Castellón

A consecuencia de una pandemia mundial provocada por la aparición abrupta de un virus peligroso y desconocido, se declara el estado de alarma en España. En esos momentos se está planteando en el Congreso iniciar una reforma constitucional- De acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, ¿puede iniciarse la tramitación de una reforma constitucional durante la vigencia del estado de alarma?. No. Si durante la vigencia del estado de alarma; no así durante la vigencia del estado de excepción o de sitio. La vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio no impide la tramitación de una reforma constitucional. Sí durante la vigencia del estado de alarma o de excepción; no así durante la vigencia del estado de alarma.

Dentro de los legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 162 de la constitución, ¿está el Defensor del Pueblo?. Sí, únicamente circunscrito a la defensa de su autonomía como institución constitucional. No. Sí. No está contemplado en el artículo 162, pero la jurisprudencia constitucional lo ha admitido.

Según lo dispuesto en el artículo 17 del Tratado Europeo de 7 febrero de 1992, indique quién propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea: La propia Comisión Europea. El Consejo Europeo. El Consejo. Los propios Estados Miembros.

Según lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos expresados por horas se contarán: Se contarán de hora en hora desde la hora en que tenga lugar la realización del acto de que se trate. Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se contarán de hora desde la hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la realización del acto de que se trate.

Según lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser digitalizados: por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración. por la Administración y Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. por la Administración y Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración.

Según lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el periodo de exposición al público de los Presupuestos de las Corporaciones Locales será de: un mes. Quince días hábiles. Treinta días hábiles. Veinte días hábiles.

De acuerdo con el artículo 123.1 de la Leu 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios de gran población del Título X, corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. Dictar bandos, decretos e instrucciones. Ejercer la superior dirección del personal al servicio de las Administración municipal. La Jefatura de la Policía Municipal.

De acuerdo con el artículo 126.5 de la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios de gran población del Título X: Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son públicas. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas. No obstante posteriormente a su celebración, el Alcalde podrá levantar el secreto de las deliberaciones de las sesiones anteriores para dar a conocer su contenido. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas. A sus sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno son públicas y de libre acceso.

De acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro de las relaciones interadministrativas previstas en el Capítulo II del Título V: Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las CCAA, en los plazos y forma que reglamentariamente se determine, copia de los actos y acuerdos de las mismas. Las entidades locales no deben de remitir a las Administraciones del Estado y de las CCAA copia de sus actos y acuerdos, pero pueden hacerlo cuando así lo decidan las propias entidades locales en un caso concreto. Las entidades locales no deben de remitir a las Administraciones del Estado y de las CCAA copia de sus actos y acuerdos, salvo que así lo resuelva una sentencia judicial. Las entidades locales no deben de remitir a las Administraciones del Estado y de las CCAA copia de sus actos y acuerdos, nunca y en ningún caso.

De acuerdo con el artículo 127.1h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios de gran población, la separación del servicio de los funcionarios propios de la corporación, como consecuencia de un procedimiento disciplinario, es atribución: Del subdelegado de Gobierno en la Provincia, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento. Del Consejo de Ministros, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento. Del Gobierno Valenciano, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento. De la Junta de Gobierno.

El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las CCAA, en las siguientes materias a las que hace referencia expresa el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: vigencia y control de la contaminación ambiental y protección del medio natural. prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género y evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. realización de actividades complementarias en centros docentes y transporte colectivo urbano.

¿Cuál de las siguientes acciones no es objeto de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los SS inclusivos de la CV, según lo dispuesto en su artículo 1?. promover la universalidad del Sistema Público de SS garantizando el derecho subjetivo a dicho sistema. ordenar y regular los SS de la CV, así como estructurar, planificar y dotar de cobertura legal y organizativa al Sistema Público de SS y a sus prestaciones garantizadas en dicho ámbito territorial. delimitar las formas de colaboración entre las diferentes entidades municipales y supramunicipales y la Generalitat, para garantizar de adecuada financiación económica de Sistema Público de SS. Configurar los SS como el conjunto de prestaciones y servicios, de titularidad pública o privada, así como los planes, estrategias y proyectos orientados hacia la igualdad, equidad y la promoción de la justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y de la infancia, la no discriminación y la igualdad en la diversidad de la ciudadanía de la CV.

