C2 Examen

¿En qué título se regula la reforma constitucional?: En el Segundo. En el Décimo. En el Octavo. En el séptimo.

Los españoles: Tienen el derecho de defender a España. Tienen el deber de defender a España. Tienen el derecho y el deber de defender España. Ninguna es correcta.

Según el artículo 8 de la CE: Una Ley Ordinaria regulará las bases de organización militar conforme a los principios de la presente constitución. Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente constitución. Un Real Decreto Legislativo regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente constitución. Un reglamento regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente constitución.

Según el artículo 18 de la CE: El domicilio es inviolable, no obstante, en casos especiales a requerimiento de servicios sociales, se podrá acceder. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, aun teniendo resolución favorable. El domicilio es inviolable, pero en el caso de iniciación de expediente de ruina se podrá acceder al mismo sin consentimiento del titutal. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra recogido en el art. 18 de la CE?: Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial, de las postales telegráficas y telefónicas salvo resolución. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la presente Ley se aplica al sector público, que comprende: La AGE, las administraciones de las CC.AA. y los Ayuntamientos. La AGE, Las administraciones de las CC.AA., las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional. La AGE, las administraciones de las CC.AA., las Diputaciones, los Ayuntamientos y el Sector Público Institucional. La AGE, las administraciones de las CC.AA., las Diputaciones, los Ayuntamientos y los Consejos Insulares.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos deberán: Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Todas las anteriores son correctas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, en el funcionamiento del registro electrónico: Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año, durante las horas de atención en registro de documentos. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las horas de atención en registro de documentos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Capítulo II del Título IV, trata de la iniciación del procedimiento administrativo. ¿De qué forma/s puede iniciarse el mismo?: Exclusivamente de oficio por la Administración competente. De oficio o a solicitud del ciudadano. De oficio o a solicitud del interesado. De oficio por solicitud del interesado.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos tramitados por la vía de urgencia, los plazos establecidos para la tramitación ordinaria del procedimiento se reducirán: A la mitad, salvo los relativos a presentación de solicitudes y recursos. En un tercio, sin excepción. A criterio del órgano competente. Solo cuando el interesado lo solicite y lo justifique adecuadamente.

Según la Ley 39/20215, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si los plazos se señalan por horas: Se entiende que son hábiles. Siendo hábiles todas aquellas que formen parte de un día hábil. Se entiende que son efectivas. Siendo efectivas todas aquellas que formen parte de la jornada laboral burocrática. Se entiende que son naturales, exceptuando los domingos y los festivos. Se entiende que son hábiles, exceptuando sábados, domingos y festivos.

En procedimiento administrativo, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en un plazo de: 10 días a partir del siguiente de la emisión del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo mayor. 20 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente fije plazo distinto. 10 días a partir del siguiente de la notificación de correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 20 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo mayor.

¿Qué implica la declaración de un día hábil o inhábil a efectos del cómputo de plazos en el funcionamiento de las Administraciones Públicas?. Determinará por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horario de las mismas. No determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas o la organización del tiempo de trabajo, pero si en el régimen de jornada y horario de las mismas. No determinará por si sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas o la organización del tiempo de trabajo, pero si el régimen de jornada y horarios de las mismas. No determinará por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo y el trabajo el régimen de jornada y horarios de las mismas, pero si el funcionamiento de los registros.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones deben cursarse: Dentro del plazo de 12 días, a partir de la fecha en el que el acto ha sido dictado. Dentro del plazo de 20 días, a partir de la fecha en el que el acto ha sido dictado. Dentro del plazo de 10 días, a partir de la fecha en el que el acto ha sido dictado. Dentro del plazo de 15 días, a partir de la fecha en el que el acto ha sido dictado.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se recoge la práctica de las notificaciones el papel?: 32. 42. 52. 62.

Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechaza cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 10 días hábiles. 10 días naturales. 15 días hábiles. 15 días naturales.

¿Qué requisito se debe cumplir para que un acto administrativo tenga eficacia retroactiva?: Que sea favorable al interesado y no lesione derechos de terceros. Que lo solicite el interesado. Que lo autorice un juez. Que sea notificado antes de su entrada en vigor.

¿En qué ocasiones deberán publicarse los actos administrativos?: Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando así se establezca reglamentariamente o cuando lo aconsejen razones de interés general apreciadas por la autoridad instructora. Cuando así se establezca reglamentariamente o cuando lo aconsejen razones de interés general apreciadas por la autoridad que ordene el procedimiento. Cuando así se establezca legalmente o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el superior jerárquico.

