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La Ley 39/2015 regula: El procedimiento administrativo común que sólo se aplicará de forma supletoria en el caso de que las comunidades autónomas hayan regulado un procedimiento propio. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. El procedimiento administrativo común y el procedimiento sancionador, ya que el aplicable a la responsabilidad patrimonial se regula íntegramente en la Ley 40/2015. El procedimiento administrativo común y el aplicable a la responsabilidad patrimonial pero no el procedimiento sancionador.

Se puede interponer recurso de alzada: Contra resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Contra resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa. Contra actos de trámite de los procedimientos administrativos. Contra los informes preceptivos que formen parte del procedimiento administrativo.

Efectos de la resolución por silencio administrativo: La estimación por silencio administrativo no es definitiva, ya que puede haber resolución expresa desestimatoria. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo es definitiva y no puede haber resolución expresa posterior. La resolución expresa siempre prevalece sobre el silencio administrativo, tanto si es positivo como negativo.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Es una responsabilidad subjetiva consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración. Es una responsabilidad objetiva consecuencia un funcionamiento anormal de la Administración. Es una responsabilidad subjetiva consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de la Administración. Es una responsabilidad objetiva, y puede ser consecuencia tanto de un funcionamiento normal como de un funcionamiento anormal de la Administración.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Tiene su origen en la Constitución Española de 1978. Tiene su origen en la Constitución Española de 1912. Tiene su origen a mediados del s. XIX, cuando se admite la obligación del Estado de resarcir determinados daños. Tiene su origen en la Ley 39/2015 y 40/2015, ya que es una figura reciente del derecho administrativo.

La responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: Comienza con una solicitud dirigida al Tribunal en el que se produjo el error judicial. Comienza con una solicitud dirigida al departamento competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma. Comienza con una solicitud de indemnización dirigida al Ministerio de Justicia. Comienzo con una solicitud al departamento competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma.

En relación con el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora, es correcto decir que: Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos o podrá ser realizados por el mismo órgano. Se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente sin que se establezca separación enter la fase instructora y la sancionadora.

La prescripción de infracciones y sanciones: Se regula para todos los casos en el artículo 30 de la Ley 40/2015. Se regula según lo dispuesto en las leyes específicas reguladoras de cada materia. Hay que estar a lo dispuesto en lo que se establezca en las leyes específicas, y en caso de no indicarse nada, a los plazos del artículo 30 de la Ley 40/2015. Las infracciones sí que pueden prescribir, pero las sanciones no prescriben.

En vía judicial contencioso-administrativa se pueden recurrir: Reglamentos, Decretos Legislativos y Leyes. Leyes y Reglamentos. Reglamentos y Decretos Legislativos en lo que exceda los límites de delegación. Reglamentos y cualquier contenido de los Decretos Legislativos.

La desviación procesal: Se produce cuando hay una divergencia enter la demanda y la Sentencia. No se produce en la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que se pueden introducir hechos nuevos. Se produce siempre que se producen hechos nuevos. No se produce si se introducen hechos nuevos sobrevenidos.

La Ley Orgánica 1/2025: Sustituye los juzgados de lo Contencioso-administrativo por los Tribunales Centrales de Instancia. Sustituye los juzgados de lo contencioso-administrativo por las Secciones de los contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia. Sustituye los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por las Secciones de los contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales. Mantiene los órganos existentes hasta ese momento con la misma denominación.

La Sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo: Puede ser verbal tanto en el procedimiento abreviado como en el ordinario. En el procedimiento abreviado siempre debe ser verbal. En el procedimiento abreviado puede ser verbal. En el procedimiento ordinario puede ser verbal o por escrito.

El inicio del procedimiento contencioso-administrativo ordinario: Se realiza con el escrito de interposición. Se realiza con la presentación de la demanda. Se realiza con la remisión del expediente administrativo por parte de la Administración. Se puede realizar con el escrito de interposición o con la presentación de la demanda.

En relación con los plazos procesales es corrector decir que: Si no se presenta demanda en el procedimiento ordinario en el plazo concedido se produce la caducidad. Si no se presenta demanda en el procedimiento ordinario en el plazo concedido se puede solicitar una ampliación de 48 horas. Si no se presenta demanda en el procedimiento ordinario en el plazo concedido, pero se presenta dentro del mismo día que se notifica la caducidad, ha de admitirse a trámite. Pueden ser prorrogables o improrrogables según la decisión del juez.

Las autorizaciones judiciales contencioso-administrativas en el marco de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, permiten, entre otros efectos: Identificar al responsable de los servicios de la sociedad de la información. Condenar según lo dispuesto en el Código Penal. Autorizar manifestaciones online. Evitar las transferencias de datos internacionales.

En la cuestión de ilegalidad: La iniciativa procesal es del Gobierno. La iniciativa procesal es de Letrado de la Administración de Justicia. La iniciativa procesal es de la parte que vió estimada su pretensión. La iniciativa procesal es del juez o Tribunal que dicta sentencia.

El procedimiento de garantía para la unidad de mercado: No permite la adopción de medidas cautelares. Se desarrolla ante el Tribunal Supremo. Puede ser interpuesto por la CNMC o a solicitud de un operador económico. Tiene como finalidad proteger los mercados locales.

Es un procedimiento contencioso-administrativo: Solo pueden ser recurrentes las personas físicas o jurídicas. La administración solo puede ser parte demandada. La administración puede ser parte recurrente. La administración puede ser parte recurrente cuando impugna el silencio administrativo.

En relación con la representación y defensa de las partes, es correcto decir que: En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes no tienen obligación de conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes deberán conferir su representación a un Procurador.

