Bloque IV Temas 1 y 2

El Código Civil, en el Capítulo denominado «Fuentes del Derecho», establece que: Son fuentes del ordenamiento jurídico la ley, la costumbre y el derecho. Las leyes entrarán en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La costumbre sólo regirá en defecto de usos jurídicos aplicables. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

En la ley marco y según el artículo 150 de la CE: Se fijarán los principios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas cuando lo exija el interés general. Se transferirán todo tipo de facultades de titularidad estatal a las Comunidades Autónomas, mediante esta ley ordinaria. Se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. Podrá otorgase delegación legislativa al Gobierno para que armonice actuaciones autonómicas cuando así lo exija el interés general.

¿Pueden los respectivos órganos de gobierno de las CCAA aprobar Decretos- leyes y Decretos Legislativos en su ámbito territorial?. No, ya que la CE no lo recoge expresamente. Según el artículo 127 de la LPACAP, podrán hacerlo de conformidad con lo establecido en la CE y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. No está expresamente prohibido por la CE. Sólo las CCAA que accedieron la autonomía por la vía del artículo 151 de la CE.

En relación con las fuentes del Derecho Administrativo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Civil, señale la correcta: La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria al moral o al orden público y que resulte probada. Los principios generales del derecho no son fuente del derecho. Las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales siempre serán de aplicación directa en España. La jurisprudencia es una fuente del derecho administrativo.

En relación con los Decretos Legislativos regulados en la Constitución Española: La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados. La delegación legislativa no se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Las leyes de delegación no podrán establecer fórmulas adicionales de control. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación.

La Constitución permite que una Ley de Bases pueda: Autorizar la modificación de la propia ley de bases. Facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo. Permitir la subdelegación en el Ministro sectorialmente competente. Ser aprobada en el Pleno de ambas Cámaras.

Según la Constitución, señale la respuesta correcta en relación a los Decretos leyes: Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación. Deberán tramitarse por el procedimiento de urgencia en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso y el Senado habrán de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Podrán tramitarse por el procedimiento de urgencia en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

La reserva de ley significa: Que determinadas materias establecidas en la Constitución sólo pueden ser reguladas por ley o norma con rango de ley. Que la ley ocupa el vértice del sistema normativo. Que sólo el Tribunal Constitucional velará por su supremacía. Que nunca una ley puede dejar de aplicarse.

Señale la falsa: La Ley Orgánica de transferencia o delegación deberá prever la correspondiente transferencia de medios financieros. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. La iniciativa legislativa popular no se puede ejercer, entre otras materias, en las de carácter internacional. Las Comisiones Legislativas Permanentes podrán aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los Decretos-Leyes, según la Constitución: Pueden regular materia electoral general en caso de urgente necesidad. Para dictar estas normas es necesaria la delegación previa de las Cortes Generales. Después de ser aprobados por el Consejo de Ministros deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. La potestad de dictarlos la tiene el Presidente del Gobierno.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Constitución Española: El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de la necesidad. Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de la necesidad. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de la necesidad. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de ésta necesidad.

El principio de jerarquía de fuentes significa: Que carecerán de validez las normas que contradigan otras de rango superior. Que el gobierno controla la actividad de la Administración. Que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Que la Administración actúa con sometimiento a las normas.

Una de estas afirmaciones es correcta en relación con las fuentes del Derecho Administrativo: Tiene su propio sistema de fuentes que es distinto del de otras ramas del Derecho. Su sistema de fuentes se fundamenta en la idea de que el Derecho Administrativo, dada su naturaleza, se integra en el ámbito del Derecho privado y no del Derecho público. Carece de un sistema propio de fuentes. Las fuentes del Derecho Administrativo están establecidas en la LPACAP.

¿Según el artículo 2 del Código Civil, cuándo una ley se deroga, vuelven a estar en vigor las que ésta a su vez derogó?. Sí, porque la derogación ya manifiesta la intención del legislador de devolver la vigencia a las leyes derogadas. Sí, porque la derogación de una ley supone la invalidez de sus preceptos derogados, y por lo tanto, también de sus disposiciones derogatorias. Sí, porque mediante la derogación el legislador pretende suprimir todos los efectos de la ley derogada. No, por imperativo legal.