¿Qué establece el principio de conservación del acto administrativo, recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Que los actos administrativos nulos de pleno derecho pueden ser convalidados en todo caso por la Administración. Que, si un acto administrativo presenta defectos formales no esenciales, pero cumple su finalidad, debe mantenerse en vigor. Que todos los actos administrativos deben anularse si contienen cualquier defecto de forma. Que los actos administrativos sólo pueden ser conservados si han sido confirmados judicialmente.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué casos son nulos los actos de las Administraciones Públicas?: Siempre que se lesionen derechos y libertades susceptibles de recurso de casación. Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía. Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su adquisición.

La rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho en los actos administrativos puede hacerse: Sólo durante el mes siguiente a su notificación. Sólo si lo solicita el interesado. En cualquier momento, de oficio o a instancia de parte. Sólo mediante resolución judicial.

Dentro de las facultades de revisión de que gozan las Administraciones Públicas, ¿Qué actos pueden ser revocados por las mismas?. Los desfavorables o de gravamen en todo caso. Los favorables a los interesados, que sean perjudiciales para el interés general. Los no revocables. Los de gravamen o desfavorables, con una serie de limitaciones.

La ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas define la conversión de actos y trámites como: La Ley 39/2015 no define la conversión de actos y trámites. Que la nulidad y o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará que las partes del mismo independientes de aquella, salvo la parte viciada que sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos o trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Según la Ley 39/2015, LPAC, la interposición del recurso deberá expresar: El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. Lugar, fecha y firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, lugar que señale a efectos de notificaciones. Todas las anteriores son correctas.

¿Dónde viene recogido los actos susceptibles de recurso administrativo?: Título V, capítulo II. Título II, capítulo V. Título VI, capítulo II. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Ante qué órgano cabe interponer el recurso contra un acto administrativo de aplicación de una disposición administrativa de carácter general?: Ante el superior jerárquico. Ante el órgano que dictó dicha disposición, siempre y cuando se funde en la nulidad de tal disposición administrativa. Ante el órgano que dictó dicha disposición, siempre y cuando se funde en la nulidad o anulabilidad de tal disposición administrativa. Ante el órgano que dictó dicha disposición, siempre y cuando se funde en la anulabilidad de tal disposición administrativa.

¿Qué recursos pueden interponerse, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de LPAC, contra aquellos actos de trámite que determinen la posibilidad de continuar el procedimiento?: El recurso de alzada o el potestativo de revisión. El recurso de alzada o el potestativo de reposición. El recurso de alzada exclusivamente. Todas las anteriores son falsas.

En relación a los distintos tipos contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24UE, señale la respuesta correcta: Los contratos de obras deberán referirse siempre a una obra completa, entendiéndose por esta susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, artículo 13.2 LCSP. En los contratos de concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar al obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de obras deberá implicar la transferencia al concesionar de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de la oferta o el de suministro, o ambos. Artículo 13 apartados 1 y 4 de la LCSP. No podrán ser objeto de los contratos de servicios los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Artículo 1 LCSP. Los contratos de suministro han sido eliminados de la regulación de la LCSP.

Cuando se trate de contratos distintos a los de obras, se considerarán contratos menores los de importe inferior a: 15.000€. 60.000€. 40.000€. 18.000€.

Son contratos del Sector Público los contratos onerosos que celebren: Las administraciones públicas. Los entes públicos. Los entes y entidades públicas. Las entidades enumeradas en el artículo 3.

Según la LCSP los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan: Con la publicación de la licitación. Con la adjudicación provisional. Con su adjudicación. Todas son falsas.

Tendrán la consideración de contratos privados: Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúna la condición de Administraciones Públicas. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Los celebrados por entidades del sector público que no sean poder adjudicador ni reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúna la condición de Administraciones Públicas y los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición? "Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles". Contrato de obras. Contrato de servicios. Contrato de suministros. Contrato de concesión de servicios.

¿Según la LCSP, la publicación en el perfil del contratante relativa a contratos menores deberá realizarse al menos: Semestralmente. Anualmente. Trimestralmente. Mensualmente.

¿Quién es el órgano de contratación en un Ayuntamiento si no hay delegación expresa?: El Vicesecretario. El Secretario Municipal. Ninguna es correcta. El interventor.

