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Según el artículo 6 de la Constitución Española, los partidos políticos expresan. El pluralismo institucional. El pluralismo político. El pluralismo territorial. El pluralismo representativo.

Según el artículo 17.1 de la Constitución Española, toda persona tiene derecho a. La libertad y a la protección. La libertad y a la integridad. La libertad y a la defensa. La libertad y a la seguridad.

Según el artículo 24.1 de la Constitución Española, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de. Los órganos jurisdiccionales. Los juzgados y tribunales. La Administración de Justicia. Los jueces y tribunales.

Según el artículo 73.2 de la Constitución Española las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición. Del Gobierno, de la Diputación Permanente y de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Del Gobierno, de la Diputación Permanente y de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

Según el artículo 113.2 de la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por. Una quinta parte de los Diputados. Una décima parte de los Diputados. Una sexta parte de los Diputados. Una octava parte de los Diputados.

Según el artículo 148.2 de la Constitución Española, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos, dentro del marco establecido en el artículo 149, una vez transcurridos. Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años.

Según el artículo 5.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la lengua propia de Galicia es: El castellano. El gallego. El gallego y el castellano. El gallego-portugués.

Según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la sede de las instituciones autonómicas se fijará mediante: Una ley de Galicia aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento de Galicia. Una ley de Galicia aprobada por mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento de Galicia. Una ley de Galicia aprobada por mayoría de tres quintos de los miembros del Parlamento de Galicia. Una ley de Galicia aprobada por mayoría simple de los miembros del Parlamento de Galicia.

Según el artículo 11.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Parlamento de Galicia estará integrado por un número de diputados comprendido entre. 60 y 80. 70 y 90. 75 y 100. 50 y 80.

Según el artículo 27.19 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva en materia de. Legislación laboral. Seguridad Social. Fomento de la cultura y de la investigación en Galicia. Administración de Justicia.

Según el artículo 29.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución de la legislación del Estado en materia. Mercantil. Civil. Laboral. Procesal.

Según lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, el reglamento: Tendrá un alcance particular. Será aplicable en los Estados miembros a través de su transposición legislativa. Tendrá un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos. Será aplicable en los Estados miembros a través de transposición legislativa. Tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Será de alcance específico, de carácter obligatorio y directamente aplicable en todos sus términos para sus destinatarios.

Según lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la decisión. No será vinculante y precisa de transposición por parte de los Estados que la adopten. Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Tendrá un alcance general, será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Según lo dispuesto en el artículo 297.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, los actos no legislativos adoptados en forma de directivas. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea en todo caso y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Cuando tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación. Cuando no indiquen destinatario, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en todo caso a los veinte días de su publicación. Cuando no tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a los veinte días de su notificación.

Según lo dispuesto en el artículo 292 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las recomendaciones es incorrecta. El Consejo adoptará recomendaciones. El Banco Central Europeo en los casos específicos previstos por los Tratados, adoptará recomendaciones. La Comisión adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta del Consejo en todos los casos que los Tratados dispongan. El Consejo se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión.

Según el artículo 289.1 y 289.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuáles son los procedimientos para la adopción de actos jurídicos?. Procedimiento legislativo típico y procedimiento legislativo atípico. Procedimiento legislativo interno y procedimiento legislativo delegado. Procedimiento legislativo de ejecución y procedimiento legislativo delegado. Procedimiento legislativo ordinario y procedimiento legislativo extraordinario.

Según lo dispuesto en el artículo 296 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, cuando los Tratados europeos no establezcan el tipo de acto normativo que debe adoptarse, las instituciones decidirán en cada caso conforme al principio de: Atribución. Subsidiariedad. Jerarquía normativa. Proporcionalidad.

Señale la respuesta correcta en relación a la delegación de poderes para adoptar actos no legislativos recogida en el artículo 290 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. Podrá ser objeto de una delegación de poderes la regulación de los elementos esenciales de un ámbito. El Parlamento Europeo podrá decidir revocar la delegación por mayoría cualificada de los miembros que lo componen. El Consejo podrá decidir revocar la delegación por mayoría de los miembros que lo componen.

Señale la respuesta correcta acerca del Comité de Conciliación, según recoge el artículo 294.10 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: El Comité de Conciliación tendrá por misión alcanzar, en el plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada tanto de los miembros del Consejo o sus representantes como de los miembros que representen al Parlamento Europeo. El Comité de Conciliación tendrá por misión alcanzar, en el plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría de los miembros que representen al Parlamento Europeo. El Comité de Conciliación tendrá por misión alcanzar, en el plazo de tres meses a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada tanto de los miembros del Consejo o sus representantes como de los miembros que representen al Parlamento Europeo. El Comité de Conciliación tendrá por misión alcanzar, en el plazo de tres meses a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría de los miembros que representen al Parlamento Europeo.