El sistema Público de SS definido en el artículo 5 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de SS inclusivos de la CV. tiene carácter de servicio público esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía. está conformado por una reda articulada de servicios de responsabilidad pública que constituye una estructura funcionalmente, orgánicamente y competencialmente integrada, compuesta por todos aquellos SS de titularidad pública prestados directa exclusivamente por las administraciones públicas. se proporcionara exclusivamente a través de la oferta pública del Sistema Público Valenciano de SS las prestaciones de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. tiene por objeto garantizar el ejercicio de aquellos derechos sociales que le son propios, favoreciendo la inclusión social, la orientación centrada en la persona y la perspectiva comunitaria.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. La atención primaria se caracteriza por su carácter universal, tener un enfoque comunitario y estar orientada a la prevención e intervención con personas, familias o unidades de convivencia, grupos y comunidades. La atención primaria de carácter básico realiza la función de acompañamiento, atención integral y protección ante situaciones de vulnerabilidad, riesgo o desprotección individual y familiar. el seguimiento del Plan personalizado de intervención social y el asesoramiento, prevención y rehabilitación, en su caso, ante situaciones de vulnerabilidad o riesgo a lo largo del ciclo vital de las personas corresponde a la atención primaria de carácter específico. La atención secundaria realiza el apoyo técnico, colaboración y asesoramiento a los equipos profesionales de la zona básica del área de SS.

Identificad qué servicio de la atención primaria de carácter específico es competencia municipal: servicio de atención residencial a las personas adultas o a la infancia y la adolescencia. servicio de asesoría técnica específica. Desarrollará prestaciones de asistencia técnica y jurídica para la adecuada protección y ejercicio de los derechos sociales de las personas. unidades de Igualdad. Garantizarán la incorporación de la perspectiva de género, promoviendo la participación, impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones de prevención de la violencia de género y machista. servicio de atención a las personas con diversidad funcional o discapacidad y específico de personas con problemas crónicos de salud mental.

Los principios orientadores de la intervención, rectores de los SS valencianos, establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los SS inclusivos de la CV son: prevención, orientación centrada en la persona, promoción de la autonomía y desarrollo personal, perspectiva comunitaria y planificación y evaluación de las pestaciones. prevención, promoción de la intervención y la integración, autonomía y desarrollo personal, perspectiva comunitaria y responsabilidad pública. perspectiva comunitaria, promoción de la inclusión y de la cohesión social, promoción de la autonomía y desarrollo personal y la prevención. Interdisciplinariedad de las intervenciones, prevención, calidad y profesionalidad en la provisión de servicios, promoción de la autonomía y desarrollo personal y perspectiva comunitaria.

El catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS definido en los artículos 35 y siguientes de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los SS inclusivos de la CV incluye las siguientes prestaciones garantizadas y gratuitas para toda la ciudadanía: prestación de atención telefónica para la protección social, prestaciones económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas y paliar las situaciones de urgencia social y desprotección, así como promover la autonomía personal y el alojamiento alternativo. atención a las necesidades básicas, mediación familiar y comunitaria, acogida de la infancia y la adolescencia y la prestación de atención telefónica para la protección social. intervención y participación comunitaria, atención diurna o ambulatoria y prestación económica de asistencia personal. atención de las situaciones de urgencias sociales, prestación económica para las víctimas de violencia de género y machista y la atención domiciliaria.