Las materias excluidas de la iniciativa legislativa popular son: Las propias de Ley orgánica, las de carácter internacional, las de naturaleza tributaria y las referentes a la prerrogativa de gracia. Las propias de Ley orgánica, las de naturaleza tributaria, las referentes a la prerrogativa de gracia y al régimen de las Comunidades Autónomas. Las propias de Ley orgánica, las de carácter internacional, las referentes a la prerrogativa de gracia, la reforma constitucional, los Presupuestos Generales del Estado, y las de naturaleza tributaria. Las propias de Ley orgánica, las que afectan al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, las de carácter internacional, las referentes a la prerrogativa de gracia y las de naturaleza tributaria.

Señale la falsa en relación a la reforma constitucional: Será necesario la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes, si se trata de un reforma total. Aprobada una reforma constitucional por el artículo 167, habrá referéndum sí lo solicita 1/3 parte de diputados en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma. La última reforma de la Constitución afectó al artículo 135. No podrá iniciarse una reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción y sitio.

Las leyes de delegación de las Cortes a favor del Gobierno, según la Constitución: No pueden establecer en ningún caso fórmulas adicionales de control por ir en contra de la libertad de actuación del Gobierno. Solamente pueden establecer fórmulas adicionales de control de naturaleza jurisdiccional. Pueden establecer en cada caso, fórmulas adicionales de control. Requieren, en todos los supuestos, fórmulas adicionales de control.

El llamado “principio de congelación” del rango se relaciona con: La potestad del Gobierno de citar normas con rango de ley. La llamada “reserva formal de ley”. La imposibilidad jurídica de derogar ciertas normas que, de esta manera, quedan congeladas. El principio de que un reglamento, de modo expreso “congela” su rango, en el sentido de que siempre será jerárquicamente inferior a una ley.

Se requiere mayoría absoluta de cada una de las Cámaras para: Apreciar la necesidad de establecer por parte del Estado principios de armonización de las disposiciones normativas de las CCAA. Aprobar Leyes orgánicas de armonización. Transferir medios financieros en los supuestos de las leyes de transferencia. Tramitar como proyecto de ley un Decreto-Ley por el procedimiento de urgencia.

El Congreso de los Diputados debe pronunciarse, en relación con los Decretos leyes en el plazo de 30 días desde su promulgación para su debida: Sanción. Conversión. Entrada en vigor. Convalidación.

No puede ser objeto de aprobación por una Comisión Legislativa Permanente, una de las siguientes materias: Régimen Jurídico de las AAPP. La reforma constitucional. Materias fiscales o tributarias. Organización y funcionamiento de las Entidades Locales.

De acuerdo con la Constitución Española, las Cortes Generales aprueban leyes ordinarias: Siempre que las Cámaras se encuentren reunidas en la forma reglamentariamente establecida, con asistencia de la mayoría de sus miembros, y mediante la votación favorable de la mayoría absoluta de los mismos. Siempre que las Cámaras se encuentren reunidas en la forma reglamentariamente establecida, con asistencia de una mayoría relativa, y con la votación favorable de ésta misma mayoría. Siempre que se encuentren reunidas reglamentariamente, las Cámaras podrán aprobarlas por mayoría simple, sin necesidad de un quorum de asistencia. Siempre que se hayan reunido las Cámaras en la forma reglamentariamente establecida, con asistencia de la mayoría de sus miembros, y mediante la votación favorable de la mayoría de los presentes.

Se considera como requisito previo para aprobar una ley de armonización, según el artículo 150.3 de la CE: La apreciación, por mayoría absoluta de cada Cámara de la existencia del interés general que motiva la necesidad de armonizar. El dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado. Son leyes ordinarias y por lo tanto no requieren de requisito previo alguno. El informe del Ministerio de Hacienda.

Señale la afirmación falsa, según el artículo 127 de la LPACAP: La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a los decretos leyes y decretos legislativos en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de proposiciones de Ley y su la ulterior remisión a las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución.

El Código Civil atribuye a los Principios Generales del Derecho un carácter: Interpretativo del ordenamiento jurídico. Integrador del ordenamiento jurídico. Informador del ordenamiento jurídico. Inspirador del ordenamiento jurídico.

Según la Constitución, son disposiciones legislativas provisionales: Los Reales Decretos. Los Decretos Legislativos. Los Decreto-leyes. Los Estatutos de Autonomía.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo, no contiene uno de los siguientes apartados: Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas. Contenido y análisis jurídico. Impacto económico y presupuestario. Informe de la Secretaria General Técnica.

