tributaria, sirve elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. B) Un registro administrativo puesto al servicio del conjunto de las Administraciones Públicas, fedatarios y ciudadanos, en orden al buen funcionamiento de la Administración. C) Garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1463. La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial, según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia: A) Del Ministerio del Interior. B) De la Administración General del Estado. C) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. D) De la Jefatura Central de Tráfico. 1464. La vigilancia y disciplina del tráfico en vías interurbanas y en travesías cuando no exista Policía Local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías, es competencia, según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: A) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B) De la Comunidad Autónoma correspondiente. C) Del Ministerio del Interior. D) De la Jefatura Central de Tráfico. 1465. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la denuncia de las infracciones a las normas de tráfico y las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, como entidad dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, podrá ser llevada a efecto por: A) La Policía Autonómica. B) La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. C) La Policía Local. D) La Policía Local y la Policía Autonómica. 1466. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los Municipios tendrán competencia en materia de: A) Realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. B) Regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de estas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. C) Expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1467. Según el artículo 74 las acciones u omisiones contrarias al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tendrán la consideración de: A) Infracciones administrativas y delitos tipificados penalmente. B) Infracciones administrativas. C) Faltas. D) Infracciones administrativas y faltas. 1468. El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, define el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como: A) Órgano de cooperación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas entidades de la Administración General del Estado que desarrollan actividades en esos ámbitos. B) Órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. C) Órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos. D) Órgano técnico de consulta del Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad. 1469. El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. A) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. B) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Entidades Locales que desarrollen funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. C) Es el órgano de la Administración General del Estado que coordina los Ministerios y entidades administrativas estatales con competencias en el ámbito de la seguridad vial. D) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que desempeñan actividades relacionadas con la seguridad vial. 1470. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas, según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia de: A) Las Comunidades Autónomas que tengan esas competencias transferidas. B) El Ministerio del Interior. C) Los Municipios. D) La Jefatura Central de Tráfico. 1471. La regulación de los usos de las vías urbanas, la distribución de los aparcamientos y el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se regularán mediante: A) Decreto de la Jefatura Provincial de Tráfico. B) Reglamento de la Consejería competente. C) Ordenanza Municipal. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 1472. En relación con la Policía Local la potestad para ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación y para instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano viene establecida en: A) La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. B) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. C) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. D) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, Estatuto de Autonomía. 1473. Las competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, se ejercen por los Municipios como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en virtud de lo establecido en: A) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía. B) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. C) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 1474. La competencia para instruir los expedientes sancionadores y para sancionar en vías urbanas, le corresponde a los Municipios, el Ayuntamiento deberá instruir el expediente sancionador y el Alcalde el competente para sancionar, así se deriva de: A) El artículo 84. 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015. B) El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. C) La Ley 40/2015, de 1 de octubre. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1475. Por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, si no puede ser ejercida por los Alcaldes la facultad sancionadora, asumirían las competencias: A) Los Jefes Provinciales de Tráfico o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en la materia. B) Los Jefes Provinciales de Tráfico. C) La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. D) La Jefatura de la Policía Local. 1476. En las vías públicas, que están dentro de poblado y no son travesías, las competencias sancionatorias, en principio, en materia de tráfico corresponden a: A) La Policía Local. B) El Alcalde. C) El Jefe Provincial de Tráfico. D) El Municipio. 1477. Las infracciones en materia de sanciones administrativas serán sancionadas por: A) El Consejo Superior de Tráfico. B) El titular de la Concejalía competente en materia de movilidad y seguridad. C) El Jefe Provincial de Tráfico. D) El Alcalde. 1478. El artículo 75 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones leves: A) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida. B) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de ciclomotores. C) Incumplir las normas contenidas en dicha Ley que no se califiquen expresamente como infracciones graves o muy graves. D) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 1479. El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida. B) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. C) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. D) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 1480. El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. B) Conducir con presencia en el organismo de drogas. C) El incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor. D) Conducción temeraria. 