CIVIL MATRIMONIO

Carlos y Laura contrajeron matrimonio en 2020 bajo el régimen de sociedad de gananciales. En 2025, después de contraer varias deudas derivadas de un negocio familiar, deciden otorgar capitulaciones matrimoniales para sustituir el régimen de gananciales por el de separación de bienes. Su intención es evitar que los acreedores puedan embargar los bienes que hasta entonces tenían carácter ganancial. Uno de los acreedores, cuyo crédito nació en marzo de 2025, pretende ejecutar los bienes comunes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La modificación del régimen económico matrimonial produce efectos retroactivos desde la celebración del matrimonio, por lo que el acreedor únicamente podrá dirigirse contra los bienes privativos. La modificación del régimen económico matrimonial es válida, pero no puede perjudicar los derechos previamente adquiridos por terceros, conforme al artículo 1317 CC. La modificación del régimen económico matrimonial es nula porque los cónyuges no pueden cambiar el régimen de gananciales una vez celebrado el matrimonio. La modificación produce efectos frente a terceros desde el otorgamiento de las capitulaciones, aunque no se hayan inscrito en el Registro Civil.

Marta y Javier están casados en régimen de separación de bienes. Ambos trabajan y tienen ingresos propios. Sin embargo, Javier decide dejar de contribuir a los gastos familiares, argumentando que Marta tiene un salario superior y que, por tanto, debe asumir íntegramente los gastos de alimentación, vivienda, suministros y educación de sus hijos. Marta acude a los tribunales para exigir que Javier contribuya al sostenimiento de la familia. ¿Qué solución resulta jurídicamente correcta?. Javier puede negarse a contribuir porque, al existir separación de bienes, cada cónyuge responde exclusivamente de sus gastos personales. Marta deberá asumir todos los gastos familiares porque quien obtiene mayores ingresos tiene la obligación exclusiva de mantener a la familia. Ambos cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, pudiendo el juez adoptar medidas cautelares si uno de ellos incumple esta obligación. La obligación de contribuir a las cargas familiares únicamente existe en el régimen de sociedad de gananciales.

Ana y Pedro están casados en régimen de sociedad de gananciales. Un día, Ana compra sin consultar a Pedro una nevera de 700 euros para sustituir la antigua, que se había estropeado. La tienda entrega el electrodoméstico, pero Ana no paga el precio acordado. La empresa vendedora reclama judicialmente el importe de la deuda. ¿Contra qué bienes podrá dirigirse?. Exclusivamente contra los bienes privativos de Ana, porque Pedro no prestó su consentimiento. Exclusivamente contra los bienes privativos de Pedro, porque ambos cónyuges responden solidariamente de cualquier deuda doméstica. Contra los bienes comunes y los bienes del cónyuge que contrajo la deuda; subsidiariamente, contra los bienes del otro cónyuge si los anteriores fueran insuficientes. La compraventa es nula porque Ana necesitaba necesariamente el consentimiento de Pedro para adquirir un electrodoméstico.

Roberto y Elena están casados en régimen de gananciales. Roberto decide donar gratuitamente a su hermano un inmueble que pertenece a la sociedad de gananciales, sin informar ni solicitar el consentimiento de Elena. Cuando Elena descubre la operación, decide impugnarla judicialmente. ¿Qué consecuencia jurídica tiene la actuación de Roberto?. El acto es anulable, porque cualquier acto de disposición realizado sin consentimiento del otro cónyuge produce anulabilidad. El acto es nulo, porque se trata de un acto de disposición a título gratuito realizado sin el consentimiento del otro cónyuge. El acto es plenamente válido porque Roberto es administrador de los bienes gananciales. El acto es válido si el hermano de Roberto demuestra que desconocía que el inmueble pertenecía a la sociedad de gananciales.

Isabel es propietaria exclusiva de la vivienda en la que reside habitualmente con su marido, Miguel, y sus dos hijos. Sin comunicarle nada a Miguel, decide vender la vivienda a un tercero, que conoce que Isabel está casada y que el inmueble constituye el domicilio familiar. Miguel descubre la operación y pretende impugnarla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Isabel puede vender libremente la vivienda porque es su propietaria exclusiva y Miguel no tiene ningún derecho sobre ella. La venta es nula de pleno derecho porque la vivienda familiar nunca puede transmitirse durante el matrimonio. Se requiere el consentimiento de ambos cónyuges, aunque la vivienda pertenezca exclusivamente a Isabel, y la falta de consentimiento determina la anulabilidad del acto. El consentimiento de Miguel únicamente sería necesario si el matrimonio estuviera casado en régimen de gananciales.

