C2 I - II Especifico Tema 1 - 9

1. 1. 11.

1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: A) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. B) A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. C) A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad. D) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. C) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. D) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.

3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: A) Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. D) Todas las opciones son válidas.

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. B) La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. C) La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. D) La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.

5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: A) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. B) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. C) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. D) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.

6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: A) Instrucciones y órdenes de servicio. B) Reglamentos internos. C) Circulares. D) Disposiciones de carácter general.

7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: A) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. B) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. C) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. D) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: A) Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. B) Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. C) Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. D) Son correctas las dos primeras opciones.

9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: A) Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. B) Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. C) Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. D) Ninguna es correcta.

10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: A) Podrá interponerse recurso de alzada. B) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: A) Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. B) Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. C) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. D) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.

12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: A) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. B) Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. C) Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. D) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: A) Podrá ser un miembro del propio órgano. B) Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. C) Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado. C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. D) Fijar el orden del día.

15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: A) Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. B) Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. C) Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. D) Cuando así lo decidan todos sus miembros.

16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: A) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. B) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. C) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. D) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.

17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: A) En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. C) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. D) En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.

18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: A) Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. B) A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. C) De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. D) Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: A) A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. B) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. C) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. D) A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: A) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. C) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. D) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: A) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. B) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. C) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: A) Por escrito a través de medios electrónicos. B) A través de medios electrónicos. C) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. D) Por escrito o verbalmente.

23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: A) Son convalidables. B) No son recurribles. C) Son anulables. D) Son nulas.

24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. C) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. D) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: A) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. B) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. D) En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: A) Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. B) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. C) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. D) Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: A) Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. B) En cualquier caso. C) A instancias del interesado. D) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: A) Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. B) Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. C) Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. D) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: A) Por medios electrónicos. B) Por medios no electrónicos. C) Por el medio señalado al efecto por la Administración. D) Por el medio señalado al efecto por aquel.

31. Entendemos por procedimiento administrativo: A) Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. B) El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. C) La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. D) El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.

32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.

33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: A) Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. B) La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. C) La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: A) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. B) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. C) Son competencias exclusivas del Estado. D) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.

35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. B) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. C) Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: A) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. B) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. C) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. D) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: A) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. B) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. C) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. D) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: A) En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. B) En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. C) En el mismo momento de la formulación de la recusación. D) En el día siguiente a la presentación del escrito.

39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: A) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. C) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. D) Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición: A) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. B) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. C) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. D) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: A) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. B) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. C) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. D) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.

43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: A) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. B) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. C) A no presentar en ningún caso documentos originales. D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: A) Directamente de oficio por la misma Administración. B) A petición de cualquier interesado. C) A petición de quien acredite un interés legítimo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

45. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: A) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. C) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. D) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: A) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. B) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. C) La denuncia de un particular. C) La denuncia de un particular.

47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: A) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. B) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. C) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. D) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: A) De veinte días. B) De cinco días. C) De diez días. D) De tres días.

49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: A) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. B) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. C) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. D) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.

50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: A) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. B) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. C) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. D) A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.

51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: A) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. B) En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. C) En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. D) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: A) Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. B) Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento.

53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: A) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. B) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.

54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. B) En todo momento del procedimiento. C) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. D) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: A) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. B) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. D) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: A) No superior a treinta días ni inferior a diez. B) No superior a veinte días ni inferior a diez. C) No superior a quince días ni inferior a diez. D) No superior a treinta días ni inferior a veinte.

57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: A) Facultativos y no vinculantes. B) Preceptivos y no vinculantes. C) Facultativos y vinculantes. D) Preceptivos y vinculantes.

58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: A) No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. B) Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. C) Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. B) La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. C) La caducidad, la renuncia o el desistimiento. D) La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.

60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: A) Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. B) En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. C) Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. D) Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.

61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: A) Al 20% del importe de la sanción propuesta. B) Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. C) Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. D) Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.

62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: A) Celebrados con personas y entidades de Derecho público. B) Celebrados con entidades de Derecho público. C) Celebrados con personas de Derecho público o privado. D) Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.

63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: A) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. B) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. C) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. D) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.

