Burriana Plan

El Plan Municipal de Inclusión Social 2021‑2025 de Burriana tiene como objetivo principal: Regular exclusivamente el acceso a la vivienda. Reducir desigualdades y fomentar la cohesión social. Sustituir la normativa autonómica. Aumentar los impuestos municipales.

Uno de los ejes estratégicos del Plan es: Fortalecer la cohesión comunitaria y los lazos vecinales. Gestionar exclusivamente los recursos económicos. Controlar la natalidad. Centralizar todos los servicios en el Ayuntamiento.

El Plan se caracteriza por ser: Reactivo y sectorial. Integral, transversal y participativo. Exclusivamente asistencial. Temporal y sin seguimiento.

¿Cuál de los siguientes instrumentos complementa el Plan?. Programa ILUSIONA‑T para itinerarios sociolaborales. Ley de bases de régimen local. Programas de privatización de servicios. Reglamentos de urbanismo.

La participación ciudadana en el Plan busca: Que la población decida el presupuesto municipal. Legitimar las actuaciones y adaptar el Plan a la realidad local. Sustituir la acción de los servicios sociales. Reducir el control político.

El diagnóstico del Plan analiza todas las siguientes dimensiones, excepto: Mercado laboral y empleo. Educación y vivienda. Salud y diversidad funcional. Legislación europea sobre comercio.

La evaluación del Plan se realiza mediante: Indicadores y comisión de seguimiento. Solo informes anuales sin indicadores. Juicio político exclusivo. Consultas judiciales.

El Plan está alineado con: Fondos EDUSI y objetivos europeos de inclusión social. Planes de privatización de servicios. Normativa urbanística exclusivamente. Estrategias de marketing turístico.

Una actuación coherente con el Plan sería: Implementar itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral. Aumentar la burocracia sin intervención social. Ignorar barrios con mayor vulnerabilidad. Centralizar todos los servicios en oficinas únicas.

El Plan busca fortalecer especialmente: La recaudación fiscal. La cohesión comunitaria y el sentimiento de pertenencia. La administración centralizada. La competitividad empresarial.

La Estrategia Estatal es un: Reglamento legal. Instrumento de planificación estratégica. Convenio autonómico. Decreto municipal.

Principio rector de la Estrategia: Eficiencia presupuestaria. Interés superior del menor. Autonomía local absoluta. Neutralidad administrativa.

La desinstitucionalización promueve: Cierre de centros residenciales. Prioridad de cuidados familiares y comunitarios. Eliminación de servicios municipales. Privatización de recursos.

El entorno digital en la Estrategia se considera: Espacio privado sin regulación. Espacio donde se deben garantizar derechos. Competencia de la familia exclusivamente. Exclusivo de la educación formal.

En pobreza infantil, la Estrategia apuesta por: Medidas asistenciales aisladas. Enfoque integral multidimensional. Intervención solo económica. Programas voluntarios.

La LOPIVI protege frente a: Solo violencia física. Toda forma de violencia hacia la infancia. Solo violencia intrafamiliar. Solo violencia escolar.

El deber de comunicación implica: Solo denunciar casos confirmados. Comunicar cualquier indicio de violencia. Ignorar indicios leves. Informar solo a la policía.

El ámbito municipal es clave porque: Sustituye al Estado. Tiene contacto directo con la infancia. Toma decisiones judiciales. Controla el presupuesto nacional.

En LOPIVI, la prevención se articula mediante: Educación, coordinación y protocolos locales. Solo actuación policial. Tutela inmediata. Derivación a ONG únicamente.

Principio fundamental del educador/a social: Cumplimiento de órdenes administrativas. Respeto a la dignidad y derechos de las personas. Maximizar recursos sin ética. Evitar coordinación profesional.

Confidencialidad solo puede romperse: Por obligación legal o riesgo grave. Nunca. Para comodidad institucional. Siempre que se considere conveniente.

Trabajo en equipo implica: Colaboración con otros profesionales. Evitar compartir información. Priorizar intereses individuales. Competencia exclusiva del educador/a.

Dilema ético típico: Conflicto entre confidencialidad y obligación de comunicar. Presupuesto insuficiente. Falta de materiales. Desacuerdo político.

Objetivo principal del Plan: Regular impuestos. Reducir desigualdades y fomentar cohesión social. Sustituir legislación autonómica. Privatizar servicios.

Ejes estratégicos: Diagnóstico social, gobernanza, inclusión, cohesión comunitaria. Solo asistencia económica. Centralización administrativa. Urbanismo.

Instrumentos complementarios: Programa ILUSIONA‑T (inserción sociolaboral). Regulaciones fiscales. Ley de comercio. Marketing turístico.

Participación ciudadana busca: Legitimar y adaptar el plan a la realidad local. Sustituir servicios sociales. Reducir control político. Decidir presupuesto.

Evaluación del Plan: Indicadores + comisión de seguimiento. Solo informes anuales. Juicio político. Consultas judiciales.

Barrio con mayor vulnerabilidad: La Bosca. Centro urbano. Zona industrial. Puerto.

Una acción coherente: Itinerarios personalizados de inclusión. Ignorar barrios vulnerables. Centralizar todos los servicios. Aumentar burocracia.

Fin del Plan: 2023. 2024. 2025. 2026.

Adolescente con riesgo social y conflictos familiares. Actuación prioritaria: Separación inmediata. Apoyo familiar y comunitario. Tutela judicial directa. Ignorar.

Menor extranjero no acompañado: Atención limitada. Igualdad de derechos y servicios. Solo derivación a ONG. Atención temporal.

Confidencialidad frente a riesgo de daño grave: Mantener secreto. Comunicar según protocolos. Informar solo familia. Evitar intervención.

Violencia detectada por educador/a social: Ignorar hasta confirmación. Activar deber de comunicación. Desactivar deber de comunicación. Informar solo a policía.

Acción contraria a Estrategia + Plan: Institucionalización prioritaria. Participación infantil. Itinerarios de inclusión. Coordinación intersectorial.