C1 I - II Especifico Tema 8 - 15

1. 1. 11.

194. Son funcionarios de la Administración Local: A) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. B) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. C) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

195. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: A) De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. B) De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. C) Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. D) Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.

196. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, a través: A) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. B) Del sistema de concurso-oposición o concurso. C) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. D) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.

197. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: A) Igualdad, mérito y capacidad. B) Capacidad, productividad e igualdad. C) Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. D) Cualificación, mérito y capacidad.

198. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: A) Por personal funcionario o por personal laboral. B) Con carácter general por personal funcionario. C) Por personal eventual y personal funcionario. D) Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.

199. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. C) Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. D) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

200. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: A) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. B) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. C) Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. D) Ninguna es correcta.

201. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. C) La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. D) Las dos primeras opciones son correctas.

202. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: A) El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. C) El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. D) El Gobierno, mediante real decreto.

203. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. B) Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C) Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. D) A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

204. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. C) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. D) El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios, siendo el concurso libre.

205. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: A) Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. B) Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. C) En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. D) En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.

206. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: A) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. B) Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. C) Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. D) Poseer la titulación exigida.

207. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: A) La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. B) La excedencia voluntaria por interés particular. C) La excedencia voluntaria por agrupación familiar. D) La suspensión de funciones.

208. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: A) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. B) Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. C) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. D) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

209. Corresponderán, las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera: A) A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. B) Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. C) Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. D) Ninguna de las opciones es correcta.

210. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: A) Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. B) Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. C) Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. D) Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

211. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: A) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. B) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. C) Al Ministerio de Administraciones Públicas. D) A los órganos de la Corporación Local.

212. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: A) El Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. B) A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. C) Al Pleno de la Corporación. D) Al Ministerio de Administraciones Públicas.

213. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: A) Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Al Secretario de Estado para la Función Pública. C) Al Secretario de la Corporación Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

214. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. B) Al Instituto Nacional de Administración Pública. C) Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. D) Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.

215. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: A) Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Del Secretario de Estado para la Función Pública. C) De cada Corporación local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

216. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: A) Excedencia forzosa. B) Excedencia voluntaria. C) Servicios especiales. D) Servicio en otras Administraciones Públicas.

217. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: A) De cinco años inmediatamente anteriores. B) De cinco años. C) De cuatro años. D) De dos años inmediatamente anteriores.

218. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: A) Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción interna. B) Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. C) Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. D) La reserva del puesto de trabajo.

219. ¿En qué situación se encuentran los funcionarios que están en periodo de vacaciones o disfrutando de un permiso?. A) Servicio activo. B) Servicios especiales. C) Excedencia voluntaria. D) Suspensión provisional.

220. Conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Este traslado: A) No tendrán la consideración propia del traslado, tanto voluntario como forzoso. B) Tendrán la consideración de traslado voluntario. C) Tendrán la consideración de servicios en otras Administraciones Públicas. D) Tendrán la consideración de traslado forzoso.

221. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: A) Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007. B) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. D) Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

222. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por: A) Funcionarios de carrera exclusivamente. B) Exclusivamente por personal funcionario. C) Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. D) Personal funcionario con carácter general.

223. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local. C) Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

224. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: A) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. B) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. C) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. D) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.

225. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: A) Básicas y complementarias. B) Básicas y suplementos. C) Salario base y complementos en especie. D) Básicas, complementarias e indemnizaciones.

226. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: A) Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. C) Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. D) Ninguna de las opciones es correcta.

227. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación: A) La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. B) Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. C) El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. D) Todas son correctas.

228. En relación a los derechos de los empleados públicos el Estatuto en su redacción de 2015, actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: A) Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. B) El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. C) Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. D) El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.

229. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos se establece que la Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: A) A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. B) En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. C) A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. D) En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

230. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: A) En la carrera profesional horizontal. B) En la provisión de puestos de trabajo. C) En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto. D) Las tres opciones son correctas.

231. No se considera actividad en el sector público: A) La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales. B) La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. C) La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. D) La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.

232. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: A) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. B) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. C) El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. D) Ninguna de las opciones es correcta.

233. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: A) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. B) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. C) El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.

234. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario: A) Requiere previa autorización de compatibilidad. B) Está exenta del régimen de incompatibilidades. C) Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. D) Ninguna de las opciones es correcta.

235. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: A) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. B) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. C) Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

236. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: A) Por el Consejo de Ministros. B) Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. C) Por el Consejo General del Poder Judicial. D) Las dos primeras opciones son correctas.

237. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: A) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. B) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. C) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. D) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.

238. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: A) El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. B) En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. C) En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. D) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

239. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: A) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. B) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. C) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. D) Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.

240. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones: A) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. B) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas. C) Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. D) De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.

241. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: A) No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. B) No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. C) En ningún caso podrá exceder de 4 meses. D) Ninguna de las opciones es correcta.

242. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: A) Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. B) Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. C) Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. D) Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

243. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad de una actividad privada, se resolverá en el plazo de: A) Tres meses. B) Dos meses. C) Seis meses. D) Un mes.

244. Según el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad: A) No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos. B) No podrá ser suspendida la cotización. C) Las pagas extraordinarias, podrán ser percibidas en los dos puestos. D) Se computarán a efectos de trienios y de derechos pasivos.

245. Según el artículo 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, ¿cómo se podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales?. A) Mediante Orden Ministerial. B) El Gobierno mediante Real Decreto. C) El Gobierno mediante Decreto. D) Mediante Reglamento.

246. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a la Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los: A) Cinco primeros días del aludido plazo de toma de posesión. B) Díez primeros días del aludido plazo de toma de posesión. C) Quince primeros días del aludido plazo de toma de posesión. D) Veinte primeros días del aludido plazo de toma de posesión.

247. Conforme al artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas, la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: A) Un 35 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. B) Un 30 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. C) Un 20 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. D) Un 25 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente.

248. Conforme al artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en relación con la potestad disciplinaria, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes: A) Podrán vincular a la Administración si así lo recoge la sentencia. B) No vinculan a la Administración. C) Vinculan a la Administración. D) Podrán ser tenidos en cuenta por la Administración.

249. ¿A los cuántos años prescriben las faltas muy graves según el artículo 97.1 del TREBEP?. A) Al año. B) A los dos años. C) A los tres años. D) A los seis meses.

250. Según el artículo 96.1 del TREBEP, ¿qué sanción es exclusiva para faltas muy graves?. A) El apercibimiento. B) El demérito. C) La separación del servicio. D) La suspensión de funciones por 15 días.

251. El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora: A) Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. B) Ha sido sustancialmente modificado por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. C) Ha sido derogado por la Ley 39/2015. D) Ha sido incorporado en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

252. Cuando en materia sancionadora el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, como regla general, responderán de forma: A) Solidaria. B) Proporcional. C) Subsidiaria. D) Mancomunada.

253. Conforme al artículo 25.1 de la Ley 40/2015, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá: A) Cuando expresamente haya sido reconocida por una norma con rango de ley. B) Por cualquier administración pública, sin requisito previo. C) Cuando haya sido expresamente reconocida por un reglamento. D) Por cualquier organismo dependiente de una administración pública, sin requisito previo.

254. Según el artículo 25.2 de la Ley 40/2015, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde: A) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, siempre por disposición de rango legal. B) A todo órgano administrativo. C) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. D) A los organismos administrativos expresamente creados al efecto con funciones exclusivamente sancionadoras.

255. Según el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, las disposiciones sancionadoras: A) Nunca producirán efecto retroactivo. B) Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, o al infractor. C) Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan a los intereses generales. D) Producirán efecto retroactivo en todo caso.

256. La Administración no podrá imponer sanciones que: A) Directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. B) Directa o subsidiariamente, impliquen privación de derechos para los administrados. C) Directa o subsidiariamente, impliquen privación de derechos civiles y políticos de los administrados. D) Directa o subsidiariamente, impliquen privación de derechos patrimoniales de los administrados.

257. La Ley 40/2015, de 1 de Octubre, al regular los principios de la potestad sancionadora, establece que: A) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo aunque favorezcan al presunto infractor. B) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. C) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario. D) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.

258. Conforme al artículo 27.1 de la Ley 40/2015, las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en: A) Fortuitas, leves, graves y muy graves. B) Leves, graves, muy graves y extraordinariamente graves. C) Graves y muy graves. D) Leves, graves y muy graves.

259. De acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley 40/2015, podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley: A) Por cualquier órgano administrativo que cuente con la potestad sancionadora. B) Por cualquier órgano administrativo. C) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas. D) Únicamente por la comisión de infracciones contractuales.

260. De conformidad con lo previsto en el Ley 40/2015 se admite la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras: A) A hechos anteriores, cuando favorece al infractor. B) A hechos anteriores tipificados como sanción. C) A hechos anteriores no prescritos. D) A hechos relativos a sanciones impuestas y cumplidas.

261. El principio de responsabilidad que en relación con las infracciones administrativas alude a la voluntariedad o a la intencionalidad del responsable de los hechos constitutivos de la infracción; se recoge: A) En el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6/2015. B) En el artículo 28.1 de la Ley 40/2015. C) En el artículo 29.3 de la Ley 40/2015. D) En el artículo 32.2 de la Ley 30/1992.