Antonio y Beatriz están casados en régimen de separación de bienes. Antonio fallece y deja testamento en el que atribuye a su hijo de un matrimonio anterior la mitad de los muebles y enseres de uso cotidiano de la vivienda familiar. Beatriz, como cónyuge supérstite, reclama que se le atribuya la totalidad del ajuar doméstico. ¿Cuál es la solución correcta?. Beatriz tiene derecho a la totalidad del ajuar familiar de uso cotidiano, con independencia de cuál fuera el régimen económico matrimonial, conforme al artículo 1321 CC. Beatriz únicamente tiene derecho a la mitad del ajuar, porque la otra mitad corresponde necesariamente a los herederos de Antonio. El ajuar debe repartirse conforme al régimen de separación de bienes, por lo que cada heredero recibirá los bienes de los que pueda acreditar la titularidad. Antonio podía disponer libremente de la totalidad del ajuar en testamento porque se trata de una atribución mortis causa.

Lucía y Daniel están casados en régimen de separación de bienes. Lucía carece de recursos económicos suficientes para afrontar un procedimiento judicial contra un tercero, en el que pretende reclamar la titularidad de un inmueble que resulta beneficioso para la familia. Daniel dispone de patrimonio suficiente para asumir los gastos del procedimiento. Lucía, además, no reúne los requisitos para acceder al beneficio de justicia gratuita. ¿Quién deberá asumir los gastos del litigio?. Lucía deberá asumirlos exclusivamente porque el procedimiento se desarrolla bajo un régimen de separación de bienes. Los gastos podrán sufragarse con cargo al caudal común y, en su defecto, con los bienes de Daniel, conforme al artículo 1318.3 CC. Daniel nunca tendrá que contribuir a los gastos judiciales de Lucía porque no es parte demandante. El Estado deberá asumir necesariamente los gastos porque Lucía carece de bienes propios suficientes.

Pedro y María están casados en régimen de sociedad de gananciales. Durante el matrimonio adquieren un inmueble cuya titularidad genera dudas cuando deciden divorciarse y liquidar la sociedad. Pedro declara expresamente que el inmueble pertenece exclusivamente a María, aunque la adquisición se produjo durante el matrimonio. Sin embargo, un acreedor de Pedro sostiene que esta declaración se ha realizado para evitar que el inmueble responda de las deudas contraídas por su deudor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La declaración de Pedro convierte automáticamente el inmueble en privativo de María y resulta oponible frente a cualquier tercero. La confesión de privatividad constituye un medio de prueba que puede desvirtuar la presunción de ganancialidad, pero tiene límites frente al fraude de acreedores y legitimarios. La confesión de privatividad únicamente puede realizarse mediante escritura pública y nunca mediante una declaración unilateral. La declaración de Pedro no tiene ningún valor probatorio porque todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son necesariamente gananciales.

Natalia y Andrés están casados desde hace dos años bajo el régimen legal supletorio de sociedad de gananciales. Deciden cambiar a separación de bienes y redactan un documento privado en el que acuerdan modificar su régimen económico matrimonial. Posteriormente, pretenden que el cambio sea oponible frente a los acreedores de ambos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El documento privado es suficiente porque las capitulaciones matrimoniales se rigen por el principio de libertad de forma. Las capitulaciones matrimoniales requieren escritura pública como requisito de validez y producen efectos frente a terceros desde su inscripción en el Registro Civil. Las capitulaciones únicamente pueden otorgarse antes de contraer matrimonio, por lo que Natalia y Andrés ya no pueden modificar su régimen económico. Las capitulaciones matrimoniales pueden establecer cualquier contenido, incluso excluir las normas imperativas del régimen económico matrimonial.

Claudia y Fernando, antes de casarse, suscriben un documento privado en el que establecen que, en caso de divorcio, Fernando conservará la vivienda familiar y Claudia renunciará a cualquier compensación económica, con independencia de sus circunstancias personales y económicas en ese momento. Ambos han firmado voluntariamente el documento. Años después, se divorcian y Claudia sostiene que el pacto debe considerarse inválido porque no se otorgó en escritura pública. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El pacto es necesariamente nulo porque todos los acuerdos relativos a una futura ruptura matrimonial deben formalizarse en escritura pública. El pacto es siempre válido porque los cónyuges pueden renunciar anticipadamente a cualquier derecho derivado del matrimonio. El pacto puede ser válido aunque se haya formalizado en documento privado, pero debe respetar los límites legales, el principio de igualdad y el interés superior del menor. Los pactos en previsión de ruptura no son admitidos en España porque no están expresamente regulados en el Código Civil.

