Carretera 1

La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 4 del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, depende de: La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. La Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General del Estado. El Director General de la Dirección General de Función Pública. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el ANEXO VI, Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel superior, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿de cuántas partes consta el programa formativo de nivel superior?. Una. Dos. Tres. Cuatro.

Teniendo en cuenta el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿antes de qué fecha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado?. 1 de agosto de cada año. 1 de septiembre de cada año. 1 de octubre de cada año. 1 de noviembre de cada año.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 29 recoge el Plan Presupuestario a medio plazo, el cual abarca un período mínimo ¿de cuántos años?. 3. 2. 4. 5.

El artículo 169, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto a las auditorías de cumplimiento, establece que la Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan: En el Plan anual de auditorías. En el Plan anual de Intervención. En el Plan de auditorías de programas presupuestarios. En el Plan de auditorías de sistemas y procedimientos.

Según el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General de la Administración del Estado, discrepancia motivada por escrito mediante: Conducto de la Subsecretaría del departamento, en caso de ministerios. Conducto de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en todo caso. Conducto de la Dirección General de Presupuestos, en caso de Entidades Públicas Empresariales. Conducto del Secretario General Técnico del departamento, en caso de ministerios.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye la definición de las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia a: El Consejo. El Consejo Europeo. El Parlamento Europeo. El Consejo y la Comisión Europea.

En la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, el Comité de Conciliación se reunirá: Siempre. Si el Parlamento Europeo no se pronuncia sobre la posición del Consejo. Si el Parlamento Europeo aprueba la posición del Consejo en el plazo de cuarenta y dos días desde su transmisión. Si el Parlamento Europeo aprueba enmiendas por mayoría de los miembros que lo componen y el Consejo no aprueba todas en el plazo del diez días desde su transmisión.

El procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la Unión Europea consiste: En la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo. En la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo. En la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. En la adopción conjunta por la Comisión y el Consejo, a propuesta del Parlamento, de un reglamento, una directiva o una decisión.

El Eurogrupo es: Una agencia europea con estatuto propio. Una de las instituciones europeas. Un comité del COREPER. Un órgano informal.

En España, la Comisión Mixta para la Unión Europea: Puede permitir la comparecencia ante ella de los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Integra a representantes de los departamentos ministeriales. Coordina la actuación de los distintos órganos de la Administración General del Estado en relación con la Unión Europea. Está adscrita a la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

¿La Unión Europea ha incluido entre sus objetivos algún plan que incluya la administración electrónica?: Sí, estos objetivos están incluidos en el Plan Moderniza. No, esta política no es competencia de la Unión Europea. Sí, estos objetivos están incluidos en la Agenda Digital para Europa. No, hay conversaciones entre los Estados miembros pero no se han plasmado en documento alguno.

Según el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué puestos de trabajo pueden considerarse personal directivo en las Administraciones Públicas Españolas?: Los que desarrollan funciones directivas profesionales, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Los que sean elegidos por los órganos de Gobierno de cada Administración. Los puestos de trabajo de libre designación. Los que no desarrollan tareas técnicas sino sólo tareas de decisión.

En la Administración General del Estado, ¿quién aprueba las políticas públicas que se deben evaluar cada año?. El Consejo de Ministros. El Parlamento. El Tribunal de Cuentas. La Intervención General de la Administración del Estado.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos es de aplicación a: Sólo a la Administración General del Estado. Sólo a la Administración General del Estado y los Ayuntamientos. A todas las Administraciones Públicas Españolas. A todas la Administraciones Públicas Españolas, excepto las CCAA de Cataluña y País Vasco.

De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) son órganos directivos: Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Vicepresidentes del gobierno. Los Subsecretarios.

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, presentará anualmente un informe acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestada a los ciudadanos: Al Congreso de los Diputados. A la Intervención General de la Administración del Estado. Al Gobierno. Al Tribunal de cuentas.

Como norma general, según lo dispuesto en el art 79 de la Ley General Presupuestaria, los perceptores de las cuentas de pagos a justificar quedan obligados a rendir cuentas justificativas de la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de: 1 mes. 3 meses. 1 año. 15 días.