64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: A) En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. B) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. C) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. D) En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.

65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: A) En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. B) En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. C) En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. D) En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.

66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: A) En los procedimientos iniciados de oficio. B) En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. C) En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. D) No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.

67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: A) Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. B) La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. C) Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. D) La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.

68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: A) Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. B) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. C) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. D) Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.

69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: A) En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. B) En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. C) En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. D) En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.

70. La estimación por silencio administrativo: A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. B) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. C) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. D) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.

71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: A) De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. B) A instancia del interesado. C) De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. D) Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.

72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: A) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. B) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. C) La Ley 11/2007, de 22 de junio. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) La Ley 4/1999, de 13 de enero. C) Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. D) La Ley 11/2007, de 22 de junio.

74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: A) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. B) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. C) La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. D) La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.

75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: A) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. B) Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. C) La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. D) Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.

76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: A) Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. B) Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. C) Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. D) Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

77. En los procedimientos iniciados de oficio: A) La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. B) La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. C) Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. D) Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.

78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: A) En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. B) La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. C) Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. D) Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.

79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: A) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. B) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. C) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. D) Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.

80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: A) Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. B) De oficio por razones de orden público o interés general. C) A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. D) No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.

81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: A) En un plazo de quince días. B) En un plazo de cuarenta días. C) En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. D) En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.

82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: A) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. B) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. C) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. D) Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.

83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: A) Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. B) Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. C) Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. D) Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.

84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: A) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. B) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. C) El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. D) El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.

85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: A) El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. B) El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. C) Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. D) El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.

86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: A) A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. B) A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. C) A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. D) A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.

87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: A) De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. B) De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. C) De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. D) De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.

88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: A) Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. B) Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. C) Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. D) Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.

89. Durante la consulta de un expediente administrativo tramitado por vía electrónica, un ciudadano accede a la sede electrónica. ¿Qué elemento garantiza la autenticidad de la sede y de la información publicada?. A) El uso exclusivo en horario laboral. B) La identificación mediante un certificado electrónico cualificado. C) La obligación de usar servidores nacionales. D) La exigencia de DNI físico.

90. Una administración diseña un portal accesible desde web, app móvil y atención telefónica para facilitar la relación con la ciudadanía. ¿Cómo se denomina este conjunto de canales y puntos de acceso?. A) Ventanilla administrativa tradicional. B) Oficina integrada presencial. C) Multicanalidad de acceso electrónico. D) Registro único físico.

91. En la revisión de un documento incluido en un expediente electrónico, un funcionario debe comprobar que su contenido no ha sido modificado desde su firma. ¿Qué mecanismo acredita dicha integridad?. A) El CSV asociado al expediente. B) El sello electrónico de órgano. C) La firma electrónica avanzada (FEA). D) El justificante de presentación.

92. Durante un trámite electrónico, una persona se identifica con su DNI electrónico para confirmar su identidad. ¿Qué tipo de sistema de identificación está utilizando?. A) Certificado electrónico cualificado (QCert). B) Atributos digitales en la nube. C) Autenticación de nivel bajo. D) Sistema de claves concertadas.

93. Un técnico revisa un procedimiento administrativo que se ha tramitado íntegramente de forma electrónica y necesita comprobar todas las actuaciones realizadas. ¿Qué elemento contiene la secuencia completa del procedimiento?. A) El asiento registral asociado. B) El justificante electrónico. C) El CSV de presentación. D) El expediente electrónico.

94. En el envío de una notificación electrónica mediante la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU), la administración debe determinar el momento en que se considera practicada. ¿Cuándo ocurre esto?. A) Cuando la administración publica la notificación. B) Cuando el ciudadano recibe el aviso por email. C) 48 horas después del envío. D) Cuando accede a su contenido o pasados 10 días naturales.

95. Una entidad pública implementa nuevos servicios digitales y debe cumplir los principios que rigen el funcionamiento electrónico. ¿Cuál de ellos exige claridad y trazabilidad en las actuaciones administrativas?. A) Interrupciones periódicas del servicio. B) Simplicidad absoluta en todos los trámites. C) Transparencia y trazabilidad. D) Obligatoriedad del canal presencial.