1481. El artículo 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. B) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. C) La conducción negligente. D) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía implicados en algún accidente de tráfico o infracción, de someterse a las pruebas para la detección de alcohol o drogas en el organismo. 1482. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: A) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya denunciado el hecho. B) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que el hecho haya producido daños o lesiones. C) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. D) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que haya quedado registrado oportunamente el hecho por cualquier medio disponible para la Administración competente. 1483. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el caso de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia: A) La competencia para su sanción corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. B) La competencia para su sanción corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera quedado registrada por cualquier medio disponible para la Administración competente. C) La competencia para su sanción corresponde al Secretario General Provincial de Justicia e Interior. D) La competencia para su sanción corresponde a la Subdelegación del Gobierno concernida. 1484. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a: A) La Concejalía competente. B) Al Delegado de Gobierno en esa provincia. C) Al Delegado Provincial de Tráfico. D) Los respectivos Alcaldes, excepcionando lo relativo a autorizaciones administrativas, que podrán delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable. 1485. Según el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en principio, las sanciones serán las siguientes: A) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. B) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 50 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 1.000 euros. C) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 200 euros; las graves, con multa de 500 euros, y las muy graves, con multa de 1.000 euros. D) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 50 euros; las graves, con multa de 300 euros, y las muy graves, con multa de 2.000 euros. 1486. Serán sancionadas con multa de 1.000 euros: A) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. B) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos y demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o infracción, de someterse. C) las pruebas para la detección de alcohol o drogas en el organismo. D) La conducción temeraria. 1487. La imputabilidad la relaciona con: A) Un concepto que únicamente es aplicable en el campo del Derecho Penal. B) La determinación de los elementos o condiciones bajo las cuales el autor es responsable por el hecho antijurídico sancionable. C) El desconocimiento de las conductas prohibidas por le legislación vial. D) La comisión de un hecho típicamente antijurídico determina de forma automática la imposición de la sanción correspondiente. 1488. El Derecho Administrativo sancionador que determina la regulación y aplicación de sanciones en materia de tráfico y la seguridad vial: A) Castiga la autoría, la complicidad y el encubrimiento. B) Sanciona la cooperación y la autoría. C) Sólo sanciona la autoría. D) Solo sanciona la autoría y el encubrimiento. 1489. El ordenamiento permite la conducción de los menores de 18 años, con excepciones: A) Los catorce años son la edad mínima requerida para obtener la licencia de conducción que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad reducida. B) El permiso para los ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros se puede obtener con quince años cumplidos y en el caso de las motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³ y potencia máxima de 11 kW con dieciséis años cumplidos. C) La licencia para la conducción de ciertos vehículos agrícolas autopropulsados se puede obtener a los dieciséis. D) Las tres opciones son correctas. 1490. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6 /2015, , de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años: A) Responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. B) Responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres o tutores. C) Responderán solidariamente con él menor de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho si obviaron su deber de prevenir la conducta lesiva del menor. D) No responderán más que por culpa in vigilando en el caso de los progenitores. 1491. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6 /2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual: A) Si tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del vehículo. B) Será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario. C) Responderán solidariamente el propietario del vehículo o el titular del seguro de este. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1746. Los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera se regulan en: A) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. B) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. C) En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. D) La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1747. En relación a la regla de gasto, se puede afirmar: A) Es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. B) En un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas vendrá limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. C) La aplicación de esta regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. D) Todas las opciones son correctas. 1748. El principio de estabilidad presupuestaria se define como: A) La situación de equilibrio o superávit. B) La situación de equilibrio. C) La situación de superávit. D) La situación de la deuda limitada a la mitad del PIB. 1749. La actual regla de gasto aparece con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se aplica por primera vez en: A) En el ejercicio 2014. B) En el ejercicio 2012. C) En el ejercicio 2015. D) En el ejercicio 2013. 