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CACECICOCU01 - LEY_2_3_2014 hay actualizaciones

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Título del test:
CACECICOCU01 - LEY_2_3_2014 hay actualizaciones

Descripción:
CACECICOCU01 - LEY_2_3_2014 hay actualizaciones

Autor:
REW
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
17/03/2018

Categoría:
Cine y TV

Número preguntas: 16
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Temario:
En relación a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea señale la afirmación correcta en todos sus términos: Contiene 220 artículos, distribuidos en 1 Título preliminar y 10 Títulos. El Título III se denomina "Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad" (arts. 63 a 92) Son autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Lo Penal Al Estado de ejecución se define como el Estado miembro de la UE en el que la autoridad competente ha dictado una orden o resolución de las reguladas en la Ley 23/2014 al objeto de que sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro. Al Estado de emisión se define como el Estado miembro de la UE al que se ha transmitido una orden o resolución dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecución.
La actual Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea es la: 22/2014, de 10 de noviembre 23/2014, de 20 de noviembre 13/2014, de 19 de noviembre 33/2014, de 20 de noviembre.
Conforme la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, se considera Estado de emisión: A) Al Estado miembro o no de la Unión Europea al que se ha transmitido una orden o resolución dictada por la autoridad administrativa competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecución. B) Al Estado miembro de la Unión Europea que se ha transmitido una orden o resolución dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecución. Son correctas las respuestas a) y b ). Al Estado miembro de la Unión Europea en el que Ja autoridad competente ha dictado una orden o resolución de las reguladas en Ja citada Ley al objeto de que sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro.
En relación a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea señale la afirmación correcta en todos sus términos: Los Instrumentos de reconocimiento mutuo son 8 recogidos a lo largo de los Títulos II a X Los títulos II y III regulan, respectivamente, la Orden europea de protección, y la Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional. Cuando un instrumento de reconocimiento mutuo afecte directamente, al menos, a 3 Estados miembros y se hayan transmitido, al menos, a 2 Estados miembros solicitudes o decisiones de cooperación judicial, deberá informarse a Eurojust en los términos que establezca normativa. La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resolución judicial cuya ejecución se transmite a otro Estado miembro de la Unión Europea, especificará si el delito objeto de la resolución judicial se incardina en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de ejecución, de acuerdo con el artículo 20, y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de 5 años de privación de libertad.
Conforme la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea las Autoridades judiciales competentes en España para emitir la orden europea de detención y entrega y resoluciones de libertad vigilada son: En ambos casos, el Juez Central de Lo Penal. En el primer caso, el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes. Para la ejecución es competente el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. En el segundo caso, los Jueces o Tribunales que conozcan de la ejecución de la sentencia o resolución de libertad vigilada. Y para reconocer y acordar la ejecución de una resolución de libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, el Juez Central de lo Penal. En el primer caso, el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes. Para la ejecución es competente el Juez Central de Lo Penal de la Audiencia Nacional. En el segundo caso, los Jueces o Tribunales que conozcan de la ejecución de la sentencia o resolución de libertad vigilada. Y para reconocer y acordar la ejecución de una resolución de libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, el Juez Central de Instrucción. En ambos casos, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
A la luz de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, es/son requisitos para transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, conforme el artículo 66, el/los siguiente/s: A) Que el condenado se encuentre en España o en el Estado de ejecución. B) Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, después de haber consultado al Estado de ejecución, cuando corresponda. Que medie siempre el consentimiento del condenado. Son correctas las respuestas A y B.
A la luz del artículo 73 de la Ley 23/2014, de: 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, respecto hl traslado del condenado al Estado' de ejecución, señale la afirmación correcta en todos su~ términos Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se procederá al traslado del condenado al Estado de ejecución si éste se encontrara en España. El plazo para hacer efectivo este traslado no podrá superar los 20 días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. En caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad de ejecución, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de 20 días desde la nueva fecha acordada. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
