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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESECCAA

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Título del test:
CCAA

Descripción:
Contenciosoadministrativo

Autor:
monicamanzanedofernandez
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Fecha de Creación:
12/02/2024

Categoría:
Otros

Número preguntas: 29
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Temario:
¿Cuál es la ley que regula el recurso contencioso-administrativo en España? Ley 40/2015 Ley 39/2015 Ley 13/1998 Ley 49/2015.
Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España, ¿qué tipo de asuntos tienen competencia los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo? Ninguna de las anteriores. Exclusivamente los casos relacionados con delitos y faltas administrativas. Las pretensiones relacionadas con la actuación de las administraciones públicas sujetas al Derecho Administrativo, disposiciones de rango inferior a la ley y decretos legislativos que excedan los límites de la delegación. Únicamente las disputas entre particulares.
Según lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ¿qué tipo de asuntos tienen competencia los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo? Las acciones legales relacionadas con disputas laborales entre empleadores y trabajadores. Exclusivamente los casos relacionados con delitos de naturaleza fiscal. Las pretensiones relacionadas con la actuación de las Administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, disposiciones de rango inferior a la Ley y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Las disputas entre particulares relacionadas con contratos civiles y comerciales.
¿Qué otras situaciones pueden ser objeto de recursos ante los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo además de las actuaciones de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo? Exclusivamente los casos relacionados con delitos de naturaleza fiscal. Las disputas entre particulares relacionadas con contratos civiles y comerciales. Recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Únicamente las disposiciones generales de rango inferior a la Ley.
¿Cuál de las siguientes instancias tiene competencia exclusiva para conocer de los recursos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya? Las Juntas Generales de los Territorios Históricos. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo. Los Tribunales contencioso-administrativos.
¿Qué tipo de actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial pueden ser conocidos por los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo? Actos y disposiciones relacionados con la gestión financiera de empresas privadas. Actos y disposiciones adoptados por instituciones públicas a nivel nacional y autonómico en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público. Actos y disposiciones relacionados con la gestión de recursos humanos en empresas públicas. Actos y disposiciones relacionados con la contratación de personal en el sector privado.
¿Cuáles son los órganos competentes para adoptar actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público? El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno y las Cortes Generales.
¿Qué alcance tiene la competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial? La competencia se restringe a la revisión de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales que hayan sido impugnados por parte de los afectados y que no hayan podido ser resueltos por otros medios administrativos. La competencia se limita a revisar los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales que afecten directamente a los ciudadanos y que vulneren sus derechos fundamentales. Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo solo pueden intervenir en los asuntos administrativos de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales cuando haya sido solicitado por estos órganos para resolver conflictos internos. Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo pueden revisar y anular cualquier acto o disposición del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales que consideren contrarios a derecho.
¿Cuáles son los órganos judiciales competentes para conocer de los asuntos relacionados con la actuación de la Administración electoral en España, según lo establecido en la ley? Juzgados de Instrucción. Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. Juzgados de lo Social. Juzgados de lo Penal.
¿Cuál es la competencia de los juzgados y tribunales contencioso-administrativos en relación con la protección de los derechos fundamentales? Tienen la potestad de designar a los representantes de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Están encargados de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los actos del Gobierno central o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad salarial en el ámbito laboral. Están encargados de elaborar leyes que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Qué se entiende por "elementos reglados" en el contexto de los actos administrativos? Son aquellos aspectos de los actos administrativos que son completamente discrecionales y están sujetos únicamente a la interpretación del órgano administrativo que los emite. Son aquellos aspectos de los actos administrativos que están determinados por la ley o la normativa, y cuya aplicación o interpretación pueden ser objeto de controversia. Son aquellos aspectos de los actos administrativos que están sujetos a una planificación previa por parte de la administración, pero cuya aplicación puede ser modificada según las circunstancias. Son aquellos aspectos de los actos administrativos que no están regulados por ninguna normativa y que son dejados a discreción de la voluntad del funcionario público.
¿Cuál es la función principal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo? Resolver conflictos exclusivamente relacionados con la interpretación de la Constitución. Resolver conflictos relacionados con los derechos fundamentales, la legalidad de los actos administrativos y la compensación por daños causados por la administración pública, especialmente en lo que respecta a los actos del Gobierno central y de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Resolver conflictos relacionados con la legalidad de los actos administrativos y la compensación por daños causados por la administración pública, sin incluir los derechos fundamentales. Resolver conflictos relacionados exclusivamente con la administración pública a nivel local.
¿Qué tipo de cuestiones puede conocer el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relación con las Corporaciones de Derecho público? Cuestiones relacionadas con los actos y disposiciones de las corporaciones, pero solo si son adoptados en el ejercicio de funciones privadas. Cuestiones relacionadas con los actos y disposiciones de las corporaciones, adoptados en el ejercicio de funciones públicas. Solo cuestiones relacionadas con la fiscalización de las cuentas de las corporaciones. Solo cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno de las corporaciones.
¿Cuál es la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relación con los actos de control y fiscalización de la administración concedente y los actos de los concesionarios de servicios públicos? No tiene competencia para resolver disputas relacionadas con los actos de control y fiscalización de la administración concedente y los actos de los concesionarios de servicios públicos. Resolver disputas relacionadas con los actos de control y fiscalización de la administración concedente, así como los actos de los concesionarios que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas por la concesión de servicios públicos, siempre que estos actos puedan ser objeto de recurso directo según la legislación sectorial correspondiente. Resolver disputas relacionadas únicamente con los actos de control y fiscalización de la administración concedente. Resolver disputas relacionadas únicamente con los actos de los concesionarios de servicios públicos.
