C1 Concello de Rianxo 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de: Infracción administrativa o penal. Incumplimiento contractual y dará lugar a responsabilidades civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. Incumplimiento laboral o de falta. Incumplimiento contractual, pero no dará lugar a responsabilidades civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

De conformidad con lo establecido en el art 139 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la consejería con competencias en materia de igualdad, fomentará, entre otras, las siguientes medidas (señala la incorrecta): La colaboración y coordinación con la Administración local para diseñar e implantar programas y medidas de conciliación y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. La supervisión de las entidades locales en materia de sensibilización, prevención y atención integral en materia de violencia de género. La consolidación de las mesas de coordinación interinstitucional contra la violencia de género. La oferta en el ámbito local de servicios de atención y acompañamiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio (señala la incorrecta): En el ejercicio del derecho de petición referido al artículo 29 de la Constitución. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Cuando se limiten derechos o intereses legítimos. En los procedimientos de naturaleza sancionadora.

Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirán los siguientes efectos: Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Se producirá la prescripción. Se producirá la caducidad. Se acordará su archivo.

Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento administrativo sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta no se hubiera podido practicar, la notificación se hará por medio de: Un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Un anuncio el Diario Oficial de Galicia. Un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Un anuncio en el tablón de anuncios de la correspondiente sede electrónica.

Los actos administrativos que incurran en desviación de poder, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Son nulos de pleno derecho. Son anulables. Son válidos, afectados por una irregularidad invalidante. Incurren en un defecto de forma.

De conformidad con lo establecido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes recursos tiene un plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de un mes?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de reposición. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones (señala la correcta): Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato papel. Las que contengan notificaciones tributarias. Las que contenga cartas de pago.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días: Con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. Con su informe y con el expediente original completo y ordenado. Con su informe, propuesta y con una copia completa y ordenada del expediente. Con su informe, propuesta, notificación de la propuesta al interesado y con una copia completa y ordenada del expediente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el incumplimiento en el despacho de expedientes del deber de guardar el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza: Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del titular de la unidad administrativa tramitadora. Será, en todo caso, causa de remoción del puesto de trabajo. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial del infractor.

Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos señalados en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. Se le requerirá con indicación de que, si no subsana la falta o acompaña los documentos preceptivos, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de veinte días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Se le requerirá con indicación de que, si no subsana la falta o acompaña los documentos preceptivos, se archivarán las actuaciones, sin más trámite.

Según lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un acto de una administración pública, susceptible de recurso de reposición: Será inmediatamente ejecutivo con independencia de la posible interposición del recurso en su caso. En ningún caso será inmediatamente ejecutivo. Será inmediatamente ejecutivo salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora. Será inmediatamente ejecutivo salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál de los siguientes medios de ejecución forzosa de un acto administrativo no se puede utilizar cuando un acto es personalísimo?. Multa coercitiva. Ejecución subsidiaria. Compulsión sobre las personas. Apremio sobre el patrimonio.

Según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento en el que se ha declarado la tramitación simplificada, en el que es preceptivo Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, si este dictamen es contrario al fondo de propuesta de resolución de la administración que lo solicita: Con independencia de que se atienda al criterio del dictamen, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En el caso de que se atienda al criterio del dictamen, el órgano competente para resolver continuará el expediente con arreglo a la tramitación simplificada, sin necesidad de notificación a los interesados. En el caso de que no se atienda al criterio del dictamen, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación simplificada, lo que se notificará a los interesados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Cuando el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público regula el principio de irretroactividad, dentro de los principios de la potestad sancionadora, establece que las disposiciones sancionadoras: Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan el presunto infractor o al infractor, tanto en el referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Producirán efecto retroactivo, salvo respeto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor a nueva disposición. No producirán efecto retroactivo, ya que siempre serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Indique la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa imputable al infractor.

Según el art. 63.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se iniciarán: Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. De oficio por acuerdo del órgano competente o a instancia de parte. A instancia de parte o por denuncia de persona interesada. Siempre a instancia de parte.

Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos salvo: En los casos de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En los casos de funcionamiento anormal de los servicios públicos. En los casos de fuerza mayor. En los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

Conforme al artículo 91 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se entiende desestimada por silencio una reclamación de responsabilidad patrimonial?. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo. Transcurridos nueve meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo. Transcurrido un año desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. los bienes de las Entidades locales se clasificarán en (señala la correcta): Bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes comunales. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Bienes de uso o servicio público. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que se sujetará a licencia: El uso común especial normal de los bienes de dominio público. El uso privativo de bienes de dominio público. El uso común general de los bienes de dominio público. El uso privativo de los bienes comunales.