¿De qué instrumentos técnicos dispone el Sistema Público Valenciano de SS, en relación con las personas usuarias, según el artículo 71.1 de la Leu 3/2019, de 18 de febrero, de los SS inclusivos de la CV?. el sistema de información de personas usuarias, la tarjeta de información personalizada y el Plan personalizado de intervención social. el diagnóstico social, las entrevistas (individual y colaterales) y la tarjeta de información personalizada. la tarjeta de información personalizada, la historia social única y el Plan personalizado de intervención social. la tarjeta de información personalizada, el familiograma y la historia social única.

¿Tienen derecho las personas usuarias de los SS a renunciar a las prestaciones concedidas conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.p) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los SS Inclusivos de la CV?. Nunca, ya que ello implicaría lesionar derechos de terceros. Sí, es posible salvo que afecte a los intereses de personas menores de edad o de personas con discapacidad modificada judicialmente, o cuando se trate de medidas cuya aplicación o ejecución estén impuestas por ley. Únicamente en el caso de que no se hubiera iniciado el periodo de disfrute. No, dado que su concesión ha sido instada por el usuario/a y ello conllevaría un incumplimiento de los compromisos adquiridos en su solicitud de concesión.

¿Pueden las personas profesionales de los SS a renunciar prestar atención profesional ante situaciones de injurias contra ellas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.1.p) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los SS Inclusivos de la CV?. No, únicamente ante situaciones de amenazas o agresiones contra ellas es posible efectuar dicha renuncia. No, deberá continuar prestando atención profesional pero en las actuaciones que requieran de la presencia del usuario/a deberá realizarlas acompañado de otra profesional de los SS. Siempre que se trate del profesional de referencia y se deje constancia de las mismas en la historia social única del usuario/a. Sí, siempre que ello no comporte desatención, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

¿Del equipo de profesionales de la zona básica de SS a quien corresponde las funciones de recepción y atención al público, directa y telefónicamente, y la primera información sobre el centro y sus servicios, según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria de SS?. Corresponde a cualquiera de los/as profesionales que integran el equipo de intervención social. Si se trata de mujeres, a las personas profesionales que integran la unidad de igualdad. Se trata de funciones propias de los/as profesionales de la unidad de apoyo administrativo. Debe realizarse por el coordinador/a de cada equipo de atención primaria de carácter básico.

¿Qué comisiones de coordinación técnica de carácter zonal para garantizar una atención individual integrada y coordinada a las personas con necesidades sociales por parte de los SS de atención primaria son preceptivas, según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria de SS?. Como mínimo, las comisiones técnicas de valoración y seguimiento de prestaciones económicas, de intervención social y organizativa. No es preceptiva la constitución de ninguna comisión técnica ya que entre las funciones vinculadas a la gestión de los SS de la figura de dirección de los equipos profesionales de atención primaria de carácter básico se encuentra la de constituir las comisiones técnicas que resulten convenientes para el adecuado funcionamiento del equipo de atención primaria. La comisión técnica de seguimiento y evaluación de los profesionales financiados en el contrato programa y la comisión técnica de valoración y seguimiento de los Planes Personalizados de Intervención social. La comisión técnica de inclusión y derechos sociales, la comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas y la comisión técnica interprofesional del equipo de atención primaria de carácter básico.

Según el artículo 7 de la ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat de Renta Valenciana de inclusión, entre las características de la renta valenciana de inclusión figura: No es complementaria respecto de los recursos económicos de que disponga la persona titular y las personas integrantes de la unidad de convivencia. Se configura como una prestación económica y/o profesional que dependiendo de la modalidad no estará condicionada a la obligación de participar en actividades de inclusión social o inserción laboral. Es una prestación no periódica y de duración indefinida. La prestación económica es incompatible con la renuncia o la falta de solicitud de las prestaciones económicas públicas a las que tengan derecho las personas destinatarias, desde cualquiera de los sistemas de rentas.

De acuerdo con el artículo 49.1.24 del Estatuto de Autonomía de la CV, en materia de SS la Generalitat tiene: Únicamente competencia para la ejecución de la normativa estatal, sin poder elaborar normativa propia. Competencia supeditada a la Administración del Estado, que puede en todo cso dar ordenes a la Generalitat, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general. Competencia exclusiva. Únicamente competencia para la ejecución de las directivas de la Unión Europea en materia, sin poder elaborar normativa propia.