1750. La aplicación de esta regla de gasto: A) Impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. B) Es posible superar la tasa de referencia únicamente en el supuesto de estado de necesidad. C) Es posible superar la tasa de referencia únicamente en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. D) Impide que el gasto llegue a la mitad del PIB. 1751. Los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera vienen apoyados por: A) El equilibrio estructural, el límite a la ratio de deuda del 60% del PIB y la regla de gasto. B) El equilibrio o superávit estructural, el límite a la ratio de deuda del 60% del PIB y la regla de gasto. C) El superávit estructural, el límite a la ratio de deuda del 50% del PIB y la regla de gasto. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1752. Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 21, las obligaciones de la Hacienda Pública solo son exigibles cuando resulten: A) De la ejecución de los presupuestos. B) De sentencia judicial firme. C) De operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. D) En todos los supuestos anteriores. 1753. Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 16, la determinación de los derechos económicos de baja cuantía corresponde: A) Al Ministro de Hacienda. B) Al Consejo de Ministros. C) Al Presidente del Gobierno. D) A las Cortes generales. 1754. Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 20, en relación a las obligaciones de la Hacienda Pública, estas nacen: A) De los tributos, los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen. B) De la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen. C) De los actos o hechos que, según Derecho, las generen y de los negocios jurídicos. D) De las prestaciones o servicios, de la ley y de los tributos. 1755. La necesidad de limitar la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea causó: A) La reforma del artículo 135 de la Constitución Española. B) La derogación del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. C) La reforma de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1756. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su exposición de motivos establece como objetivo: A) Garantizar la sostenibilidad financiera de la Administraciones Públicas. B) Fortalecer la confianza en la estabilidad de la Economía española. C) Reforzar el compromiso de España en materia de estabilidad presupuestaria. D) Todos los anteriores. 1757. Los ingresos públicos son: A) Los importes obtenidos por un ente público con la finalidad de financiar los gastos públicos. B) Los importes obtenidos cuya finalidad consiste en reprimir determinadas conductas y disuadir posibles comportamientos antijurídicos, si bien su recaudación se destina a necesidades públicas. C) Aquellos instrumentos de política económica general destinados a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1758. Los tributos o las multas y sanciones son: A) Ingresos patrimoniales. B) Ingresos de Derecho público. C) Ingresos estructurales. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1759. Según la naturaleza jurídica de los ingresos, las categorías de ingresos públicos son: A) Tributos, precios públicos, ingresos crediticios, patrimoniales y monopolísticos. B) Precios públicos, ingresos crediticios, patrimoniales y monopolísticos. C) Impuestos, ingresos crediticios, patrimoniales y monopolísticos. D) Tributos, precios públicos, ingresos patrimoniales y monopolísticos. 1760. ¿En qué ejercicio quedaron restablecidas las obligaciones de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, deuda publica y regla de gasto?. A) En el ejercicio 2023. B) En el ejercicio 2022. C) En el ejercicio 2024. D) En el ejercicio 2025. 1761. ¿En qué momento deben quedar registrados los gastos por intereses en Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales?. A) En el momento de su vencimiento. B) En el momento de su devengo. C) En el momento de su pago. D) Los gastos por intereses no computan en términos del Sistema Europeo de Cuentas. 1762. ¿Qué empleos no financieros deben ser excluidos del cálculo del gasto computable a los efectos del cálculo de la regla de gasto?. A) Los intereses de la deuda. B) El gasto no discrecional en prestaciones por desemple. C) La parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. D) Todos los anteriores. 1763. ¿En qué momento deben quedar registrados los ingresos obtenidos de la Unión Europea en del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales?. A) Cuando la Corporación beneficiaria realice el gasto. B) Cuando la Corporación beneficiaria reciba el ingreso. C) Cuando el organismo europeo competente dicte la resolución de concesión. D) Los ingresos obtenidos de la Unión Europea no computan en términos del Sistema Europeo de Cuentas. 1764. ¿Qué tratamiento tienen en Contabilidad Nacional las aportaciones de capital a las empresas públicas?. A) La unidad que da los fondos debe registrarlas como transferencias de capital entre administraciones públicas. B) La unidad que recibe los fondos debe registrarlas como transferencias de capital entre administraciones públicas. C) Estas aportaciones no deben ser registradas en la Contabilidad Nacional. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1765. ¿En qué momento deben registrarse en Contabilidad Nacional los gastos realizados pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de un ejercicio?. A) Cuando sean efectivamente realizados. B) Cuando sean imputados al Presupuesto. C) Cuando la Administración sea condenada a su abono por sentencia judicial firme. D) Estos gastos no deben ser registrados en la Contabilidad Nacional. 1766. Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 37, ¿en qué momento debe ser remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado?. A) Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. B) Antes del día 31 de Diciembre del año anterior al que se refiera. C) Antes del día 1 de Julio del año anterior al que se refiera. D) Antes del día 1 de Enero del año al que se refiera. 1767. En virtud de lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado será elevado al Gobierno por: A) El Ministro de Hacienda. B) El Presidente del Congreso de los Diputados. C) El Rey. D) El Vicepresidente Primero del Gobierno. 