Según el artículo 297 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, ¿quién firma los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario?. El Presidente de la Comisión con el visto bueno del Presidente del Parlamento Europeo y del Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo con el visto bueno del Presidente del Parlamento Europeo. El presidente del Parlamento Europeo con el visto bueno del Presidente del Consejo. El Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo.

De conformidad con el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta en relación con el Parlamento Europeo: Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Su número no excederá de seiscientos cincuenta, más el Presidente. Su número no excederá de ochocientos cincuenta, más el Presidente.

De conformidad con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo: El Presidente del Consejo Europeo podrá ejercer, simultáneamente, un mandato nacional. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. El Consejo Europeo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto. El Consejo Europeo ejercerá las funciones legislativas que los Tratados le otorguen.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en virtud de lo dispuesto en el Protocolo nº 6 de dicho Tratado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá su sede en: La Haya. Bruselas. Luxemburgo. Frankfurt.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 229 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones. El Parlamento Europeo celebrará cada año dos períodos de sesiones. El Parlamento Europeo no tiene un período de sesiones regulado. El Parlamento Europeo celebrará cada año dos períodos de sesiones, una de septiembre a diciembre, y otra de febrero a junio.

De conformidad con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, señale cual NO es una institución de la Unión Europea: El Consejo. El Comité de Representantes Permanentes. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.

Conforme al artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en las siguientes materias: La política monetaria de todos los estados miembros de la unión. La sanidad exterior. El establecimiento de las normas sobre la competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. La defensa común.

De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿cuál es el precepto respecto al coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo?. Los trabajadores solo asumirán el coste de los equipos de protección individual si se extravían por negligencia. El coste puede compartirse entre la empresa y los trabajadores si se acuerda en el convenio colectivo. El coste debe ser asumido íntegramente por el empresario y no debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Las administraciones públicas pueden establecer tasas a los trabajadores para financiar los servicios de prevención.

Según los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15.1 h) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿qué orden de prioridad debe seguir el empresario respecto a la protección?. La protección individual es prioritaria por ser más específica para cada puesto de trabajo. Primero se evalúan los riesgos y luego se dota de protección individual, dejando la colectiva como secundaria. El empresario puede elegir indistintamente entre protección colectiva o individual basándose en el coste. Se deben adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿en qué circunstancia el reconocimiento médico del trabajador deja de ser voluntario?. Cuando el trabajador tenga más de 45 años de edad debido al incremento natural del riesgo. Siempre que el empresario decida que es necesario para el buen funcionamiento de la producción. Únicamente si el contrato de trabajo es de duración determinada o temporal. Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o verificar si el estado de salud constituye un peligro para otros.

Según el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en relación de la coordinación de actividades empresariales, ¿qué obligación tiene la empresa principal respecto a los contratistas que trabajan en su centro?. Sustituir al servicio de prevención de la empresa contratista por el suyo propio. Vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales individual de cada subcontratista. Pagar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de la empresa contratista.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿cuándo debe impartirse la formación en materia preventiva a los trabajadores?. Fuera de la jornada laboral para no interrumpir el proceso productivo de la empresa. Preferentemente dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento del tiempo invertido de la jornada. Es responsabilidad del trabajador formarse por su cuenta utilizando los materiales proporcionados por la empresa. Únicamente antes de la firma del contrato de trabajo para asegurar la aptitud inicial.

Según el artículo 22, de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el trascurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

En relación con la tramitación de urgencia, regulada en el artículo 33 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En todo caso, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. En ningún caso cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. Acordada la aplicación del procedimiento, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los registros electrónicos de apoderamientos, señale la respuesta incorrecta: Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimientoadministrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También podrá constar el bastanteo realizado del poder. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos, donde solamente se inscribirán los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo.

De acuerdo con artículo 11 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo, señale la respuesta incorrecta. Las administraciones públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de la firma para: Desistir de acciones. Renunciar a derechos. Aportar documentos o alegaciones dentro del plazo concedido en el trámite de audiencia. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con la nulidad de pleno derecho: Son nulos de pleno derecho aquellos que tengan un contenido imposible. Son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales. Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.