Según el Título III, Capítulo I, de la Ley 19/2017 de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión, los instrumentos de inclusión social son (señala la respuesta incorrecta): Diagnóstico de exclusión social o vulnerabilidad. Acuerdo de inclusión. Programa personalizado de inclusión. Programa individual de atención.

Según el artículo 48 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión, en la consecución de la finalidad perseguida por la presente ley, las entidades locales, a través de los SS, dada su consideración de prestación básica del sistema público de SS desarrollarán las siguientes atribuciones: La resolución, financiación y pago de la renta valenciana de inclusión, así como de todas aquellas medidas contempladas en esta ley. La detección de las personas o las unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y la realización de las prestaciones profesionales a través de los diferentes instrumentos de inclusión social: configuración del diagnóstico social, la suscripción con las personas interesadas del acuerdo de inclusión social, elaboración del plan personalizado de intervención, itinerario social, familia o individualizado y también participar, en su caso, en la elaboración del itinerario de inserción laboral en coordinación con los servicios públicos de empleo. La elaboración de las normas de desarrollo de la presente ley. La planificación, el control y la evaluación general de las medidas contempladas en la presente ley.

Según el artículo 72 del decreto 60/2018, de 11 de mayo del consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de inclusión, el compromiso de acuerdo de inclusión, será firmado: Por las personas destinatarias de la renta y la trabajadora social o el trabajador social de referencia. Sólo por las personas destinatarias de la renta. Sólo por la trabajadora social o el trabajador social de referencia. Por el equipo técnico de SS de las entidades sociales.

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, cuándo una personas vive sola, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual, la edad mínima es: 23 años. 18 años. 21 años. 25 años.

Los tipos de servicios, según establece el baremo socio-económico relativo a la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio polivalente (aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2018) del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, son: Asistencial, socio-comunitario, personal y preventivo-sanitario. Asistencial y rehabilitador. Preventivo, asistencial, rehabilitador y educativo. Preventivo, asistencial y rehabilitador.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cuál de los siguientes requisitos deberán cumplir los españoles para ser titulares de los derechos?. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Residir en territorio español y haberlo hecho durante diez años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de 5 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera. Ninguna de las anteriores es correcta.

Señala cuál de estos servicios no está incluido en el Catálogo de servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Servicio de teleasistencia. Servicio de centro de día para menores de 65 años. Servicio de centro de noche. Servicio menjar a casa para personas dependientes.

El artículo 8 del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia, señala que la escala de valoración específica (EVE) es de aplicación para: Personas de 0 a 3 años. Personas de más de 3 años. Personas con diagnósticos específicos en salud mental. Personas que se encuentren en instituciones penitenciarias.

El artículo 10 del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia, establece que los grados de dependencia se obtendrán de acuerdo con la siguiente tabla de puntuación obtenida según baremo: Grado III: 75-100. Grado I:0-24. Grado II: 25-74. Todas son correctas.

Según el artículo 9 del Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas, los órganos competentes para la valoración son: Cuando la persona resida en su domicilio, la valoración será realizada por profesionales al servicio de la conselleria con competencias en sS. Cuando la persona viva en residencia pública de gestión privada, privada concertada o residencia privada, la valoración se realizará por profesionales al servicio de la conselleria con competencias en SS. En los casos relativos a personas con trastorno mental grave y otras patologías relacionadas con la salud mental, la valoración se realizará por el/la profesional de los SS generales correspondientes al domicilio de la persona solicitante. Cuando la persona se encuentre en centro penitenciario, la valoración se llevará a cabo por profesionales al servicio de la conselleria con competencia en SS, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Los dictámenes correspondientes para el reconocimiento de grado de discapacidad serán emitidos por: Equipos multiprofesionales de los centros municipales de SS. Equipos multiprofesionales de los centros de salud. La a y la b son correctas. Equipos multiprofesionales de calificación y reconcomiendo del grado de discapacidad de las CCAA.