¿Cuál es la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas? Puede resolver disputas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas solo si estas cuentan con un seguro de responsabilidad. Puede resolver disputas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas solo si intervienen particulares en la producción del daño. No tiene competencia para resolver disputas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Tiene competencia exclusiva para resolver disputas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
¿Cuál es la implicación de la frase "no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad" en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas? Las Administraciones públicas pueden ser demandadas ante el orden jurisdiccional civil o social, pero no ante el contencioso-administrativo, por casos de responsabilidad patrimonial. Las Administraciones públicas no pueden ser demandadas por casos de responsabilidad patrimonial, independientemente del orden jurisdiccional. Las Administraciones públicas pueden ser demandadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo únicamente por casos de responsabilidad patrimonial. Las Administraciones públicas pueden ser demandadas ante cualquier orden jurisdiccional por casos de responsabilidad patrimonial.
¿Qué cuestiones no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo? Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. El recurso contencioso-disciplinario militar Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración Todas son correctas.
¿Qué cuestiones no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo? Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración Todas son correctas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la competencia de los tribunales contencioso-administrativos según la explicación dada? Los tribunales contencioso-administrativos pueden abordar y resolver cuestiones prejudiciales e incidentales no administrativas pero directamente vinculadas a recursos contencioso-administrativos, excepto las de carácter constitucional y penal, y lo dispuesto en tratados internacionales. Los tribunales contencioso-administrativos pueden resolver únicamente cuestiones relacionadas con tratados internacionales. Los tribunales contencioso-administrativos tienen competencia para abordar solo cuestiones de carácter constitucional y penal. Los tribunales contencioso-administrativos solo tienen competencia para resolver asuntos de índole estrictamente administrativa.
¿Qué significa que una decisión judicial "no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente"? La decisión judicial no tendrá ningún efecto en ningún proceso judicial. La decisión judicial será vinculante para todos los procesos judiciales en el mismo orden jurisdiccional. La decisión judicial tendrá efectos en todos los procesos judiciales relacionados con el mismo tema. La decisión judicial solo tendrá efectos dentro del proceso en el que se emite y no será vinculante para otros procesos judiciales.
¿Qué implicación tiene el hecho de que los órganos judiciales deben apreciar de oficio la falta de jurisdicción? Los tribunales pueden decidir sobre la jurisdicción de manera exclusiva, sin intervención de las partes. Los tribunales pueden transferir los casos a otras jurisdicciones si lo consideran necesario. Los tribunales están obligados a considerar la falta de jurisdicción incluso si las partes no lo solicitan expresamente. Los tribunales tienen la opción de ignorar la falta de jurisdicción si las partes no la mencionan.
¿Cuál es el procedimiento que deben seguir los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa al apreciar de oficio la falta de jurisdicción? Deben remitir el caso a otro tribunal sin resolver sobre la falta de jurisdicción. Deben resolver sobre la falta de jurisdicción luego de escuchar a las partes y al Ministerio Fiscal en un plazo común de 10 días. Deben resolver sobre la falta de jurisdicción sin previa audiencia de las partes ni del Ministerio Fiscal. Deben resolver sobre la falta de jurisdicción sin necesidad de escuchar a las partes ni al Ministerio Fiscal.
¿Qué sucede si una nueva demanda se presenta ante el juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en una resolución, dentro del plazo de un mes desde que fue notificada? La nueva demanda no será considerada válida. La nueva demanda se considerará presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. La nueva demanda se considerará presentada en la fecha en que se interpuso el recurso contencioso-administrativo. La nueva demanda se considerará presentada en la fecha en que se notificó la resolución.
Según el artículo 1.2, ¿cuál de las siguientes opciones define adecuadamente el concepto de "Administración Pública" a efectos de la jurisdicción contencioso-administrativa? La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración Local y las entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Únicamente las entidades que integran la Administración Local. Únicamente las administraciones de las comunidades autónomas. Únicamente la Administración General del Estado.
En cuanto a su estructura, la jurisdicción contencioso-administrativa está integrada por los siguientes órganos (art. 6): Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (Sala III del Tribunal Supremo). Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia. Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. Juzgados de lo contencioso-administrativo.
¿Quién tiene la facultad de autorizar la entrada en lugares para ejecución forzosa de actos administrativos, excepto en el caso de medidas de protección de menores, donde la autoridad corresponde a la entidad pública responsable de la protección de menores? La entidad pública responsable de la protección de menores. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. La Administración Pública competente. Los tribunales de justicia.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ¿cuál es la competencia de los tribunales contencioso-administrativos en única o primera instancia? Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, así como de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, incluyendo impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, así como de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluyendo las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Únicamente tendrán competencia para conocer de las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. No tendrán competencia para conocer recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales y sus dependientes o vinculadas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de "única o primera instancia" en el contexto de los recursos presentados contra actos administrativos de una comunidad autónoma en España? Es una instancia administrativa especializada en resolver conflictos entre diferentes comunidades autónomas en España. La "única o primera instancia" es el primer nivel de revisión de los recursos presentados contra actos administrativos de una comunidad autónoma, no se trata de una instancia de apelación. Esta instancia es la última en revisar los recursos presentados contra actos administrativos de una comunidad autónoma, antes de que se tomen decisiones finales. Se trata de una instancia judicial o administrativa que puede conocer tanto recursos como apelaciones contra actos administrativos de una comunidad autónoma.
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una excepción a la regla general de que una instancia sea la primera en conocer los recursos presentados contra actos administrativos de una comunidad autónoma en España? Reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda los 30.050 euros. Sanciones administrativas que no superen los 60.000 euros o los seis meses de cesación de actividades. Cuestiones de personal que no involucren a funcionarios públicos de carrera en su inicio o finalización laboral. Actos procedentes del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.
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