En relación con la notificación infructuosa, regulada en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: Previamente y con carácter preceptivo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. Previamente y con carácter preceptivo, las Administraciones publicarán un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. En cualquier momento, y con carácter preceptivo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Señale la respuesta incorrecta en relación a las actuaciones complementarias, reguladas en el artículo 87 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El órgano competente para tramitar el procedimiento podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes.

Señale la respuesta correcta en relación a la declaración de lesividad de actos anulables, regulada en el artículo 107 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. La declaración de lesividad no será susceptible de recurso. La declaración de lesividad no exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados.

De acuerdo con el artículo 2.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en qué medida están sujetas las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas a las normas de esta Ley?. Estarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios generales de la ley y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Están plenamente integradas en la Administración Pública y se rigen por las mismas normas que los organismos públicos. Solo se sujetan a la ley en cuanto a la responsabilidad patrimonial de sus autoridades. Se rigen exclusivamente por el derecho privado, salvo en materia presupuestaria y contable.

De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál es el requisito para la creación de un nuevo órgano administrativo que suponga la duplicación de funciones de otro ya existente?. Que el nuevo órgano dependa jerárquicamente del órgano cuyas funciones se duplican. Que la creación se realice mediante una norma con rango de Ley orgánica. La obtención de un informe favorable del Ministerio de Hacienda sobre la eficiencia del gasto. La supresión o restricción debida de la competencia del órgano ya existente.

De conformidad con la establecido en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿qué requisito de aprobación es necesario para que un órgano delegue competencias en otro con el que no tiene relación jerárquica, perteneciendo ambos al mismo Ministerio?. La aprobación previa del superior común de ambos órganos. La aceptación expresa del órgano delegado comunicada al Boletín Oficial del Estado. La aprobación previa del Consejo de Ministros. No requiere aprobación previa, solo su publicación posterior para eficacia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿qué consecuencia jurídica tiene el incumplimiento de las instrucciones y órdenes de servicio dictadas por un superior jerárquico?. Determina automáticamente la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en contra de la instrucción. Convierte al acto en anulable, siempre que el interesado lo alegue en vía de recurso. No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Exime de responsabilidad al subordinado si este demuestra que la instrucción era técnica y económicamente inviable.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en qué momento se tiene que notificar un acuerdo de avocación a los interesados en el procedimiento?. En el plazo de diez días desde que el órgano superior decide atraer para sí el conocimiento del asunto. Únicamente después de que se haya dictado la resolución final para permitir su impugnación. Con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Solo si el interesado ha solicitado expresamente conocer el órgano competente tras una delegación previa.

Según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el objeto de una encomienda de gestión?. Solo pueden realizarse entre órganos que pertenezcan a la misma Administración Pública. Permiten que el órgano encomendado dicte los actos administrativos que den soporte jurídico a la actividad material. No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Pueden incluir la cesión de la titularidad de la competencia si se justifica por razones de eficiencia.

De acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en qué supuesto puede un órgano colegiado constituirse válidamente para celebrar una sesión sin necesidad de convocatoria previa?. Cuando asistan el Presidente, el Secretario y las dos terceras partes de los miembros. Cuando se trate de una sesión de extrema urgencia declarada por el Presidente. Cuando estén reunidos el Secretario y todos los miembros y así lo decidan por unanimidad. Si el reglamento interno del órgano permite la autoconvocatoria mediante medios electrónicos por mayoría simple.

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes relaciones familiares constituye un motivo legal para que una autoridad se abstenga de intervenir en un procedimiento?. Parentesco de afinidad dentro del cuarto grado. Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado. Cualquier grado de parentesco si se comparte domicilio con el interesado. Relación de servicio con un familiar de segundo grado del interesado.

De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, si una ley no fija plazos de prescripción para las infracciones administrativas, ¿cuál es el plazo de prescripción para las infracciones calificadas como graves?. Un año. Cinco años. Dos años. Tres años.

Según el artículo 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se produzca como consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, ¿qué requisito procesal debe haber cumplido el particular?. Demostrar que el daño fue causado por dolo o culpa grave de los miembros de las Cortes Generales. Haber obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa, habiendo alegado la inconstitucionalidad. Haber solicitado una indemnización previa ante el Defensor del Pueblo. Que la sentencia del Tribunal Constitucional declare expresamente el derecho a ser indemnizado de todos los afectados.

De acuerdo con el artículo 33.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los supuestos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, ¿cómo se determina la competencia para instruir y resolver el procedimiento a falta de reglas en los estatutos?. La competencia será compartida, debiendo firmar la resolución final los titulares de todas las Administraciones implicadas. Corresponderá siempre a la Administración General del Estado por su carácter supletorio. Vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. Deberá resolverse mediante un arbitraje obligatorio ante el Consejo de Estado.

Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿qué requisito es indispensable para considerar válida una actuación administrativa automatizada?. La determinación previa del órgano u órganos competentes, según los casos, para definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema. Que se utilice exclusivamente la firma electrónica avanzada basada en certificado cualificado del titular de la sede. Que el código fuente del sistema sea de dominio público y esté publicado en el BOE. La supervisión en tiempo real de un empleado público durante la ejecución del algoritmo.

De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia las entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico, en todo caso, actuarán: Exclusivamente bajo el control y la dependencia o tutela de la Administración General de Galicia. Exclusivamente bajo el control y la dependencia o tutela de otra entidad instrumental integrante del sector público autonómico. Bajo el control y la dependencia o tutela de la Administración general de Galicia o de otra entidad instrumental integrante del sector público autonómico. Bajo el control, pero con independencia o tutela de la Administración general de Galicia o de otra entidad instrumental integrante del sector público autonómico.

De acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia los consorcios podrán ejercer por delegación, siempre que se reconozca en sus estatutos, competencias y potestades administrativas de las administraciones consorciadas: Previo acuerdo del Consello de la Xunta. Previo acuerdo de la consejería o entidad al que esté adscrito. Los consorcios no podrán ejercer por delegación competencias y potestades administrativas de ningún tipo. Previa autorización mediante decreto de la consejería al que esté adscrito.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la encomienda de gestión: Supone una delegación de competencias. No supone alteración de la titularidad de la competencia. Es una figura jurídica reservada exclusivamente para las relaciones entre los ayuntamientos y la Administración. Supone la alteración de la titularidad de la competencia.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la revocación de competencias: No es necesario que se publique en el Diario Oficial de Galicia. Es suficiente con que figure de una manera permanente y accesible en la página web institucional de la consejería o del órgano delegante. Deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia y figurar de una manera permanente y accesible en la página web institucional de la consejería o del órgano delegante. Deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la encomienda de gestión intrasubjetiva se formalizará por medio de la resolución de autorización y de los acuerdos que se firmen entre los órganos correspondientes una vez autorizada la encomienda de gestión, y: Deberá ser publicada en el Diario Oficial de Galicia. Deberá ser publicada únicamente en la página web de la consejería de Hacienda y Administración Pública. No es necesaria su publicación. Se publicará en el tablero de anuncios de los órganos intervinientes durante el plazo de un mes una vez formalizada.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, son órganos de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia: Las secretarias generales. Las consejerías. La vicepresidencia. Las secretarías generales técnicas.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la fase del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general que se desarrolla dentro de la consejería que tuviera la iniciativa normativa, se denomina: Fase intermedia. Fase inicial. Fase final. Fase de consultas y dictámenes.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, las indemnizaciones máximas que por asistencia les puedan corresponder a los integrantes de los órganos superiores de dirección de las entidades instrumentales del sector público autonómico serán fijadas: Por la Consejería de Hacienda. Mediante acuerdo del Consejo de la Xunta. Mediante decreto por la Consejería de Hacienda. Mediante decreto de la Presidencia de la Xunta.

Señale la respuesta incorrecta según los artículos 13 a 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. El contrato de concesión de obras podrá comprender las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirvan puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. Se considerarán contratos de servicios los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.

Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con respecto a la prórroga, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. La prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso de la prórroga los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.

Señale la respuesta incorrecta según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. El órgano de contratación podrá dividir en lotes el objeto del contrato únicamente cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, justificándolo debidamente en el expediente. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, justificándolo debidamente en el expediente.

De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿qué no se tendrá en cuenta para el cálculo del valor estimado?. Las eventuales prórrogas del contrato. La cuantía de las primas, cuando se haya previsto abonarlas. La totalidad de las modificaciones al alza previstas, en caso de que se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado. El Impuesto sobre el Valor Añadido.

Señale la respuesta correcta según el artículo 132 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia, publicidad y proporcionalidad. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia, concurrencia y proporcionalidad. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia, confidencialidad y proporcionalidad.

Señale la respuesta correcta con respecto al procedimiento de adjudicación de los contratos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 131 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto en todo caso. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto en todo caso salvo en los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante procedimiento restringido. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento restringido en todo caso.

Señale la respuesta correcta con respecto a la formalización de los contratos, según se recoge en el artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad.