Según el art. 3 de la convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU, entre los principios de la convención se encuentran: El diseño universal. El respeto a la evolución de las facultades de los/las jóvenes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La vida independiente. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

Según el artículo 2 del real decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entienda por discapacidad: Una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de la actividad y las restricciones en la participación y su repercusión en el proyecto vital de la persona. Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación y su repercusión en el proyecto vital de la persona. Un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características de la persona y las de la sociedad en al que vive. Una situación permanente en la que se encuentran las personas que por diversas causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc) han perdido parte o toda su autonomía física, mental, intelectual o sensorial y necesitan de la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o de otros apoyos para su autonomía personal.

Según el artículo 101 de la ley 26/2018, de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, cuando los SS de la entidad local tengan conocimiento, por sí mismos o a través de terceros, de que un niño o niña o adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo, evaluarán su situación y si esta lo requiere, elaborarán un proyecto de intervención personal, social y educativo familiar, de acuerdo con lo dispuesto ¿en qué artículo de la citada ley?. Artículo 93. Artículo 95. Artículo 97. Artículo 98.

Según el artículo 16 de la ley 26/2018, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia de la CV ¿quién debe promover con medios suficientes, la constitución de los consejos locales de infancia, como órganos consultivos y de participación de los niños y las niñas en todos aquellos asuntos que les afecten, directamente o indirectamente, en el ámbito municipal?. La conselleria competente en materia de educación. Las administraciones locales. El consejo de infancia y adolescencia de la CV. La dirección general de infancia y adolescencia.

De acuerdo con el capítulo 1 del Título II de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI, ¿cuál de las siguientes medidas, en el ámbito social, está contemplada entre las políticas públicas para garantizar los derechos y la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI?. Se potenciará la formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de violencia de género de atención primaria y hospitalaria. Se llevará a cabo la promoción de los programas de rehabilitación de los condenados por violencia de género, en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados. Se priorizará el acceso a viviendas de promoción pública a parejas de personas LGTBI así como velará para que no se produzca discriminación en el acceso a viviendas en alquiler. La Generalitat velará por que no se produzcan situaciones de discriminación de las personas especialmente vulnerables por razón de edad, en atención a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género señala que la normativa tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de: Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, con convivencia. Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Quienes sean sus cónyuges o de quienes están ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con convivencia. Quienes sean sus cónyuges o de quienes están ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Con la entrada en vigor de la ley 9/2003, de 2 de abril para la igualdad entre mujeres y hombres y con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo previsto en la misma, y según el artículo 51, se creará: Observatorio de Género. Consejo Valenciano de la Mujer. Defensoría de Igualdad. Consejería de la Mujer.

La vigencia del actual Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Castelló de la Plana es: 2019-2023. 2020-2023. 2023-2024. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 7 del Código Deontológico de TS, la actuación profesional se basa en los siguientes principios básicos: Dignidad, libertad e igualdad. Dignidad, igualdad y justicia social. Igualdad, solidaridad y autodeterminación. Libertad, igualdad y solidaridad.

El Plan Valenciano de inclusión y cohesión social en su metodología de evaluación utiliza: Técnicas basadas en la observación sistemática del territorio. Instrumentos basados en las nuevas tecnologías. Diseños consultivos basados en la objetividad. Un diseño metodológico mixto: cuantitativo, cualitativo y participativo.

Según la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de integración de las personas inmigrantes en al CV, ¿Quién favorecerá la formación especializada de mediadores interculturales, como instrumento de integración?. La administración autonómica. La administración local. La administración provincial. La administración del Estado.

¿En cuántas líneas estratégicas se estructura la Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026?. 4. 5. 3. 6.

¿Cuál es el pilar central de III Plan Castellón Ciutat Intercultural?. La mediación. La igualdad. La participación en al vida social, cultural y comunitaria. La interculturalidad.

