Calcetines 2

Según el artículo 1 de la Ley 5/2014, las actividades de seguridad privada tienen la consideración de: Complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. Independientes y equivalentes a la seguridad pública. Exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actividades auxiliares sin relación con la seguridad pública.

¿Cuál de los siguientes NO aparece incluido expresamente en la definición legal de “prestadores de servicios de seguridad privada”?. Los operadores de seguridad. Las empresas de seguridad privada. Los despachos de detectives. El personal habilitado para ejercer funciones de seguridad privada.

Conforme al artículo 3, el régimen sancionador también se aplicará a: Empresas y personal que ejerzan funciones de seguridad privada sin habilitación o autorización. Exclusivamente a empresas autorizadas. Únicamente al personal habilitado. Solamente a usuarios de seguridad privada reincidentes.

¿Cuál de los siguientes fines NO aparece recogido en el artículo 4?. Sustituir plenamente las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Contribuir a garantizar la seguridad pública. Satisfacer necesidades legítimas de seguridad o información. Complementar el monopolio de la seguridad correspondiente al Estado.

Según el artículo 5, la investigación privada podrá realizarse respecto de: Personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. Todo tipo de delitos, incluidos los perseguibles de oficio. Únicamente personas desaparecidas. Exclusivamente delitos económicos.

¿Qué actividad queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2014 según el artículo 6?. La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada. La explotación de centrales receptoras de alarmas. El transporte y distribución de objetos valiosos. La protección de personas físicas determinadas.

Según el artículo 6.3, el personal no habilitado que realice funciones auxiliares: No podrá portar ni usar armas ni medios de defensa. Podrá ejercer funciones de vigilancia si existe autorización verbal. Podrá utilizar uniformes similares a los de seguridad privada. Podrá intervenir en controles de seguridad ciudadana.

Conforme al artículo 8, las empresas y el personal de seguridad privada: No podrán ejercer control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas. Podrán recopilar datos ideológicos si el cliente lo autoriza. Tendrán prioridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en conflictos laborales. Podrán intervenir en manifestaciones cuando exista alteración del orden público.

Según el artículo 9, los contratos de prestación de servicios de seguridad privada deberán: Formalizarse por escrito y comunicarse antes del inicio del servicio. Formalizarse únicamente si el servicio dura más de seis meses. Comunicarse después del inicio del servicio. Ser autorizados judicialmente en todo caso.

¿Qué prohibición específica afecta a los despachos de detectives privados según el artículo 10?. Investigar delitos perseguibles de oficio. Investigar hechos relacionados con patrimonio empresarial. Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Obtener información de acceso público.

Según el artículo 2, ¿qué se entiende legalmente por “medidas de seguridad privada”?. Las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos. Los servicios ejecutados exclusivamente por vigilantes armados. Los medios materiales homologados por la Guardia Civil. Las actuaciones realizadas únicamente por empresas autorizadas.

Conforme al artículo 2, el “personal acreditado” incluye: Profesores de centros de formación, ingenieros, técnicos y operadores de seguridad. Exclusivamente vigilantes de seguridad y escoltas privados. Únicamente ingenieros de empresas de seguridad. Detectives privados y directores de seguridad.

Según el artículo 3.2, ¿a quién puede aplicarse la ley en la medida que resulte pertinente?. A las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática. Sólo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Únicamente a empresas de vigilancia armada. Exclusivamente a usuarios obligados a contratar vigilancia física.

Conforme al artículo 5.2, los servicios relativos a la investigación privada podrán prestarse: Exclusivamente por despachos de detectives privados. Por cualquier empresa de seguridad autorizada. Sólo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por personal auxiliar acreditado.

Según el artículo 5.3, las centrales receptoras de alarmas de uso propio: No pueden prestar ningún tipo de servicio de seguridad a terceros. Pueden comercializar servicios limitados de vigilancia electrónica. Sólo pueden instalarse en entidades públicas. No requieren autorización administrativa.

¿Cuál de las siguientes funciones queda fuera del ámbito de aplicación de la ley salvo que implique asumir funciones de seguridad privada?. La recepción y comprobación de visitantes en edificios. El transporte de explosivos. La investigación privada de hechos perseguibles a instancia de parte. La explotación de centrales receptoras de alarmas.