Señala la respuesta correcta acerca del procedimiento abierto simplificado según el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Para poder acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, su valor estimado debe ser igual o inferior a 2.000.000 de euros. Para poder acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, su presupuesto base de licitación debe ser igual o inferior a 2.000.000 de euros. Para poder acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego, la ponderación de aquellos evaluables mediante juicio de valor no puede superar el veinticinco por ciento del total en ningún caso. Para poder acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no puede haber ninguno evaluable mediante juicio de valor en ningún caso.

Según el artículo 2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se entiende por subvención, a los efectos de la presente ley: Los beneficios fiscales a favor de los usuarios de bienes y de servicios públicos aplicables en los precios correspondientes. Toda disposición dineraria realizada por la Administración de la Comunidad Autónoma, o por una entidad vinculada o dependiente de ella, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 2.1. Las aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones y a favor de organismos y entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma sometidos al ordenamiento autonómico destinadas a financiar global o parcialmente su actividad con carácter indiferenciado. Las prestaciones previstas en el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, destinadas a personas físicas, y las prestaciones autonómicas y municipales de naturaleza similar a estas o de carácter asistencial.

Según el artículo 6.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿dónde se publicarán las bases reguladoras de cada tipo de subvención?. En el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. En el Diario Oficial de Galicia exclusivamente. En el Diario Oficial de Galicia y en la página web del órgano concedente. En el Diario Oficial de Galicia. Adicionalmente, también pueden publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del órgano concedente.

Según el artículo 7.2 y el artículo 26.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿qué concesión de subvenciones requerirá la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia?. La concesión de subvenciones que superen la cuantía de 3.000.000 de euros por beneficiario y, en el caso de concesiones directas, la concesión de subvenciones por importe superior a 150.000 euros, o lo que determinen las leyes anuales de presupuestos. La concesión de subvenciones que superen la cuantía de 1.500.000 de euros por beneficiario y, en el caso de concesiones directas, la concesión de subvenciones por importe superior a 100.000 euros, o lo que determinen las leyes anuales de presupuestos. La concesión de subvenciones que superen la cuantía de 2.000.000 de euros por beneficiario y, en el caso de concesiones directas, la concesión de subvenciones por importe superior a 100.000 euros, o lo que determinen las leyes anuales de presupuestos. La concesión de subvenciones que superen la cuantía de 3.500.000 de euros por beneficiario y, en el caso de concesiones directas, la concesión de subvenciones por importe superior a 150.000 euros, en todo caso.

Según el artículo 19 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones?. Concurrencia competitiva. Concurrencia no competitiva. Concesión directa. La ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, no señala ninguna modalidad de concesión como procedimiento ordinario.

Según el artículo 19 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿está permitido el prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones?. Sí, sin excepciones, cuando el órgano competente lo considere necesario. La decisión deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia y la página web del órgano concedente. Sí, excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras. No, en ningún caso. Sí, excepcionalmente cuando el órgano competente lo considere necesario y sin necesidad de que así se prevea en las bases reguladoras. La decisión deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia y la página web el órgano concedente.

Según el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria. La normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. A este respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se podrá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a veinte días. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a veinte días. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a diez días. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a quince días.

Según el artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que subsane en qué plazo: En el plazo máximo e improrrogable de quince días. En el plazo máximo e improrrogable de diez días. En un plazo mínimo de diez días y máximo de quince días. En un plazo mínimo de quince días y máximo de veinte días.

Según el artículo 23 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento?. El plazo no podrá sobrepasar los doce meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo no podrá sobrepasar los nueve meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo no podrá sobrepasar los seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo no podrá sobrepasar los tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.

Según el artículo 29.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, señala la respuesta incorrecta: En ningún caso serán gastos subvencionables los gastos de garantía bancaria. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. En ningún caso serán gastos subvencionables los gastos de procedimientos judiciales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.a) de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el de nombramiento de personal funcionario interino por la existencia de plazas vacantes ¿cuál es la consecuencia jurídica inmediata al transcurrir el plazo máximo de tres años sin que se haya cubierto la plaza?. El personal interino adquiere automáticamente la condición de personal funcionario de carrera, siempre que hubiese nombramientos consecutivos a lo largo del tiempo. Se prorroga automáticamente el nombramiento por otros tres años si persiste la necesidad y urgencia. Se produce el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto. La plaza se amortiza inmediatamente y no puede volver a ser dotada presupuestariamente en el ejercicio siguiente.