Según el plan acción español para la implementación de la agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible número 1, busca. Poner fin a la pobreza en todas sus manifestaciones para 2030. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Conseguir la igualdad real de mujeres y hombres. Poner fina al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible para el año 2030.

Según el artículo 6 de la ley 4/2001, de 19 de junio de la GV del voluntariado, las personas voluntarias tienen los siguientes derechos: A recibir un trato sin discriminación dentro del respeto a su libertad, dignidad, intimidad y creencias. En la medida que los programas o proyectos a realizar lo permitan, a desarrollar las actividades en su entorno más lejano. A cesar libremente, sin previo aviso, en su condición de persona voluntaria. Participar activamente en la organización en que estén integrados, colaborando en la planificación, pero no en el diseño, ejecución y evaluación de los programas en los que colabore.

Según el artículo 45 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con relación a la elaboración y aplicación de los planes de igualdad: Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de 40 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la presente ley, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. La elaboración e implantación de planes de igualdad será obligatoria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Según el artículo 20 de la ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la CV, los derechos de los hijos e hijas de las víctimas son: Los hijos e hijas, acogidos y tutelados menores de edad de las víctimas de la violencia recogida en esta ley, tendrán derecho a ser acogidos junto con su madre en los centros residenciales correspondientes, a la escolarización inmediata en caso de cambio de domicilio de la madre por causa de esta violencia, y a tratamiento psicológico rehabilitador si, en su caso, procediere. La administración pública de la entidad local, incluirá la violencia contemplada en esta ley, como factor de valoración para la regulación de ayudas que se destinen a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los y las menores en el sistema educativo. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e hijas en al adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para mayores de tres años. Será título habilitante para el acceso a estos derechos los medios establecidos en el artículo 10 de la presente ley.

De acuerdo con el artículo 39.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de la Administraciones Públicas: Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo únicamente se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que sean ratificados por el órgano judicial competente. Los actos de las administración públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las administración públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos únicamente desde la fecha en que sean ratificados por el órgano competente de la administración del Estado. Los actos de las administración públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos hasta que no sean ratificados por el órgano judicial competente.

Las condiciones especiales de ejecución del contrato, en virtud de lo dispuesto en el artículo 202 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: no será obligatorio su establecimiento en el pliego de claúsulas administrativas particulares. podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social pero no a consideraciones económicas ni relacionadas con la innovación. entre las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con la finalidad de promover del empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción. no deberán estar vinculadas al objeto del contrato ni ser directa o indirectamente discriminatorias.

De las siguientes afirmaciones, cuál de ellas no constituye una línea estratégica definida en el apartado 7.1 "líneas estratégicas. Definición del modelo operativo" del manual de organización y funcionamiento de los SS de atención primaria (MOF): Empoderar la atención primaria de los SS municipales hacia la plena coordinación, cogobernanza del sistema público y responsabilización de las estrategias, además de la colaboración activa entre niveles institucionales. Provocar una nueva organización, una nueva misión y visión, absorber los valores, crear cultura de empresa pública con el máximo valor de servicio público, fomentar una nueva estructura y sobre todo gestionar un nuevo impacto que posibilite la innovación y el desarrollo de los SS. General la conexión digitalizada a través de la historia social única y la tarjeta de información personalizada, de acuerdo con los datos del sistema de información poblacional (SIP), con acceso a aplicaciones informáticas interoperables que faciliten la homogeneidad de la información. Desarrollar las prestaciones sociales a través de un sistema que define la Ley 3/2016, de SS inclusivos, en su articulado 35 al 38. Proponiendo intervenciones profesionales con más alto rendimiento e impacto, determinando el conjunto de prestaciones en todas sus modalidades: profesionales, económicas y tecnológicas, garantizadas y condicionadas para los niveles de atención primaria y secundaria. Se impulsará de manera firma las prestaciones profesionales y se garantizará éstas como derecho, dando la respuesta necesaria a la sociedad compleja en al que vivimos.