Según el artículo 7, las actuaciones de autoprotección: No están sujetas a la ley si no suponen contraprestación ni servicios a terceros. Requieren siempre autorización previa del Ministerio del Interior. Sólo pueden ser realizadas por empresas de seguridad privada. Deben comunicarse obligatoriamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Conforme al artículo 8.2, los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: En todo momento y lugar, con sujeción a lo que éstas dispongan. Únicamente en situaciones de terrorismo. Sólo cuando exista autorización judicial. Exclusivamente en servicios armados.

Según el artículo 9.3, la comunicación de contratos de investigación privada contendrá: Sólo los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, excluyendo los de carácter personal. Todos los datos personales completos de investigados y contratantes. El contenido íntegro del informe de investigación. Exclusivamente el objeto concreto de la investigación.

Conforme al artículo 10.1, está prohibido: Utilizar medios de seguridad que atenten contra el derecho al honor o la intimidad. Instalar sistemas de videovigilancia homologados. Contratar servicios de seguridad privada de forma voluntaria. Comunicar contratos de seguridad al órgano competente.

Un ayuntamiento quiere contratar un servicio de vigilancia para un evento local, pero decide hacerlo verbalmente el mismo día del evento sin comunicar nada a la Administración. Según la Ley 5/2014, ¿qué requisito estaría incumpliendo?. La obligación de formalizar por escrito y comunicar previamente el contrato. La obligación de contratar únicamente empresas extranjeras. La necesidad de autorización judicial previa. La obligación de contratar detectives privados.

Una empresa tecnológica instala cámaras internas conectadas a un centro de videovigilancia propio y pretende prestar el mismo servicio a terceros sin autorización. Según el artículo 5, ¿qué ocurre?. Está realizando una actividad de seguridad privada reservada a empresas autorizadas. Puede hacerlo libremente si las cámaras son homologadas. Sólo necesitaría comunicarlo al ayuntamiento. Está actuando dentro de una actividad excluida de la ley.

Un detective privado acepta investigar un presunto delito de homicidio sin comunicar nada a la policía. ¿Qué prohibición estaría vulnerando?. La prohibición de investigar delitos perseguibles de oficio. La prohibición de investigar hechos relacionados con personas físicas. La obligación de trabajar exclusivamente para jueces. La prohibición de realizar investigaciones patrimoniales.

Un conserje de un edificio comienza a cachear visitantes y portar defensa extensible porque “ayuda a la seguridad”. Según la ley, ¿qué afirmación sería correcta?. No puede portar armas ni ejercer funciones reservadas al personal de seguridad privada. Puede hacerlo si el propietario del edificio se lo autoriza. Sólo tendría prohibido portar armas de fuego. Puede actuar como vigilante si lleva uniforme identificativo.

Una empresa de seguridad quiere ofrecer servicios de investigación privada además de vigilancia y escolta. Según el artículo 10: No puede realizar servicios propios de despachos de detectives privados. Puede hacerlo siempre que tenga vigilantes habilitados. Puede investigar delitos privados sin limitaciones. Sólo necesita ampliar el seguro de responsabilidad civil.

Un vigilante obtiene información sobre la vida privada de un cliente y decide comentarla con amigos fuera del trabajo. Según el artículo 8, estaría incumpliendo: El deber de no comunicar información conocida durante el servicio. Únicamente normas éticas internas de la empresa. Sólo el reglamento de protección de datos europeo. Una recomendación sin carácter obligatorio.

Una empresa anuncia servicios de seguridad armada en internet sin haber presentado declaración responsable ni tener autorización. Según el artículo 10, esto constituye: Una prohibición expresa de la ley. Una infracción leve exclusivamente publicitaria. Una actividad compatible permitida temporalmente. Una actuación válida hasta que exista denuncia.

Un ciudadano instala cámaras en su vivienda particular exclusivamente para proteger su propiedad y sin prestar servicios a terceros. Según el artículo 7, esto sería: Una actuación de autoprotección excluida de la ley. Un servicio de seguridad privada obligatorio. Una actividad reservada a empresas autorizadas. Una actividad compatible sometida a declaración responsable.