La impugnación de una disposición general puede ser: Impugnación directa o indirecta. Solo cabe la impugnación directa. Solo es posible la impugnación indirecta. Las disposiciones generales no son impugnables ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El recibimiento del pleito a prueba en el procedimiento contencioso administrativo ordinario: Se solicita en el escrito de interposición. Se solicita en el escrito de demanda o de contestación de la demanda. Se solicita en cualquier momento del procedimiento. Es una actuación que hace de oficio el Letrado de la Administración de Justicia.

Las medidas cautelares: No se conceden nunca cuando hay fumus boni iuris. No se conceden nunca cuando hay periculum in mora. Se tramitan en pieza separada con numeración propia. Solo se pueden pedir si se han solicitado previamente en vía administrativa.

Los actos del Letrado de la Administración de Justicia en un procedimiento contencioso administrativo: No son recurribles. Son recurribles en vía disciplinaria. Pueden recurrirse en reposición o revisión. Pueden recurrirse siempre en casación.

Sentencia y recurso de apelación. Frente a una Sentencia: Siempre cabe recurso de apelación. Nunca se puede recurrir en apelación. El recurso de apelación se presenta ante una sentencia que no es firme. El recurso de apelación se presenta ante una sentencia que es firme.

La tramitación de un recurso de casación: Comienza con la interposición del recurso ante el órgano que dictó la sentencia. Comienza con la interposición del recurso ante el TS. Comienza con la interposición del recurso ante el TSJ. Comienza con la presentación de un escrito de preparación ante el Tribunal a quo.

La ejecución provisional de sentencia: Es habitual cuando hay sentencia firme. Procede en el caso de acuerdos con el LAJ. Es la referida a resoluciones judiciales que no son firmes. No existe la ejecución provisional de sentencias.

En relación con la ejecución de sentencias, es correcto decir que: Acordado el despacho de la ejecución de la sentencia el ejecutado no puede oponerse. El ejecutado puede oponerse por causas formales y/o materiales. El ejecutado puede oponerse por error en la valoración de la prueba. El ejecutado podrá oponerse en vía administrativa.

Las sentencias en un procedimiento contencioso-administrativo: Solo tienen efecto para las partes. Tienen efectos para todos los administrados. Tienen efectos para las partes y, en algunos casos también para otras personas. Tienen efectos para todos aquellos que enumere el juez en su sentencia.

Una autorización administrativa: Es un acto administrativo que, partiendo de que existe un derecho del ciudadano a ejercer unas actividades, que está sujeto a ciertas restricciones por poder afectar al interés público, permite a una persona ejercer tal derecho. No es un acto administrativo. Es un acto administrativo que permite realizar actividades prohibidas. Puede ser un acto administrativo, o no, dependiendo del caso.

En las concesiones de dominio público: La Administración Pública debe exigir una garantía al concesionario. La Administración Pública puede exigir una garantía, pero no es un requisito obligatorio. La Administración Pública no puede exigir una garantía al concesionario. La Administración Pública puede exigir la hipoteca del bien.

La declaración responsable y la comunicación: Existen en derecho español, pero no en otros países. Existen en derecho europeo, pero no en derecho español. Permiten el ejercicio de un derecho o actividad pasado un mes de su presentación. Permite reconocer o ejercer un derecho o actividad, desde el mismo día en que el interesado la presenta ante la Administración Pública.

En una expropiación forzosa, el expropiante: Puede ser cualquier Administración Pública. Ha de ser una Administración Pública de ámbito territorial, titular de la propiedad expropiatoria. Puede ser excepcionalmente un particular. Es la persona interesada en adquirir el bien expropiado.

Es una expropiación, el beneficiario: Es aquella persona física o jurídica que representa la utilidad pública o el interés social que se pretende satisfacer con la expropiación. Es siempre la Administración Pública expropiante. Nunca puede ser una persona física. Nunca puede ser una persona jurídica.

Es una expropiación: Las causas que la justifican son utilidad pública y el interés social. La causa que la justifica es el bien común. No es necesaria una causa especifica. Puede haber causas justas o no.

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: Se aplica, en principio, a los contratos onerosos y gratuitos que celebren las entidades del sector público. Se aplica a los convenios, contratos y permutas de las entidades del Sector Público. Se aplica, en principio, a la totalidad de convenios y contratos de las entidades integrantes del Sector Público. Se aplica, en principio, a la totalidad de los contratos onerosos que celebren las entidades integrantes del Sector Público.

Los contratos administrativos: Se rigen en su preparación por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Se rigen en su preparación por el derecho privado cuando están sometidos a derecho privado. Se regirán en su preparación por la Ley 9/2017, de Contrato del Sector Público solo cuando sean contratos de obra. No se regirán en su preparación por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público cuando sea contratos de servicio.

La situación de estancia en materia de extranjería: Es la permanencia en España por un periodo mínimo de 90 días. Es la permanencia en España por un periodo máximo de 90 días. Es la permanencia en España por un periodo máximo de 100 días. Es la permanencia en España por un periodo mínimo de 100 días.

Las modalidades de arraigo en derecho de extranjería son: Social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad. Social, comercial, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad. Social y de segunda oportunidad. Familiar y formativa.

Los procedimientos de gestión tributaria pueden iniciarse: A instancia de parte. Por declaración, autoliquidación o comunicación de datos, así como de oficio. Por declaración o autoliquidación. Por declaración o liquidación por la Administración.

La inspección tributaria: Se centra en investigar cualquier extremo relacionado con obligaciones tributarias. Se centra en investigar el cumplimiento de obligaciones de las empresas. Se centra en investigar el cumplimiento de las obligaciones por los particulares. No hace investigaciones porque ya tiene la información.