Según el artículo 22.2, de la sección 2ª del Título III de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál de las siguientes funciones está reservada exclusivamente al personal funcionario?. El mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones públicas. El ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal. La gestión de programas de carácter temporal sin ejercicio de autoridad. La docencia en centros de enseñanza pública no universitaria.

En relación con el personal directivo profesional, ¿cuál es el criterio para su cese según lo establecido en el artículo 34.6 de la Ley 2/2015, 29 de abril, del empleo público de Galicia?. Causas objetivas vinculadas a una evaluación negativa del desempeño o pérdida de confianza. Finalización automática tras un periodo ininterrumpido de cuatro años. Libre decisión discrecional sin necesidad de motivación alguna. Únicamente mediante la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave.

Al personal funcionario interino que cesa por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 23.2 a) de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿qué compensación económica le corresponde?. Una indemnización de treinta y tres días por año de servicio sin límite de mensualidades. No tiene derecho a compensación económica alguna, al tratarse de una relación de carácter temporal conocida desde el nombramiento. Veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores, hasta un máximo de doce mensualidades. Siete días de retribuciones básicas por cada año de servicios prestados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56.3 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el sistema de concurso-oposición, ¿cuál es el límite máximo de valoración que pueden tener los méritos en la fase de concurso sobre la puntuación total?. Un cincuenta por ciento. Un cuarenta por ciento. Un sesenta por ciento en los procesos de promoción interna. Un treinta por ciento.

Según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia ¿cuál de las siguientes es una causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera?. La sanción disciplinaria de suspensión de funciones por un periodo superior a seis meses. El paso a la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme. La jubilación parcial.

El personal funcionario de carrera que es nombrado alto cargo en otra Administración pública será declarado de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en la situación de: Excedencia por prestación de servicios en el sector público. Servicio activo con exención de funciones. Servicios especiales. Suspensión de funciones.

Según el artículo 185 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál de los siguientes comportamientos constituye una falta disciplinaria muy grave?. La incorrección con los ciudadanos en el ejercicio de las funciones. La falta injustificada de asistencia durante un solo día. El abandono del servicio y la desobediencia abierta a las órdenes de un superior que no sean manifiestamente ilegales. El descuido en el cumplimiento de los horarios que no afecte al servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál es la sanción máxima que se puede imponer por la comisión de una falta muy grave?. Multa coercitiva proporcional al daño causado al interés general. Separación del servicio del personal funcionario. Suspensión firme de funciones por un periodo de diez años. Traslado forzoso a una comunidad autónoma distinta.

Según lo establecido en el artículo 85.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en relación a la evaluación del desempeño, ¿qué consecuencia puede tener un resultado negativo en la evaluación planificada?. La no percepción del complemento retributivo de desempeño previsto por la letra c) del apartado segundo del artículo 137 y, en su caso, la obligatoriedad de actualización y perfeccionamiento de su cualificación profesional mediante la realización en los cursos de formación reglada. La pérdida inmediata de la condición de funcionario de carrera. La imposibilidad perpetua de participar en cualquier proceso de promoción interna. Un traslado forzoso con cambio de localidad inmediato.

Según el artículo 42 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿qué titulación se requiere para el acceso al grupo A, subgrupo A2?. Título de técnico superior. Título de bachiller o técnico. Título universitario oficial de grado. Título de diplomatura universitaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál es la duración máxima permitida para una comisión de servicios forzosa?. Indefinida hasta que se cubra el puesto por concurso. Tres meses. Un año, prorrogable por otro más. Seis meses.

El personal funcionario tiene derecho a un permiso por el fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad cuando el suceso ocurre en la misma localidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, de: Tres días hábiles. Cuatro días hábiles. Cinco días naturales. Dos días hábiles.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 137.2.b) de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, dentro del complemento de puesto de trabajo, ¿qué constituye el componente competencial?. La compensación por la incompatibilidad y dedicación especial. La recompensa por la progresión en los grados de la carrera horizontal. La retribución de la especial dificultad técnica y responsabilidad que concurren en el puesto. El reconocimiento de la antigüedad por cada tres años de servicio.

En el ejercicio del derecho de reunión en los centros de trabajo, ¿quiénes están legitimados para convocarla según el artículo 163 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia?. Las organizaciones sindicales, los delegados de personal, las juntas de personal, los comités de empresa o los empleados públicos de las administraciones públicas respectivas en número no inferior al cuarenta por ciento del colectivo convocado. Cualquier empleado público individualmente, previa comunicación con 48 horas de antelación. Solo los sindicatos que tengan representación en la Mesa General de Negociación. Exclusivamente las juntas de personal y los comités de empresa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 192.5 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el procedimiento disciplinario, ¿qué plazo máximo tiene la administración para resolver y notificar la resolución antes de que se produzca la caducidad?. Dos años. Seis meses. Tres meses para faltas leves y nueve meses para las graves. Un año.