262. Según el texto del artículo 27.4 de la Ley 40/2015, las normas definitorias de infracciones y sanciones: A) Serán susceptibles de aplicación analógica. B) No serán susceptibles de aplicación analógica. C) No serán susceptibles de aplicación retroactiva. D) No serán susceptibles de aplicación diferida.

263. En qué casos las sanciones administrativas podrán implicar privación de libertad, según el artículo 29.1 de la Ley 40/2015. A) Cuando no sean de naturaleza pecuniaria y directamente. B) Cuando sean de naturaleza pecuniaria. C) En ningún caso. D) Cuando sean de naturaleza pecuniaria y subsidiariamente.

264. El principio general del Derecho conocido como “non bis in ídem” supone que no recaiga duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos en que: A) Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y hecho. B) Se aprecie la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento. C) Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y fundamento. D) Se aprecie la existencia de identidad de sujeto.

265. El principio de prescripción remite a la extinción de las infracciones y sanciones administrativas por el mero transcurso del tiempo. Estamos ante una manifestación del principio más general de: A) Legalidad. B) Interdicción de la arbitrariedad. C) Seguridad jurídica. D) Audiencia.

266. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: A) Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. B) Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. C) Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. D) Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

267. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento: A) Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. B) Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente. C) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. D) Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.

268. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas: A) Resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. B) Resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. C) No resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. D) No resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

270. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, las infracciones y sanciones prescribirán: A) Las infracciones graves a los tres años en todo caso. B) Las infracciones muy graves a los tres años en todo caso. C) Las infracciones muy graves a los cinco años en todo caso. D) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

271. Según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, si las leyes que establezcan infracciones y sanciones no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a: A) Los dos años. B) Los cinco años. C) Al año. D) Los tres años.

272. Según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, si las leyes que establezcan infracciones y sanciones no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a: A) Los dos años. B) Los cinco años. C) Los tres años. D) Al año.

274. Según el artículo 30.2 de la Ley 40/2015, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a correr: A) Desde que comenzó la conducta infractora. B) Desde que finalizó la conducta infractora. C) Desde que se notificó la conducta infractora. D) Desde que se detectó la conducta infractora.

275. En virtud de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril: A) Los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones. B) Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias. C) Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones en todos los ámbitos de sus competencias. D) Los entes locales podrán imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias.

276. En relación con la potestad sancionadora y según el artículo 26 de la Ley 40/2015, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes: A) En el momento de notificarse los hechos que constituyan infracción administrativa. B) En el momento de resolverse el procedimiento sancionador. C) En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. D) En el momento de iniciarse el procedimiento sancionador.

277. Según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, si las leyes que establezcan infracciones y sanciones no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves prescribirán a: A) A los tres años. B) Al año. C) A los seis meses. D) A los dos años.

278. La Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en el: A) Artículo 2. B) Artículo 138. C) Artículo 106. D) Artículo 131.

279. De acuerdo con el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los requisitos que tiene que reunir el daño alegado, para que sea indemnizable por las Administraciones Públicas, no está: A) Directo. B) Efectivo. C) Evaluable económicamente. D) Individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

280. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de: A) Caso fortuito. B) Fuerza mayor. C) Levedad de la lesión. D) Relación de causalidad.

281. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regulará por: A) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. B) La Ley Orgánica del Poder Judicial. C) La Ley de Enjuiciamiento Civil. D) El Código Penal.

282. En los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, para que la indemnización se abone mediante pagos periódicos es necesario que: A) Una ley así lo establezca. B) Sea urgente. C) Medie acuerdo con el interesado. D) No exista disponibilidad presupuestaria.

283. Las Administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando: A) Así se establezca en los propios actos. B) Se produzca un daño real. C) Se produzca un daño efectivo. D) Exista relación de causalidad.

284. En caso de actuación concurrente de varias Administraciones, produciéndose responsabilidad patrimonial, éstas responderán de forma: A) Mancomunada. B) Individual. C) Sólo responderá la Administración que tenga más culpa. D) Solidaria.

285. El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad será fijado. A) Por el Ministerio de Justicia. B) Por el Consejo de Ministros. C) Por el Consejo de Estado. D) Por el Presidente del Tribunal Constitucional.

286. El derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, se reconoce por la Constitución Española a: A) Los particulares. B) Las personas privadas y públicas. C) Las Administraciones Públicas. D) Los ciudadanos y las Administraciones.

287. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se prevé en la Constitución de 1978 en el. A) Artículo 103. B) Artículo 106. C) Artículo 119. D) Artículo 121.

288. La cuantía de la indemnización a abonar al particular, como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, será, según la Ley 40/2015. A) La que establezcan los Tribunales. B) Calculada con referencia al día de la lesión. C) Calculada con referencia al día de su abono. D) Establecida de mutuo acuerdo con el afectado.

289. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo de. A) Treinta días. B) Un mes. C) Dos meses. D) Diez días.

290. En caso de daños físicos, el plazo de prescripción del derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015, comienza a computarse desde: A) La fecha de producción del daño. B) La fecha en que comenzó a manifestarse el efecto lesivo. C) La fecha de la curación o determinación del alcance de las secuelas. D) La fecha del acto que motiva la indemnización.

291. La falta de resolución expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, genera efectos: A) Estimatorios. B) Desestimatorios. C) Patrimoniales. D) Lo que establezca cada norma reglamentaria.

292. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá. A) Ante los órganos del orden jurisdiccional civil. B) Mediante la oportuna reclamación previa a la vía judicial. C) A través de los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial. D) Una vez que se determine la responsabilidad del personal a su servicio ante los órganos judiciales civiles.

293. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas, los particulares: A) Exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones. B) Deberán dirigirse directamente contra aquéllos, sin perjuicio de sus responsabilidades disciplinarias. C) Podrán optar entre dirigirse frente a aquéllos o frente a la Administración de que se trate. D) Deberán dirigirse contra unos y otra simultáneamente, y ante los Tribunales civiles.

294. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿en qué plazo podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo?. A) Seis meses. B) Tres meses. C) Ocho meses. D) Cuatro meses.

295. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: A) Suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan. B) No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria. C) No suspenderá en ningún caso los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan. D) Terminará los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

296. En la solicitud de inicio del procedimiento por responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas, los interesados deben hacer constar, entre otros extremos: A) Determinación de las personas responsables. B) Que no existe obligación de soportar el daño sufrido. C) Que el daño es antijurídico. D) Momento en que la lesión efectivamente se produjo.

297. El plazo para que el Consejo de Estado emita dictamen, cuando es preceptivo, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y de acuerdo la Ley 39/2015, es de: A) Un mes. B) Dos meses. C) Tres meses. D) Treinta días.

298. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo. A) El informe del Ministerio de Justicia. B) El informe del Secretario de Justicia. C) El informe del juzgado o tribunal que dictó la resolución sobre la que se reclama la responsabilidad. D) El informe del Consejo General del Poder Judicial.

299. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de. A) Diez días. B) Quince días. C) Veinte días. D) Ocho días.

300. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Si el órgano competente podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de. A) Diez días. B) Quince días. C) Cinco días. D) Ocho días.

301. Cuando la Administración hubiera indemnizado a los lesionados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños causados por sus autoridades y demás personal a su servicio: A) Podrá exigirles de oficio la responsabilidad en que hubieran incurrido únicamente en caso de dolo o culpa. B) Les exigirá de oficio la responsabilidad en que hubieran incurrido únicamente en caso de culpa o negligencia graves. C) Les exigirá de oficio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves. D) Les podrá exigir de oficio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

302. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas constará de un trámite de alegaciones durante un plazo de. A) Diez días. B) Quince días. C) Veinte días. D) Un mes.

303. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son: A) Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. B) Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. C) Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos. D) Son correctas las dos primeras opciones.

304. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la definición de tributos se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos: A) Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. B) Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. C) El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las Comunidades Autónomas respecto al Estado. D) Son correctas las dos primeras opciones.

305. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: A) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. B) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. C) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. D) Ninguna de las opciones es correcta.

306. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: A) Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. B) Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades Autónomas. C) Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva. D) Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea.

307. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las prestaciones pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en: A) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. B) Tributos, tasas y contribuciones especiales. C) Tasas, tributos e impuestos. D) Impuestos, tributos y tasas.

308. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las tasas son: A) Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. B) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. C) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. D) Las dos primeras opciones son correctas.

309. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los impuestos son: A) Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. B) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes. C) Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. D) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

310. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la relación jurídico-tributaria: A) Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos. B) Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. C) Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados por la aplicación de los tributos. D) Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por la aplicación de los tributos.

311. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la relación jurídico-tributaria: A) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración. B) Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento. C) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. D) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario.

312. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente: A) Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. B) Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del tributo. C) Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta. D) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

313. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación tributaria principal tiene por objeto: A) La realización de pagos a cuenta. B) El pago de la cuota tributaria. C) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. D) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos.

314. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta, previstos legalmente, son: A) Obligaciones accesorias. B) Obligaciones formales. C) Obligaciones entre particulares resultantes del tributo. D) Obligaciones subsidiarias.

315. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria: A) Son obligaciones tributarias formales. B) Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo. C) Son obligaciones tributarias subsidiarias. D) Son obligaciones tributarias accesorias.

316. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones de satisfacer el interés de demora: A) Son obligaciones tributarias accesorias. B) Son obligaciones tributarias complementarias. C) Son obligaciones tributarias subsidiarias. D) Son obligaciones tributarias subordinadas.

317. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones tributarias: A) Tienen la consideración de obligaciones accesorias. B) No tienen la consideración de obligaciones accesorias. C) Tienen la consideración de obligaciones principales. D) Ninguna de las opciones es correcta.

318. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es: A) Una obligación tributaria principal. B) Una obligación tributaria accesoria. C) Una obligación tributaria formal. D) Ninguna de las opciones es correcta.

319. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de: A) La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. B) Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. C) Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. D) Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.

320. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base imponible es: A) Es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. B) La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones establecidas en la ley. C) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. D) La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

321. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: A) Estimación directa, objetiva o indirecta. B) Estimación directa y estimación objetiva. C) Estimación directa y estimación indirecta. D) Ninguna de las opciones es correcta.

322. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las bases imponibles: A) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta. B) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva. C) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. D) Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas físicas.

323. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la estimación objetiva: A) Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. B) Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación. C) Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. D) Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

324. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación indirecta se aplicará: A) Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. B) Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. C) En los supuestos establecidos legalmente. D) Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

325. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base liquidable es: A) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. B) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. C) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes. D) La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.

326. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los tipos de gravamen: A) Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. B) La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. C) Podrán ser especificados reglamentariamente. D) Las dos primeras opciones son correctas.

327. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la cuota íntegra se determinará: A) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto. B) Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable. C) Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. D) Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

328. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la deuda tributaria estará constituida: A) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. B) En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente. C) En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. D) Las dos primeras opciones son correctas.

329. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entendemos por obligados tributaros: A) Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. B) Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. C) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago. D) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.

330. Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no son obligados tributarios: A) Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente. B) Los obligados a realizar o soportar pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta), los obligados a repercutir o a soportar la repercusión. C) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos y los sucesores. D) Los albaceas testamentarios.

331. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener el reembolso con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto: parcialmente improcedente por sentencia. A) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia. B) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado totalmente improcedente por sentencia. C) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. D) Del coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia.

332. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener: A) Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con abono del interés de demora pertinente sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. B) Las devoluciones de ingresos indebidos que procedan previo requerimiento al efecto, con el abono de intereses de demora. C) En los plazos legalmente previstos, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés legal pertinente. D) En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previo requerimiento al efecto.

333. Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son: A) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. B) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. C) El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o retenciones, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. D) El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, los obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.

334. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación al obligado a repercutir, podemos afirmar que: A) Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. B) El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. C) Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. D) Las dos primeras opciones son correctas.

335. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación el Consejo para la Defensa del Contribuyente: A) Se integra en el Ministerio de Hacienda. B) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas. C) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y asesora a los interesados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

336. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es sujeto pasivo: A) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal. B) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. C) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones tributarias formales. D) El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente.

337. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es sustituto: A) El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de las obligaciones tributarias. B) El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las obligaciones formales inherentes a la relación tributaria. C) El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. D) Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo.

338. Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son supuestos de exención: A) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. B) Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al tratarse de presupuestos que caen fuera de la órbita del impuesto. C) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. D) Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

339. Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los supuestos de exención: A) El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están reservados a la ley. B) Deben ser interpretadas de forma restrictiva. C) Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de realizar el hecho imponible no quedan obligadas al pago del tributo. D) Todas las opciones son correctas.

340. Las exenciones pueden clasificarse en: A) Exenciones administrativas si se aplican en la tramitación y exenciones reglamentarias, en virtud de las normas que las establecen. B) Exenciones objetivas, que el legislador con carácter previo establece respecto a determinados hechos o situaciones, que, a pesar de estar incluidos dentro del ámbito del hecho imponible, no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y exenciones subjetivas, que se establecen a criterio del órgano liquidador previa solicitud del interesado. C) Exenciones totales, que excluyen absolutamente el pago de la cuota tributaria y exenciones parciales, que reducen una parte de la cuota, incidiendo en los elementos de cuantificación de la misma. D) Ninguna de las opciones es correcta.

341. La exención opera: A) En el ámbito cuantificador del tributo. B) En el ámbito de la carga tributaria del tributo, como mecanismo técnico que minora el cálculo de la base. C) En el ámbito de la cuota íntegra ya determinada para concretar la cuota líquida del tributo. D) En el ámbito identificador del mismo o delimitación del hecho imponible.

342. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a: A) Las personas que la tengan conforme a derecho. B) Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia. C) Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. D) Son correctas las dos primeras opciones.

343. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, necesitarán actuar mediante representantes legales: A) Las personas que no carezcan de capacidad de obrar. B) Los menores emancipados. C) Las personas jurídicas. D) Los socios de entidades mercantiles.

344. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, actuarán como representantes legales de las personas jurídicas: A) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. B) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo de la entidad en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. C) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por acuerdo societario válidamente adoptado en el momento en que se produzcan el devengo de la obligación tributaria. D) Quienes la ostenten, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los socios o partícipes.

345. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, corresponderá a: A) El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente. B) El que aparentemente ejerza la gestión o dirección. C) Cualquiera de sus miembros o partícipes. D) El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que aparentemente ejerza la gestión o cualquiera de sus miembros.

346. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar: A) Por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal. B) Por medio de abogado y procurador. C) Por medio de colaborador social debidamente colegiado y registrado. D) Por medio de mandatario verbal.

347. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente: A) Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario. B) Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos. C) Para los actos de mero trámite. D) Las dos primeras opciones son correctas.

348. Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración Tributaria: A) El presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. B) El presentador habrá de acreditar dicha representación. C) El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación. D) La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la representación.

349. Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español cuando: A) No operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente. B) Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración. C) Por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración Tributaria. D) Sean ciudadanos de la Unión Europea.

350. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el domicilio fiscal: A) Cada Administración deberá comprobar bianualmente el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa. B) Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. C) El cambio de domicilio fiscal producirá efectos frente a la Administración Tributaria desde que se inscriba dicho cambio en el registro oficial pertinente, según se trate de persona física o jurídica. D) Cada Administración deberá rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.

351. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el domicilio fiscal de las personas o entidades no residentes en España: A) Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la Administración Tributaria. B) Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los ciudadanos de sus Estados miembros. C) Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la administración competente. D) Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

352. La actuación de las Administraciones Tributarias se desarrolla a través de procedimientos administrativos, esto implica: A) Una secuencia ordenada de actos en la que cada uno de ellos trae causa del anterior y es preparatorio del siguiente. B) Un conjunto ordenado de trámites hasta llegar al acto final resolutorio del procedimiento. C) Que son procedimientos eventuales, ya que no se dan en todos en todos los casos, y fungibles, pues pueden variar su estructura para cada caso. D) Las tres opciones son correctas.

353. Según el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: A) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo y supletoriamente, por la Ley 39/2015. B) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y por la Ley 40/2015. C) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente, por la Ley 39/1992. D) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

354. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos podrán iniciarse: A) De oficio o a instancia del obligado tributario, mediante cualquier medio previsto en la normativa tributaria. B) A instancia de parte, de oficio o por indicación de otro organismo administrativo interesado previsto en la normativa tributaria. C) De oficio o a petición de otro órgano administrativo interesado competente en el expedienta a iniciar. D) Ninguna de las opciones es correcta.

355. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso: A) El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. B) El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. C) El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

356. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios: A) Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. B) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. C) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. D) Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

357. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios: A) La Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. B) La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. C) El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés legítimo en el procedimiento. D) En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

358. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios: A) Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. B) Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria. C) Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

359. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las comunicaciones son: A) Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. B) Los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. C) Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones Públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes. D) Ninguna de las opciones es correcta.

360. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula tres grandes tipos de procedimientos de acuerdo a una distribución funcional de los mismos: A) Los procedimientos de gestión y liquidación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. B) Los procedimientos de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. C) Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento inspector y sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. D) Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento investigador y sancionador y los procedimientos de revisión y de apremio en vía administrativa.

361. Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vienen referidos a la efectividad del tributo, se concretan en: A) Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución. B) Investigación, liquidación y recaudación. C) Gestión, inspección y recaudación. D) Verificación, certificación y recaudación.

362. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución: A) Cuando se suscriban actas con acuerdo. B) Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. C) Cuando expresamente se solicite por los interesados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

363. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán: A) Presentar por medio de representante sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. B) Presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. C) Presentar por medio de colaboradores sociales sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. D) Presentar por correo certificado sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

364. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta: A) Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20. B) Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. C) Que tendrá una duración de 15 días. D) Que tendrá una duración de 20 días.

365. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pondrá fin a los procedimientos tributarios: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud y la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas. B) La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. C) La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación. D) Las dos primeras opciones son correctas.

366. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria está obligada: A) A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. B) A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la renuncia o el desistimiento de los interesados. C) A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos. D) Ninguna de las opciones es correcta.

367. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho: A) Los actos de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. B) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. C) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. D) Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.

368. Según el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos de aplicación de los tributos: A) Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. B) La unidad de gestión tributaria cumplirá su deber de probar si designa de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. C) La factura constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, si la Administración cuestiona su efectividad, le corresponde aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. D) Las tres opciones son correctas.

369. Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la prueba: A) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización en todo caso. B) Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. C) Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto con el consentimiento de la unidad tributaria que practicó la diligencia. D) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos privados establecida en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

370. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la notificación se practicará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: A) En el domicilio fiscal del obligado tributario en todo caso. B) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. C) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. D) En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante en todo caso.

371. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse: A) En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. B) En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. C) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. D) Las dos primeras opciones son correctas.

372. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos: A) Mediante denuncia anónima. B) Mediante denuncia pública. C) Mediante comunicación anónima. D) Las tres opciones son válidas.

373. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el denunciante: A) Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. B) Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. C) Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones. D) Ninguna de las opciones es correcta.

374. Según el artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá comprobar e investigar: A) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción. B) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. C) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y negocios determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. D) Cualesquiera hechos, actos, elementos y actividades relacionadas con la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.

375. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: A) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que resulte a devolver de acuerdo con la normativa tributaria. B) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria. C) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que corresponda compensar de acuerdo con la normativa tributaria. D) Todas las opciones son correctas.

376. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: A) La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. B) Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. C) Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. D) Las dos últimas opciones son correctas.

377. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: A) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y demás documentos con trascendencia tributaria. B) Las actuaciones de verificación de datos. C) Las actuaciones de aplicación de los tributos integradas en las funciones de inspección y recaudación. D) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de sus actuaciones de verificación y comprobación.

378. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: A) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa de cada tributo. B) Las actuaciones de comprobación de valores. C) La emisión de certificados tributarios. D) La actuación de comprobación censal que pueden desembocar en la revocación del NIF.

379. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: A) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de beneficios fiscales. B) El control de los acuerdos de simplificación de la obligación de facturar. C) La actuación de comprobación del domicilio fiscal. D) La información y asistencia tributaria.

380. La gestión tributaria es la función administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, que en un sentido amplio estaría integrada por: A) La liquidación tributaria, la inspección y la recaudación. B) La cuantificación de la deuda tributaria, la liquidación y la recaudación. C) La liquidación y la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

381. La competencia para la gestión de los tributos estatales está reservada a: A) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria. B) La Agencia Tributaria y a las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas. C) La Agencia Tributaria y a las Concejalías de Hacienda de los Ayuntamientos. D) La Agencia Tributaria, a las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas y a las Concejalías de Hacienda de los Ayuntamientos, según el convenio vigente.

382. Las fases del procedimiento de gestión tributaria según la Ley General Tributaria serán las siguientes: A) Iniciación, verificación de datos, liquidación provisional y liquidación definitiva. B) Iniciación, verificación de datos y comprobación de valores, liquidación provisional y liquidación definitiva. C) Iniciación, comprobación de valores, liquidación provisional y liquidación definitiva. D) Iniciación, comprobación de datos, y liquidación.

383. Según los artículos 98 y 118 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las formas de iniciación de la gestión tributaria son: A) Autoliquidación, comunicación de datos, solicitud del obligado tributario y de oficio por la Administración. B) Autoliquidación, declaración, solicitud del obligado tributario y de oficio por la Administración. C) Autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud del obligado tributario y de oficio por la Administración, entre otros. D) Autoliquidación, denuncia, solicitud del obligado tributario y de oficio por la Administración.

384. Según el artículo 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la verificación de datos y comprobación de valores hace referencia a la obligación de la Administración de: A) Verificar los datos declarados e investigar otros posibles datos con repercusión tributaria. B) Verificar los valores declarados e investigar otros posibles datos con repercusión tributaria. C) Verificar los datos declarados e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias anteriores del sujeto obligado tributario con repercusión tributaria. D) Verificar los datos declarados, investigar otros posibles datos con repercusión tributaria y conseguir pruebas acreditativas.

385. En relación a la liquidación, según se desprende del artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es necesario señalar que: A) La liquidación definitiva concluye el procedimiento de liquidación de los tributos. B) La liquidación definitiva confirma o rectifica la anterior liquidación provisional. C) La liquidación definitiva constituye un acto administrativo revisable por los particulares que comunica al sujeto pasivo el importe definitivo de su deuda tributaria. D) Las tres opciones anteriores son correctas.

386. Se puede definir la declaración tributaria como: A) Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. B) Todo documento presentado ante la Administración Tributaria cuya presentación implica la aceptación o reconocimiento del obligado tributario del origen de la obligación tributaria. C) Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

387. Según el artículo 119 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la declaración verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento: A) No es admisible en los procedimientos tributarios. B) Únicamente es admisible en caso acreditado de incapacidad. C) Únicamente será admisible en los casos determinados reglamentariamente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

388. La presentación de la declaración tributaria puede generar: A) El inicio por parte de la Administración Tributaria de un procedimiento dirigido a la práctica de la correspondiente liquidación tributaria. B) Su presentación puede responder simplemente al cumplimiento por parte del obligado tributario de determinadas obligaciones formales. C) Implica la aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. D) Las dos primeras opciones son correctas.