Marta y Luis están casados en régimen de sociedad de gananciales. Durante el matrimonio adquieren una vivienda con dinero ganancial. Dos años después, Luis decide vender a un tercero el 50 % de dicha vivienda, alegando que, como la sociedad de gananciales pertenece por mitad a ambos cónyuges, puede disponer libremente de su cuota. ¿Es correcta la actuación de Luis?. Sí, porque cada cónyuge es titular de una cuota ideal del 50 % sobre cada bien ganancial y puede transmitirla libremente. Sí, siempre que comunique previamente la venta a Marta. No, porque la sociedad de gananciales constituye una comunidad germánica, en la que no existen cuotas individuales sobre los bienes concretos mientras permanece vigente. No, porque los bienes gananciales pertenecen exclusivamente al cónyuge que haya contribuido económicamente a su adquisición.

Carlos y Elena están casados en régimen de sociedad de gananciales. Durante el matrimonio compran conjuntamente un inmueble por valor de 300.000 euros. Elena aporta 210.000 euros procedentes de una herencia recibida de su padre, mientras que los 90.000 euros restantes proceden del patrimonio ganancial. Ambos acuerdan expresamente que el inmueble tenga carácter ganancial, pese a que la mayor parte del precio se ha pagado con dinero privativo de Elena. ¿Qué solución jurídica es correcta?. El inmueble necesariamente será privativo de Elena porque ha aportado el 70 % del precio. El inmueble puede atribuirse voluntariamente como ganancial por acuerdo de ambos cónyuges, sin perjuicio del correspondiente derecho de reembolso. El inmueble será privativo en un 70 % y ganancial en un 30 %, sin posibilidad de modificar esa proporción. El inmueble será ganancial únicamente si Elena renuncia expresamente a cualquier derecho de reembolso.

Javier compra un coche en 2019 por un precio de 28.000 euros. Antes de casarse con Laura en 2021, paga 5.000 euros correspondientes a la entrada y varias cuotas. Una vez contraído matrimonio en régimen de gananciales, continúa pagando los 23.000 euros restantes con dinero de la sociedad. Cuando se produce el divorcio, Laura sostiene que el vehículo debe considerarse ganancial porque la mayor parte del precio se ha pagado durante el matrimonio. ¿Cuál es la solución correcta?. El coche es ganancial porque más del 50 % del precio se ha abonado con dinero ganancial. El coche es privativo de Javier porque la compraventa se celebró antes del matrimonio, aunque la sociedad de gananciales tenga derecho de reembolso por las cantidades satisfechas. El coche pertenece proindiviso a ambos cónyuges en proporción a las cantidades aportadas. El coche es ganancial porque todos los bienes adquiridos a plazos durante el matrimonio tienen esa naturaleza.

Beatriz compra una vivienda en 2018 por 750.000 euros. En ese momento todavía no está casada. Paga 50.000 euros con dinero privativo. En 2021 contrae matrimonio con Pedro en régimen de gananciales y continúa pagando el préstamo hipotecario con dinero ganancial. La vivienda constituye la residencia habitual de la familia. En el momento de la liquidación de gananciales, ¿cómo debe calificarse la vivienda?. Será íntegramente privativa de Beatriz porque la compraventa se celebró antes del matrimonio. Será íntegramente ganancial porque la mayor parte del precio se ha pagado con dinero ganancial. Existirá una titularidad proindiviso en proporción a las aportaciones privativas y gananciales, conforme a los artículos 1357.2 y 1354 CC. Será privativa de Beatriz, sin que la sociedad de gananciales tenga derecho a reclamar cantidad alguna.

Andrés es escritor y publica una novela durante su matrimonio con Clara, celebrado bajo el régimen de sociedad de gananciales. La editorial le abona 40.000 euros en concepto de derechos de explotación económica de la obra. Andrés sostiene que tanto los derechos de autor como los ingresos obtenidos son privativos porque la novela es fruto exclusivo de su creatividad personal. ¿Cuál es la afirmación correcta?. Tanto los derechos morales como los patrimoniales son privativos porque derivan de la creación intelectual de Andrés. Los derechos morales son inherentes a Andrés y no transmisibles inter vivos, mientras que los rendimientos económicos de la explotación de la obra tienen carácter ganancial. Tanto los derechos morales como los patrimoniales son gananciales porque la obra se ha creado durante el matrimonio. Los derechos patrimoniales son privativos y los derechos morales son gananciales.