Según el art 20 de la Ley General Tributaria, el presupuesto fijado por Ley para configurar cada tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria principal se denomina: Devengo. Base imponible. Hecho imponible. Tasa.

Según la Ley General Presupuestaria, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario se denomina: Ordenación del pago. Compromiso de gasto. Aprobación del gasto. Reconocimiento de la obligación.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme al art. 40.1 la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran: 15 días hábiles. 15 días naturales. 20 días hábiles. 20 días naturales.

El defecto de forma del acto administrativo supondrá: --> ANULADA. La nulidad absoluta del acto, en todo caso. La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar un fin o de lugar a la indefensión de los particulares. La revocación del acto, previa declaración de lesividad. La anulabilidad del acto, en todo caso.

Cuál de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación del artículo 107.2 de la Ley 30/1992 de la LRJAP Y PAC. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones de los Directores Generales en el ámbito de sus competencias, salvo en materia de personal.

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, archivos y registros, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será: De carácter obligatoria y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa. De carácter potestativa y previa a la impugnación en vía contencioso- administrativa. De carácter potestativa y previa al recurso de reposición. De carácter potestativa y previa al recurso de alzada.

De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos de los compromisos de calidad en la prestación de los servicios que tienen encomendados a través de: Los compromisos públicos de calidad. Las cartas de servicios. Los contratos públicos de servicios. La documentación anexa a los expedientes de los servicios.

La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA), creada por el Real Decreto 479/2013, tiene dependencia funcional: Del Ministerio de Administraciones Públicas exclusivamente. Conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Economía y Competitividad. Conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas. Del Ministerio de la Presidencia exclusivamente.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras de las Administraciones Públicas en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, será requisito indispensable para: Todos los contratos de obras y de concesión de obras públicas del sector público. Todos los contratos de obras del sector público. Los contratos de obras del sector público cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 €. Los contratos de obras del sector público cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la modificación o refundición de Organismos Autónomos que suponga una la alteración de su régimen de personal deberá producirse por: Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro o Ministros de adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo. Real Decreto, a iniciativa del Ministro de adscripción y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. Una norma con rango de ley. Real Decreto del Ministro de adscripción.

De acuerdo con la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), la gestión, administración, representación y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de los organismos autónomos corresponderán: A la Dirección General de Patrimonio del Estado. Al Ministerio de adscripción del Organismo Autónomo. Al propio Organismo Autónomo. Al Ministerio de Hacienda.

Según lo establecido en el artículo 159.1 de la Constitución Española de 1978 y en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, componen el Tribunal Constitucional: El Presidente del Tribunal más doce Magistrados. El Presidente del Tribunal, el Vicepresidente del Tribunal y doce Magistrados más. Doce miembros nombrados por el Rey. Quince miembros, nombrados por el Rey, a propuesta del Senado, del Congreso, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.

El Director insular de la Administración General del Estado, según lo regulado en el vigente artículo 30 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el artículo 6.2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores insulares de la Administración General del Estado, depende jerárquicamente: Del Presidente del Cabildo Insular. Del Secretario General de la correspondiente Delegación de Gobierno. Del Director del Gabinete Técnico del Subdelegado del Gobierno de la provincia correspondiente. Del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia cuando este cargo exista.

Según lo establecido en el vigente artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a los Organismos autónomos se les encomienda: La realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad del Ministerio del que dependen. Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados, según lo establecido en los correspondientes Contratos de gestión. Únicamente la producción de bienes públicos susceptibles de contraprestación. La coordinación de la actividad de todos los órganos y unidades administrativas que integran la Administración General del Estado en el exterior.

Según lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, son susceptibles de recurso de amparo constitucional: El derecho reconocido en el artículo 32 de la Constitución Española de 1978. Los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978. El derecho reconocido en el artículo 34 de la Constitución Española de 1978. Los derechos reconocidos en el artículo 33 de la Constitución Española de 1978.