Una empresa de seguridad decide elaborar perfiles políticos de trabajadores de una fábrica para “prevenir conflictos”. Según el artículo 8: Tiene prohibido ejercer control sobre opiniones políticas o sindicales. Puede hacerlo con autorización empresarial. Puede realizarlo si no almacena los datos digitalmente. Sólo está prohibido respecto a opiniones religiosas.

Una central receptora de alarmas creada por una empresa para proteger únicamente sus propios inmuebles empieza a ofrecer vigilancia remota a otras compañías. Según el artículo 5.3: No puede prestar ningún tipo de servicio de seguridad a terceros. Puede hacerlo si comunica previamente la actividad. Puede prestar servicios limitados de videovigilancia. Sólo necesitaría contratar operadores acreditados.

Una empresa dedicada exclusivamente a instalar alarmas conectadas a centrales receptoras pretende operar sin autorización administrativa alegando que sólo instala equipos. Según el artículo 18, ¿qué régimen se le aplicaría?. Podrá sustituirse la autorización por una declaración responsable. No necesita ningún tipo de control administrativo. Debe obtener autorización judicial previa. Sólo deberá registrarse en el ayuntamiento correspondiente.

Una empresa de seguridad quiere incluir en su objeto social actividades ajenas totalmente a la seguridad privada, como restauración y turismo. Según el artículo 19, ¿qué ocurriría?. El objeto social debe referirse exclusivamente a actividades de seguridad privada y compatibles permitidas. Puede incluir cualquier actividad mercantil sin limitación. Sólo estaría limitada si usa armas de fuego. Las incompatibilidades sólo afectan a detectives privados.

Una empresa de seguridad pretende operar sin seguro de responsabilidad civil porque afirma que nunca ha tenido incidentes. Según el artículo 19: Debe suscribir obligatoriamente un seguro o garantía financiera. El seguro sólo es obligatorio para servicios armados. Basta con una declaración jurada de solvencia. Puede sustituirse por autorización municipal.

Una compañía extranjera de seguridad privada autorizada en otro país de la Unión Europea quiere trabajar en España sin inscribirse en ningún registro español. ¿Qué establece la ley?. Debe inscribirse obligatoriamente en el registro correspondiente en España. Puede operar libremente sin ningún trámite adicional. Sólo necesita comunicarlo a la Guardia Civil. Debe constituir una nueva sociedad española obligatoriamente.

Un ingeniero de una empresa de seguridad comienza a trabajar sin la acreditación expedida por el Ministerio del Interior. Según el artículo 19: Los ingenieros y técnicos deben disponer de la correspondiente acreditación. Sólo los vigilantes necesitan habilitación oficial. La acreditación es voluntaria para personal técnico. Basta con experiencia laboral previa en seguridad.

Una empresa de seguridad presta servicios armados, pero guarda las armas en un almacén sin medidas específicas de custodia. Según el artículo 19: Deben adoptarse medidas que garanticen la adecuada custodia y utilización de las armas. Las armas sólo requieren control policial externo. No existe regulación sobre custodia interna. La custodia corresponde exclusivamente a la Guardia Civil.

Una academia de formación de vigilantes comienza a impartir cursos sin presentar declaración responsable. Según el artículo 12: Los centros de formación están sometidos a declaración responsable, inspección y sanción. Sólo necesitan autorización educativa autonómica. Pueden funcionar libremente si no expiden diplomas. La ley no regula la formación del personal de seguridad privada.

Una comunidad autónoma con competencias asumidas en seguridad privada quiere coordinar servicios de seguridad privada con su policía autonómica. Según el artículo 13: Puede coordinar los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y local. Esa competencia corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior. Sólo puede coordinar servicios armados. Únicamente puede actuar mediante autorización judicial.

Un vigilante presencia un robo durante su servicio y decide no informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque “no es asunto suyo”. Según el artículo 14: Tiene obligación de comunicar hechos delictivos conocidos durante el ejercicio de sus funciones. Sólo debe actuar si existe violencia física. La comunicación es voluntaria salvo orden judicial. Esa obligación corresponde únicamente al jefe de seguridad.

Según el art 15 cuando se puede permitir el acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Puede autorizarse el acceso a los sistemas cuando sea necesario para prevenir un peligro real o reprimir infracciones penales. Nunca pueden acceder a sistemas privados de seguridad. Sólo pueden acceder mediante autorización del cliente afectado. El acceso sólo está permitido en investigaciones de terrorismo.