96. Un ciudadano recibe un documento administrativo electrónico y desea comprobar que no ha sido alterado durante su conservación. ¿Qué mecanismo proporciona esta verificación?. A) La fecha de creación del documento. B) El tamaño del archivo. C) El formato de fichero utilizado. D) El Código Seguro de Verificación (CSV).

97. Una administración desea garantizar que su sede electrónica permanece disponible sin interrupciones injustificadas para la ciudadanía. ¿Qué principio debe asegurarse?. A) Usabilidad máxima. B) Simplicidad organizativa. C) Disponibilidad permanente. D) Seguridad mínima.

98. Una persona usuaria accede a un trámite electrónico utilizando Cl@ve PIN, que combina un código temporal y una clave concertada. ¿Qué tipo de autenticación es esta?. A) Autenticación local sin seguridad reforzada. B) Sistema basado en claves concertadas. C) Autenticación mediante certificado cualificado. D) Autenticación biométrica avanzada.

99. Una unidad administrativa incorpora un documento al expediente electrónico y debe garantizar su validez jurídica. ¿Qué requisito mínimo debe cumplir el documento?. A) Ser una copia escaneada. B) Estar en formato PDF. C) Tener un tamaño inferior a 5 MB. D) Contener metadatos obligatorios.

100. Una empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración pero presenta una solicitud en papel. ¿Qué actuación debe realizar la administración?. A) Tramitar la solicitud sin más. B) Considerarla desistida. C) Requerir que la presente por vía electrónica. D) Aceptar la solicitud si paga una tasa adicional.

101. Un archivo electrónico único debe conservar documentos generados durante procedimientos administrativos para futuras consultas. ¿Qué característica principal debe garantizar este archivo?. A) Eliminar automáticamente documentos en papel. B) Traducir los documentos a varios idiomas. C) Almacenar solo expedientes cerrados. D) Conservación íntegra y accesible.

102. Una administración revisa sus procedimientos electrónicos para reducir dificultades a los ciudadanos en la tramitación. ¿Qué objetivo persigue la simplificación administrativa?. A) Aumentar el número de formularios. B) Reducir costes internos exclusivamente. C) Eliminar cargas innecesarias para la ciudadanía. D) Eliminar controles automáticos.

103. Durante una auditoría, se revisa la trazabilidad de documentos que entran y salen de la administración. ¿Qué representa un asiento en el Registro Electrónico General (REG)?. A) Un certificado digital asociado. B) Una copia física del documento. C) La entrada o salida formal de un documento. D) Una notificación emitida.

104. Una persona usuaria necesita registrar un documento electrónico fuera del horario de atención presencial. ¿Qué sistema garantiza su presentación válida?. A) La oficina presencial. B) La atención telefónica. C) El Registro Electrónico. D) Un buzón físico cerrado.

105. Una notificación electrónica enviada por la administración debe garantizar que el ciudadano pueda identificar al órgano emisor. ¿Qué elemento asegura esta autenticidad?. A) El correo electrónico del funcionario. B) El sello electrónico de órgano. C) El número de expediente. D) El tipo de documento enviado.

106. Un ciudadano quiere verificar un documento electrónico sin disponer de certificado digital. ¿Qué sistema permite dicha verificación únicamente con un código?. A) Requiere certificado raíz. B) Funciona solo en un navegador concreto. C) Permite verificar mediante CSV sin credenciales. D) Exige identificación facial.

107. Una administración habilita servicios web (API) para interoperar con otras administraciones en la tramitación de expedientes. ¿Qué principio del funcionamiento electrónico está aplicando?. A) Reducción de plazos. B) Interoperabilidad administrativa. C) Accesibilidad universal. D) Neutralidad técnica.

108. Un expediente administrativo electrónico agrupa todos los documentos y actuaciones realizadas durante un procedimiento. ¿Qué elemento permite consultar esta información completa?. A) Lista de firmas realizadas. B) Expediente electrónico. C) Registro de salida. D) Metadatos administrativos.