Según el artículo 94.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál es el requisito procedimental para la remoción de un puesto obtenido por concurso debido a una evaluación negativa del desempeño?. Sentencia judicial firme que acredite la evaluación negativa. Acuerdo unánime de la Comisión de Personal. En todo caso, resolución motivada y, en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 94, previo expediente contradictorio, oído el órgano de representación del personal. Comunicación previa con quince días de antelación sin necesidad de expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario que se encuentre en situación de suspensión provisional de funciones, ¿qué retribuciones tiene derecho a percibir durante dicho período?. Únicamente el sueldo base, excluyendo trienios y complementos. Ninguna retribución, al estar apartado del ejercicio de sus funciones. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. El cien por cien de sus retribuciones totales.

¿En qué plazo prescriben las faltas disciplinarias muy graves según el artículo 198 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia?. A los tres años. A los cinco años. A los seis meses. A los dos años.

¿Cuál de las siguientes NO es una materia propia de la Hacienda Autonómica de Galicia, según el apartado 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?. El régimen de su patrimonio. El procedimiento presupuestario en sus distintas fases de elaboración, gestión y liquidación. La organización y regulación de la Tesorería. La elaboración del anteproyecto de presupuestos de las distintas consejerías.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio presupuestario y de control de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia, conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?. Principio de control interno. Principio de no confiscatoriedad. Principio de unidad de caja. Principio de contabilidad.

En relación con las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿qué requisito se exige cuando se incluyen normas de vigencia temporal relativas a la actividad económico-financiera?. Que la vigencia temporal sea igual o superior al período anual al que las mismas correspondan. Que se incluya, de forma expresa, una tabla de derogaciones motivada por la entrada en vigor de la nueva norma legal. Se definirá con precisión su plazo de vigencia e incluirá una memoria económica y justificativa en relación con las normas que puedan verse afectadas. Se definirán los efectos sobre las normas del ordenamiento jurídico que queden afectadas, así como los efectos sobre las mismas a la entrada en vigor de la nueva normativa a lo largo del plazo en el que la misma sea aplicable.

En relación con las fases del gasto reguladas en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, qué fase se define como el acto en virtud del que se acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que de acuerdo con el derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de prestaciones: Autorización del gasto. Disposición. Reconocimiento de la obligación. Ordenamiento del pago.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 bis del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria: Se dotará por un importe conjunto del 5% del total de recursos propios para operaciones no financieras. Se dotará por un importe conjunto del 2% del total de recursos propios para operaciones no financieras. La Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia un informe anual acerca del empleo de este fondo. La Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia un informe mensual acerca del empleo de este fondo.

De conformidad con el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, señale la respuesta incorrecta en relación con el contenido de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma: Estarán integrados por los presupuestos de las agencias públicas autonómicas. Contendrán los estados de ingresos, en los que se detallarán las estimaciones de los derechos económicos que se liquidarán durante el ejercicio presupuestario. Estarán integrados por los presupuestos de los consorcios en los que concurran los requisitos determinados por el Sistema Europeo de Cuentas para integrarse en el sector de la administración pública autonómica de Galicia. Estarán integrados por los presupuestos de las universidades públicas que estén clasificadas como administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre accesibilidad en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad, en el plazo de: Tres años desde la entrada en vigor de esta ley. Un año desde la publicación de esta ley. Dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Seis meses desde la publicación de esta ley.

De acuerdo con el artículo 29 bis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva serán exigibles: A los dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Al día siguiente de la publicación de esta ley. A los tres años desde la entrada en vigor de esta ley. En los plazos y términos que se establezcan reglamentariamente.

De acuerdo con el artículo 55 bis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, se denomina: Consejo Nacional de la Discapacidad y la Inclusión. Observatorio Estatal de la Discapacidad. Oficina de Atención a la Discapacidad. Consejo Nacional de la Discapacidad.

De acuerdo con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las medidas de igualdad de oportunidades NO incluyen: Normas, criterios y prácticas más favorables. Ayudas económicas. Ayudas técnicas. Servicios auxiliares para la comunicación.

Según la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el capítulo I del título I regula: El ámbito subjetivo de aplicación. La publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública. El buen gobierno.

