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José García García, que accedió en el año 2015 por el sistema de acceso libre al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), desempeña actualmente su trabajo en el Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento y Vivienda, donde se le plantean diversas circunstancias. enunciado. enunciado.

La Consejería de Fomento y Vivienda quiere contratar la adquisición de equipos informáticos para la nueva sede de la Consejería por un valor de 209.000€. ¿Qué tipo de contrato se tramitará?. Contrato de obras. Contrato de suministros. Contrato de servicios. Contrato de concesión de servicios.

En el contrato anterior, y según dispone el artículo 63.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, no será necesaria la publicación en el perfil del contratatante de: La memoria justificativa del contrato. El pliego de cláusulas administrativas particulares. El documento de aprobación del expediente. El informe del gabinete jurídico.

¿Cuál es el capítulo económico del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía al que se imputaría dicho contrato?. Capítulo 4. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 6.

El órgano de contratación, ¿podrá eximir al adjudicatario de la obligación de construir garantía definitiva justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidadcon lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley de Contratos del Sector Público?. Exclusivamente en los contratos de suministros de bienes consumibles, cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. No será posible en un contrato de obras. Será posible en un contrato de concesión de obras. Únicamente en los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios sociales.

A su vez le piden a José que prepare un expediente de contratación de una obra menor para la reparación de los aseos de la sede central de la Consejería. En relación con la tramitación de este contrato, indique la respuesta incorrecta: Deberá añadirse el presupesto de obra. Exigirá informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Se requerirá la aprobación del gasto. Requerirá informe del gabinete jurídico.

D. José García García tiene que tramitar otro contrato administrativo, cuya celebración responde a una necesidad inaplazable, en este caso y conforme establece el artículo 119.2.c) de la Ley de Contratos de Sector Público, debe saber que el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de: Un mes contado desde la perfección. Un mes contado desde la formalización. Dos meses contados desde la perfección. Dos meses contados desde la formalización.

En relación con la cuantía de los contratos menores, regulados por la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, señales la respuesta correcta: Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000€, cuando se trate de contratos de suministro o servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000€, cuando se trate de contratos de suministro o servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o servicios.

En la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Vivienda se recibe la solicitud de un interesado de inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, regulado en la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, debido al daño que le ha ocasionado un acto administrativo dictado por una Dirección General de esa Consejería. enunciado. enunciado.

¿Tendrá el interesado derecho a ser indemnizado en caso de estimarse tal solicitud?. Sí, si la lesión es consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. Sí, siempre que la lesión sea consecuencia de casos de fuerza mayor. Sí, siempre que la lesión sea por daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No, si la lesión es consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.

¿Cual sería el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de la reclamación planteada desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial, según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: 1 mes. 3 meses. 6 meses. 12 meses.

De los informes que se enumeran a continuación, ¿cuál sería preceptivo solicitar a los efectos de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial que se está tramitando en la Consejería de Fomento y Vivienda, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 39/2015 del Procemiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Informe del Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Informe de la Inspección General de Servicios. Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, si la indemnización reclamada es de cuantía igual o superior a 40.000€ siempre. Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, si la indemnización reclamada es de cuantía igual o superior a 50.000€ siempre.

Según el artículo 82 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento de responsabilidad patrimonial anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Se podrá alegar y presentar documentos en un plazo no superior a 10 días naturales. Se podrá alegar y presentar documentos en un plazo no superior a 10 días hábiles. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en los procedimientos tramitados de forma simplificada, en todos los casos. Se tendrá por realizado el trámite si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones.

Una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial, si el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado que, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, deberá ser resuelto en: 15 días. 30 días. 3 meses. 6 meses.

La resolución administrativa que recaiga en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que se tramita en la Consejería de Fomento y Vivienda: No es susceptible de recurso potestativo de reposición. Es susceptible de recurso de alzada. No puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pondrá fin a la vía administrativa.

La cuantía de la indemnización por las lesiones producidas al particular se calculará con referencia: Al día del cuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. Al día de la fecha de presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento. Al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. Al día de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad.

De tener que exigir la Consejería de Fomento y Vivienda la responsabilidad en que hubiera incurrido un funcionario al servicio de la misma e instruirle un procedimiento por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos, cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave, el plazo dado para realizar alegaciones según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, será de: 5 días. 10 días. 15 días. 30 días.