109. Un ciudadano se relaciona electrónicamente con una administración y debe garantizar que sus datos de contacto estén actualizados para recibir notificaciones. ¿Qué obligación legal cumple con ello?. A) La obligación de disponer de certificado cualificado. B) El uso de redes públicas de acceso. C) La presentación en papel de la documentación. D) El mantenimiento actualizado de los medios de contacto.

110. Un servicio público electrónico incluye un asistente guiado que orienta a los ciudadanos durante la tramitación. ¿Qué requisito debe cumplir este servicio según la normativa de accesibilidad?. A) Exigir formación previa al usuario. B) Cumplir el nivel AA de las WCAG. C) Utilizar exclusivamente software privativo. D) Solicitar firma biométrica obligatoria.

111. Un órgano administrativo utiliza un sello electrónico para firmar documentos y notificaciones automáticas. ¿Qué tipo de firma electrónica emplea este sello?. A) Firma manuscrita escaneada. B) PIN asociado a un usuario. C) Certificado cualificado de sello electrónico. D) Firma basada en coordenadas.

112. Una plataforma electrónica permite aportar documentos y realizar pagos telemáticos durante un procedimiento administrativo. ¿Qué requisito de seguridad debe cumplir según el Esquema Nacional de Seguridad?. A) Utilizar únicamente pasarelas privadas. B) Permitir solo documentos editables. C) Garantizar medidas ENS de confidencialidad e integridad. D) Limitar el tamaño a 2 MB.

113. Una administración genera un documento electrónico y lo incorpora a un expediente. ¿Qué característica define que dicho documento sea válido jurídicamente?. A) Que provenga de una copia escaneada. B) Que incluya firma manuscrita escaneada. C) Que esté en formato editable. D) Que se genere o incorpore con autenticidad e integridad.

194. Son funcionarios de la Administración Local: A) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. B) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. C) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

195. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: A) De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. B) De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. C) Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. D) Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.

196. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, a través: A) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. B) Del sistema de concurso-oposición o concurso. C) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. D) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.

197. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: A) Igualdad, mérito y capacidad. B) Capacidad, productividad e igualdad. C) Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. D) Cualificación, mérito y capacidad.

198. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: A) Por personal funcionario o por personal laboral. B) Con carácter general por personal funcionario. C) Por personal eventual y personal funcionario. D) Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.

199. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. C) Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. D) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

200. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: A) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. B) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. C) Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. D) Ninguna es correcta.

201. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. C) La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. D) Las dos primeras opciones son correctas.

202. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: A) El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. C) El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. D) El Gobierno, mediante real decreto.

203. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. B) Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C) Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. D) A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

204. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. C) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. D) El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios, siendo el concurso libre.

205. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: A) Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. B) Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. C) En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. D) En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.

206. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: A) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. B) Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. C) Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. D) Poseer la titulación exigida.

207. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: A) La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. B) La excedencia voluntaria por interés particular. C) La excedencia voluntaria por agrupación familiar. D) La suspensión de funciones.

208. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: A) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. B) Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. C) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. D) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

209. Corresponderán, las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera: A) A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. B) Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. C) Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. D) Ninguna de las opciones es correcta.

210. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: A) Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. B) Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. C) Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. D) Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

211. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: A) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. B) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. C) Al Ministerio de Administraciones Públicas. D) A los órganos de la Corporación Local.

212. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: A) El Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. B) A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. C) Al Pleno de la Corporación. D) Al Ministerio de Administraciones Públicas.

213. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: A) Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Al Secretario de Estado para la Función Pública. C) Al Secretario de la Corporación Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

214. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. B) Al Instituto Nacional de Administración Pública. C) Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. D) Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.

215. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: A) Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Del Secretario de Estado para la Función Pública. C) De cada Corporación local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

216. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: A) Excedencia forzosa. B) Excedencia voluntaria. C) Servicios especiales. D) Servicio en otras Administraciones Públicas.

217. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: A) De cinco años inmediatamente anteriores. B) De cinco años. C) De cuatro años. D) De dos años inmediatamente anteriores.

218. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: A) Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción interna. B) Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. C) Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. D) La reserva del puesto de trabajo.