1768. Según el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter: A) Quinquenal. B) Anual. C) Semestral. D) Bienal. 1769. Por mor de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente: A) Se podrán prorrogar los Presupuestos del ejercicio anterior por mayoría absoluta. B) Se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. C) Deberá constituirse la Diputación Permanente para aprobar los nuevos Presupuestos en un tiempo máximo de 48 horas. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1770. En relación a la estabilidad presupuestaria el artículo 135 de la Constitución fue reformado en el año: A) 2009. B) 2011. C) 2013. D) 2014. 1771. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá: A) La previa declaración de fallido del deudor principal. B) La previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. C) La previa declaración de fallido de los responsables solidarios. D) La previa declaración de fallido del deudor principal y la previa aceptación del responsable subsidiario. 1772. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la responsabilidad tributaria: A) Será siempre subsidiaria. B) Será siempre solidaria salvo precepto legal expreso en contrario. C) Será siempre solidaria. D) Será siempre subsidiaria salvo precepto legal expreso en contrario. 1773. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se transmiten a los herederos: A) Las obligaciones tributarias pendientes de los obligados tributarios independientemente de la voluntad del heredero. B) Las obligaciones tributarias pendientes de los obligados tributarios si la declaración de herederos se realizó durante el periodo voluntario de pago. C) Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. D) También se transmitirá la obligación del responsable independientemente de la fecha del fallecimiento. 1774. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, además del contribuyente y su sustituto, entre otros, son considerados obligados tributarios: A) Los obligados a retener, hacer pagos a cuenta o fraccionados. B) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, que tengan la condición de sujetos pasivos. C) Los colaboradores sociales. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1775. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, mientras la herencia se encuentre yacente: A) El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. B) El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al albacea testamentario de la herencia yacente. C) El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá a los legatarios. D) El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá a cualquiera que demuestre interés legítimo en la liquidación de la herencia. 1776. Según el artículo 41 de la ley 58/2003, General Tributaria, tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil: A) Los responsables. B) Los responsables subsidiarios. C) Los responsables solidarios. D) Los responsables si así se declara en el acto administrativo que los declara como tales. 1777. Según el artículo 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que se limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares: A) Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados subsidiariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los cinco años anteriores a la fecha de disolución. B) Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados subsidiariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución. C) Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjucicio de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de dicha ley. D) Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los cinco años anteriores a la fecha de disolución. 1778. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante: A) Deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. B) Si al término del procedimiento tributario en relación a las obligaciones del causante no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente. C) Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente. D) Todas son correctas. 1779. Según el artículo 37 de la Ley 58/2003, General Tributaria, es retenedor: A) La persona a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros, una parte de su importe. B) La persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a estos. C) La entidad que detrae e ingresa en la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros, una parte de su importe. D) La persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. 1780. Según el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: A) Los sucesores por causa de muerte. B) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. C) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. D) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria. 1781. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables: A) Requerirá comparecencia de los responsables ante la Administración competente para la notificación de las actuaciones. B) Requerirá notificación previa al interesado que determine la responsabilidad, su alcance y extensión. C) Requerirá notificación previa al interesado y traslado de la documentación que sea de su interés. D) Requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. 1782. Según el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, en el caso de que con anterioridad a la adquisición de la titularidad de explotaciones y actividades económicas se solicite de la Administración certificación de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias: A) La responsabilidad del adquirente quedará limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la certificación expedida en el plazo exigido por dicho precepto. B) Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitará en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo. C) Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades ni el transmitente ni el adquirente incurrirán en responsabilidad alguna. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1783. Según el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas tendrá derecho, previa conformidad del transmitente, a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio, que deberá expedir: A) En el plazo de dos meses desde la solicitud. B) En el plazo de tres meses desde la solicitud. C) En el plazo de cuarenta días desde la solicitud. D) En el plazo de seis meses desde la solicitud. 