Señale la falsa: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. La consulta pública del procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. El plazo mínimo del trámite de audiencia e información públicas, del procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, será de 10 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Señale la respuesta correcta en relación con el Senado en la tramitación legislativa: El Senado puede oponer el veto o introducir enmiendas en el plazo de dos meses. El Senado sólo puede oponer el veto en el plazo de dos meses. El Senado sólo puede introducir enmiendas en el plazo de dos meses. La a) es correcta, debiendo en ambos casos ser aprobado por mayoría absoluta.

De acuerdo con el artículo 82 de la CE, ¿sobre cuál de las siguientes materias cabe la delegación legislativa de las cortes Generales al Gobierno?. Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas. Regulación del personal laboral. Régimen electoral general. Iniciativa legislativa popular.

El órgano competente para asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno es: El Ministerio de Hacienda. El propio Consejo de Ministros, a través de la Comisión Delegada correspondiente. El Ministerio de la Presidencia ( hoy Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática). El Presidente del Gobierno.

Según el artículo 26 de la Ley del Gobierno, en la tramitación de un proyecto de ley, se seguirá el siguiente orden de elaboración: Previo a todo, es el trámite de consulta pública, salvo que pueda prescindirse del mismo, después la elaboración por el centro directivo competente de una Memoria del Análisis de impacto normativo (MAIN), y en una fase posterior, el trámite de audiencia e información pública. Primero, consulta pública, salvo que pueda prescindirse del trámite, y después, audiencia e información pública, quedando para el final, la redacción de la MAIN. Primeramente, trámite de audiencia, después, elaboración por el centro directivo competente de una Memoria del Análisis de impacto normativo (MAIN), y realización de la consulta pública. El primer trámite es la elaboración de la MAIN, después la consulta pública, y subsiguientemente, el trámite de audiencia e información pública.

Señale que deberán contener los Estatutos de Autonomía según el artículo 147 de la Constitución Española. La denominación de la Comunidad Autónoma y las competencias que ejerce. La denominación de la Comunidad Autónoma, su territorio, las instituciones autonómicas, las competencias y las bases para el traspaso de los servicios. El régimen de las instituciones de autogobierno, el modelo de financiación autonómica y los símbolos distintivos de su identidad. La denominación de la Comunidad Autónoma, las formas de relación con el Gobierno del Estado y sus competencias.

Sería una fuente del ordenamiento jurídico según el artículo 1 del Código Civil son: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un Acuerdo del Consejo de Ministros. El precedente administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Mediante una iniciativa legislativa popular, es posible presentar una proposición de ley que establezca: El ámbito y los límites del derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución de 1978. El contenido esencial del derecho a una vivienda digna, reconocido en el artículo 47 de la Constitución de 1978. La planificación de la actividad económica general. La prohibición de conceder un indulto a quien fuese condenado más de cinco veces por la comisión de delitos de hurto.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá por: El Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas legislativas de las CCAA. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas legislativas de las CCAA y el pueblo.

Según el artículo 23 de la Ley del Gobierno, y sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil, ¿qué disposiciones preverán el comienzo de su vigencia el día 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación?. Todas cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno. Aquellas cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno y reconozcan derechos a personas físicas o jurídicas. Aquellas cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno e impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional. Aquellas cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno e impongan nuevas obligaciones, solamente a personas jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional.

Señale la falsa, en relación al procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos regulados en el artículo 26 de la Ley del Gobierno: Entre los apartados que deberá tener la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), se encuentra el relativo al contenido y análisis jurídico. Cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy Política Territorial y Función Pública) antes de ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. El plazo mínimo del trámite de audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de Real Decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes, que se incorporará a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).

Según el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno, la consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente: Que en ningún caso será inferior a quince días hábiles. Que en ningún caso será superior a quince días naturales. Que en ningún caso será inferior a quince días naturales. Que en ningún caso será superior a quince días hábiles.

La CE según el artículo 87.2 establece que las Asambleas de las CCAA: Podrán únicamente remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, para su posterior tramitación. Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa de Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de cinco miembros de la Asamblea encargado de su defensa. Podrán solicitar del Gobierno únicamente la adopción de un proyecto de ley. Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa de Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargado de su defensa.