219. ¿En qué situación se encuentran los funcionarios que están en periodo de vacaciones o disfrutando de un permiso?. A) Servicio activo. B) Servicios especiales. C) Excedencia voluntaria. D) Suspensión provisional.

220. Conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Este traslado: A) No tendrán la consideración propia del traslado, tanto voluntario como forzoso. B) Tendrán la consideración de traslado voluntario. C) Tendrán la consideración de servicios en otras Administraciones Públicas. D) Tendrán la consideración de traslado forzoso.

221. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: A) Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007. B) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. D) Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

222. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por: A) Funcionarios de carrera exclusivamente. B) Exclusivamente por personal funcionario. C) Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. D) Personal funcionario con carácter general.

223. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local. C) Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

224. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: A) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. B) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. C) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. D) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.

225. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: A) Básicas y complementarias. B) Básicas y suplementos. C) Salario base y complementos en especie. D) Básicas, complementarias e indemnizaciones.

226. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: A) Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. C) Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. D) Ninguna de las opciones es correcta.

227. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación: A) La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. B) Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. C) El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. D) Todas son correctas.

228. En relación a los derechos de los empleados públicos el Estatuto en su redacción de 2015, actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: A) Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. B) El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. C) Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. D) El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.

229. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos se establece que la Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: A) A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. B) En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. C) A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. D) En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

230. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: A) En la carrera profesional horizontal. B) En la provisión de puestos de trabajo. C) En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto. D) Las tres opciones son correctas.

231. No se considera actividad en el sector público: A) La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales. B) La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. C) La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. D) La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.

232. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: A) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. B) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. C) El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. D) Ninguna de las opciones es correcta.

233. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: A) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. B) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. C) El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.

234. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario: A) Requiere previa autorización de compatibilidad. B) Está exenta del régimen de incompatibilidades. C) Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. D) Ninguna de las opciones es correcta.

235. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: A) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. B) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. C) Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

236. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: A) Por el Consejo de Ministros. B) Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. C) Por el Consejo General del Poder Judicial. D) Las dos primeras opciones son correctas.

237. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: A) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. B) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. C) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. D) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.

238. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: A) El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. B) En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. C) En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. D) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

239. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: A) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. B) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. C) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. D) Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.

240. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones: A) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. B) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas. C) Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. D) De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.

241. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: A) No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. B) No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. C) En ningún caso podrá exceder de 4 meses. D) Ninguna de las opciones es correcta.

242. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: A) Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. B) Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. C) Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. D) Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

243. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad de una actividad privada, se resolverá en el plazo de: A) Tres meses. B) Dos meses. C) Seis meses. D) Un mes.

244. Según el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad: A) No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos. B) No podrá ser suspendida la cotización. C) Las pagas extraordinarias, podrán ser percibidas en los dos puestos. D) Se computarán a efectos de trienios y de derechos pasivos.

245. Según el artículo 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, ¿cómo se podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales?. A) Mediante Orden Ministerial. B) El Gobierno mediante Real Decreto. C) El Gobierno mediante Decreto. D) Mediante Reglamento.

246. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a la Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los: A) Cinco primeros días del aludido plazo de toma de posesión. B) Díez primeros días del aludido plazo de toma de posesión. C) Quince primeros días del aludido plazo de toma de posesión. D) Veinte primeros días del aludido plazo de toma de posesión.

247. Conforme al artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas, la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: A) Un 35 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. B) Un 30 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. C) Un 20 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. D) Un 25 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente.

248. Conforme al artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en relación con la potestad disciplinaria, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes: A) Podrán vincular a la Administración si así lo recoge la sentencia. B) No vinculan a la Administración. C) Vinculan a la Administración. D) Podrán ser tenidos en cuenta por la Administración.

249. ¿A los cuántos años prescriben las faltas muy graves según el artículo 97.1 del TREBEP?. A) Al año. B) A los dos años. C) A los tres años. D) A los seis meses.

250. Según el artículo 96.1 del TREBEP, ¿qué sanción es exclusiva para faltas muy graves?. A) El apercibimiento. B) El demérito. C) La separación del servicio. D) La suspensión de funciones por 15 días.

303. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son: A) Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. B) Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. C) Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos. D) Son correctas las dos primeras opciones.

304. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la definición de tributos se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos: A) Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. B) Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. C) El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las Comunidades Autónomas respecto al Estado. D) Son correctas las dos primeras opciones.

305. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: A) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. B) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. C) El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. D) Ninguna de las opciones es correcta.

306. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: A) Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. B) Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades Autónomas. C) Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva. D) Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea.

307. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las prestaciones pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en: A) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. B) Tributos, tasas y contribuciones especiales. C) Tasas, tributos e impuestos. D) Impuestos, tributos y tasas.

308. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las tasas son: A) Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. B) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. C) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. D) Las dos primeras opciones son correctas.

309. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los impuestos son: A) Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. B) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes. C) Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. D) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

310. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la relación jurídico-tributaria: A) Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos. B) Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. C) Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados por la aplicación de los tributos. D) Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por la aplicación de los tributos.

311. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la relación jurídico-tributaria: A) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración. B) Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento. C) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. D) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario.

312. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente: A) Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. B) Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del tributo. C) Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta. D) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

313. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación tributaria principal tiene por objeto: A) La realización de pagos a cuenta. B) El pago de la cuota tributaria. C) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. D) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos.

314. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta, previstos legalmente, son: A) Obligaciones accesorias. B) Obligaciones formales. C) Obligaciones entre particulares resultantes del tributo. D) Obligaciones subsidiarias.

315. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria: A) Son obligaciones tributarias formales. B) Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo. C) Son obligaciones tributarias subsidiarias. D) Son obligaciones tributarias accesorias.

316. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las obligaciones de satisfacer el interés de demora: A) Son obligaciones tributarias accesorias. B) Son obligaciones tributarias complementarias. C) Son obligaciones tributarias subsidiarias. D) Son obligaciones tributarias subordinadas.

317. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones tributarias: A) Tienen la consideración de obligaciones accesorias. B) No tienen la consideración de obligaciones accesorias. C) Tienen la consideración de obligaciones principales. D) Ninguna de las opciones es correcta.

318. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es: A) Una obligación tributaria principal. B) Una obligación tributaria accesoria. C) Una obligación tributaria formal. D) Ninguna de las opciones es correcta.

319. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de: A) La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. B) Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. C) Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. D) Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.

320. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base imponible es: A) Es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. B) La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones establecidas en la ley. C) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. D) La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

321. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: A) Estimación directa, objetiva o indirecta. B) Estimación directa y estimación objetiva. C) Estimación directa y estimación indirecta. D) Ninguna de las opciones es correcta.

322. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las bases imponibles: A) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta. B) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva. C) Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. D) Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas físicas.

323. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la estimación objetiva: A) Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. B) Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación. C) Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. D) Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

324. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación indirecta se aplicará: A) Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. B) Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. C) En los supuestos establecidos legalmente. D) Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

325. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base liquidable es: A) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. B) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. C) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes. D) La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.

326. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los tipos de gravamen: A) Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. B) La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. C) Podrán ser especificados reglamentariamente. D) Las dos primeras opciones son correctas.

327. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la cuota íntegra se determinará: A) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto. B) Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable. C) Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. D) Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

328. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la deuda tributaria estará constituida: A) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. B) En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente. C) En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. D) Las dos primeras opciones son correctas.

329. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entendemos por obligados tributaros: A) Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. B) Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. C) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago. D) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.

330. Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no son obligados tributarios: A) Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente. B) Los obligados a realizar o soportar pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta), los obligados a repercutir o a soportar la repercusión. C) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos y los sucesores. D) Los albaceas testamentarios.

331. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener el reembolso con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto: parcialmente improcedente por sentencia. A) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia. B) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado totalmente improcedente por sentencia. C) Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. D) Del coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia.

332. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener: A) Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con abono del interés de demora pertinente sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. B) Las devoluciones de ingresos indebidos que procedan previo requerimiento al efecto, con el abono de intereses de demora. C) En los plazos legalmente previstos, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés legal pertinente. D) En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previo requerimiento al efecto.

333. Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son: A) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. B) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. C) El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o retenciones, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. D) El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, los obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.

334. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación al obligado a repercutir, podemos afirmar que: A) Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. B) El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. C) Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. D) Las dos primeras opciones son correctas.

335. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación el Consejo para la Defensa del Contribuyente: A) Se integra en el Ministerio de Hacienda. B) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas. C) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y asesora a los interesados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

336. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es sujeto pasivo: A) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal. B) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. C) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones tributarias formales. D) El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente.

337. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es sustituto: A) El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de las obligaciones tributarias. B) El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las obligaciones formales inherentes a la relación tributaria. C) El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. D) Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo.

338. Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son supuestos de exención: A) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. B) Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al tratarse de presupuestos que caen fuera de la órbita del impuesto. C) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. D) Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

339. Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los supuestos de exención: A) El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están reservados a la ley. B) Deben ser interpretadas de forma restrictiva. C) Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de realizar el hecho imponible no quedan obligadas al pago del tributo. D) Todas las opciones son correctas.

340. Las exenciones pueden clasificarse en: A) Exenciones administrativas si se aplican en la tramitación y exenciones reglamentarias, en virtud de las normas que las establecen. B) Exenciones objetivas, que el legislador con carácter previo establece respecto a determinados hechos o situaciones, que, a pesar de estar incluidos dentro del ámbito del hecho imponible, no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y exenciones subjetivas, que se establecen a criterio del órgano liquidador previa solicitud del interesado. C) Exenciones totales, que excluyen absolutamente el pago de la cuota tributaria y exenciones parciales, que reducen una parte de la cuota, incidiendo en los elementos de cuantificación de la misma. D) Ninguna de las opciones es correcta.

341. La exención opera: A) En el ámbito cuantificador del tributo. B) En el ámbito de la carga tributaria del tributo, como mecanismo técnico que minora el cálculo de la base. C) En el ámbito de la cuota íntegra ya determinada para concretar la cuota líquida del tributo. D) En el ámbito identificador del mismo o delimitación del hecho imponible.

342. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a: A) Las personas que la tengan conforme a derecho. B) Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia. C) Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. D) Son correctas las dos primeras opciones.

343. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, necesitarán actuar mediante representantes legales: A) Las personas que no carezcan de capacidad de obrar. B) Los menores emancipados. C) Las personas jurídicas. D) Los socios de entidades mercantiles.

344. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, actuarán como representantes legales de las personas jurídicas: A) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. B) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo de la entidad en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. C) Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por acuerdo societario válidamente adoptado en el momento en que se produzcan el devengo de la obligación tributaria. D) Quienes la ostenten, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los socios o partícipes.

345. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, corresponderá a: A) El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente. B) El que aparentemente ejerza la gestión o dirección. C) Cualquiera de sus miembros o partícipes. D) El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que aparentemente ejerza la gestión o cualquiera de sus miembros.

346. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar: A) Por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal. B) Por medio de abogado y procurador. C) Por medio de colaborador social debidamente colegiado y registrado. D) Por medio de mandatario verbal.

347. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente: A) Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario. B) Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos. C) Para los actos de mero trámite. D) Las dos primeras opciones son correctas.

348. Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración Tributaria: A) El presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. B) El presentador habrá de acreditar dicha representación. C) El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación. D) La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la representación.

349. Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español cuando: A) No operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente. B) Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración. C) Por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración Tributaria. D) Sean ciudadanos de la Unión Europea.

350. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el domicilio fiscal: A) Cada Administración deberá comprobar bianualmente el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa. B) Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. C) El cambio de domicilio fiscal producirá efectos frente a la Administración Tributaria desde que se inscriba dicho cambio en el registro oficial pertinente, según se trate de persona física o jurídica. D) Cada Administración deberá rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.

351. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el domicilio fiscal de las personas o entidades no residentes en España: A) Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la Administración Tributaria. B) Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los ciudadanos de sus Estados miembros. C) Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la administración competente. D) Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

352. La actuación de las Administraciones Tributarias se desarrolla a través de procedimientos administrativos, esto implica: A) Una secuencia ordenada de actos en la que cada uno de ellos trae causa del anterior y es preparatorio del siguiente. B) Un conjunto ordenado de trámites hasta llegar al acto final resolutorio del procedimiento. C) Que son procedimientos eventuales, ya que no se dan en todos en todos los casos, y fungibles, pues pueden variar su estructura para cada caso. D) Las tres opciones son correctas.

353. Según el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: A) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo y supletoriamente, por la Ley 39/2015. B) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y por la Ley 40/2015. C) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente, por la Ley 39/1992. D) Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

354. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos podrán iniciarse: A) De oficio o a instancia del obligado tributario, mediante cualquier medio previsto en la normativa tributaria. B) A instancia de parte, de oficio o por indicación de otro organismo administrativo interesado previsto en la normativa tributaria. C) De oficio o a petición de otro órgano administrativo interesado competente en el expedienta a iniciar. D) Ninguna de las opciones es correcta.

355. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso: A) El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. B) El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. C) El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

356. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios: A) Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. B) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. C) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. D) Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

357. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios: A) La Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. B) La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. C) El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés legítimo en el procedimiento. D) En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

358. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios: A) Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. B) Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria. C) Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

359. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las comunicaciones son: A) Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. B) Los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. C) Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones Públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes. D) Ninguna de las opciones es correcta.

360. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula tres grandes tipos de procedimientos de acuerdo a una distribución funcional de los mismos: A) Los procedimientos de gestión y liquidación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. B) Los procedimientos de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. C) Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento inspector y sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. D) Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento investigador y sancionador y los procedimientos de revisión y de apremio en vía administrativa.

361. Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vienen referidos a la efectividad del tributo, se concretan en: A) Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución. B) Investigación, liquidación y recaudación. C) Gestión, inspección y recaudación. D) Verificación, certificación y recaudación.

362. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución: A) Cuando se suscriban actas con acuerdo. B) Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. C) Cuando expresamente se solicite por los interesados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

363. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán: A) Presentar por medio de representante sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. B) Presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. C) Presentar por medio de colaboradores sociales sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. D) Presentar por correo certificado sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

364. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta: A) Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20. B) Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. C) Que tendrá una duración de 15 días. D) Que tendrá una duración de 20 días.

365. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pondrá fin a los procedimientos tributarios: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud y la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas. B) La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. C) La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación. D) Las dos primeras opciones son correctas.

366. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria está obligada: A) A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. B) A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la renuncia o el desistimiento de los interesados. C) A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos. D) Ninguna de las opciones es correcta.

367. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho: A) Los actos de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. B) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. C) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. D) Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.

368. Según el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos de aplicación de los tributos: A) Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. B) La unidad de gestión tributaria cumplirá su deber de probar si designa de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. C) La factura constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, si la Administración cuestiona su efectividad, le corresponde aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. D) Las tres opciones son correctas.

369. Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la prueba: A) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización en todo caso. B) Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. C) Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto con el consentimiento de la unidad tributaria que practicó la diligencia. D) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos privados establecida en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

370. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la notificación se practicará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: A) En el domicilio fiscal del obligado tributario en todo caso. B) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. C) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. D) En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante en todo caso.

371. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse: A) En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. B) En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. C) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. D) Las dos primeras opciones son correctas.

372. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos: A) Mediante denuncia anónima. B) Mediante denuncia pública. C) Mediante comunicación anónima. D) Las tres opciones son válidas.

373. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el denunciante: A) Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. B) Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. C) Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones. D) Ninguna de las opciones es correcta.

374. Según el artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá comprobar e investigar: A) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción. B) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. C) Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y negocios determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. D) Cualesquiera hechos, actos, elementos y actividades relacionadas con la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.

375. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: A) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que resulte a devolver de acuerdo con la normativa tributaria. B) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria. C) Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que corresponda compensar de acuerdo con la normativa tributaria. D) Todas las opciones son correctas.

376. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: A) La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. B) Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. C) Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. D) Las dos últimas opciones son correctas.