A la luz de La ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea en relación a las resoluciones por las que se impone una pena o medida privativa de libertad, son autoridades competentes para la transmisión: · Los Jueces de Instrucción, así como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el Tribunal que hubiera dictado la sentencia en segunda instancia. Los Jueces de Lo Penal, así como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley reguladora de la responsabilidad del menor. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el Tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez Central de Instrucción. Para llevar a cabo la ejecución de la misma, será competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores. Las Audiencias Provinciales. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el Tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Para llevar a cabo la ejecución de la misma, será competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, así como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el Tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia. .
En relación a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el articulo 77 establece los requisitos para el reconocimiento y la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. De ahí que se dispone que el Juez Central de lo Penal reconocerá las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea cuando de esta forma se facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna de las siguientes circunstancias: Que el condenado sea español y resida en nuestro país. Que el condenado sea español y vaya a ser expulsado a España con motivo de esa condena. Aun cuando no se den las condiciones de las respuestas A y B, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado español, este consentimiento no sea necesario. Todas las respuestas anteriores representan circunstancias recogidas en el citado artículo 77.
Respecto la regulación que hace en su artículo 86 la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, sobre la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, hay que establecer en relación a la legislación aplicable en la ejecución de la resolución una de las siguientes afirmaciones: A) El Tribunal sentenciador deberá ejecutar la resolución condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, con deducción del período de privación de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisión en relación con la misma resolución condenatoria, del período total que haya de cumplirse en España. B) El Tribunal sentenciador será la única autoridad competente para determinar el procedimiento de ejecución y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesión de la libertad condicional. Son correctas las respuestas A y B. Si la autoridad de emisión informara de la fecha en virtud de la cual el condenado tendría derecho a disfrutar de la libertad condicional, con arreglo a su ordenamiento jurídico, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria podrá tenerla en cuenta.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, ¿Cuál de los siguientes no está recogido como instrumento de reconocimiento mutuo? La orden europea de protección. La resolución de libertad vigilada. La resolución de expulsión del territorio nacional. El exhorto europeo de obtención de pruebas.
La Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo, de resoluciones penales en la Unión Europea, establece en el Artículo segundo los instrumentos de reconocimiento mutuo. ¿Cuál de los siguientes no está regulado en esta Ley? La resolución de decomiso. La orden europea de detención y entrega. El exhorto europeo de obtención de pruebas. El mandamiento de evicción.
CUANDO ESPAÑA ES EL ESTADO DE EMISIÓN, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE TRANSMITIRÁ LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE EXIJA EL PAGO DE UNA SANCIÓN PECUNIARIA: Solamente contra personas físicas Contra las personas físicas o jurídicas sancionadas. que se encuentren en otro Estado de la UE Solamente si la persona sancionada posee propiedades u obtiene ingresos en el otro Estado de la UE Contra las personas físicas o jurídicas españolas y sancionadas en España, que se encuentren en otro Estado de la UE.
CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL COMPETENTE ESPAÑOL TRANSMITE UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXIGE EL PAGO DE UNA SANCIÓN PECUNIARIA A UNA PERSONA JURÍDICA ESTABLECIDA EN OTRO PAÍS DE LA UE: La transmitirá a través del Ministerio de Asuntos Exteriores Si tiene propiedades el sancionado en varios Estados de la UE, la solicitud de podrá dirigir a la vez a todos los Estados donde tiene las propiedades El órgano competente en España para transmitir la resolución debe ser un órgano jurisdiccional penal y mantendrá comunicación directa con la autoridad a la que dirige la resolución El órgano competente en España para transmitir la resolución debe ser un órgano jurisdiccional penal o no penal y mantendrá comunicación directa con la autoridad a la que dirige la resolución.
SI UN JUZGADO DE ÁMBITO PENAL FRANCÉS TRANSMITE A LA JUSTICIA ESPAÑOLA UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXIGE EL PAGO DE UNA SANCIÓN PECUNIARIA A UN ESPAÑOL RESIDENTE EN BARCELONA: El certificado será devuelto si no viene traducido al español Se devolverá el certificado, ya que el sancionado es un súbdito español En todo caso el hecho por el que se ha dictado la resolución debe ser constitutivo de infracción según el Derecho español Se deberá nombrar de oficio un Abogado defensor, si no lo presenta el sancionado.
SI LA RESOLUCIÓN REMITIDA POR EL JUEZ FRANCÉS EXIGIENDO EL PAGO DE UNA SANCIÓN PECUNIARIA SE DIRIGE A UNA PERSONA CON RESIDENCIA EN GRANADA, SERÁ COMPETENTE PARA EJECUTAR DICHA RESOLUCIÓN: Uno de los Juzgados Centrales de lo Penal La Audiencia provincial de Granada Uno de los Jueces de Instrucción de Granada Uno de los Jueces de lo Penal de Granada.
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