389. Según el artículo 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los datos y elementos de hecho consignados en las declaraciones, presentadas por los obligados tributarios: A) Se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario. B) Se presumen ciertos para el procedimiento concreto en curso y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario. C) Se presumen ciertos de no ser cuestionados por la Administración liquidadora en los veinte días siguientes a la presentación de la declaración. D) Todas las opciones son correctas.

390. La declaración puede eximir de responsabilidad por infracción tributaria al obligado del tributo cuando: A) Se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. B) Cuando se haya actuado al amparo de una interpretación razonable de la norma. C) Cuando se actúe según los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en comunicaciones y publicaciones escritas en las que exista una igualdad sustancial a las circunstancias del obligado. D) Todas las opciones son correctas.

391. La declaración puede eximir de responsabilidad por infracción tributaria al obligado del tributo cuando: A) Cuando no exista conflicto en la aplicación de la norma tributaria. B) Cuando haya existido una acción u omisión imputable a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. C) Cuando la Administración Tributaria competente no haya cumplido los plazos reglamentarios en las comunicaciones escritas que hubiera de dirigir al obligado. D) Ninguna de las opciones es correcta.

392. Respecto a la vinculación del obligado con la declaración tributaria, podemos afirmar que: A) Vincula al obligado tributario cuando con la presentación de la misma deba ejercitar, solicitar o renunciar a alguna opción prevista en la normativa tributaria. B) La declaración presentada podrá rectificarse en el periodo reglamentario de declaración. C) La declaración tributaria no podrá rectificarse en el periodo reglamentario de declaración salvo que se haya efectuado por vía telemática. D) Las dos primeras opciones son correctas.

393. Según el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las autoliquidaciones son: A) Declaraciones en las que los obligados tributarios comunican a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo. B) Declaraciones en las que los obligados tributarios realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria. C) Declaraciones en las que los obligados tributarios determinan el importe de la cantidad que resulte a devolver o a compensar. D) Todas las opciones son correctas.

394. Según el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser: A) Objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. B) Objeto de verificación por la Administración, que instará la presentación de nueva autoliquidación si comprobase la existencia de errores de cálculo o aritméticos. C) Objeto de verificación por la Administración, que instará la presentación de nueva autoliquidación si comprobase la existencia de errores en la misma. D) Objeto de comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda previa comunicación y conformidad del interesado.

395. Según el artículo 126 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en relación a la iniciación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones: A) El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación cuando se esté tramitando un procedimiento de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada. B) La solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración Tributaria haya practicado la liquidación definitiva. C) La solicitud podrá hacerse antes de que haya prescrito el derecho de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente. D) Todas las opciones son correctas.

396. Según el artículo 128 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en relación a la terminación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones: A) El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación, será motivada cuando sea denegatorio o cuando la rectificación acordada no coincida con la solicitada por el interesado. B) El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación, será motivada tanto si es denegatorio como si coincide con la solicitada por el interesado. C) El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada. D) El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá entenderse estimada.

397. Según el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá iniciar el procedimiento de gestión tributaria mediante declaración: A) Cuando la normativa del tributo así lo establezca. B) Cuando el obligado lo solicite y manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional. C) Cuando el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por prescripción. D) Cuando el obligado lo solicite tras un proceso de inspección tributaria.

398. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria deberá notificar la liquidación en un procedimiento iniciado por declaración en un plazo de: A) Seis meses desde el día siguiente a la presentación de la declaración. B) Seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración. C) Nueve meses desde el día siguiente a la presentación de la declaración. D) Tres meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.

399. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el supuesto de presentación de declaraciones extemporáneas, el plazo para notificar la liquidación comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a la presentación de la declaración. B) Desde el día de finalización del plazo para la presentación de la declaración del tributo correspondiente. C) Desde el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se presentó la declaración extemporánea. D) Ninguna de las opciones es correcta.

400. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en las liquidaciones que se dicten en este procedimiento: A) Se exigirán intereses de demora desde la fecha de la presentación de la declaración extemporánea hasta la verificación del pago resultante. B) No se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en período voluntario. C) No se exigirán intereses de demora durante el período de tiempo invertido por la Administración liquidadora en la verificación de datos facilitados por el contribuyente. D) Las dos últimas opciones son correctas.

401. Según el artículo 130 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario terminará por alguna de las siguientes causas: A) Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria y aceptada por el obligado tributario. B) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo señalado por dicha Ley para cada supuesto. C) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de nueve meses señalado por dicha Ley. D) Por liquidación definitiva practicada por la Administración Tributaria y aceptada por el obligado tributario.