Según el artículo 3 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, las disposiciones del título I serán de aplicación a: Las universidades del Sistema universitario de Galicia y a las entidades vinculadas o dependientes de las mismas. Exclusivamente a las universidades públicas dependientes de la Xunta de Galicia. Exclusivamente a las universidades que reciban financiación autonómica. Únicamente a las universidades en materia de contratación.

Según el artículo 6.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, se entiende por publicidad activa el compromiso de publicar toda aquella información relevante relativa a su funcionamiento: Previa solicitud de las personas interesadas. Por iniciativa propia y de forma periódica, actualizada, clara, veraz, objetiva y fácilmente accesible. Exclusivamente mediante publicación en el Diario Oficial de Galicia. Únicamente cuando así lo acuerde el órgano competente.

Según el artículo 6.4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de publicidad activa será publicada: En el Diario Oficial de Galicia. De un modo claro, estructurado, conciso y entendible para las personas interesadas. Exclusivamente en formatos reutilizables. Únicamente mediante solicitud previa.

De acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno además de la información que debe hacerse pública según la normativa básica en materia de transparencia, cada consejería o entidad habrá de remitir para su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, una relación de los convenios suscritos referida al cuatrimestre anterior. Dentro de los primeros veinte días de los meses de enero y julio de cada año, una relación de los convenios suscritos referida al semestre anterior. Dentro del primer mes de cada cuatrimestre, una relación de los convenios suscritos referida al cuatrimestre anterior. Dentro de los primeros diez días de los meses de enero y julio de cada año, una relación de los convenios suscritos referida al semestre anterior.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y el sector público autonómico, en la adopción y ejecución de las políticas dirigidas a eliminar todo tipo de discriminaciones contra las mujeres y en la consecución de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, tendrán en consideración el trabajo realizado por la. Comisión de Estudio para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres del Parlamento de Galicia. Comisión de Estudio para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres de la Xunta de Galicia. Comisión de seguimiento de la Igualdad de las Mujeres. Comisión Gallega de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, en el ámbito del acceso al empleo, la diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo de una persona cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que estas se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito sea proporcionado: Sí constituye discriminación por razón de sexo. Se trata de una discriminación interseccional. Solo puede aplicarse mediante acuerdo colectivo previo entre empresa y representación sindical. No constituye discriminación por razón de sexo.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, la discriminación entendida como la sufrida por una persona por razón del sexo, del embarazo, del parto o de la maternidad, de la asunción de deberes familiares o del estado civil de otra con la cuál esté relacionada, se denomina: Discriminación sexista por error. Discriminación sexista por asociación. Discriminación sexista múltiple. Discriminación sexista múltiple e interseccional.

El artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, fija un período de prueba del contrato de trabajo cuando no se establezca en los convenios colectivos de: No podrá exceder de tres meses para los técnicos titulados, ni de un mes para los demás trabajadores. No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de un mes para los demás trabajadores. No podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. No podrá exceder de tres meses para los técnicos titulados, ni de quince días para los demás trabajadores.

Según el artículo 12.5.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, se considerarán horas complementarias las realizadas como adicción a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial y, éstas no podrán exceder del: Treinta por ciento de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Veinte por ciento de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Quince por ciento de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Cuarenta por ciento de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, no podrá tener una duración superior: Seis meses para los técnicos y tres meses para los demás trabajadores. Un año para los técnicos y tres meses para los demás trabajadores. Dos años para los técnicos y seis meses para los demás trabajadores. Dos años para los técnicos y tres meses para los demás trabajadores.

Según el artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en la movilidad geográfica, tras la finalización del período de consultas y las decisiones tomadas por el empresario se podrá: Interponer reclamación previa, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1 de este artículo. Impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1 de este artículo. Reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1 de este artículo. Requerir la intervención de interlocutores ante la dirección de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afectan a las siguientes materias. Señale la respuesta incorrecta. Jornada de trabajo. Régimen de trabajo a turnos. Sistema de trabajo y rendimiento. Instrucciones diarias sobre cómo ejecutar una tarea, siempre que no modifiquen las bases del contrato o convenio colectivo.

De acuerdo con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dentro de la acción protectora de la Seguridad Social NO figurará: La asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo. La prestación económica en la situación del ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. La asistencia sanitaria en caso de enfermedad común. La indemnización en caso de muerte por accidente no laboral.

De acuerdo con el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la lista de enfermedades, la valoración de las mismas y la determinación de los distintos grados de incapacidad, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del: Consejo de Estado. Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Consejo General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Socia.