El artículo 5 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que los bienes comunales y demás bienes de dominio público son (señala la incorrecta): Inalienables. Inembargables. Prescriptibles. No están sujetos a tributo alguno.

Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos que se deduzcan en relación a las disposiciones generales emanadas de las Entidades locales, es una competencia de: Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Las Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (señala la respuesta incorrecta): El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta correcta: La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas no implicará la anulabilidad del acto en ningún caso. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto no carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin. Son anulables los actos de la administración que incurran en desviación de poder. Son anulables los actos de las administraciones que tengan un contenido imposible.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de inadmisión de un recurso administrativo: Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración Pública. Carecer de ilegitimación el recurrente. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. El error de la calificación del recurso por parte del recurrente.

¿Cúal es el plazo mínimo de información pública establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para las ordenanzas locales?. 20 días. 1 mes. 30 días. 15 días.

¿Qué mayoría plenaria es necesaria para la aprobación de un reglamento orgánico?. Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación. Mayoría simple de los presentes. Unanimidad. Absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

¿En los municipios de gran población cuál es el órgano competente para aprobar los proyectos de ordenanzas?. Junta de Gobierno Local. El Pleno. Alcalde. Junta de Portavoces.

¿Las mancomunidades de municipios tienen potestad reglamentaria?. Si. No. Depende de si se la atribuye la Comunidad Autónoma. Si, siempre que sea precisa para el cumplimiento de su finalidad.

¿Las propuestas de acuerdo derivadas de la iniciativa popular recogida en el artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local deberán ser votadas en el Pleno?. En ningún caso. Sólo en aquellos supuestos en los que lo determine el Secretario de la Corporación. Si. Si así lo solicita la propia iniciativa popular.

Cuál es el período mínimo a observar para que un municipio resultante de una fusión de municipios pueda segregarse?. 10 años desde la adopción del convenio de la fusión. 5 años desde la iniciativa de fusión. 50 años desde el acuerdo de fusión. No hay plazo mínimo.

¿Cuál de los siguientes no es un dato obligatorio del Padrón municipal?. Sexo. Nacionalidad. Correo electrónico. Nombre y apellidos.

¿Es necesaria autorización de la Xunta de Galicia para someter un asunto a consulta popular?. No. Si, en todo caso. Si, previo acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta. Si, si así lo dispone el informe de Secretaría.

¿Es obligatoria la existencia de la Comisión Especial de Cuentas?. Sólo en los ayuntamientos de gran población. Si. Sólo en los ayuntamientos de gran población. Sólo en los ayuntamientos de más de 20 mil habitantes.

¿Cuál de los siguientes es un servicio mínimo de prestación obligatoria por un municipio de 10.001 habitantes?. Protección Civil. Medio Ambiente Urbano. Biblioteca Pública. Instalaciones deportivas de uso público.

¿Qué carácter tienen los informes a solicitar para el ejercicio por las Entidades Locales de competencias distintas de las propias y delegadas?. Necesarios pero no vinculantes. Necesarios y vinculantes. Potestativos pero vinculantes. Potestativos y no vinculantes.

¿Qué tipo de competencia tienen los municipios en materia de comunidades ciudadanas de energía?. Delegada. Impropia. Propia. Duplicada.

Uno de los asuntos sobre los que el Alcalde puede plantear una cuestión de confianza es. Nombramiento hijo adoptivo. Reglamento orgánico. Hermanamientos. Estudio de detalle.

La sesión pública constitutiva de la corporación municipal tiene lugar... El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. Al mes de celebrarse las elecciones. En todo caso a los 20 días desde la celebración de las elecciones. El mismo día de las elecciones.

En un municipio con 12 mil habitantes, el pleno ordinario debe celebrarse como mínimo... Cada mes. Cada año. Cada 2 meses. Cada 15 días.

¿Es viable introducir un asunto por urgencia en un Pleno extraordinario?. Si, siempre que así lo decida la mayoría absoluta de los miembros que conforman la Corporación. Si, en todo caso. No. Sólo si así lo decide el Alcalde.