1784. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la responsabilidad podrá ser declarada: A) En cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa. B) En cualquier momento posterior a la presentación de la liquidación en el periodo voluntario. C) En un plazo de diez días desde la práctica de la liquidación o desde la presentación de la autoliquidación. D) En un plazo de veinte días hábiles desde la práctica de la liquidación o desde la presentación de la autoliquidación. 1785. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento: A) Será de tres meses. B) Será de seis meses. C) Será de nueve meses. D) Será de cuarenta días hábiles. 1786. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo lo excepcionado en la Ley, la responsabilidad alcanzará: A) A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario más los intereses de demora. B) A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. C) A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período ejecutivo. D) A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario más el recargo ordinario. 1787. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, antes de declarar la responsabilidad, la Administración habrá notificado al responsable un trámite de audiencia para que pueda alegar lo que estime conveniente: A) El plazo será de 15 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del plazo. B) El plazo será de 10 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del plazo. C) El plazo será de 25 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del plazo. D) El plazo será de 20 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del plazo. 1788. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como consecuencia de la resolución de recursos o reclamaciones contra el acuerdo de derivación de responsabilidad: A) Podrán revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios. B) Podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. C) Podrá revisarse el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación. D) Las dos últimas opciones son correctas. 1789. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de notificación contendrá, entre otros extremos: A) El texto íntegro del acuerdo, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. B) Medios de impugnación que puedan ser ejercitados, el órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. C) El importe exigido al deudor principal. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1790. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la declaración de la responsabilidad la Administración competente podrá: A) Adoptar medidas cautelares. B) Realizar actuaciones de investigación. C) Requerir de pago previamente al interesado. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1791. En el artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: A) Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas. B) Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de alzada y las reclamaciones económico-administrativas. C) Los procedimientos ordinarios de revisión, el recurso de alzada y las reclamaciones económico-administrativas. D) Los procedimientos ordinarios de revisión, el recurso potestativo de reposición y las reclamaciones económico-administrativas y el recurso contencioso. 1792. Según el artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no serán revisables en vía administrativa: A) Las resoluciones de las reclamaciones económico confirmadas por sentencia judicial firme. B) Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones en ningún caso. C) Los actos de imposición de sanciones cuando se interponga recurso contencioso. D) Las tres opciones son correctas. 1793. Según el artículo 215 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión deberán ser: A) Motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. B) Dictadas en plazo reglamentario y motivadas, con sucinta referencia a los hechos. C) Individualizadas, motivadas y notificadas por medios electrónicos o telemáticos. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1794. Según el artículo 215 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de las resoluciones expresas deberán motivarse los acuerdos que se refieran a: A) La admisión de escritos de cualquier clase presentados por los interesados. B) La suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la denegación de la suspensión y la inadmisión a trámite de la solicitud de suspensión. C) La prescripción del procedimiento. D) La extemporaneidad de las actuaciones del obligado tributario. 1795. Según el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entre los procedimientos especiales de revisión no se encuentran los de: A) Revisión de actos nulos de pleno derecho. B) Declaración de lesividad de actos anulables. C) Revocación. D) Devolución de avales y fianzas. 1796. Según se desprende del artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se encuentran entre los actos respecto de los que podrá declararse la nulidad de pleno derecho: A) Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. B) Los actos que tengan un contenido imposible. C) Los actos que hayan sido notificados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello. D) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 1797. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento para declarar la nulidad podrá iniciarse: A) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. B) A instancia del interesado. C) Por decreto del órgano que dictó el acto o resolución de su superior jerárquico. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1798. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo: A) Cuando el acto sea firme en vía administrativa. B) Cuando el acto no sea firme en vía administrativa. C) Cuando la solicitud se base en actos que tengan un contenido imposible. D) Cuando se hubieran estimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 1799. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, si lo hubiere: A) Habrá de ser oído en los procedimientos de declaración de nulidad. B) Habrá de emitir dictamen previo favorable en los procedimientos de declaración de nulidad. C) Habrá de ser informado del inicio del procedimiento de declaración de nulidad. D) Habrá de emitir dictamen previo en los procedimientos de declaración de nulidad. 1800. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos de declaración de nulidad el plazo máximo para notificar resolución expresa: A) Será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado. B) Será de seis meses desde que se le notifique al interesado el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. C) Será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado. D) Será de nueve meses desde que se presente la solicitud por el interesado. 1801. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el transcurso del plazo legalmente previsto sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos: A) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que pueda iniciarse nuevo procedimiento hasta transcurrido el plazo de cuatro años. B) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado. C) La estimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado. D) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento por los mismos hechos. 1802. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones: A) Si no causan perjuicio a los interesados. B) Aun cuando sean favorables a los interesados si incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. C) Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1803. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la declaración de lesividad no podrá adoptarse: A) Una vez transcurridos tres años desde que se notificó el acto administrativo. B) Una vez transcurridos cinco años desde que se notificó el acto administrativo. C) Una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo. D) Una vez transcurridos dos años desde que se notificó el acto administrativo. 1804. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad corresponderá: A) Al Ministro de Hacienda. B) Al Secretario de Estado de Hacienda. C) A la Delegación de Economía y Hacienda territorialmente competente. D) Al Director General de Tributos. 1805. Según el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá revocar sus actos: A) Cuando se estime que infringen manifiestamente la ley. B) Cuando el resultado de la revocación beneficie a los interesados. C) Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. D) Todas las opciones son correctas. 1806. Según el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la revocación de actos de la Administración Tributaria: A) El plazo máximo para notificar resolución expresa será de tres meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. B) El plazo máximo para notificar resolución expresa será de dos meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. C) El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. D) El plazo máximo para notificar resolución expresa será de cinco meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. 1807. Según el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, serán rectificados por el órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación: A) En cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado. B) Siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. C) Aunque hubiese transcurrido el plazo de prescripción. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1808. Según el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo máximo para notificar resolución expresa de rectificación de errores: A) Será de dos meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. B) Será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. C) Será de tres meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. D) Será de cinco meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 1809. Según el artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los actos dictados por la Administración Tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: A) Podrán ser objeto de recurso de revisión. B) Podrán ser objeto de recurso de alzada. C) Podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición. D) Todas las opciones son correctas. 1810. Según el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición: A) El interesado podrá interponer el recurso de revisión. B) El interesado podrá considerar desestimado el recurso de reposición e interponer el recurso de alzada. C) El interesado podrá considerar estimado el recurso de reposición al objeto de solicitar la actuación pertinente. D) El interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente. 1811. Según el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria: A) Corresponderá al Patronato de Recaudación. B) Corresponderá al Pleno de la Corporación Municipal. C) Corresponderá a la Concejalía competente. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1812. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se llevarán a efecto: A) En virtud de las estipulaciones de la Ley 7/1985. B) En virtud de las estipulaciones del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. C) En virtud de las estipulaciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. D) Todas las opciones son correctas. 1813. Según el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las Corporaciones en materia de imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer: A) Directamente el recurso contencioso-administrativo. B) Recurso de reposición. C) Recurso de alzada. D) Recurso extraordinario de revisión. 1814. Según el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la interposición del recurso contra los actos que pongan fin a las reclamaciones en materia de imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales: A) No suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. B) Suspenderá automáticamente la efectividad del acto o acuerdo impugnado. C) Suspenderá la efectividad del acto o acuerdo impugnado a instancia de la Concejalía competente. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1815. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria podemos afirmar que: A) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos recurridos en vía contenciosa. B) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial. C) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1816. En los municipios de régimen común según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las Entidades Locales, sólo podrá interponerse: A) El recurso de reposición. B) El recurso de alzada. C) El recurso extraordinario de revisión. D) El recurso de reforma. 1817. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son impugnables: A) Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus ingresos de Derecho público. B) Todos los actos dictados por las Entidades Locales para la creación de tributos propios. C) Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus ingresos de Derecho público. D) Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus tributos propios. 1818. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación al recurso de los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus tributos propios será competente: A) Para conocer el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado. B) Para conocer y resolver el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado. C) Para resolver el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1819. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el recurso de reposición se interpondrá: A) Dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita. B) Dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita. C) Dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita. D) Dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita. 1820. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán interponer el recurso de reposición: A) Los sujetos pasivos y cualquier persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. B) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como cualquier persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. C) Los obligados tributarios y, en su caso, los responsables de los tributos. D) Los sujetos pasivos y los interesados cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. 1821. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en lo tocante a la representación y dirección técnica los recurrentes: A) Podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador. B) Comparecerán en todo caso por si mismos o por medio de procurador. C) Comparecerán en todo caso por medio de representante, pudiendo admitirse la personación mediante de abogado. D) Comparecerán en todo caso por medio de representante, no siendo posible la representación colectiva. 1822. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el escrito de interposición del recurso habrá de hacer constar algunos extremos, entre los que no se hace referencia a: A) Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del código identificador. B) El órgano ante quien se formula el recurso. C) El domicilio fiscal del recurrente. D) El lugar y la fecha de interposición del recurso. 1823. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación a la puesta de manifiesto del expediente, si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora: A) A partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna. B) Antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. C) A partir de los cinco días siguientes a la notificación del acto administrativo que se impugna. D) Las dos primeras opciones son correctas. 1824. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el escrito de interposición del recurso: A) Se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. B) No se podrán formular alegaciones sobre cuestiones de hecho. C) No se formularán alegaciones sobre cuestiones de derecho. D) Con dicho escrito se presentarán los justificantes de las garantías preceptivas para la admisión a trámite. 1825. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición del recurso de reposición: A) No implicará el cobro de intereses y recargos. B) No implicará la recaudación de cuotas o derechos liquidados. C) No suspenderá la ejecución del acto impugnado. D) Ninguna de las opciones es correcta. 1826. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición: A) La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, en cualquier caso. B) La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente. C) La suspensión acordada en vía administrativa perderá su efectividad. D) La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá hasta que el órgano judicial competente dicte sentencia. 1827. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que aleguen lo que a su derecho convenga: A) En el plazo de siete días. B) En el plazo de cinco días. C) En el plazo de diez días. D) En el plazo de tres días. 1828. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución: A) Todas las cuestiones que ofrezca el expediente planteadas en el recurso. B) Todas las cuestiones que ofrezca el expediente hayan sido o no planteadas en el recurso. C) Todas las cuestiones que el órgano competente para su resolución considere pertinentes. D) Todas las cuestiones de las que el órgano competente tenga conocimiento. 1829. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con la resolución del recurso: A) La denegación presunta exime de la obligación de resolver el recurso. B) El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. C) La resolución expresa del recurso se podrá producir de forma escrita. D) El recurso se entenderá estimado cuando no haya recaído resolución en plazo. 1830. En relación con el régimen especial de revisión en vía administrativa de los actos tributarios locales regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), señale la afirmación correcta: A) Frente a la denegación expresa o tácita de la solicitud de suspensión formulada en el propio escrito de interposición del recurso de reposición, no cabe recurso alguno en vía administrativa previa a la vía contencioso-administrativa, ni siquiera cuando se haya aportado garantía bastante en los términos reglamentariamente exigidos. B) Si se interpone recurso de reposición frente a una liquidación tributaria y simultáneamente se solicita la suspensión aportando aval bancario, la suspensión se entenderá desestimada si el órgano competente no dicta resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde la solicitud. C) En los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/1985 (LBRL), el recurso de reposición conserva siempre carácter potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal para todos los actos de gestión y liquidación dictados por la Administración tributaria local. D) Contra la resolución expresa o presunta del recurso de reposición regulado en el artículo 14 del TRLRHL cabrá interponer en todo caso recurso extraordinario de revisión, únicamente cuando concurra alguna de las causas del artículo 244 de la Ley 58/2003 (LGT), no siendo admisible dicho recurso frente a los actos firmes dictados por los órganos de los municipios de gran población. |