¿Quién es la parte contratante en un contrato del Sector Público que representa a la Administración?. El contratista. El órgano de contratación. El interventor. El juez.

En el artículo 32 de la Ley 40/2015, 1 octubre, de régimen Jurídico del Sector Público se recogen los siguientes Principios de Responsabilidad: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Todas son correctas. Ninguna es correcta.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, solo son indemnizables al particular las lesiones producidas: Las provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar. Las provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar. Se les indemnizarán todas aquellas lesiones que puedan justificar y se demuestre su previsibilidad. Se les indemnizará todas aquellas lesiones que puedan justificar y se demuestre su imprevisibilidad.

En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por la Administración Pública (art.65 LPAC): Puede instruirse aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten las alegaciones y documentos que estimen oportunos. Las pruebas a practicar en el procedimiento, serán propuestas exclusivamente por la administración. Sólo puede iniciarse cuando ya haya prescrito el derecho del interesado a reclamar.

¿Cuál es el artículo de la Ley 40/2015 que regula la responsabilidad patrimonial?: Art. 32 y siguientes. Art. 1. Art. 100. Art. 50.

Señale la respuesta correcta, según el artículo 30 de la Ley 40/2015, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y si estas no fijan plazos de prescripción: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, y las sanciones impuestas por faltas muy graves a los 3 años. Las infracciones graves prescribirán a los dos años y las sanciones impuestas por faltas graves, a los tres años. Las infracciones graves prescribirán a los tres años y las sanciones impuestas por faltas graves, a los dos años. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses y las sanciones impuestas por faltas leves, a los seis meses.

¿Qué artículo regula las medias provisionales en la Ley 39/2015?: Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58.

¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora del art.25 en la Ley 40/2015?: Corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Corresponde a los órganos administrativos que no la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Corresponde a los órganos judiciales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Ninguna es correcta.

¿Cuál de los siguientes no es una sanción administrativa típica?: Multa. Suspensión temporal de la actividad. Resolución del contrato laboral. Apercibimiento.

Según la Ley 40/2015, ¿De qué forma responden las Administraciones en casos de responsabilidad concurrente frente al particular?: En todo caso, de forma mancomunada. En todo caso, de forma solidaria. No pueden responder de forma concurrente. De forma mancomunada, atendiendo a lo establecido en las normas del procedimiento.

¿Dónde se regula la protección de datos personales y garantías de derechos digitales?: Ley 19/2019, de 9 de diciembre. L.O. 3/2018, de 5 de diciembre. L.O. 18/2003, de 11 de septiembre. Ninguna es correcta.

Señale dónde se recoge, dentro de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Buen Gobierno de los responsables públicos: Título I. Título II. Título III. Título IV.

¿Qué derecho permite a una persona solicitar que se borren sus datos personales?. Derecho de acceso. Derecho de supresión. Derecho de oposición. Derecho de portabilidad.

¿Qué recursos son susceptibles de interponerse contra actos de trámite que produzcan indefensión, según la Ley 39/2015?: El recurso de alzada exclusivamente. El recurso de alzada o el potestativo de revisión. El recurso de alzada y el potestativo de reposición. Exclusivamente el recurso potestativo de reposición.

Según la Ley 39/2015. ¿qué puede decirse de los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores de procedimiento?: Que no causan estado en el ámbito estatal. Que no son impugnables en vía administrativa en ningún caso. Que ponen fin a la vía administrativa. Que son un acto firme en vía administrativa, dado que emanan de la libre voluntad de las partes.

Si la notificación se practica en el domicilio del interesado, de no hallarse presente en ese momento, ¿quién podrá hacerse cargo de la misma?. La resupuesta la regula el siguiente artículo de la Ley 39/2015: Art. 41. Art. 51. Art. 41. Art. 52.

¿Dónde se realizará la publicación de un acto administrativo, según la Ley 39/2015?. En el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. En el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Electrónico del Estado. En el Boletín Oficial Electrónico de la Administración.

La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se realizará ordinariamente utilizando: El procedimiento negociado. El procedimiento abierto. El procedimiento abierto o el procedimiento restringido. El procedimiento abierto o el procedimiento negociado.

¿Qué principios de buen gobierno deben respetar los responsables públicos en el ejercicio de sus funciones?: Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. Todas son correctas. Respetarán el principio de imparcialidad.

Uno de los siguientes principios no está garantizado por la C.E.: El de jerarquía reglamentaria. El de irretroactividad. El de publicidad de las normas. El de legalidad.