Entre las menciones que debe constar en el acta de un órgano colegiado levantada por el Secretario no se encuentra... El carácter de la sesión. Las intervenciones del público una vez finalizada la sesión. La hora de finalización de la sesión. Los asistentes.

Podrán impugnar en el ámbito contencioso-administrativo los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, entre otros... Los miembros de las corporaciones que hubieran votado a favor de tales actos o acuerdos. Los miembros de las corporaciones que hubieran votado abstención o en contra de tales actos o acuerdos. Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos o acuerdos. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de los siguientes tipos básicos de núcleo rural recoge la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia?. Consolidado. Solarificado. Especial. Tradicional.

¿Se considera tradicional a los efectos de lo contemplado en el artículo 40 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, una edificación existente en 1978?. No. Si. Si en caso de ser anterior a marzo. Si, en caso de ser anterior a enero.

Constituye uno de los deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado... Edificar los solares en el plazo establecido. No tienen deberes al ser ya solares. Ceder onerosamente terreno para viales. Ninguna es correcta.

Las demoliciones, según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia ¿están sujetas a licencia urbanística?. Si, en todo caso. No, en ningún supuesto. Si, salvo las derivadas de resoluciones de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. Depende del tamaño de la demolición.

Si no se establece en el acto de otorgamiento de la licencia de edificación, el plazo de caducidad por causa de demora en la iniciación de las obras no podrá exceder de.... 3 años. 6 meses. 1 año. Medio mes.

La imposición de multas coercitivas derivadas de una orden de ejecución no podrá superar, individual o en su conjunto el siguiente porcentaje respecto al del coste de reposición de la edificación o de una nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo. 50%. 80%. 75%. 25%.

¿Cuál es el plazo para resolver los expedientes de reposición de la legalidad?. 1 año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 3 meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 6 meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 6 años.

La autoridad competente para la imposición de sanciones derivadas de infracciones urbanísticas muy graves de cantidad inferior a los 300 mil euros es.... El concejal de obras del ayuntamiento. El Pleno. El Alcalde. El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

¿Cuál es el importe máximo que puede imponerse por la comisión de una infracción leve de las reguladas en la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia?. 500 euros. 300 euros. 1.000 euros. 10 mil euros.

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, con respecto a las personas fallecidas, establece que: Las personas herederas pueden solicitar el acceso a los datos personales de la persona fallecida, a menos que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente. La persona fallecida puede prohibir que sus personas herederas puedan acceder a sus datos de carácter patrimonial. Las personas designadas como apoyo a personas con discapacidad no pueden solicitar el acceso a los datos personales de la persona fallecida a la que asistían. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

Cuál de estos casos no es motivo de inadmisión justificada de una solicitud de derecho de acceso a la información pública?. La ausencia de motivación de la solicitud. Que la información solicitada sea de carácter auxiliar, como los informes internos. Que la información precise de una reelaboración previa a su divulgación. Que las solicitudes sean manifiestamente repetitivas.

Cuáles de los siguientes no son principios organizativos de la administración electrónica, según la Ordenanza reguladora de la administración electrónica del Concello de Rianxo?. Principio de servicio a la ciudadanía y Principio de complejidad administrativa. Principio de interoperabilidad y Principio de transparencia. Principio de eficacia, eficiencia y economía. Principio de cooperación y Principio de participación.

La Ordenanza reguladora de la administración electrónica del Concello de Rianxo promueve el uso de software de código abierto en la administración electrónica?. Sí, es uno de los principios organizativos de la administración electrónica. Sí, en su Artículo 12: De la innovación, apertura y participación en el ámbito reglamentario. No, al contrario, promueve el uso de plataformas y software técnico especializado y con las garantías que solo puede ofrecer una empresa proveedora que asuma la responsabilidad de la resolución de problemas críticos con eficiencia. No, es un tema interno que se recoge en la Normativa de uso de medios electrónicos.

Un documento impreso en papel que tiene visible un código seguro de verificación (CSV): Es un documento electrónico equivalente al original. Es siempre una copia auténtica y plenamente válida de un documento electrónico. Es un documento electrónico válido, siempre que se coteje con el original en la sede electrónica de la administración que lo emitió. No es un documento electrónico.

Sobre los documentos electrónicos que están firmados por medios electrónicos, cuál de estas afirmaciones es cierta?. A un documento electrónico firmado siempre se le puede ver la firma impresa. Un documento electrónico firmado tiene siempre un Código Seguro de Verificación (CSV).