María y Carlos están casados en régimen de sociedad de gananciales. María es propietaria de una finca privativa que heredó de sus padres. Durante el matrimonio, deciden reformarla y utilizan 50.000 euros procedentes de los fondos gananciales. En otro supuesto, Carlos realiza una mejora en una vivienda ganancial utilizando 20.000 euros que había recibido por herencia. ¿Cómo deben calificarse estas mejoras?. En ambos casos, las mejoras adquieren siempre la naturaleza del patrimonio que ha financiado su coste. La mejora de la finca privativa será privativa y la mejora de la vivienda ganancial será ganancial, generándose los correspondientes derechos de reembolso cuando proceda. La mejora de la finca privativa será ganancial porque se ha pagado con dinero común, mientras que la mejora de la vivienda ganancial será privativa porque se ha financiado con una herencia. Ambas mejoras serán privativas porque se incorporan físicamente a los inmuebles respectivos.

Sergio y Patricia están casados en régimen de sociedad de gananciales. Sergio decide vender unilateralmente una finca ganancial a un tercero por 200.000 euros, sin solicitar el consentimiento de Patricia. Patricia descubre la operación y se opone a ella. Sergio argumenta que tiene derecho a administrar el patrimonio común y que, por tanto, puede vender los bienes gananciales sin necesidad de consultar a su esposa. ¿Qué consecuencia jurídica se produce?. La compraventa es plenamente válida porque cualquiera de los cónyuges puede administrar y disponer individualmente de los bienes gananciales. La compraventa es anulable porque se trata de un acto de disposición a título oneroso realizado sin el consentimiento de ambos cónyuges, conforme al artículo 1377 CC. La compraventa es nula de pleno derecho porque todos los actos de disposición sobre bienes gananciales requieren consentimiento conjunto. La compraventa es válida si Sergio acredita que el precio obtenido se destinará a pagar deudas familiares.

Laura y Miguel están casados en régimen de gananciales. Laura desarrolla una actividad profesional como abogada autónoma y obtiene ingresos que se integran en la sociedad de gananciales. Durante el matrimonio paga las cuotas del colegio profesional, las cotizaciones a la Seguridad Social y los gastos ordinarios necesarios para desarrollar su actividad. Miguel sostiene que esos gastos deben pagarse exclusivamente con el patrimonio privativo de Laura porque derivan de una actividad profesional individual. ¿Quién tiene razón?. Miguel, porque cada cónyuge debe asumir exclusivamente los gastos derivados de su profesión. Laura, porque los gastos derivados de la explotación regular de los negocios y del desempeño de la profesión de cualquiera de los cónyuges son a cargo de la sociedad de gananciales. Miguel, porque únicamente los gastos familiares pueden ser sufragados con fondos gananciales. Laura, pero solamente si Miguel ha prestado consentimiento expreso para cada gasto profesional.

Pedro es agricultor y está casado con Ana bajo el régimen de sociedad de gananciales. Durante el matrimonio, Pedro realiza labores de fumigación en una finca ganancial. Por una negligencia en el desarrollo de esa actividad, los productos químicos contaminan el pozo de un vecino, que reclama una indemnización por los daños ocasionados. Se acredita que Pedro actuó con una negligencia ordinaria, sin dolo ni culpa grave. ¿Debe responder la sociedad de gananciales de esta deuda?. No, porque las responsabilidades extracontractuales siempre son privativas del cónyuge que las ocasiona. Sí, porque las obligaciones extracontractuales contraídas por un cónyuge en beneficio de la comunidad o en la administración de sus bienes pueden ser a cargo de la sociedad de gananciales, conforme al artículo 1366 CC, siempre que no exista dolo o culpa grave. No, porque únicamente responden los bienes privativos de Pedro. Sí, pero únicamente si Ana hubiera prestado su consentimiento expreso antes de realizar la fumigación.

David y Marta están casados en régimen de sociedad de gananciales. David contrae una deuda personal de 60.000 euros para financiar una inversión que realiza exclusivamente en su propio beneficio y sin relación alguna con las necesidades familiares. Al no pagar, el acreedor inicia un procedimiento de ejecución. David carece de bienes privativos suficientes para satisfacer la deuda, pero existen varios inmuebles y cuentas bancarias gananciales. Marta se opone al embargo alegando que la deuda es exclusivamente personal de David. ¿Cuál es la solución correcta?. Los bienes gananciales nunca pueden responder de las deudas privativas de uno de los cónyuges. El acreedor puede embargar directamente todos los bienes gananciales sin necesidad de acreditar la insuficiencia del patrimonio privativo de David ni notificar a Marta. El acreedor puede solicitar el embargo de bienes gananciales conforme al artículo 1373 CC si los bienes privativos de David son insuficientes, debiendo notificarse el embargo a Marta, que podrá oponerse o solicitar la disolución de la sociedad de gananciales. La deuda se convierte automáticamente en ganancial por el simple hecho de que David y Marta estén casados en ese régimen.